Fomento hunde la primera aerolínea andaluza en 45 días con el beneplácito de la Junta

AL NO INSTALAR UNA TORRE DE CONTROL EN CÓRDOBA

La compañía aérea Flysur, nacida hace un mes y medio, ha anunciado que no realizará más vuelos a partir del 20 de octubre. La empresa culpa a AENA de su fracaso por no dotar al aeródromo de una torre de control portátil, obligando a operar sin controladores aéreos. Desde Fomento se aseguró que esa instalación estaría lista entre febrero y marzo de 2009. La compañía dice que no se debe culpar a la falta de viajeros o a la mala planificación de la empresa, sino " tan sólo una profunda desconfianza sobre los planes que Aena tiene para el futuro inmediato del aeropuerto de Córdoba".

• Fomento autoriza vuelos desde el aeropuerto de Córdoba sin controladores aéreos

L D (Pedro de Tena) Según el consejero delegado de Taer, propietaria de Flysur, Eduardo Gavilán, AENA se comprometió con ellos a tener lista una torre de control provisional en el aeropuerto antes de que finalizase este año. El responsable de Flysur aseguró que este compromiso finalmente no se iba a llevar a cabo y que por eso suspenden los vuelos.

Los vuelos de Flysur eran controlados hasta la fecha por el aeropuerto de Sevilla, como lleva ocurriendo en este aeródromo desde hace años con el resto de aviones que utilizan la pista de Córdoba. Así pueden resumirse los argumentos que el miércoles sostuvieron los máximos responsables de la compañía aérea Flysur para explicar su decisión de cesar sus actividades el próximo lunes, después de poco más de un mes de vuelos. Eduardo Gavilán añadió que : "No invertiremos ni un euro más hasta que no tengamos un compromiso firme para que se haga la torre de control", afirmó. También anunció que la compañía no se plantea dar por cerrado su proyecto y avanzó que estudia operar desde otro aeropuerto andaluz, a la espera de que se solventen los problemas en Córdoba.

Pero cabe preguntarse por qué comenzó a operar la compañía hace 45 días cuando tampoco estaba terminada la torre de control en el aeropuerto de Córdoba ni tenían compromiso por escrito de que así sería en fecha concreta. Según explicó Gavilán, él mismo estuvo en una reunión el 12 de septiembre con el sindicato de controladores aéreos, que había mostrado su decisión de denunciar la actividad de Flysur en el aeropuerto de Córdoba por falta de seguridad. En aquel encuentro, los controladores de Sevilla, que son los que han coordinado en este tiempo los vuelos de Flysur a partir de los 1.500 metros de altura, manifestaron que desconocían que Aena estuviese elaborando un proyecto para construir la torre de control. Fue en ese momento, según Gavilán, cuando los propietarios de Flysur comenzaron a sospechar de los planes del ente aeroportuario y temieron un retraso sine die de la construcción...

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Cien residencias de mayores cerrarán en Andalucía por las exigencias de la Junta

CASI UN 17 POR CIENTO

La Federación Andaluza de Centros y Servicios de Mayores (Facema) ha alertado de que numerosas residencias de mayores tendrán que cerrar próximamente si la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves "no flexibiliza" los requisitos para la acreditación de estos centros fijados por la Ley de la Dependencia en Andalucía. El presidente de Facema, Antonio Gallardo, explicó que entre unas 90 y 100 residencias de mayores pequeñas y medianas "se verán abocadas al cierre" porque la orden por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros en situación de dependencia establece unas exigencias "demasiado duras, muy por encima de las de otras comunidades autónomas".

