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24 septiembre 2012

Álvarez: "Se me pueden olvidar 12.000 millones, he manejado mucho más"

Comisión de los ERE. La exministra y exconsejera de Hacienda de la Junta, ha dicho que la Intervención General emitió un informe sobre este asunto año y medio después de que ella dejara el cargo.

 

LD/Agencias 2012-09-24

La exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, ha negado durante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, que dicho departamento tuviera "jerarquía" sobre otras consejerías, entre ellas la de Empleo, así como también haber recibido ningún tipo de "advertencia" por parte de la Intervención de la Junta sobre el procedimiento de concesión de ayudas socioalaborales a empresas en crisis y trabajadores.

La exministra dice que no recuerda a Francisco Javier Guerrero, director general de Empleo de la Junta. "A Guerrero lo he visto en la tele, como todos ustedes", dijo. "Ahora mismo no me acuerdo de su cara", señaló a continuación.

Álvarez, que estuvo en el cargo entre los años 1994 y 2004 y que actualmente es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha dicho que la Intervención General emitió un informe sobre este asunto un año y medio después de que ella dejara el cargo, aunque el contenido del informe se refiera al año 2003. Ha asegurado que el interventor general no se dirigió a su persona durante la elaboración del mismo. "(El interventor) no puede y no debe hablar con el consejero porque ello comprometería su autonomía", ha añadido.

Álvarez ha insistido en que la Consejería que dirigía no tenía "ningún conocimiento" sobre las ayudas sociolaborales concedidas, ni sobre el convenio firmado en 2001 entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Consejería de Empleo en esta materia. También ha negado que mantuviera reuniones con el exconsejero de Empleo José Antonio Viera sobre las citadas ayudas, como, según ha indicado, se ha publicado en algún confidencial.

Según informa Europa Press, ha defendido durante una intervención de unos 30 minutos los controles económicos establecidos por la Junta durante el periodo en el que fue consejera, haciendo un especial hincapié en el control financiero permanente, un instrumento en el que Andalucía fue "pionera". Si bien, aunque ha puesto en valor la eficacia de dichos controles, ha lamentado que en ocasiones no se pueda evitar que haya personas que infrinjan la ley.

Asimismo, ha dicho que "como andaluza" se siente "indignada y engañada" en relación al fraude que se haya podido cometer con el dinero público destinado a las ayudas sociolaborales.

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21 septiembre 2012

La Junta metió a 20 intrusos con un modelo usado en Galerías Preciados

Fue en el año 2003 y la ayuda fue para el colectivo de trabajadores de la llamada Bolsa de Tharsis del sector minero de la Faja pirítica de Huelva.

 Pedro de Tena

La declaración voluntaria del representante de la mediadora de seguros Uniter, José González Matas, ha deparado dos sorpresas inesperadas. La primera, conocer que fue la propia Junta de Andalucía la que decidió meter 20 intrusos en un ERE que los había desestimado. Es más, es que sólo la Junta podía hacerlo. La segunda, que el modelo del procedimiento seguido con las ayudas a los ERE fue "copiado" del que ya se siguiera en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 1995 con Galerías Preciados. José Antonio Griñán fue el ministro que lo puso en marcha.

González Matas sostuvo ayer, durante su comparecencia en la comisión de investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE), que fue el Parlamento andaluz el que dio orden de incluir en una póliza a "20 intrusos", en tal caso, trabajadores pertenecientes a sociedades vinculadas a la empresa matriz objeto del ERE o a trabajadores adscritos a empresas auxiliares de esa empresa matriz.

Fue en el año 2003 y la ayuda era para el colectivo de trabajadores de la llamada Bolsa de Tharsis del sector minero de la Faja pirítica de Huelva. Veinte trabajadores de las empresas Citrasa y Sol Lepe solicitaron ser incluidos en la póliza argumentando que integraban ese colectivo y que habían sido excluidos indebidamente. Pero su reclamación fue rechazada por sindicatos y Dirección General de Trabajo.

Los 20 trabajadores se dirigieron al Parlamento y la Comisión de Gobierno, Interior y Derechos Humanos decidió incluirlos en el ERE. El letrado mayor del Parlamento, mediante oficio 26 de diciembre de 2003 se dirigió a la Consejería de Empleo ordenando la inclusión de esos trabajadores en la póliza concertada, oficio que la Dirección General de Trabajo trasladó a Uniter para que ejecutara el acuerdo.

En ese momento, el presidente de la comisión de investigación, el diputado de IULV-CA Ignacio García, defendió que el Parlamento no puede tomar la decisión de incluir a ningún trabajador en una póliza.

Tras negar que las comisiones u honorarios percibidos fueran extraordinarios, reconoció al PP que su empresa recibió 800.000 euros de pagos directos de la Junta, como "ayudas excepcionales" para oficinas para atender trabajadores.
Modelo Griñán-Galerías Preciados

González Mata dejó claro que la Junta "clonó", en expresión de ABC, el sistema de ayudas que el gobierno socialista de 1995 usó con Galerías Preciados. Aunque no se acordaba de quién era el ministro en esos momentos, se le refrescó la memoria con un nombre: José Antonio Griñán.

