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01 noviembre 2010

La Junta se vende a sí misma varios edificios por más de 676 millones de euros

A TRAVÉS DE EMPRESAS INSTRUMENTALES
Esta operación contable hace parecer que la Junta de Andalucía ingresa por la venta de los inmuebles 676 millones de euros pero no es más que una operación flotante, ya que las empresas son instrumentales y propiedad al 100% de la Junta de Andalucía.
 
 
La Junta de Andalucía ha diseñado una operación contable por la cual se venderán edificios de la Junta de Andalucía a dos sociedades instrumentales de la misma Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. y a la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. (antigua AGESA), para después alquilarlos a las mismas.
Dicha operación contable está señalada en el Proyecto de Presupuesto para el año 2011 que recoge, que en el Estado de Ingresos en el capítulo 6 enajenación de inversiones reales, y más en concreto en el concepto 611 la venta de inmuebles por un importe de 675.651.810 €. 
Esta operación contable hace parecer que la Junta de Andalucía ingresa por la venta de los inmuebles dicha cantidad, pero no es más que una operación flotante, ya que las empresas son instrumentales y propiedad al 100% de la Junta de Andalucía. Lo que viene a significar que la propia Junta se vende así misma los edificios y luego las empresas instrumentales buscarán los recursos los financieros necesarios para hacer frente a dicha operación de compra, poniendo como garantía el valor en mercado de los edificios que son propiedad de la Junta de Andalucía. Además, después la propia Junta alquila los mismos edificios por los que pagará un canon o una cantidad anual hasta 35 años a estas dos empresas instrumentales.

Hace más de dos semanas, Libertad Digital ya dijo que podía considerarse "Chapucería financiera" el ejercicio que el gobierno Griñán hace con los presupuestos andaluces para el 2011 para saltarse el límite al endeudamiento impuesto por el Gobierno. Una de las cuentas del Presupuesto incluye ingresos por 951,7 millones que se justifican por la venta de suelo y por la venta de edificios administrativos propiedad de la Junta que después alquilaría la propia Junta. En el primer caso, según explicó la consejera, la Junta vendería los suelos traspasados por el Estado en pago de la Deuda Histórica que no sean de Agesa y donde no esté prevista la construcción de VPO. En el segundo caso, la Junta aplicaría la fórmula de "venta de alquiler con retorno", que han usado empresas y gobiernos como el francés. Esta modalidad contempla la venta de edificios administrativos a sus empresas públicas para que estas lo gestionen. Pues bien, ya está en los Presupuestos.

Es decir, la Junta de Andalucía se vende así misma sus edificios, pero la deuda generada se la traspasa a las dos sociedades instrumentales que recibirán a cambio un canon de alquiler por un máximo de 35 años

(Pinche sobre la imagen para ampliar)
Dicha operación financiera viene también recogida en la Disposición Adicional segunda del Decreto-Ley 5/2010 de 27 de julio por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público que indica:
Disposición adicional segunda. Autorización singular.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio para la enajenación directa y a título oneroso a la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. y a la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que autorice el Consejo de Gobierno durante 2010, de conformidad con la disposición adicional segunda de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, se autoriza a las citadas Sociedades al endeudamiento necesario para la adquisición de los referidos inmuebles, atendido el valor que se dé a los mismos mediante la oportuna tasación y el de los gastos que la adquisición suponga.
 Se autoriza la celebración de contratos de arrendamiento de hasta treinta y cinco años de duración por parte de la Consejería competente en materia de patrimonio para la utilización, por parte de los Departamentos de la Administración de la Junta de Andalucía y Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes, de los inmuebles adquiridos por la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, SA y por la Empresa Pública de Gestión de Activos, SA al amparo de la autorización prevista en el párrafo anterior.