• La aplicación de la ley de dependencia naufraga en Andalucía

• Andalucía aplaza hasta el 2012 la ayuda por dependencia a otra anciana centenaria

• Chaves reduce el gasto social, pero afirma que lo mantiene

LD (Pedro de Tena) Téngase en cuenta que el total de centros residenciales es de 578, con lo que el cierre puede afectar al 17 por ciento del total. Gallardo consideró que la Ley de la Dependencia "ha impuesto una prestación de servicios que no se corresponde con la realidad" y que afecta especialmente a las pequeñas y medianas residencias, de las que Facema gestiona más de 80 por ciento de las existentes en Andalucía. Añadió que "lo lógico hubiera sido que la normativa hubiera hecho hincapié en la calidad de la atención y no tanto en la faceta técnica de la edificación", pues, en su opinión "parece que quieran equiparar a una residencia con un hospital cuando es evidente que no tienen nada que ver".

Los empresarios aseguran que la nueva ley exige que cada residente tenga una habitación de 40 metros cuadrados, "cuando ahora tienen entre 33 y 35 metros cuadrados". "El problema es que no podemos estirar los centros", aseguró hace meses en Málaga José Joaquín García, vicepresidente de la Federación Nacional de Atención a la Dependencia. Habilitar los centros requeriría reformar casi al completo los actuales "y eso no es un problema para aquellos recintos que tienen 100 pacientes, pero sí para aquellos pequeños que tienen 20 ó 30 y que ahora se van a tener que quedar con menos habitaciones para hacerlas más grandes", explicó entonces Antonio Gallardo.

La mayoría de estos empresarios, subrayó, llevan casi 20 años acreditados y atendiendo a los mayores y, además, "aliviando la listas de espera" de los centros gestionados por la Junta presidida por Manuel Chaves. "Por ello, ven con pena y consideran un desagravio que se les pueda dar de lado por no cumplir unos requisitos que en muchos casos se traducen en unos pocos metros de diferencia en un pasillo que no obstaculizan en absoluto la movilidad del usuario", lamentó. El cierre de estas empresas no sólo supondría una "catástrofe" para el empleo en el sector, máxime en un momento de crisis económica como el actual, sino que también "incidiría en el incremento de las listas de espera para acceder a una plaza residencial concertada con la Administración", aseguró Gallardo, quien cifró el tiempo de espera actual en aproximadamente un año...

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El fiscal rechaza el pacto sobre las facturas falsas que impulsaba el PSOE

MANUEL CONTRERAS. SEVILLA

Publicado Martes, 14-10-08

Habrá juicio de las facturas falsas del Caso Macarena. La Fiscalía de Sevilla notificó ayer a las partes que no aceptaba la propuesta de conformidad según la cual los imputados aceptarían pagar casi 20.400 euros —al importe de las facturas que el fiscal considera acreditado que se cobraron y no se ejecutaron— más intereses a cambio de la rebaja de un grado en las acusaciones, lo que les evitaría ingresar en prisión.

Tal y como adelantó ABC el pasado domingo, este acuerdo se planteó con la mediación del propio PSOE, que ha intentado hasta el último momento que no se celebrase el juicio de las facturas falsas. Concretamente, el partido encomendó la gestión a uno de sus asesores jurídicos de máxima confianza, quien se entrevistó con los abogados de los imputados y de la acusación, ejercida por el PA. Este abogado, una de las personas de confianza de la secretaria de Organización, Susana Díaz, ocupa actualmente un puesto de libre designación en la Diputación, donde asesora en asuntos relacionados con el ámbito jurídico, la misma función que desarrolla para el partido...

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Acusan a Emvisesa de «fraude» por el uso «privado» de patios comunes

Lunes, 13-10-08

LOLA RODRÍGUEZ

SEVILLA. La Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla ha sido denunciada por presunto fraude ante el Juzgado de Instrucción número 8. En el escrito de acusación, los demandantes alegan la «imposición de cuatro vallas ilegales en el espacio ajardinado común de la planta baja» y añaden el uso «lucrativo» por parte de dos guarderías y de los propietarios de los bajos, «que han tenido la desfachatez de realizar una acometida desde la boca de riego a su propia vivienda, lo que le permite un considerable ahorro en el consumo doméstico».