La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero dijo que su grupo consideraba que con esta declaración ya está identificado "el origen de la idea y el padre de la idea". Además, ha señalado que en la comparecencia ha explicado "con claridad" cómo funcionaba el llamado "fondo de reptiles" y que el responsable de Uniter ha sido "muy gráfico" cuando explicaba que desde la Consejería de Empleo le llamaban para decirle que había un problema para que fuera a un pueblo y se reuniera con trabajadores, "y volvía a Sevilla y los incluía en el ERE".

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13 agosto 2012

La Junta "gestionó" 1.437 millones con el sistema de los ERE irregulares

En esta cantidad están incluidos los 516.366.197 euros que Empleo transfirió a IDEA para que procediera al pago de las prejubilaciones.



La Junta de Andalucía ha reconocido que gestionó más de 1.437 millones de euros entre 2003 y 2010 mediante el método que la juez Alaya considera irregular. De esa cantidad, sólo 227,46 millones tendrían encaje administrativo.

Entre la documentación que el Gobierno socialista ha enviado a la comisión de investigación de los ERE para preparar las comparecencias, figura un listado con las ayudas que, mediante transferencias de financiación, abonaron cuatro consejerías –Empleo; Innovación, Ciencia y Empresa; Medio Ambiente, y Turismo y Deporte- a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Según informa El Mundo, la Administración autonómica inyectó durante esos ocho años a IDEA 1.437.439.540,85 euros. En esta cantidad están incluidos los 516.366.197 euros que, entre 2003 y 2009, la Consejería de Empleo transfirió a este organismo público para que procediera al pago de las ayudas a empresas supuestamente en crisis y de las prejubilaciones.

IDEA usó la figura de la transferencia de financiación de explotación de manera sistemática para el pago de las ayudas sociolaborales, cuando éstas deberían haberse tramitado como subvenciones excepcionales. De los 1.437 millones gestionados bajo este procedimiento, tan sólo tendrían encaje administrativo 227.465.755 euros –el 15,8%-, que es lo que importan las subvenciones de explotación recibidas en el período de análisis.

Las transferencias de financiación a IDEA se emplearon con fines diversos: la toma de participación en el capital de empresas, encomiendas de gestión a socieades públicas, el pago de premios y subvenciones excepcionales o la financiación de estudios sobre la situación de sectores productivos en Andalucía, entre otros.

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19 marzo 2012

"Griñán supo, tapó, consintió e impulsó" el escándalo de los ERE


El Partido Popular afirma que el presidente andaluz tapó una "ilegalidad".
LD / agencias 2012-03-19
La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, ha señalado este lunes que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, "supo, tapó, consintió e impulsó" el fraude de los ERE "en lugar de depurar responsabilidades y denunciarlo ante la Justicia".
Soto considera que ese extremo ha quedado "corroborado" después de que varios medios de comunicación hayan publicado hoy que una asesora de Empleo declaró a la Guardia Civil que tenía el encargo de que "todo el pasado de Javier Guerrero quedara saldado" y que la Junta habría "tratado de tapar el escándalo de los ERE".
La portavoz del PP-A le ha recordado a Griñán y al gobierno andaluz que "tapar una ilegalidad es un delito" porque cree que no son conscientes de ello al tener "tan normalizado el uso fraudulento" del dinero de los andaluces.
Ha señalado que esta información constata que "el gobierno es cómplice de Guerrero" y que éste último "es sólo una pieza más", por lo que ha hecho un llamamiento al PSOE para que "dé alguna explicación" durante la campaña electoral y deje de "echar balones fuera".
El coordinador de Política Económica del PP-A, Rafael Carmona, ha explicado que esta información demuestra que en 2008 se contrató a la asesora para "rehacer expedientes" y que en esa fecha "se monta un equipo específico" para incorporar documentación.
Carmona se ha preguntado cómo puede decir Griñán que no sabía nada de eso y ha criticado que Andalucía lleva "muchos años de oscurantismos" y que se está viviendo "la crónica de un saqueo".
"En aquella fecha ya se hablaba de la posible anulabilidad de esos actos", ha indicado Carmona, quien se ha quejado de que se decidiera "mantener el sistema" en lugar de denunciarlo.

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11 mayo 2011

La juez Alaya sigue acorralando a la Junta: investiga el patrimonio de un exconsejero

Escándalo de los ere

Mercedes Alaya ha exigido informes sobre Fernández, el exconsejero que figuraba como empleado en una empresa desde el día de su nacimiento.
Un cliente de Iván Chaves lo tuvo a sueldo por 6.000 euros al mes
2011-05-10

LIBERTAD DIGITAL

La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta ha ordenado a la Policía que investigue el patrimonio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y de los ex altos cargos de la Junta imputados, así como otras ayudas sociolaborales a 24 empresas.
En un auto notificado este martes a las partes, al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, encarga a la Policía Judicial un informe patrimonial sobre Antonio Fernández, sobre el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, sobre el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el sindicalista Juan Lanzas, "conseguidor" en los ERE.

La Policía, que ya viene informando sobre el patrimonio de todos los imputados, debe "centrar" sus pesquisas en estas personas y hacer extensiva la investigación a sus esposas, padres e hijos, a las parejas de éstos, a sus hermanos y cónyuges.

La juez Mercede Alaya precisa en su auto los distintos hechos que imputa a cada uno, y de Fernández dice que no solo se benefició a título personal de su inclusión en el ERE de la bodega González Byass, donde había dejado de trabajar siete años antes, sino que era conocedor de las irregularidades que cometía el ex director general de Trabajo y de los "importantes reparos" que la Intervención General de la Junta hacía a este sistema.

