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10 abril 2011

Mercedes Alaya: la juez con club de fans que tiene en jaque a la Junta

Seria, concienzuda, puntillosa y reservada. Así es la magistrada que ha puesto en jaque a la Junta de Andalucía.
2011-04-10

LIBERTAD DIGITAL
Hace algunos meses, el nombre de Mercedes Alaya no resultaba apenas mediático. Llevaba desde 1998 al frente del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, pero su trayectoria no le había hecho saltar a los grandes titulares más que en contadas ocasiones.
Hasta que los ERE fraudulentos de la Junta han ido convirtiéndola en una figura cada vez más mediática. Alaya tiene sobre la mesa esta investigación, y ya se ha hecho con más de 150.000 folios en referencia a las prejubilaciones irregulares; pero también está encargada de dilucidar el corrupto entramado del caso Mercasevilla.
Pero el caso que verdaderamente la "catapultó" a la fama fue la gestión del Real Betis. Su investigación sobre la gestión de Manuel Ruiz de Lopera le hizo ganarse la consideración de muchos béticos, que vieron con buenos ojos el auto que supuso el fin de la Presidencia de Lopera.
Mercedes Alaya está casada y tiene dos hijos. Tiene 40 años y lleva más de 23 ejerciendo la judicatura, pasando por varios destinos. Nada más ingresar en la carrera en 1988, estuvo en un juzgado de instrucción en Carmona, donde permaneció un año. Después pasó a Fuengirola otros dos años, para acabar haciéndose cargo del juzgado de Primera Instancia número 20 de Sevilla, hasta 1998. Y en adelante hasta la actualidad, se ocupa del juzgado de instrucción número 6 de la capital hispalense.
De sus dos décadas de ejercicio profesional sus compañeros destacan, por encima de todo, su profesionalidad y rigor. Poco dada a confraternizar con otros magistrados, se mantiene distante en los encuentros sociales de los Juzgados, idéntica tendencia que exhibe con la prensa. Pasa rauda y veloz cada mañana frente a la puerta de los juzgados, cargada con una pesada trolley en la que porta folios y folios de documentación sobre los casos que investiga.
Sus compañeros aseguran que apenas para a comer, y que suele almorzar en el despacho un sándwich, y prolongar su trabajo más horas de las que debería. Al finalizar la jornada, coge un taxi y regresa a casa. De ahí en adelante poco se sabe de ella.
Dura, puntillosa y muy reservada. Alaya no se ha dejado intimidar por las continuas presiones de quienes investiga, y no tiene problema en lanzar ultimátums –como el que le planteó a la Junta la semana pasada- si considera que no le están proporcionando la información que requiere. Han intentado recusarla, quizás con intereses oscuros, pero nunca ha salido adelante.
Llama la atención que de esta magistrada hermética, de la que tan poco se sabe, cuente ya con un club de fans. Creado en la página de Facebook, suma ya casi 1.600 personas que alaban su labor, y también su aspecto.

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20 marzo 2011

El PP fija por ahora a un exconsejero de Empleo como el responsable penal máximo de los ERE

Se querella contra seis altos cargos y veinte personas entre beneficiarios e intermediarios de la trama fraudulenta