Estos son los edificios que van a ser vendidos y posteriormente alquilados:

(Pinche sobre la imagen para ampliar)
 

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29 octubre 2010

Rafael Velasco alude en su defensa a un informe del Parlamento que no existe

DIMITIÓ COMO NÚMERO 2 DEL PSOE-A

2010-10-28
De nada le valía dimitir de su puesto de diputado en el parlamento andaluz si permanecía al frente de la organización interna de un partido que vería en él un "tocado" que en nada podía beneficiar los intereses electorales del PSOE en 2011. Finalmente ha dimitido del todo, pero aludiendo a un "informe" de los Servicios Jurídicos del Parlamento andaluz que según él santifica su proceder y considera legal su comportamiento. El problema es que el informe no aparece.
En su carta de despedida, Velasco dice textualmente:
"Asimismo, quiero dejar constancia de que los servicios jurídicos del Parlamento han declarado compatibles el ejercicio de mi labor como parlamentario y la actividad laboral de mi mujer. Me refiero a este dictamen sólo para insistir en la total limpieza política, legal y ética de mi comportamiento, y niego cualquier trato de favor o ejercicio de influencia política. Además, he de dejar constancia de que la responsabilidad personal y profesional de mi mujer me hubiese impedido hacer, o intentar hacer, algo de lo que se me acusa.
A pesar de todo esto, he dimitido y lo he hecho, insisto, por dignidad personal y por coherencia política con lo que siempre he defendido y siempre he practicado, que es la ejemplaridad obligada en las conductas públicas y privadas de los que nos dedicamos a la política."
La secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, tambièn hizo referencia a este informe, un informe que no ha sido presentado en público implicando, además, a la Mesa del Parlamernto. Díaz anunció ayer la dimisión "irrevocable" de Rafael Velasco como parlamentario andaluz y también como vicesecretario general del partido, decisión que esta misma mañana había trasladado a la dirección andaluza como innegociable. Susana Díaz informó de la renuncia de los cargos públicos que hasta ahora ostentaba Velasco "a pesar de que los servicios jurídicos y la Mesa del Parlamento de Andalucía ha anunciado esta mañana que no existe ninguna irregularidad ni incompatibilidad alguna" de su actividad como parlamentario con la actividad empresarial que ejerce su esposa.
Susana Díaz recriminó "la campaña de difamación, injurias y calumnias que ha destrozado la vida familiar de Rafael Velasco y que ha puesto en riesgo la salud de su mujer y de su futuro hijo". A su juicio, Velasco "ha dado un ejemplo de generosidad y ha demostrado su valor frente al desprestigio que de la política hacen los dirigentes del Partido Popular y que reiteradamente venimos sufriendo tanto en Andalucía como en el territorio nacional".
El informe fantasma
Dice La Razón que Susana Díaz aseguró que los Servicios Jurídicos del Parlamento de Andalucía habían emitido un informe que dictaminaba que "no había incompatibilidad ni irregularidad" en la percepción del comportamiento de Velasco y su señora. "Los hombres no administran los bienes de sus mujeres", argumentó la secretaria de Organización, que dijo que el dictamen había sido analizado en la reunión de la Mesa de la Cámara esa misma mañana.
La realidad, sigue diciendo el periódico de Lara, es que tal informe no existía: eran unas notas para el letrado mayor del Parlamento de uno de los abogados que colabora con él. El escrito no se vio en la Mesa –según denunció el PP, que lo calificó de «falso»– y no constituye un aval jurídico.
Los populares exigieron una reunión "urgente" de la Mesa para que ésta ratificara que no existe ningún dictamen. Lo que sí se conoció es un "pronunciamiento" de juristas de la Cámara que considera que "los diputados y diputadas no tienen que declarar actividades que no ejerzan". PSOE-A y PP-A han solicitado un análisis jurídico "más exhaustivo", que se ha encargado a la Comisión del Estatuto del Diputado.

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27 octubre 2010

Dimite Rafael Velasco por el escándalo de las subvenciones a su esposa

Rafael Velasco, vicesecretario general del PSOE de Andalucía, ha presentado su dimisión por el escándalo de las subvenciones de la Junta de Andalucía recibidas por la empresa de su esposa. Más de 700.000 euros para una academia en situación de pérdidas.