Para los vecinos, residentes desde 1996 en dos bloques de pisos de VPO del Polígono Aeropuerto, «corrobora el fraude» la existencia de varias bocas de riego abastecidas por un pozo subterráneo, presentes en los cuatro patios y contempladas literalmente en el proyecto como «seis bocas de riego en zonas privadas, a sabiendas de que ni el espacio ni el uso de los pozos son privados». Por este motivo y por la inclusión de las «vallas ilegales», los residentes han demandado en repetidas ocasiones al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, acusando la «irresponsabilidad» de los profesionales que dieron el visto bueno a un proyecto con «irregularidades», en tanto en cuanto dichos cerramientos aparecen en el mismo como «vallas no fijas o atornilladas sino correderas». A su juicio, el papel ejecutado por los arquitectos, sirve de respaldo a la empresa pública «para justificar el fraude, ya que Emvisesa alega que las vallas constan en el proyecto básico y en el de ejecución final y no son más que elementos separadores en zona común».

Oídos sordos

Pero no sólo el Colegio de Arquitectos ha sido blanco de las denuncias vecinales, que también han recaído «en diversas ocasiones, de forma reiterada y sin éxito, ante la propia Emvisesa, que nos responde que no atenderá reclamaciones si no son por vía judicial»...


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Impiden a una mujer ser miembro de un jurado por ser lectora de ABC

EN EL JUICIO POR EL CASO DE LAS "FACTURAS FALSAS"

Una sevillana de 55 años ha sido vetada como miembro de un jurado popular por el hecho de haber declarado que lee habitualmente el diario ABC. El caso que se iba a juzgar era el de las "facturas falsas" en el ayuntamiento de Sevilla, un asunto que ha sido cubierto ampliamente por el diario de Vocento. La petición para expulsarla del jurado partió de los abogados de los tres imputados por el también conocido como "caso Macarena".

• El PP denuncia la contratación "a dedo" de 400 personas en la Diputación de Sevilla

• Monteseirín dedica calles a Pilar Bardem y Saramago y se las niega a las víctimas

• Dictan la apertura de juicio oral por el caso de las facturas falsas en Sevilla

(Libertad Digital) Según informa el propio ABC este domingo, la mujer fue vetada por petición de los tres letrados después de declararse lectora habitual del diario. Se da la circunstancia de que otro candidato, también lector de ABC, no fue recusado porque dijo leer sólo "la sección de deportes".

Los tres abogados representan al ex secretario del distrito de Macarena, en Sevilla, José Marín, al contratista José Pardo y al colaborador del distrito Manuel Portela. Todos ellos están imputados en el conocido como caso de las "facturas falsas", un entramado de corrupción en el consistorio de la capital andaluza, que preside el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, y que ha sido ampliamente cubierto por el diario de Vocento.

Según ha relatado la candidata a miembro del jurado, fue interrogada sobre sus preferencias en cuanto a medios de comunicación. La mujer indicó que seguía las noticias y que leía "todos los días" ABC. El tribunal le preguntó entonces si "había oído hablar del caso Macarena" y ella respondió entonces que le "sonaba".

La afectada ha manifestada al diario su estupor por la decisión: "Si es verdad que he sido recusada por leer ABC, me molestaría mucho porque estamos en un país en el que supuestamente hay libertad de información y de opinión"...

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Un buque se parte, otro encalla y vierten fuel en la bahía de Algeciras

Imagen del buque «Fedra», que ayer se partió en dos junto a Gibraltar. ANDRÉS C. RAGEL

JOSÉ CEJUDO/ABC. CÁDIZ/SEVILLA

Actualizado Domingo, 12-10-08

De nuevo se repite la historia, pero por partida doble, y el fantasma de la catástrofe medioambiental vuelve a navegar por la bahía de Algeciras. Dos buques de bandera liberiana, «Fedra» y «Tawe», han provocado grandes manchas por sendos vertidos de sustancias contaminantes, fuel, así como un fuerte olor, al romperse el primero por la mitad en aguas próximas a Gibraltar, en Punta Europa, a la «espalda» del Peñón, y quedar el segundo encallado en la Punta de San García, en la costa algecireña. Los 31 tripulantes del «Fedra» fueron rescatados con helicópteros y remolcadores, mientras que la tripulación del «Tawe» permaneció a bordo.