20/03/2011
  La querella que el PP presentará mañana en el juzgado fija, de momento, la responsabilidad penal sobre la trama de los ERE en el que fuera consejero de Empleo, Antonio Fernández pero, según anunció ayer la portavoz popular, Rosario Soto, «está abierta» y es «ampliable» a aquellas personas que puedan aparecer implicadas. Así aunque los populares han acusado políticamente al propio presidente José Antonio Griñán, en la denuncia presentada ayer el máximo responsable es el propio Fernández.
La denuncia se dirige contra 26 personas, entre las que figuran seis altos cargos de la Junta de Andalucía. Así aparecen, además de Fernández, los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Manuel Jesús Regidor y el actual director general, Daniel Alberto Rivera así como el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. También el intermediario Juan Lanzas, comercial del Estudio Jurídico Villasís en el momento de los hechos, Antonio José Albarracín, director general de Vitalia, Jesús María Bordallo, responsable en Sevilla de Vitalia, Francisco José González, comercial de Vitalia y José González Mata, administrador de Uniter S.L e Ingotor Seguros S.L. Y a ellos une el PP una lista de 15 personas, al parecer beneficiarios de ERE en empresas en las que nunca trabajaron.
Todos podrían ser responsables de delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos.
Esa lista será ampliada contra «todos aquellos que pudieran ser implicados en la investigación». Una investigación que, según el PP, debe partir del origen que sitúan en el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que «se ideó un sistema por el que seguir otorgando las subvenciones excepcionales a empresas en crisis o en proceso de reestructuración, evitando procedimientos administrativos legalmente establecidos para el otorgamiento de las mismas y los controles de fiscalización previos que había de realizar la Intervención General de la Junta de Andalucía». El citado convenio fue firmado en julio de 2001 por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera y el entonces presidente del IFA, Antonio Fernández, y su duración expiraba en diciembre de 2003 aunque el IFA ha seguido haciendo frente a las obligaciones derivadas de los compromisos adquiridos hasta la fecha.
Dice la querella que para financiar este sistema los presupuestos de Empleo de 2001 a 2009 incluyen partidas con la denominación de transferencia de financiación de explotación al IFA dentro del programa 31L u otros equivalentes y que el valor total de los fondos transferidos de 2000 a 2010 asciende a 647.869.157,45 euros.
Según el PP, se detectaron diferencias de 170.000 euros entre las cuantías reflejadas en la liquidación del presupuesto de Empleo y el dinero librado por los entes que gestionaron las ayudas, la inexistencia de informes jurídicos, la falta de publicidad o las subvenciones arbitrarias y discrecionales a empresas de militantes socialistas y ayuntamientos del PSOE. El PP pide la declaración del ex interventor, Manuel Gómez Marín, el interventor delegado de Control Financiero, Ignacio García y el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo.

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17 marzo 2011

El líder de la patronal andaluza, socio de una empresa del fraude masivo


La empresa, Qualytel Teleservices, forma parte de la trama investigada por fraude en las ayudas al empleo de la UE repartidas por la Junta.

2011-03-07

En el fraude masivo de alrededor de 1.600 empresas que presuntamente se han beneficiado de los fondos europeos intermediados por la Junta de Andalucía para contratar a trabajadores que eran despedidos nada más cobrada la ayuda, se encuentra una empresa peculiar, Qualytel TeleServices, SA, administradora única de Qualytel Andalucía, SA. Señalada este domingo por ABC, de su consejo de administración han formado parte hasta diciembre de 2007 el presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA), Santiago Herrero León, y altos cargos del organismo, cosa que no ha salido a la luz. Igualmente ha sido administrador de esta empresa Antonio Falcón Romero, socialista y ex alto cargo de la Junta de Andalucía, concretamente ex director general de Política Interior del Gobierno andaluz y ex comisionado para la Droga.

Cobra gran relevancia la noticia por cuanto Qualytel Teleservices es la empresa encargada por parte de la Agencia Tributaria para asesorar por teléfono a los contribuyentes con sus declaraciones de la Renta. Que esté siendo investigada por defraudar 318.000 euros de ayudas de la Unión Europea al empleo que gestionó la Junta de Andalucía ya es notable. Que sean personas de la cúpula de la CEA los que han sido sus socios en Andalucía desde marzo de 2004 a diciembre de 2007 es relevante.