Las subvenciones a la esposa del número dos de Griñán, en el punto de mira

La Junta subvenciona con más de 700.000 euros a la mujer del número dos de Griñán 

El vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Rafael Velasco, ha decidido esta tarde presentar su dimisión como diputado autonómico debido a lo que entiende como una "campaña de difamación, de injurias y de calumnias personales y familiares" que, visto como se está resintiendo su vida familiar, y dado el estado en el que se encuentra su esposa, que está esperando su segundo hijo, le ha hecho tomar la decisión de dejar su acta de diputado para dedicarle un mayor tiempo a su familia. La "difamación" a la que alude es una importante cantidad de subvenciones de la Junta de Andalucía recibidas por la empresa de su esposa cuando estaba precisamente en situación de pérdidas y que no ha sabido explicar.

Lo que resulta inexplicable sin embargo es que, por las mismas razones, no haya dimitido irrevocablemente de su cargo de vicesecretario general del PSOE. Velasco dice que ha sido el secretario general del PSOE de Andalucía, José Antonio Griñán, quien no le ha aceptado su dimisión como vicesecretario general, aunque él ha insistido en reiteradas ocasiones. Pero si dimite por la situación familiar que le ha creado la supuesta "campaña de difamación" - más bien ha sido un ejercicio de información sobre recursos públicos que no ha podido ser desmentido -, no parece probable que tal "campaña" amaine si sigue de vicesecretario general. Fuentes de la oposición informan a Libertad Digital que con esta decisión pretende sencillamente apagar un fuego ya irrefrenable o tratar de echar tierra sobre el asunto de las subvenciones a su esposa.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía manifiesta su total apoyo a Rafael Velasco y emprenderá las acciones legales que estime pertinentes para depurar las responsabilidades que se determinen del daño moral ocasionado, según la nota. El vicesecretario general del PSOE de Andalucía enmarca su dimisión en la "cacería política" orquestada por el PP contra él y su familia, en especial contra su esposa, que desarrolla su actividad profesional como mujer empresaria en Córdoba capital. Velasco ha querido dejar constancia de la trayectoria empresarial y profesional de su cónyuge, que ha tildado de intachable y que está sujeta a todos los controles de legalidad.

La "cacería" o "campaña de difamación" de Velasco y su familia

Hace apenas una semana que los andaluces se enteraban de que el 90 por ciento de los cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) que ofrecía el centro de estudios Aula 5, propiedad de Antonia Montilla López, esposa del vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, estaban subvencionados por la Junta. Más de 120 millones de pesetas en los últimos cuatro años había recibido la mujer del número 2 de José Antonio Griñán. Por tanto, la empresa estaba obligada a garantizar la gratuidad de las acciones formativas para los participantes en la formación subvencionada. Sin embargo, no era así en algunas titulaciones y los alumnos pagaban matrícula y cantidades mensuales entre 150 y 180 euros. El PP pedía explicaciones por, cuando menos, la escasa sensibilidad ética manifestada por la familia Velasco aunque creía que con estas subvenciones se incumplía la Ley de Incompatibilidades que impide estas ayudas a familiares directos de los altos cargos.

Libertad Digital informó al día siguiente de que la empresa Aulacen Cinco de Córdoba, propiedad de la esposa del número 2 de José Antonio Griñán, y en la que aparecía en calidad de administradora única, dio unas pérdidas de alrededor de 60.000 euros, unos diez millones de pesetas en el año 2007 y poco más de 1.784 euros en 2006. Curiosamente, fue a partir de entonces cuando la Junta intensificó la concesión de subvenciones a la empresa hasta llegar a los 720.000 euros, unos 120 millones de pesetas hasta 2010, excluido.

Ni en los años 2006 ni 2007 aparecieron subvenciones a Aulacen Cinco en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, las subvenciones fueron extraordinariamente útiles a una empresa que estaba en números rojos con cantidades en acreedores a corto plazo superiores a los 70.000 euros.