Las transferencias de financiación utilizadas para materializar las ayudas a los ERE había generado a la Junta a 31 de diciembre de 2007 un déficit de 39.249.138 euros, precisa el auto.

Sobre el sindicalista Juan Lanzas, la juez le imputa haber participado como "mediador o conseguidor" en diferentes ERE, en los que llegó a incluir a su esposa y hermana pese a que nunca trabajaron en la empresas.

Respecto a Francisco Javier Guerrero, dice la juez que autorizó el pago por la Junta de las primas derivadas de los ERE, "a sabiendas de que en las mismas aparecían como beneficiarios personas que nunca habían trabajado", en un proceso en el que prescindió "total y absolutamente del procedimiento administrativo".

Por razones de amistad, parentesco o por militancia en el PSOE, Guerrero llegó a incluir como beneficiarios de un ERE a nueve "falsos trabajadores".

Junto a la investigación patrimonial de los imputados, la juez pide a la Policía que indague en las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta a 24 empresas, entre ellas los 16 millones de euros otorgados a Heineken España, tres millones a Corchos de Cazalla, otros tres millones al Matadero de Sierra Morena y otros tantos a TAMC.

Además, deberá investigar las cantidades de más de un millón de euros concedidos a TGA Aeroestructuras, SCAFA, SK 300 Aeronáutica, Grupo TPM, MSM Montanera de Jabugo, Promi Muebles o Tierra Virgen Alimentación.

Igualmente la juez pide a la Policía Judicial que elabore un listado de los falsos trabajadores, hasta ahora confirmados, que continúen cobrando las prestaciones y con cargo a qué compañías.

Alaya notifica el auto a las 14 personas hasta ahora personadas en la causa como imputadas y añade otras 14 cuya inclusión en otros tantos ERE se ha ido conociendo en las últimas semanas.

No obstante, precisa que "criterios de oportunidad y sobre todo de prudencia" obligan a aplazar la declaración de estas personas como imputadas hasta que "se conozcan con claridad y detalle los hechos investigados y sus vertientes".

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10 abril 2011

Mercedes Alaya: la juez con club de fans que tiene en jaque a la Junta

Seria, concienzuda, puntillosa y reservada. Así es la magistrada que ha puesto en jaque a la Junta de Andalucía.
2011-04-10

LIBERTAD DIGITAL
Hace algunos meses, el nombre de Mercedes Alaya no resultaba apenas mediático. Llevaba desde 1998 al frente del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, pero su trayectoria no le había hecho saltar a los grandes titulares más que en contadas ocasiones.
Hasta que los ERE fraudulentos de la Junta han ido convirtiéndola en una figura cada vez más mediática. Alaya tiene sobre la mesa esta investigación, y ya se ha hecho con más de 150.000 folios en referencia a las prejubilaciones irregulares; pero también está encargada de dilucidar el corrupto entramado del caso Mercasevilla.
Pero el caso que verdaderamente la "catapultó" a la fama fue la gestión del Real Betis. Su investigación sobre la gestión de Manuel Ruiz de Lopera le hizo ganarse la consideración de muchos béticos, que vieron con buenos ojos el auto que supuso el fin de la Presidencia de Lopera.
Mercedes Alaya está casada y tiene dos hijos. Tiene 40 años y lleva más de 23 ejerciendo la judicatura, pasando por varios destinos. Nada más ingresar en la carrera en 1988, estuvo en un juzgado de instrucción en Carmona, donde permaneció un año. Después pasó a Fuengirola otros dos años, para acabar haciéndose cargo del juzgado de Primera Instancia número 20 de Sevilla, hasta 1998. Y en adelante hasta la actualidad, se ocupa del juzgado de instrucción número 6 de la capital hispalense.
De sus dos décadas de ejercicio profesional sus compañeros destacan, por encima de todo, su profesionalidad y rigor. Poco dada a confraternizar con otros magistrados, se mantiene distante en los encuentros sociales de los Juzgados, idéntica tendencia que exhibe con la prensa. Pasa rauda y veloz cada mañana frente a la puerta de los juzgados, cargada con una pesada trolley en la que porta folios y folios de documentación sobre los casos que investiga.
Sus compañeros aseguran que apenas para a comer, y que suele almorzar en el despacho un sándwich, y prolongar su trabajo más horas de las que debería. Al finalizar la jornada, coge un taxi y regresa a casa. De ahí en adelante poco se sabe de ella.
Dura, puntillosa y muy reservada. Alaya no se ha dejado intimidar por las continuas presiones de quienes investiga, y no tiene problema en lanzar ultimátums –como el que le planteó a la Junta la semana pasada- si considera que no le están proporcionando la información que requiere. Han intentado recusarla, quizás con intereses oscuros, pero nunca ha salido adelante.
Llama la atención que de esta magistrada hermética, de la que tan poco se sabe, cuente ya con un club de fans. Creado en la página de Facebook, suma ya casi 1.600 personas que alaban su labor, y también su aspecto.