Según dice el propio diario de Vocento, "el escándalo cobra en el caso de Qualytel perfiles inquietantes, puesto que, entre la amplísima cartera de clientes con que cuenta esta compañía especializada en la gestión telemática, está la propia Agencia Tributaria, que le ha encargado el servicio telefónico de la próxima campaña de la Renta, que arrancará en mayo. Este servicio está confirmado en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla. Entre sus asiduos clientes se encuentran también bancos y teléfonos como el 112 de emergencia o servicios básicos como Salud Responde contratados por la Junta de Andalucía, bajo cuya gestión se cometieron las irregularidades".

De ser esto cierto, está claro que las personas de la cúpula implicada de la CEA tienen responsabilidades por cuanto que ya en 2006, el digital Por Andalucía Libre publicó que "hay destacados empresarios de la cúpula dirigente de la CEA que son administradores y/o accionistas de una de las empresas ligadas a Qualytel SA, en concreto, a Qualytel Andalucía SA, cuyo administrador único es Qualytel Teleservices,SA. La empresa se llama COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA y en ella participan Santiago Herrero, José Luis Haurie, Antonio Carrillo Alcalá y Miguel Santaella Rodríguez (que sepamos no lo hacen en nombre de la CEA sino a título personal).

Hasta ahora, sólo habíamos descubierto en Qualytel Interservices, SA, empresa dedicada al telemárketing y adjudicataria del servicio Salud Responde de la Consejería de Salud, la presencia de Antonio Falcón Romero, ex comisionado de la Droga y militante del PSOE, socio a su vez de Pablo Recio y Luis Cordero, ambos vinculados al PSOE. Pues la cosa es más compleja y demuestra que la tela de araña afecta a muchos y de muy variada manera. También pruebanlos intereses comunes que ligan a dirigentes empresariales con la Junta de Andalucía y el Partido Socialista.

Entre los accionistas de Qualytel Andalucía SA se encontraban a finales de 2006 y estuvieron hasta finales de 2007:

a)Tomás Muriana Gajete, Consejero Delegado y Fundador de QUALYTEL TELESERVICES, S.A.

b)Vicente Olivenza Castellano, Representante de AEMT(Asociación Española de Márketing Telefónico) y administrador de QUALYTEL TELESERVICES, S.A.

c)María José Romero Ganuza

d) COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA (que es la sección donde participan los gerifaltes de la CEA)

e)Antonio Falcón Romero, ex alto cargo de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista, administrador de Qualytel Teleservices, SA, adjudicataria del servicio Salud Responde.

Es en la empresa COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA donde aparecen como administradores algunos de los más importantes dirigentes de la CEA. Dedicada a servicios y/o asesoramiento de comunicación, imagen, difusión, etc. de empresas en cuanto a comunicación integral y otras; encuentros, reuniones, asambleas, etc.; y servicio jurídico, contable, fiscal, laboral a empresas, sus administradores son:

Miguel Santaella Rodríguez: vicepresidente de la CEA en 2006 y presidente de la Asempal, Asociación Empresarial de la Provincia de Almería.

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98
José Luis Haurie Vigne: miembro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales por la CEA en 2006. Y es vocal de la Comisión de control de Caja Córdoba

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98
Santiago Herrero León: presidente de la CEA

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98

Antonio Carrillo Alcalá: secretario general de la CEA

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 16/02/2002
Duración: 16/02/2007
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 20/06/2002
Fecha de la escritura: 07/06/2002
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2002/2643

Cuenta ABC que la envergadura económica podría superar el escándalo financiero de los ERE, que tuvo su origen en el caso de las supuestas comisiones ilegales de Mercasevilla. Sólo desde el año 2009 el importe total de las ayudas concedidas por la Junta que están bajo sospecha se eleva a 25 millones de euros.

Qualytel cuenta con una plantilla de 6.500 trabajadores y factura al año 1,16 millones de euros ya ha trabajado en anteriores campañas de la Renta con la Agencia Tributaria. Gracias a contratos como éste, en 2006, con presencia de la cúpula de la CEA, escaló al cuarto puesto del sector de gestión telemática a nivel nacional, con un ritmo de crecimiento del 30 por ciento anual Sus servicios para administraciones abarcan el teléfono de 24 horas o el de emergencias de Andalucía y Cataluña.