Además, se observó que la actividad de la empresa en 2006 era prácticamente nula y aún así, dio pérdidas y que el número de trabajadores del Centro de Estudios, tanto fijos como eventuales, eran solamente 2 en 2007, la propietaria y una auxiliar administrativo, lo cual hace más extraño aún que se le concedieran subvenciones millonarias y movía a la extrañeza acerca de cuántos cursos de formación podían impartirse con ese exiguo personal Su página web, www.aulacinco.es sólo tenía una página y en ella se reconocía que no se actualizaba desde 2007

Las subvenciones no fueron publicadas todas
En principio, tenían que haberlas publicado todas, si es que fueron dineros concedidos por organismos y/o Fundaciones o Agencias de la Junta a Aulacen Cinco SL, la empresa de formación que administra Antonia Montilla López. Según la Ley General de Subvenciones, todas las subvenciones deben ser publicadas en los boletines correspondientes con algunas salvedades que no afectan razonablemente a la empresa de la esposa del número 2 José Antonio Griñán, Rafael Velasco. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía sólo constan con ese nombre, Aulacén Cinco, SL, subvenciones por importe de 342.033,86 euros. Como la Junta de Andalucía ha reconocido que desde 2006 se le han entregado 726.000 euros a la empresa, ¿dónde fueron publicitadas las subvenciones y cantidades que faltaban?

La Ley General de Subvenciones de 2003 obliga a la publicidad de las subvenciones, de todas ellas. Pero en el Reglamento de dicha Ley de 2006, se dice con toda claridad lo que sigue: "Artículo 30. Publicidad de las subvenciones concedidas. 1. La publicación de las subvenciones concedidas deberá realizarse durante el mes siguiente a cada trimestre natural y se incluirán todas las concedidas durante dicho periodo, cualquiera que sea el procedimiento de concesión y la forma de instrumentación, salvo aquellas cuya publicación estuviera excluida por la Ley."

Pero los hechos fueron estos:

La Junta sólo había publicado en el BOJA, que parece el BoletÍn Oficial adecuado para hacerlo como lo ha hecho en cinco ocasiones, la mitad de las subvenciones recibidas. Eran éstas:

Resolución de 30 de enero de 2009, de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas para la realización de acciones formativas de Entidades Privadas. ...................................................................................82.593 euros
Organismo: Consejería de Empleo (Boletín número 69 de 13/04/2009 Seccion: Anuncios)
Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Dirección General de Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas para la realización de acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo. .......................41.296, 5 euros
Organismo: Consejería de Empleo (Boletín número 75 de 20/04/2010 Seccion: Anuncios)
Organismo: Consejería de Empleo (Boletín número 25 de 05/02/2008 Seccion: Anuncios).............................................33.178,36 euros
Organismo: Consejería de Empleo (Boletín número 52 de 17/03/2010 Seccion: Anuncios).............................................91.510 euros
Organismo: Consejería de Empleo (Boletín número 27 de 10/02/2009 Seccion: Anuncios)............................................ 93.456 euros

Esto hacía un total de 342.033,86 euros, menos de la mitad del importe del conjunto de las subvenciones recibidas por Antonia Montilla que ascienden, según la Junta, a 726.000. ¿Dónde fueron publicadas, si lo fueron, las restantes?

Comisión de Investigación, petición del PP

El Partido Popular anunció que iba a «llegar hasta el final» en la exigencia de explicaciones por las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía a la empresa de la mujer del vicesecretario general del PSOE andaluz. El PP no descartaba que, en este asunto, hubiera podido incurrirse en un presunto caso de «tráfico de influencias» por parte del número dos del PSOE andaluz y manifestó su voluntad de solicitar la creación de una comisión de investigación en el parlamento andaluz. El PP anunció de momento su intención de que el consejero de Empleo, Manuel Recio, compareciera de manera urgente en el Parlamento para que explicara los criterios que el Gobierno andaluz había seguido para conceder más de 700.000 euros en subvenciones a la empresa , Aulacén Cinco, para el desarrollo de cursos de formación profesional ocupacional.

Ya no hará falta. Ni lo uno ni lo otro.

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24 septiembre 2010

La Junta premió al historiador que asesoró a Garzón en la causa contra el franquismo

POR LA "RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA"

 
2010-09-24
Pedro de Tena/antonio barreda
La Junta de Andalucía mediante Orden de 6 de abril de 2010 (BOJA núm. 92, de 13 de mayo), de la Consejería de Gobernación y Justicia, publicó la convocatoria de los Premios Andalucía a la Recuperación de la Memoria Histórica, en su I Edición y cuyo objetivo radicaba en distinguir la labor realizada por aquellas personas y entidades que han contribuido de manera notoria, tanto en la investigación como en la difusión y reconocimiento de la Memoria Histórica. El I premio en la modalidad "premio a la trayectoria individual, tanto personal como profesional" fue concedido a Francisco Espinosa Maestre, uno de los expertos que asesoró al juez Baltasar Garzón en la causa contra el franquismo y por la cual está imputado.