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07 abril 2011

La Junta entrega por fin en sobres lacrados las 480 actas a la juez de los ERE


Tras varios ultimátum, Griñán ha acatado la petición de la juez Alaya. Se guardarán en un armario acorazado con vigilancia personal.
El primer teniente de alcalde de Sevilla, imputado
CCOO frenó con amenazas una investigación sobre los ERE
2011-04-07

Libertad Digital
 
Personal de la Junta de Andalucía ha depositado sobre las 14.15 horas de este jueves en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde está abierto el procedimiento sobre las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), las actas del Consejo de Gobierno desde el año 2001 hasta la actualidad, en 11 sobres lacrados, que había solicitado la magistrada encargada del caso, Mercedes Alaya, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.
Las actas se guardarán en un armario acorazado con vigilancia personal y de cámaras permanente. El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, ha dicho a Efe que las 480 actas se conservarán en un lugar "absolutamente seguro, con custodia permanente de medios materiales y personales".

Dicho lugar y los detalles de la custodia no han sido desvelados por las mismas razones de seguridad y responden a la petición hecha esta mañana por Guillermo Muñoz, coordinador del área de justicia de la delegación del Gobierno de la Junta a la juez de instrucción 6.

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05 abril 2011

La juez de los ERE da tres días a la Junta para que envíe las actas

ULTIMÁTUM TRAS LA REITERADA DESOBEDIENCIA
La juez Mercedes Ayala ha dado un plazo de tres días a la Junta para que le envíe las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001.
UGT y CCOO cobraron el 1% de los ERE
La jueza vuelve a exigir las actas de los ERE
La Fiscalía Anticorrupción intervendrá en el caso ERE
2011-04-05

LIBERTAD DIGITAL
 
La juez que investiga las presuntas irregularidades en los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido a la Junta de Andalucía, como medida cautelar, que en el plazo de tres días le envíe "copia compulsada o testimonio" de las actas de los Consejos de Gobierno desde el año 2001.
En el auto, con fecha de ayer y notificado hoy a las partes, la juez Alaya, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que instruye esta causa, advierte a la Junta de que, en el caso de no cumplir este requerimiento, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar recogido en el artículo 468 del Código Penal. En este auto, la juez advierte al Gobierno andaluz de que podría incurrir en un posible delito de obstrucción a la Justicia en el caso de no cumplir estas medidas cautelares.
La portavoz del PP-A, Rosario Soto, ha informado hoy en rueda de prensa de este nuevo auto de la juez y ha dicho que, "una vez más, la juez ha tendido que dar un ultimátum de 72 horas a la Junta" lo que demuestra que el Gobierno autonómico "está obstruyendo a la Justicia".
Este nuevo auto se produce una vez que el Gobierno andaluz ratificara ayer ante la juez su negativa a entregarle todas las actas desde 2001 de los Consejos de Gobierno, por el "carácter reservado" de parte de ellas, y se ofreciera a enviarle "toda la información relevante" para la causa.
La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha asegurado que la Junta "no tiene ningún tipo de reparo inicial" a atender la medida cautelar planteada por la juez. En rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Moreno ha asegurado que esta nueva fórmula que plantea la magistrada de entregar las actas de los Consejos de Gobierno en un sobre precintado no plantea "ningún tipo de reparo inicial" a la Junta porque "salvaguarda la confidencialidad" de estos documentos hasta que se pronuncie el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, dependiente del Tribunal Supremo, en relación con la competencia de la juez "para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas", ya que el Ejecutivo andaluz "carece de jurisdicción" para ello.
Aunque ha negado en todo momento tener "ánimo de polemizar" con la juez Mercedes Alaya, la titular de la Presidencia sí ha expresado por primera vez un "juicio crítico" con el "tratamiento" que recibe la Junta en los autos de la magistrada a pesar de que es "parte acusadora" y "colabora al máximo" en la investigación.

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04 abril 2011

UGT y CCOO cobraron el 1% de cada uno de los ERE fraudulentos de la Junta


Estos sindicatos no actuaron pese a las denuncias de los fraudes. En total cobraron entre el 0,5 y el 1% del coste total de las prejubilaciones.

2011-04-04

LIBERTAD DIGITAL
La juez Mercedes Alaya asegura que entre 2001 y 2011 la Junta de Andalucía destinó unos 700 millones de euros a pagar prejubilaciones. Y los sindicatos se habrían llevado entre 3,5 y 7 millones de euros tanto CCOO como UGT por los ERE del Gobierno andaluz.
Según ha podido saber Libertad Digital, en el ERE de Bolidén había un apunte contable de 10000 euros para cada una de las centrales, UGT y CCOO.
Según informa El Mundo, estas cantidades destinadas a los sindicatos se justifican como honorarios por asesoramiento y se producían mediante acuerdos verbales entre CCOO y UGT con la Consejería de Empleo, que incluía las comisiones en los gastos de gestión de los ERE.
En este sentido, estos dos sindicatos recibían el dinero a través de empresas participadas por ellos mismos, que emitían facturas para tramitar los ERE. Así, la Junta pagaba en torno al 1 por ciento a un mediador por realizar los cálculos necesarios y buscar la mejor oferta entre las aseguradoras. Pero en la práctica, los sindicatos "cobran por facilitar a los brokers los datos de los trabajadores."
De este modo, los mediadores no realizaban los pagos directamente a CCOO y UGT sino a sus propias agencias de corretaje de seguros. "Esto se ha hecho así desde tiempo inmemorial, ya existía en los años 90", afirma un colaborador de la Junta.
Según varias fuentes, si no hubiera habido comisiones para los sindicatos no se hubieran cerrado los ERE. Pero sólo UGT y CCOO cobraron por ello bajo el argumento de que "los otros sindicatos se niegan a firmar los ERE. Si CGT y USO no quieren firmar, pues no son necesarios". Precisamente fue USO la que destapó el presunto fraude en el ERE de la Base de Morón.

