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16 marzo 2011

Chaves se envalentona en el caso de los ERE y pasa al ataque contra el PP


El escándalo de los ERE lejos de acorralar a Chaves en el Congreso le ha envalentonado y ha pasado al ataque con el caso Gürtel.
2011-03-16

LIBERTAD DIGITAL
Los escándalos de corrupción en Andalucía han vuelto al Congreso. Mercasevilla, eres fraudulentos, por un lado y Gürtel como defensa y arma arrojadiza del PSOE a los populares. Manuel Chaves ha recibido dos preguntas y ha tenido que escuchar varias veces la palabra dimisión.
Muy claro ha sido el diputado del PP Ricardo Tarno. "Debería dimitir por su bien y el de su partido. La gente que ahora le aplaude luego en los pasillos pide a gritos su dimisión", sentenció. De manera similar también se manifestó el popular Juan Manuel Moreno, que se pregunto "hasta cuándo Zapatero alargará este bochorno". "Deje de marchar el buen nombre de Andalucía con sus corruptelas y si le queda dignidad marchese", agregó.
Igualmente, se criticó la nula actividad de Manuel Chaves al frente de la vicepresidencia tercera del Gobierno. "No podemos hablar de su gestión porque es inexistente. Podemos hablar de su implicación en casos de corrupción", indicó Moreno. En opinión del popular, es "sangrante" que con un millón de parados en Andalucía se repartan los ERE "entre amigos y familiares". Además, dijo a Chaves que "usted y Griñán lo sabían y lo taparon".
Sin embargo, Manuel Chaves negó en todo momento la implicación de su persona en alguno de estos casos de corrupción y llegó a asegurar que los informes que alertaban sobre los escándalos de los ERE no hablaban de ilegalidades.
Por lo demás, el resto de sus intervenciones se centraron en atacar al Partido Popular. "Cinismo, hipocresía y cobardía. Siguen con la política del escándalo, del desprestigio de la política. Les da lo mismo con tal de alcanzar sus objetivos", dijo el ex presidente de la Junta a los miembros de la bancada popular.
Y no podía faltar el caso Gürtel. Siempre que la cosa se pone difícil aparece este tema en el Congreso. "La diferencia entre nosotros es que mientras la Junta busca la verdad y colabora la Justicia ustedes cubren y protegen a sus imputados", dijo Chaves.

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15 marzo 2011

El increíble ERE de la empresa pública andaluza Egmasa: 350 pólizas que no firma nadie


El escándalo del fondo de reptiles andaluz no deja de crecer. El último escándalo, en Egmasa.

2011-03-10

La Empresa de Gestión Medioambiental SA (Egmasa), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, prejubiló a más de 350 trabajadores entre 2003 y 2004 y les paga sus prestaciones mediante una póliza formalizada con Vitalicio Seguros que nadie ha firmado. Ni la empresa -en este caso, la Junta de Andalucía- ni ninguno de los beneficiarios ha estampado su firma en la póliza, según ha podido conocer EL MUNDO de Andalucía en fuentes próximas a Vitalia Vida, la consultora que intermedió en este Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Que la ausencia de firma en las pólizas es manifiestamente irregular, no puede dudarse como nadie puede explicarse cómo es que, a pesar de su falta, los prejubilados cobren.
¿Qué clase de controles tiene la Junta de Andalucía?
Naturalmente, esta situación está teniendo efectos concretos sobre los prejubilados. Hay quien no ha cobrado la paga de febrero ni saben cuándo percibirán el dinero. "He llamado al sindicato, a la UGT, y allí me han dicho que el problema es que la Junta de Andalucía está sin dinero", contaba ayer un prejubilado de un pueblo de Granada. Otro de los prejubilados, de una localidad de Jaén, asegura que ha presentado a distintos abogados "de pago" los documentos con que cuenta y todos le han dicho que «no sirven para nada». Un extrabajador de Egmasa de la provincia de Granada explicó que, sobre el año 2004, percibió 400 euros de menos en una de las mensualidades. Llamó a Vitalia Vida y allí le dijeron que era mejor no reclamar y que no se preocupara.
El PSOE de Andalucía informó de que el ERE de Egmasa se comenzó a tramitar el 24 de enero de 2002 y que se firmó el 15 septiembre de 2003. El 1 de noviembre de 2003 comenzaron las prejubilaciones que, según el Partido Socialista, terminaron el 4 de febrero de 2004. Hasta el momento, ha trascendido el caso irregular del exconcejal de IU de Almonte (Huelva) Antonio Márquez García, acogido al ERE en noviembre de 2006, cuando el ERE ya estaba cerrado, según la información que en su día facilitó el PSOE andaluz.
La portavoz del PP-A, Rosario Soto, advirtió hace unas semanas de que existía un ERE "permanente" en la empresa pública Egmasa. Es probable que se refiriera a la existencia de esta póliza sin firmar por nadie, ni por la empresa pública ni por los trabajadores. El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo Javier Guerrero, en el punto de mira por el escándalo, señaló ante la Policía Judicial el ERE de Egmasa como ejemplo de los financiados con cargo al «fondo de reptiles» de la Junta de Andalucía.