Entre sus clientes preferentes se encuentra, de hecho, la Junta de Andalucía, que encargó a este «call center» la gestión de servicio telefónico de Salud Responde, así como la línea que asesora a las mujeres en casos de malos tratos (teléfono 016). De hecho, según corroboran desde el sindicato Comisiones Obreras, la filial regional de Qualytel, Qualytel Andalucía, SA, gestiona los mencionados servicios, así como el Teléfono del Menor y parte de las líneas del 061 y el 112 en las provincias de Almería, Jaén, Málaga y Granada.

En Qualytel, como fue denunciado por "Por Andalucía Libre" en dos informes, la precariedad en el empleo era la norma, ya que la mayoría de sus trabajadores eran despedidos a los pocos meses de ser contratados. De hecho, la firma despidió en 2009 a más de 200 trabajadores amparándose en la rescisión de contratos de empresas con esta teleoperadora. El asunto concluyó con una sentencia del TSJA que confirmó otra de un juzgado jerezano que declaró improcedentes los ceses.

El PP ya denunció a la firma en 2006 por chanchullos. Hicieron público un documento anónimo en el que se recogía un convenio de colaboración entre la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, y el presidente de Caja San Fernando, Luis Pascual Navarrete, en relación con la cesión parcial y temporal, mediante precio, al Ayuntamiento del inmueble que ocupaba la Facultad de Derecho para la instalación de la empresa de telecomunicaciones Qualytel. Se autorizaba el uso del edificio a "otros usos compatibles con las actividades propias del sector de las telecomunicaciones". El pleno en le que se aprobó el cambio de uso del edificio nunca existió.

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Griñán intenta eludir el 'fondo de reptiles' cargando la culpa al ex director de Empleo que lo denunció


El PP va a exigir tanto en el Parlamento como por vía judicial responsabilidades concretas, sobre todo a José Antonio Griñán.
2011-03-08

Lo que está muy claro es que el Servicio de Intervención de la Junta de Andalucía qué dependía en 2005 del consejero de Economía, José Antonio Griñán, conocía la existencia del "fondo de reptiles" denunciado por el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero. No sólo lo conocía, sino que envió tres informes sucesivos denunciando su ilegalidad. ¿Por qué Griñán no eliminó aquel procedimiento irregular en su momento y ha consentido que las cosas llegaran a dónde han llegado? Griñán descarga su responsabilidad en la voluntad rebelde del director general denunciante, pero eso, en una estructura jerárquica, resulta a todas luces imposible.
Por ello, el PP va a exigir tanto en el Parlamento como por vía judicial responsabilidades concretas, sobre todo a José Antonio Griñán, de quien Javier Arenas asegura ya que "a lo mejor Griñán no puede continuar ni un segundo como presidente", ya que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009.

El Gobierno andaluz mantiene que la decisión de desoír al órgano superior de control interno y de contabilidad pública de la Administración andaluza fue una decisión "técnico-política" del ex director general de Trabajo. Sin embargo, la instrucción 1/2005 de 18 de mayo de la Intervención General consultada por La Razón detalla en su protocolo que los titulares de Hacienda –Consejería de la que depende– y Empleo –al que afecta el informe– deben conocer sus trabajos cuando afectan a organismos sometidos al control financiero permanente, como era este caso. O Griñán conocía los reparos que la Intervención puso a cómo se gestionaban esos fondos, o la propia Intervención incumplió sus directrices, algo improbable.