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03 abril 2011

La juez ve «sorprendente» que Merca no haya rebajado plantilla tras dos ERE

Sevilla
El ex gerente, Fernando Mellet, pide amparo al Constitucional para recusar a Alaya
Día 02/04/2011 - 21.25h
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las prejubilaciones fraudulentas detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía gracias a un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ha desestimado una petición de la Fiscalía para que dos peritos del Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social «auxilien» a esta instancia en el análisis de la documentación. Entre otros argumentos, la juez esgrime que le resulta «cuanto menos sorprendente» que la Inspección de Trabajo «no hiciera la menor reseña o reparo» al expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por Mercasevilla, pues el procedimiento respondía a las mismas «causas» que el ERE de 2003, tras el cual fue contratado «prácticamente el mismo número de trabajadores» prejubilados. Como es sabido, Alaya, ha imputado al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, al que fuera su director adjunto, Daniel Ponce, al exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y a los prejubilados José Antonio R. M. y Antonio Garrido Santoyo, en el marco de la línea de investigación promovida para esclarecer posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en torno a los expedientes de regulación de empleo impulsados en 2003 y 2007 desde esta lonja pública participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla.
Por otra parte, el ex gerente del mercado, Fernando Mellet, ha elevado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el auto de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que rechazó la recusación planteada contra la juez Mercedes Alaya, por el trabajo de su marido como auditor de las cuentas de la sociedad mixta, ya que la Audiencia entendía que la recusación planteada «carece de virtualidad para apartar a la magistrada del conocimiento del proceso por la causa consistente en tener interés directo o indirecto, al constatarse que permanece incólume su imparcialidad subjetiva». En este sentido, el letrado de Fernando Mellet revela que ha presentado este recurso de amparo —de más de 100 folios de extensión— pues entiende que existen motivos suficientes para la recusación, que inicialmente fue planteada por la defensa de la representación jurídica de la ex responsable del área económico-financiera de Mercasevilla Pilar Giraldo.

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30 marzo 2011

Ya son tres las Consejerías implicadas en los ERE y el fondo de reptiles


Hace ya meses que lo determinó Libertad Digital . Decíamos entonces que en realidad eran cinco consejeros, por lo menos, los implicados.
"El primero de todos ellos y presuntamente inventor del sistema del "fondo de reptiles" es José Antonio Viera, que fue consejero de Trabajo del gabinete de Manuel Chaves entre 2001 y 2004. Cómplice tuvo que ser de su método el entonces director general del IFA, Antonio Fernández, que fue nombrado consejero de Empleo en 2004 con cese en 2010. El tercero de ellos, Manuel Recio porque el sistema ha seguido funcionando sin que él lo hubiera denunciado. Pero además, hay un cuarto consejero implicado, Francisco Vallejo Serrano, responsable directo de la Agencia IDEA cuando esta recibía los fondos de Empleo para su conversión en fondos de reptiles. Vallejo fue destituido en 2009, sustituyéndole Martín Soler, responsable del PSOE de Almería, que siguió con el sistema." Esto es cinco y por pura deducción lógica-política. Además de ellos, tienen que estar implicados un número por determinar de directores generales y directivos de las empresas beneficiadas irregularmente.

Poco a poco se va desbrozando la realidad del caso y apareciendo responsables. El entonces titular de Innovación Francisco Vallejo también conocía desde 2005 el descontrol sobre los fondos cuenta  ABC. Vallejo recibió también un escrito del interventor general de Hacienda con acuse de recibo de Correos en el que le decía que el procedimiento utilizado para tramitar las ayudas destinadas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas en crisis no respetaba los cauces legales fijados para este tipo de subvenciones no era ningún secreto en la Junta.

Por tanto, como mínimo tres consejerías conocían al máximo nivel, por medio de los informes de fiscalización de gastos emitidos por la Intervención General que la gestión de estos fondos públicos, canalizados a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no era el adecuado. Además de las consejerías de Hacienda —entonces bajo el mando de José Antonio Griñán— y de Empleo —con Antonio Fernández, imputado en el proceso judicial por los falsos ERE—, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa también sabía del fondo de reptiles.

Y era lógico políticamente. Por una parte, la Consejería de Economía y Hacienda, de la que dependía la responsabilidad de 647 millones no podía desconocer la existencia de ese fondo. La Consejería de Empleo, que lo administraba, tampoco. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, una de cuyas agencias se utilizaba para la transferencia del dinero, tampoco.

La novedad es que aparece otra vez un documento de Intervención General de la Junta. Siendo consejero de Innovación Francisco Vallejo, que ocupó el cargo entre 2004 y abril de 2009, llegó a sus manos un informe del entonces interventor general, Manuel Gómez Martínez, que analizaba en profundidad al cierre del ejercicio de 2002 las cuentas de IDEA, el organismo instrumental que se encargaba de incentivar los ERE. 
El documento lleva fecha del 22 de julio de 2005, con años de retardo con respecto al periodo analizado por el interventor, correspondiente a la liquidación del ejercicio de 2002. Ya se sabe que poco antes de este escrito, otro informe del órgano fiscalizador de la Junta se remitió a las consejerías de Empleo y de Hacienda. Fue rebatido con alegaciones por el primero. Ese es el informe del que la entonces viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dice ahora que nunca le hizo llegar el informe a su superior, que era Griñán, para salvarlo de futuras catástrofes políticas.