En ambos lugares se registraron el pasado año los accidentes del «New Flame» y del «Sierra Nava». Y aunque las autoridades se apresuraron a subrayar que la causa de los nuevos sucesos fue el fuerte temporal, los ecologistas volvieron a reiterar sus críticas a la ineficacia de las administraciones y exigieron ceses.

Salvamento Marítimo de España y Gibraltar rescataron en una operación conjunta a los 31 tripulantes del buque de carga «Fedra» que, tras ser arrastrado por la corriente y chocar contra las rocas, embarrancó en la noche del viernes en la zona de Punta Europa...


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El PSOE intenta forzar un acuerdo para evitar el juicio de las facturas falsas

ADRIANO: Cachondeo

Vetan a una sevillana en el jurado por declararse lectora diaria de ABC

El PP pedirá una comisión de investigación sobre los «enchufes» en el Ayuntamiento

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Ignacio Zoido, anunció ayer que su grupo pedirá una comisión de investigación en el próximo Pleno extraordinario solicitado por ellos para abordar las contrataciones de familiares en el Consistorio hispalense, que tendrá lugar entre finales de octubre y principio de noviembre. Así, Zoido explicó que se solicitará dicha comisión de investigación ante «los escándalos de enchufes y trato de favor del Ayuntamiento de Sevilla: el primo, el cuñado y la cuñada del alcalde, el primo y la madre de Francisco Manuel Silva». «Si mi nombre o el de alguno de mis concejales estuviera en tela de juicio, yo mismo pediría una comisión de investigación y firmaría el decreto de creación si fuera el alcalde de Sevilla», garantizó el portavoz popular, quien sentenció que «el Ayuntamiento está manchado por la corrupción». Zoido resaltó que esta comisión es compatible con posibles acciones judiciales.

M.C. SEVILLA

El PSOE de Sevilla está actuando de mediador para intentar forzar un acuerdo que evite el juicio de las facturas falsas, que comienza el próximo martes en Sevilla y en el que se juzgará una presunta trama de corrupción en el distrito Macarena.

Según confirmaron fuentes judiciales a ABC, una persona vinculada al PSOE está mediando para lograr un pacto de conformidad que se ha hecho llegar al fiscal, según el cual los imputados aceptarían pagar casi 20.400 euros más intereses a cambio de la rebaja de un grado en las acusaciones, según las citadas fuentes. Fuentes oficiales del PSOE aseguraron ayer, no obstante, desconocer la operación.

La cifra de 20.400 euros corresponde al importe de las facturas que el fiscal considera acreditado que se cobraron y no se ejecutaron, incluidas en el lote de 28 facturas dudosas que se van a enjuiciar, y cuyo importe global es de unos 50.000 euros.

Los tres acusados son el ex secretario del distrito, José Marín, para el que el Ministerio Fiscal reclama cinco años y tres meses de prisión; el contratista José Pardo, quien ya estuvo implicado en el Caso Guerra y para quien se piden cuatro años y tres meses de cárcel, y el colaborador del distrito Manuel Portela, quien se enfrenta a una petición de pena de un año y cinco meses. Con el acuerdo, las penas pasarían a ser de nueve meses para Manuel Portela; 24 meses para José Marín y de 20 a 21 meses para José Pardo, por lo que ninguno de los imputados iría a prisión.

El juicio que comienza el próximo martes ha despertado una notable expectación y su evolución es impredecible, lo que justificaría el interés socialista en cerrar cuanto antes este polémico asunto, que puso en una situación muy comprometida a Sánchez Monteseirín...


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