No era descontrol lo que había porque las partidas aparecían en los Presupuestos. Entre 2001 y 2009 la suma de todas ellas ascendió a 647 millones de euros. Pero la Intervención andaluza tenían que "examinar una muestra representativa de los expedientes de gasto del periodo" o "que las subvenciones concedidas en el periodo lo son a beneficiarios que reúnen los requisitos previstos". Y ya en 2005, la Intervención General dependiente de Griñán señaló que el procedimiento seguido no era el correcto y lo reiteró en 2006 y 2007. Tres informes sucesivos, tres años con Griñán de Consejero. Y por si fuera poco añadía que el centro de trabajo, esto es, la Dirección General de Empleo, debía rectificar e implantar las recomendaciones de Intervención. Pero no se hizo.

¿Culpa y responsabilidad de Griñán que no ordenó taxativamente el fin del "fondo de reptiles" o culpa y responsabilidad de Guerrero que hizo caso omiso a la Intervención?

Francisco Javier Guerrero admitió que la tramitación para esas ayudas era un tema "absolutamente no regulado" y que tuvieron "debates con ocho borradores de decreto y 10 borradores de Órdenes". Griñán dijo en el Parlamento que la Intervención "no detectó irregularidad alguna en los pagos". De ser así –salvo que los informes digan lo contrario–, el caso pudo llegar al Consejo de Gobierno.

Lo que no es de recibo es que, siendo la Consejería de Griñán consciente de los hechos, estos hayan seguido produciéndose seis años después de la denuncia.

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El socialista que 'trabajó' desde la cuna: de botones a millonario

De botones pasando por concejal en Jerez, consejero de Agricultura y de Empleo hasta llegar a millonario prejubilado.

2011-03-06

Libertad Digital
Quién le iba a decir a Antonio Fernández cuando trabajaba para las bodegas González Byass de botones con 14 años, que acabaría siendo un prejubilado millonario gracias a ellas.
Es el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010 cuya fecha de antigüedad en la bodega jerezana coincidía con la de su nacimiento, el 15 de julio de 1956. Algo que él achaca a un "error humano".
Cuando todavía estaba al frente de Empleo fue el momento en que entró en el último expediente de regulación de la bodega, de los que 400.000 eran para él.
Tal y como recuerda La Razón, su carrera política comenzó en 1983 y siempre al lado de Manuel Chaves, primero en la Diputación de Cádiz y después en las consejerías de Agricultura y Empleo. Fue este último cargo el que hizo que su nombre se barajara para suceder a Celestino Corbacho.
Sin embargo, su carrera política comenzó a truncarse tras negarse a destituir al delegado de empelo de Sevilla, Antonio Rivas, después de ser imputado por el caso de Mercasevilla. Griñán lo cesaba fulminantemente.
Tras ocho meses abandonaba definitivamente la política, no así el carné de partido. Y este paso lo dio cuando se aseguró la presidencia del Consejo Regulador del Vino.

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16 marzo 2011

Chaves se envalentona en el caso de los ERE y pasa al ataque contra el PP


El escándalo de los ERE lejos de acorralar a Chaves en el Congreso le ha envalentonado y ha pasado al ataque con el caso Gürtel.
2011-03-16