O sea, que el fondo de reptiles como sistema de tramitación de ayudas en lugar del procedimiento legal de subvenciones excepcionales fue cuestionado por Intervención general en 2005, 2006 y 2007. Naturalmente, esto implica que el sistema ha sido aplicado a todos los ERE producidos desde, al menos 2002. Pero el consejero de Empleo de la Junta, Manuel Recio, no quiere investigar los ERE «muertos» o ya vencidos, que superarían el centenar y sobre los que la jueza Mercedes Alaya ha ampliado las pesquisas.

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20 marzo 2011

El PP fija por ahora a un exconsejero de Empleo como el responsable penal máximo de los ERE

Se querella contra seis altos cargos y veinte personas entre beneficiarios e intermediarios de la trama fraudulenta

20/03/2011
  La querella que el PP presentará mañana en el juzgado fija, de momento, la responsabilidad penal sobre la trama de los ERE en el que fuera consejero de Empleo, Antonio Fernández pero, según anunció ayer la portavoz popular, Rosario Soto, «está abierta» y es «ampliable» a aquellas personas que puedan aparecer implicadas. Así aunque los populares han acusado políticamente al propio presidente José Antonio Griñán, en la denuncia presentada ayer el máximo responsable es el propio Fernández.
La denuncia se dirige contra 26 personas, entre las que figuran seis altos cargos de la Junta de Andalucía. Así aparecen, además de Fernández, los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Manuel Jesús Regidor y el actual director general, Daniel Alberto Rivera así como el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. También el intermediario Juan Lanzas, comercial del Estudio Jurídico Villasís en el momento de los hechos, Antonio José Albarracín, director general de Vitalia, Jesús María Bordallo, responsable en Sevilla de Vitalia, Francisco José González, comercial de Vitalia y José González Mata, administrador de Uniter S.L e Ingotor Seguros S.L. Y a ellos une el PP una lista de 15 personas, al parecer beneficiarios de ERE en empresas en las que nunca trabajaron.
Todos podrían ser responsables de delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos.
Esa lista será ampliada contra «todos aquellos que pudieran ser implicados en la investigación». Una investigación que, según el PP, debe partir del origen que sitúan en el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que «se ideó un sistema por el que seguir otorgando las subvenciones excepcionales a empresas en crisis o en proceso de reestructuración, evitando procedimientos administrativos legalmente establecidos para el otorgamiento de las mismas y los controles de fiscalización previos que había de realizar la Intervención General de la Junta de Andalucía». El citado convenio fue firmado en julio de 2001 por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera y el entonces presidente del IFA, Antonio Fernández, y su duración expiraba en diciembre de 2003 aunque el IFA ha seguido haciendo frente a las obligaciones derivadas de los compromisos adquiridos hasta la fecha.
Dice la querella que para financiar este sistema los presupuestos de Empleo de 2001 a 2009 incluyen partidas con la denominación de transferencia de financiación de explotación al IFA dentro del programa 31L u otros equivalentes y que el valor total de los fondos transferidos de 2000 a 2010 asciende a 647.869.157,45 euros.
Según el PP, se detectaron diferencias de 170.000 euros entre las cuantías reflejadas en la liquidación del presupuesto de Empleo y el dinero librado por los entes que gestionaron las ayudas, la inexistencia de informes jurídicos, la falta de publicidad o las subvenciones arbitrarias y discrecionales a empresas de militantes socialistas y ayuntamientos del PSOE. El PP pide la declaración del ex interventor, Manuel Gómez Marín, el interventor delegado de Control Financiero, Ignacio García y el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo.

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17 marzo 2011

El líder de la patronal andaluza, socio de una empresa del fraude masivo


La empresa, Qualytel Teleservices, forma parte de la trama investigada por fraude en las ayudas al empleo de la UE repartidas por la Junta.

2011-03-07

En el fraude masivo de alrededor de 1.600 empresas que presuntamente se han beneficiado de los fondos europeos intermediados por la Junta de Andalucía para contratar a trabajadores que eran despedidos nada más cobrada la ayuda, se encuentra una empresa peculiar, Qualytel TeleServices, SA, administradora única de Qualytel Andalucía, SA. Señalada este domingo por ABC, de su consejo de administración han formado parte hasta diciembre de 2007 el presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA), Santiago Herrero León, y altos cargos del organismo, cosa que no ha salido a la luz. Igualmente ha sido administrador de esta empresa Antonio Falcón Romero, socialista y ex alto cargo de la Junta de Andalucía, concretamente ex director general de Política Interior del Gobierno andaluz y ex comisionado para la Droga.

Cobra gran relevancia la noticia por cuanto Qualytel Teleservices es la empresa encargada por parte de la Agencia Tributaria para asesorar por teléfono a los contribuyentes con sus declaraciones de la Renta. Que esté siendo investigada por defraudar 318.000 euros de ayudas de la Unión Europea al empleo que gestionó la Junta de Andalucía ya es notable. Que sean personas de la cúpula de la CEA los que han sido sus socios en Andalucía desde marzo de 2004 a diciembre de 2007 es relevante.