Francisco Espinosa es el autor del Informe sobre la represión franquista que se unió a la causa 399/2006-E. El grupo de asesores estaba formado por el fiscal Carlos Jiménez de Villarejo, el magistrado Antonio Doñate, el abogado Manuel Escarda, los historiadores Julián Casanova, Francisco Espinosa y Queralt Solé, y el forense Francisco Etxeberría. Todos ellos fueron nombrados legalmente, como comité de expertos o peritos judiciales para estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas del franquismo entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951, por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era el magistrado Baltasar Garzón.

Además, la Orden de 14 de Julio de la Junta de Andalucía concedió otro premio a la aplicación de las nuevas tecnologías en la difusión de la Memoria Histórica a la web "Todos (...) los nombres" con una dotación de tres mil euros (3.000 euros) y entrega de objeto conmemorativo. El director científico del proyecto es asimismo Francisco Espinosa Maestre.
La web se puso en marcha tras la firma de un Convenio de Colaboración suscrito, con fecha 3 de Octubre de 2005, por parte de las entidades promotoras: la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) y la Confederación General del Trabajo de Andalucía CGT-A) con el patrocinio de la Consejería de Justicia y AA.PP. de la Junta de Andalucía y la colaboración de las entidades Fundación El Monte y Universidad Pablo de Olavide.

El jurado de los Premios Andalucía a la Recuperación de la Memoria Histórica estaba formado por José Antonio Gómez Periñán como presidente -destacado miembro del clan de Alcalá del PSOE-, y como vicepresidente, Juan Gallo González, fontanero de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías.

Francisco Espinosa Maestre dirigió una carta al juez Varela, instructor de la causa por prevaricación contra Baltasar Garzón. En ella, entre otras lindezas, escribió: "Según parece, el instructor Varela no pone en duda la existencia de los crímenes sino la falta de competencia de su compañero para tal empeño y el hecho de que ignorara la esencia y las consecuencias legales de la amnistía de octubre de 1977. Pero, qué casualidad, que al hacer esto bloquea la investigación sobre lo otro." Recuérdese que el juez Varela pertenece a Jueces por la Democracia.
 

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15 septiembre 2010

Chaves será interrogado por las subvenciones millonarias a su hija

EL TSJA LO DECLARA "PERTINENTE"
 
EFE
Según la providencia del alto tribunal facilitada por el PP, "en relación con el interrogatorio del testigo, Manuel Chaves González, se admite y declara pertinente la misma".
El PP registró ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una demanda contra la decisión del Gobierno andaluz de no incoar expediente sancionador a Chaves por el conocido como "caso Matsa".
El escrito, que fue registrado el pasado 26 de marzo, propone la nulidad del acuerdo adoptado el 21 de julio de 2009 por el Consejo de Gobierno de no incoar expediente sancionador y archivar las actuaciones previas a que dieron lugar el escrito presentado por el PP sobre la subvención a la empresa Matsa, en la que trabaja Paula, la hija del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves.
El acuerdo del Consejo de Gobierno fue motivado por el informe de la Inspección General de Servicios, que no apreció indicios de infracción contra el artículo 7 la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta, tal y como consideró el PP en su denuncia ante el Consejo de Gobierno.
Los populares denunciaban que en la subvención a Matsa se produjo una falta de inhibición de Manuel Chaves que podría constituir una infracción "muy grave" al haber producido un daño "manifiesto" a la Junta, por lo que la pena podría oscilar entre los 3 y los 10 años de inhabilitación para ostentar cargo público.
En su demanda, el PP rechazó los argumentos del Consejo de Gobierno de que no se podía incoar expediente a Chaves porque "la administración no podía ni debía conocer" la participación de Paula Chaves en Matsa, cuando en realidad es algo que, a juicio de los populares, "incumbía" al propio ex presidente de la Junta.
De la misma forma, la demanda del PP recordaba que no se trata de averiguar desde cuándo tiene conocimiento la administración de la relación entre Matsa y Paula Chaves "sino desde cuándo tiene conocimiento de ello" Manuel Chaves y si "pese a conocer tal extremo no se abstuvo de forma voluntaria de intervenir" del acuerdo del Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2009 que ratificó la ayuda.
La subvención a Matsa fue aprobada previamente por acuerdo del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de 13 de enero de 2009.
 