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Uno de los implicados en los ERE donó al PSOE la sede de Camas

José Antonio García Prieto cobró 70.000 euros de un ERE fraudulento en la empresa textil Intersur entre 2003 y 2007.
2011-03-15

LIBERTAD DIGITAL
El socialista José Antonio García Prieto fue uno de los intrusos que percibió fondos de los ERE fraudulentos en Andalucía. Y además donó al PSOE sevillano la sede de Camas, lo que podría suponer un delito de financiación irregular.
Según informa El Mundo, este socialista cobró durante varios años como falso prejubilado en la empresa textil Intersur. La cantidad que pudo percibir entre 2003 y 2007 podría ascender a los 70.000 euros.
El 17 de septiembre de 2003, García Prieto y la que fuera alcaldesa de Camas entre 2000 y 2003, Encarnación Díaz, ambos concejales del PSOE en ese momento, compraron un local de 118 de metros cuadrados en un edificio de reciente construcción en el centro de la ciudad. Declararon ante notario haber pagado 57.000 euros por él.
El 10 de mayo de 2010 ambos volvieron a la notaria y allí donaron el local al Partido Socialista de Camas. García Prieto asegura ahora que este local nunca fue suyo sino que siempre fue del grupo municipal socialista. De este modo, afirma que "como el grupo no tenía CIF, hubo que hacerlo a nombre de Encarnación, que era la presidenta, y mío, que era el secretario del Grupo Municipal".
Además, dijo que no escrituró hasta 2010 la sede a nombre del PSOE era porque el partido a nivel provincial "no estaba en condiciones económicas" para adquirir locales.
Del mismo modo, García Prieto agregó que pese a que tanto él como Encarnación Díaz figuraban en el contrato de alquiler, primero, y en la hipoteca, después, siempre fue el "Grupo Municipal" el que pagó los gastos. "Nos hacían una transferencia a nuestra cuenta el mismo día que había que pagar la cuota", agregó.

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14 marzo 2011

Imputan al ex consejero de Trabajo de la Junta por el fondo de reptiles

La juez le manda un burofax

Antonio Fernández dice que la declaración del ex director general es "poco creíble".

2011-03-14

Libertad Digital
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía gracias a un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ha comunicado al ex consejero de Empleo Antonio Fernández que, a cuenta del contenido de las diligencias, debe designar a un procurador y a un abogado al objeto de personarse en la causa en calidad de imputado.
El propio Antonio Fernández ha informado a Europa Press de que, en efecto, la juez Mercedes Alaya le ha remitido un burofax en el que le comunica que, de las diligencias practicadas en esta causa, se deduce su "presunta participación" en los hechos investigados. Los hechos, en concreto, son el libramiento de 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis mediante una fórmula ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, además de una supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo incentivados gracias a este acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el IFA.
En este burofax, según ha detallado el ex consejero Antonio Fernández, la juez Mercedes Alaya le insta a designar a un procurador y a un abogado para personarse a todos los efectos en estas diligencias en calidad "de imputado". No obstante, Antonio Fernández ha considerado que se trata de algo "lógico" por lo que a los procedimientos judiciales se refiere, manifestando que se siente "muy tranquilo" por su labor al frente de la Consejería de Empleo.
El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía ha aclarado que la juez no le ha convocado a declarar en fecha alguna, pero de cualquier modo, ha señalado su "tranquilidad" ante esta decisión de la juez Mercedes Alaya. Y es que, desde su perspectiva, el testimonio del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, quien había calificado como "fondo de reptiles" estos 647.869.157,45 euros, es "poco creíble". "Estoy aguantando la situación", ha enfatizado Antonio Fernández.
En paralelo a estas diligencias, la Consejería de Empleo promueve una investigación interna en torno a estos expedientes de regulación de empleo, aspecto que se ha saldado hasta el momento con el descubrimiento de 59 'intrusos' o personas prejubiladas en empresas en las que nunca habrían trabajado, además de otras 87 incidencias relacionadas con prejubilaciones incentivadas con estos 647.869.157,45 euros que, según la Policía Judicial, habrían sido librados al margen de la necesaria fiscalización. Estos expedientes de regulación de empleo en cuestión han sido promovidos por empresas como Mercasevilla, el restaurante Río Grande, 'SOS Cuétara', 'Cash Lepe', Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans.
Antonio Fernández fue consejero de Empleo entre los años 2004 y 2010 y ha ocupado escaño en el Parlamento andaluz como diputado del Grupo Socialista por Cádiz hasta finales del pasado mes de noviembre, cuando renunció al acta para dedicarse en exclusiva a su nueva responsabilidad como presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez.