Según dice el propio diario de Vocento, "el escándalo cobra en el caso de Qualytel perfiles inquietantes, puesto que, entre la amplísima cartera de clientes con que cuenta esta compañía especializada en la gestión telemática, está la propia Agencia Tributaria, que le ha encargado el servicio telefónico de la próxima campaña de la Renta, que arrancará en mayo. Este servicio está confirmado en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla. Entre sus asiduos clientes se encuentran también bancos y teléfonos como el 112 de emergencia o servicios básicos como Salud Responde contratados por la Junta de Andalucía, bajo cuya gestión se cometieron las irregularidades".

De ser esto cierto, está claro que las personas de la cúpula implicada de la CEA tienen responsabilidades por cuanto que ya en 2006, el digital Por Andalucía Libre publicó que "hay destacados empresarios de la cúpula dirigente de la CEA que son administradores y/o accionistas de una de las empresas ligadas a Qualytel SA, en concreto, a Qualytel Andalucía SA, cuyo administrador único es Qualytel Teleservices,SA. La empresa se llama COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA y en ella participan Santiago Herrero, José Luis Haurie, Antonio Carrillo Alcalá y Miguel Santaella Rodríguez (que sepamos no lo hacen en nombre de la CEA sino a título personal).

Hasta ahora, sólo habíamos descubierto en Qualytel Interservices, SA, empresa dedicada al telemárketing y adjudicataria del servicio Salud Responde de la Consejería de Salud, la presencia de Antonio Falcón Romero, ex comisionado de la Droga y militante del PSOE, socio a su vez de Pablo Recio y Luis Cordero, ambos vinculados al PSOE. Pues la cosa es más compleja y demuestra que la tela de araña afecta a muchos y de muy variada manera. También pruebanlos intereses comunes que ligan a dirigentes empresariales con la Junta de Andalucía y el Partido Socialista.

Entre los accionistas de Qualytel Andalucía SA se encontraban a finales de 2006 y estuvieron hasta finales de 2007:

a)Tomás Muriana Gajete, Consejero Delegado y Fundador de QUALYTEL TELESERVICES, S.A.

b)Vicente Olivenza Castellano, Representante de AEMT(Asociación Española de Márketing Telefónico) y administrador de QUALYTEL TELESERVICES, S.A.

c)María José Romero Ganuza

d) COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA (que es la sección donde participan los gerifaltes de la CEA)

e)Antonio Falcón Romero, ex alto cargo de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista, administrador de Qualytel Teleservices, SA, adjudicataria del servicio Salud Responde.

Es en la empresa COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA donde aparecen como administradores algunos de los más importantes dirigentes de la CEA. Dedicada a servicios y/o asesoramiento de comunicación, imagen, difusión, etc. de empresas en cuanto a comunicación integral y otras; encuentros, reuniones, asambleas, etc.; y servicio jurídico, contable, fiscal, laboral a empresas, sus administradores son:

Miguel Santaella Rodríguez: vicepresidente de la CEA en 2006 y presidente de la Asempal, Asociación Empresarial de la Provincia de Almería.

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98
José Luis Haurie Vigne: miembro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales por la CEA en 2006. Y es vocal de la Comisión de control de Caja Córdoba

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98
Santiago Herrero León: presidente de la CEA

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98

Antonio Carrillo Alcalá: secretario general de la CEA

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 16/02/2002
Duración: 16/02/2007
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 20/06/2002
Fecha de la escritura: 07/06/2002
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2002/2643

Cuenta ABC que la envergadura económica podría superar el escándalo financiero de los ERE, que tuvo su origen en el caso de las supuestas comisiones ilegales de Mercasevilla. Sólo desde el año 2009 el importe total de las ayudas concedidas por la Junta que están bajo sospecha se eleva a 25 millones de euros.

Qualytel cuenta con una plantilla de 6.500 trabajadores y factura al año 1,16 millones de euros ya ha trabajado en anteriores campañas de la Renta con la Agencia Tributaria. Gracias a contratos como éste, en 2006, con presencia de la cúpula de la CEA, escaló al cuarto puesto del sector de gestión telemática a nivel nacional, con un ritmo de crecimiento del 30 por ciento anual Sus servicios para administraciones abarcan el teléfono de 24 horas o el de emergencias de Andalucía y Cataluña.

Entre sus clientes preferentes se encuentra, de hecho, la Junta de Andalucía, que encargó a este «call center» la gestión de servicio telefónico de Salud Responde, así como la línea que asesora a las mujeres en casos de malos tratos (teléfono 016). De hecho, según corroboran desde el sindicato Comisiones Obreras, la filial regional de Qualytel, Qualytel Andalucía, SA, gestiona los mencionados servicios, así como el Teléfono del Menor y parte de las líneas del 061 y el 112 en las provincias de Almería, Jaén, Málaga y Granada.

En Qualytel, como fue denunciado por "Por Andalucía Libre" en dos informes, la precariedad en el empleo era la norma, ya que la mayoría de sus trabajadores eran despedidos a los pocos meses de ser contratados. De hecho, la firma despidió en 2009 a más de 200 trabajadores amparándose en la rescisión de contratos de empresas con esta teleoperadora. El asunto concluyó con una sentencia del TSJA que confirmó otra de un juzgado jerezano que declaró improcedentes los ceses.

