Acusan a Emvisesa de «fraude» por el uso «privado» de patios comunes

Lunes, 13-10-08

LOLA RODRÍGUEZ

SEVILLA. La Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla ha sido denunciada por presunto fraude ante el Juzgado de Instrucción número 8. En el escrito de acusación, los demandantes alegan la «imposición de cuatro vallas ilegales en el espacio ajardinado común de la planta baja» y añaden el uso «lucrativo» por parte de dos guarderías y de los propietarios de los bajos, «que han tenido la desfachatez de realizar una acometida desde la boca de riego a su propia vivienda, lo que le permite un considerable ahorro en el consumo doméstico».

Para los vecinos, residentes desde 1996 en dos bloques de pisos de VPO del Polígono Aeropuerto, «corrobora el fraude» la existencia de varias bocas de riego abastecidas por un pozo subterráneo, presentes en los cuatro patios y contempladas literalmente en el proyecto como «seis bocas de riego en zonas privadas, a sabiendas de que ni el espacio ni el uso de los pozos son privados». Por este motivo y por la inclusión de las «vallas ilegales», los residentes han demandado en repetidas ocasiones al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, acusando la «irresponsabilidad» de los profesionales que dieron el visto bueno a un proyecto con «irregularidades», en tanto en cuanto dichos cerramientos aparecen en el mismo como «vallas no fijas o atornilladas sino correderas». A su juicio, el papel ejecutado por los arquitectos, sirve de respaldo a la empresa pública «para justificar el fraude, ya que Emvisesa alega que las vallas constan en el proyecto básico y en el de ejecución final y no son más que elementos separadores en zona común».

Oídos sordos

Pero no sólo el Colegio de Arquitectos ha sido blanco de las denuncias vecinales, que también han recaído «en diversas ocasiones, de forma reiterada y sin éxito, ante la propia Emvisesa, que nos responde que no atenderá reclamaciones si no son por vía judicial»...


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Ballesteros controla dos sociedades de gestión inmobiliaria pese a ser alto cargo de Emvisesa

E. BARBA. SEVILLA

Blas Ballesteros, ex concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla y actual asesor técnico de la gerencia de Emvisesa —empresa municipal de vivienda—, compagina este alto cargo público con su participación en dos sociedades mercantiles. En ambas, según los datos oficiales del Registro Mercantil consultados por ABC, es administrador único y las dos tienen por objeto social la «adquisición, explotación y enajenación de toda clase de terrenos, su urbanización y venta; la construcción en su más amplio sentido de edificios de todas clases; y el uso, arrendamiento y venta de los edificios referidos». Dado que su labor municipal se ciñe al ámbito urbanístico, su presencia en estas sociedades podría suponer una incompatibilidad con su cargo público, tipificada en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades de Altos Cargos.

Así, el directivo municipal constituyó el 31 de marzo de 2006 «Estudios Jurídicos Hispalis S.L.», con sede en la sevillana calle Amador de los Ríos y un capital social de 6.155 euros. El objeto social reflejado es el anteriormente mencionado y como actividad aparece «alquiler de bienes inmuebles urbanos». Junto a Ballesteros, administrador único, aparece un apoderado de la sociedad. Según la declaración de bienes y actividades del ex edil, éste posee un 60% de las participaciones de dicha empresa, inscrita en el Registro el 5 de febrero de 2007.

Además, el 27 de noviembre de 2007, Ballesteros —que ya trabajaba en Emvisesa— constituyó una segunda sociedad, con el mismo nombre que la primera pero anteponiéndole la palabra «urbanismo». También con él como administrador único, puso en marcha «Urbanismo y Estudios Jurídicos Hispalis S.L.», ésta con sede en la calle Santa María, en El Fontanal, y con un capital social de 3.500 euros. En la casilla de actividad se indica: «auxiliares financieros, seguros. Actividades inmobiliarias». El objeto social es el mismo que el de su antecesora: «Adquisición, explotación y enajenación de toda clase de terrenos, su urbanización y venta...». Se inscribió en el Registro el 8 de febrero de este año y en ella, Ballesteros posee una participación del 53%, según él mismo ha reflejado en su declaración de actividades colgada en la web del Ayuntamiento.

«Un simple despacho»

Consultado al respecto por este periódico, Ballesteros explicó ayer que «el objeto social que aparece en los registros es un término muy amplio donde se usan expresiones que no siempre indican concretamente lo que se hace», pues «realmente se trata de un despacho profesional de abogados, un simple despacho que se encarga de asesorar sobre asuntos urbanísticos e inmobiliarios realizando informes, estudios o dictámenes administrativos y legales...». El ex edil resaltó que «no es una empresa inmobiliaria ni una constructora»...

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