LIBERTAD DIGITAL
Los escándalos de corrupción en Andalucía han vuelto al Congreso. Mercasevilla, eres fraudulentos, por un lado y Gürtel como defensa y arma arrojadiza del PSOE a los populares. Manuel Chaves ha recibido dos preguntas y ha tenido que escuchar varias veces la palabra dimisión.
Muy claro ha sido el diputado del PP Ricardo Tarno. "Debería dimitir por su bien y el de su partido. La gente que ahora le aplaude luego en los pasillos pide a gritos su dimisión", sentenció. De manera similar también se manifestó el popular Juan Manuel Moreno, que se pregunto "hasta cuándo Zapatero alargará este bochorno". "Deje de marchar el buen nombre de Andalucía con sus corruptelas y si le queda dignidad marchese", agregó.
Igualmente, se criticó la nula actividad de Manuel Chaves al frente de la vicepresidencia tercera del Gobierno. "No podemos hablar de su gestión porque es inexistente. Podemos hablar de su implicación en casos de corrupción", indicó Moreno. En opinión del popular, es "sangrante" que con un millón de parados en Andalucía se repartan los ERE "entre amigos y familiares". Además, dijo a Chaves que "usted y Griñán lo sabían y lo taparon".
Sin embargo, Manuel Chaves negó en todo momento la implicación de su persona en alguno de estos casos de corrupción y llegó a asegurar que los informes que alertaban sobre los escándalos de los ERE no hablaban de ilegalidades.
Por lo demás, el resto de sus intervenciones se centraron en atacar al Partido Popular. "Cinismo, hipocresía y cobardía. Siguen con la política del escándalo, del desprestigio de la política. Les da lo mismo con tal de alcanzar sus objetivos", dijo el ex presidente de la Junta a los miembros de la bancada popular.
Y no podía faltar el caso Gürtel. Siempre que la cosa se pone difícil aparece este tema en el Congreso. "La diferencia entre nosotros es que mientras la Junta busca la verdad y colabora la Justicia ustedes cubren y protegen a sus imputados", dijo Chaves.

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15 marzo 2011

El increíble ERE de la empresa pública andaluza Egmasa: 350 pólizas que no firma nadie


El escándalo del fondo de reptiles andaluz no deja de crecer. El último escándalo, en Egmasa.

2011-03-10

La Empresa de Gestión Medioambiental SA (Egmasa), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, prejubiló a más de 350 trabajadores entre 2003 y 2004 y les paga sus prestaciones mediante una póliza formalizada con Vitalicio Seguros que nadie ha firmado. Ni la empresa -en este caso, la Junta de Andalucía- ni ninguno de los beneficiarios ha estampado su firma en la póliza, según ha podido conocer EL MUNDO de Andalucía en fuentes próximas a Vitalia Vida, la consultora que intermedió en este Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Que la ausencia de firma en las pólizas es manifiestamente irregular, no puede dudarse como nadie puede explicarse cómo es que, a pesar de su falta, los prejubilados cobren.
¿Qué clase de controles tiene la Junta de Andalucía?
Naturalmente, esta situación está teniendo efectos concretos sobre los prejubilados. Hay quien no ha cobrado la paga de febrero ni saben cuándo percibirán el dinero. "He llamado al sindicato, a la UGT, y allí me han dicho que el problema es que la Junta de Andalucía está sin dinero", contaba ayer un prejubilado de un pueblo de Granada. Otro de los prejubilados, de una localidad de Jaén, asegura que ha presentado a distintos abogados "de pago" los documentos con que cuenta y todos le han dicho que «no sirven para nada». Un extrabajador de Egmasa de la provincia de Granada explicó que, sobre el año 2004, percibió 400 euros de menos en una de las mensualidades. Llamó a Vitalia Vida y allí le dijeron que era mejor no reclamar y que no se preocupara.
El PSOE de Andalucía informó de que el ERE de Egmasa se comenzó a tramitar el 24 de enero de 2002 y que se firmó el 15 septiembre de 2003. El 1 de noviembre de 2003 comenzaron las prejubilaciones que, según el Partido Socialista, terminaron el 4 de febrero de 2004. Hasta el momento, ha trascendido el caso irregular del exconcejal de IU de Almonte (Huelva) Antonio Márquez García, acogido al ERE en noviembre de 2006, cuando el ERE ya estaba cerrado, según la información que en su día facilitó el PSOE andaluz.
La portavoz del PP-A, Rosario Soto, advirtió hace unas semanas de que existía un ERE "permanente" en la empresa pública Egmasa. Es probable que se refiriera a la existencia de esta póliza sin firmar por nadie, ni por la empresa pública ni por los trabajadores. El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo Javier Guerrero, en el punto de mira por el escándalo, señaló ante la Policía Judicial el ERE de Egmasa como ejemplo de los financiados con cargo al «fondo de reptiles» de la Junta de Andalucía.

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