El PP ya denunció a la firma en 2006 por chanchullos. Hicieron público un documento anónimo en el que se recogía un convenio de colaboración entre la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, y el presidente de Caja San Fernando, Luis Pascual Navarrete, en relación con la cesión parcial y temporal, mediante precio, al Ayuntamiento del inmueble que ocupaba la Facultad de Derecho para la instalación de la empresa de telecomunicaciones Qualytel. Se autorizaba el uso del edificio a "otros usos compatibles con las actividades propias del sector de las telecomunicaciones". El pleno en le que se aprobó el cambio de uso del edificio nunca existió.

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Griñán intenta eludir el 'fondo de reptiles' cargando la culpa al ex director de Empleo que lo denunció


El PP va a exigir tanto en el Parlamento como por vía judicial responsabilidades concretas, sobre todo a José Antonio Griñán.
2011-03-08

Lo que está muy claro es que el Servicio de Intervención de la Junta de Andalucía qué dependía en 2005 del consejero de Economía, José Antonio Griñán, conocía la existencia del "fondo de reptiles" denunciado por el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero. No sólo lo conocía, sino que envió tres informes sucesivos denunciando su ilegalidad. ¿Por qué Griñán no eliminó aquel procedimiento irregular en su momento y ha consentido que las cosas llegaran a dónde han llegado? Griñán descarga su responsabilidad en la voluntad rebelde del director general denunciante, pero eso, en una estructura jerárquica, resulta a todas luces imposible.
Por ello, el PP va a exigir tanto en el Parlamento como por vía judicial responsabilidades concretas, sobre todo a José Antonio Griñán, de quien Javier Arenas asegura ya que "a lo mejor Griñán no puede continuar ni un segundo como presidente", ya que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009.

El Gobierno andaluz mantiene que la decisión de desoír al órgano superior de control interno y de contabilidad pública de la Administración andaluza fue una decisión "técnico-política" del ex director general de Trabajo. Sin embargo, la instrucción 1/2005 de 18 de mayo de la Intervención General consultada por La Razón detalla en su protocolo que los titulares de Hacienda –Consejería de la que depende– y Empleo –al que afecta el informe– deben conocer sus trabajos cuando afectan a organismos sometidos al control financiero permanente, como era este caso. O Griñán conocía los reparos que la Intervención puso a cómo se gestionaban esos fondos, o la propia Intervención incumplió sus directrices, algo improbable.

No era descontrol lo que había porque las partidas aparecían en los Presupuestos. Entre 2001 y 2009 la suma de todas ellas ascendió a 647 millones de euros. Pero la Intervención andaluza tenían que "examinar una muestra representativa de los expedientes de gasto del periodo" o "que las subvenciones concedidas en el periodo lo son a beneficiarios que reúnen los requisitos previstos". Y ya en 2005, la Intervención General dependiente de Griñán señaló que el procedimiento seguido no era el correcto y lo reiteró en 2006 y 2007. Tres informes sucesivos, tres años con Griñán de Consejero. Y por si fuera poco añadía que el centro de trabajo, esto es, la Dirección General de Empleo, debía rectificar e implantar las recomendaciones de Intervención. Pero no se hizo.

¿Culpa y responsabilidad de Griñán que no ordenó taxativamente el fin del "fondo de reptiles" o culpa y responsabilidad de Guerrero que hizo caso omiso a la Intervención?

Francisco Javier Guerrero admitió que la tramitación para esas ayudas era un tema "absolutamente no regulado" y que tuvieron "debates con ocho borradores de decreto y 10 borradores de Órdenes". Griñán dijo en el Parlamento que la Intervención "no detectó irregularidad alguna en los pagos". De ser así –salvo que los informes digan lo contrario–, el caso pudo llegar al Consejo de Gobierno.

Lo que no es de recibo es que, siendo la Consejería de Griñán consciente de los hechos, estos hayan seguido produciéndose seis años después de la denuncia.

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El socialista que 'trabajó' desde la cuna: de botones a millonario

De botones pasando por concejal en Jerez, consejero de Agricultura y de Empleo hasta llegar a millonario prejubilado.

2011-03-06

Libertad Digital
Quién le iba a decir a Antonio Fernández cuando trabajaba para las bodegas González Byass de botones con 14 años, que acabaría siendo un prejubilado millonario gracias a ellas.
Es el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010 cuya fecha de antigüedad en la bodega jerezana coincidía con la de su nacimiento, el 15 de julio de 1956. Algo que él achaca a un "error humano".
Cuando todavía estaba al frente de Empleo fue el momento en que entró en el último expediente de regulación de la bodega, de los que 400.000 eran para él.
Tal y como recuerda La Razón, su carrera política comenzó en 1983 y siempre al lado de Manuel Chaves, primero en la Diputación de Cádiz y después en las consejerías de Agricultura y Empleo. Fue este último cargo el que hizo que su nombre se barajara para suceder a Celestino Corbacho.
Sin embargo, su carrera política comenzó a truncarse tras negarse a destituir al delegado de empelo de Sevilla, Antonio Rivas, después de ser imputado por el caso de Mercasevilla. Griñán lo cesaba fulminantemente.
Tras ocho meses abandonaba definitivamente la política, no así el carné de partido. Y este paso lo dio cuando se aseguró la presidencia del Consejo Regulador del Vino.

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