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12 marzo 2011

El delegado de Empleo dio ayudas de 465.725 euros a uno de sus socios

Dos firmas de un asociado suyo en la funeraria se crearon en 2006 y 2009 para cursos de conducción

Uno de los socios del delegado de Empleo en Córdoba, Antonio Fernández, en Funeraria Abades SL —la única que existe ya en Pozoblanco— y a su vez administrador de la Autoescuela Virgen de Luna SL, de la que fue socio y trabajador el alto cargo socialista, ha percibido subvenciones para cursos de formación aprobadas por el propio Fernández por un montante de 465.726 euros, dirigidas a dos empresas que creó a finales de 2006 y en marzo de 2009 con el objeto común de preparar a alumnos mediante clases teóricas y prácticas para la obtención de permisos de conducir. Esto es, lo mismo que la autoescuela.
El socio se llama Hipólito Cabrera, quien da nombre a una de estas dos empresas (Cenfor Hipólito Cabrera SL; la otra se llama Maglohi SL), y fue el mismo que se incorporó junto con Fernández, en la misma fecha incluso, a la funeraria como consejeros (el delegado, además ejerce de secretario). Cabrera es dueño además junto con Juan Julio Ballesteros de Autoescuela Virgen de Luna, que como ha destapado este periódico, ha percibido desde 2004 un total de 843.759 euros para formación. Ambos y Antonio Fernández compartieron el nacimiento de la autoescuela, hasta que el dirigente socialista obtuvo la Alcaldía de Pozoblanco, si bien no oficializó ante notario en 2004 su renuncia a la sociedad, como informó en un e-mail su Delegación el pasado martes.
En el BOJA de ayer
Ayer mismo, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) daba cuenta de una nueva resolución de Fernández —firmada el 23 de febrero pasado— con un largo listado de ayudas para formación profesional entre las que de nuevo aparecía su antigua autoescuela con una cuantía de 173.216 euros, lo que eleva desde que es delegado de Empleo a 1.016.975 euros las subvenciones dadas a esta firma, en total, ocho desde octubre de 2004.
Hay que recordar en este punto que la Junta negó ayer mediante una nota remitida a Europa Press que se hubieran multiplicado por seis el volumen de las ayudas otorgadas a esta autoescuela, que desde 2004 ya rebasan el millón de euros. De igual forma, el titular de la Consejería de Empleo, Manuel Recio, negó que vaya a destituir a Fernández de su puesto.
En su nota, la Junta defendió la transparencia del proceso de ayudas y justificó el aumento de los importes de dinero en que el paso de los años ha hecho que las acciones formativas sean más costosas y a que la inversión del Ejecutivo en formación ha crecido de manera notable.
En concreto, dio el dato de que desde 2004 se han gastado 123,4 millones de euros en este tipo de cursos en la provincia. Recordar en este punto que el último dato oficial del paro en la provincia de Córdoba llega casi a los 81.000 desempleados, un récord histórico.
Cenfor Hipólito Cabrera SL ha percibido cinco subvenciones para cursos de FPO y FPE entre 2007 y 2011. Sin ir más lejos, el BOJA de ayer recogía también la última firmada por Antonio Fernández, que ascendía a 87.337 euros. Su objetivo es dar servicios de preparación de alumnos mediante clases para la obtención de permisos de conducir de vehículos terrestres de todas clases así como la impartición de cursos preparatorios para el permiso de transporte de mercancías peligrosas por tierra.
Llama la atención que una persona que cuenta con una autoescuela desde hace dos décadas, considerada por la propia Consejería de Empleo como «uno de los centros más antiguos de la provincia», homologado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), siendo el primer centro de la provincia, además, en determinadas acciones formativas, se embarque a finales de 2006 en un negocio muy parecido (si no similar), y en marzo de 2009, en otro similar.
Conflicto urbanístico
Según ha podido constatar este periódico, estos dos nuevos centros formativos están ubicados en el mismo número de la misma calle, una céntrica vía de Pozoblanco que no ha estado exenta de polémica en los últimos tiempos por un conflicto urbanístico. Uno de ellos estaría regentado por un familiar directo de Cabrera.
Por los tres negocios (autoescuela y centros formativos) ha percibido ayudas, casi 1,5 millones de euros desde 2004.

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