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20 julio 2010

Las misteriosas desapariciones del caso Mercasevilla

COMUNES EN LA CAPITAL HISPAL
El caso Mercasevilla se ha visto afectado también por misteriosas desapariciones, que se están haciendo comunes en algunos escándalos de la capital hispalense.

2010-07-20
PEDRO DE TENA/ANTONIO BARREDA

No han sido una ni dos. Ha habido muchas, pero por no alargarnos en el tiempo recordemos la desaparición de la droga en la Comisaría General de Sevilla, nada menos que más de 100 kilos. Luego ocurrió la desaparición de los vídeos claves que contenían una de las pruebas decisivas de la querella de Manuel Chaves y otros contra El Mundo.

Ya había ocurrido la desaparición y/o robo de ordenadores de la federación de asociaciones de vecinos «Unidad», que dificultó gravemente las investigaciones sobre las facturas falsas del Ayuntamiento sevillano. Ahora, han desaparecido soportes informáticos en el Caso Mercasevilla. "Hay algo oscuro o turbio y no podemos mirar hacia otro lado", dijo ayer el alcaldable del PP, Juan Ignacio Zoido, sobre algunos de estos hechos.

La sustracción o desaparición de soportes informáticos fue denunciada el 2 de julio por Fernando Vázquez, director de Marketing y Comunicación de Mercasevilla. Según el PP, motivada por la "falta de seguridad" que se vive en la empresa ante la carencia de una cúpula directiva. La dirección replicó que dichos soportes "únicamente tenían contenidos propios del departamento de Marketing, esto es, material fotográfico e histórico de la empresa", sin que, en modo alguno, se relacionara con las investigaciones.

Vázquez denunció a la Policía Nacional el robo de un disco duro portátil el pasado día dos de julio en el que, según la denuncia del propio afectado, "únicamente había contenidos propios de dicho departamento, esto es, material fotográfico e histórico de la empresa". Y el concejal socialista Alfonso Mir aclaró a ABC que "todo ocurrió durante una mudanza en la que el disco duro desapareció y, para evitar problemas tal como están las cosas, el director le indicó al chaval responsable que denunciara el robo, aunque lo mismo no lo han robado, sino que se ha extraviado y un día aparece". En este sentido, el consejero apoderado de la lonja pública reiteró que "lo que había dentro son fotos de cursos de formación" y negó que el dispositivo portátil contenga otro tipo de información relevante.

Sin embargo, otras fuentes de la compañía indicaron a ABC que, al tratarse de un disco duro del director de Márketing y Comunicación que contenía "material histórico de la empresa", el aparato cuyo robo se ha denunciado "puede contener perfectamente" la documentación sobre las cuestiones de publicidad del mercado central, entre las que podría estar el contrato para la supuesta colocación de vallas que la empresa pagó al imputado José Antonio Ripollés y que ahora está siendo investigado por la juez que instruye el caso porque podría tratarse de un convenio falso.

De hecho, sigue ABC, el responsable de Larena 98, Antonio Pardal, denunció que se le ofreció la gestión de un centro para realizar la Inspección Técnica de Vehículos en suelo del mercado a cambio de que cediera su derecho de superficie sobre el terreno que después se adjudicó Sando gracias precisamente a que se hizo con el citado derecho. Para ello, según afirma Pardal, se pactó entre ambas partes la realización de un estudio para analizar la viabilidad de la ITV y que se «disfrazara» como un supuesto contrato para la colocación de vallas publicitarias que jamás se ejecutó. Por dicho convenio, Mercasevilla contempla en su contabilidad el pago de una factura de 16.938 a favor de Ripollés, pero éste entregó otra a la juez en la que sólo consta que cobró 1.462 euros.

Esta última cola del escándalo Mercasevilla podría implicar incluso al entonces gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, recientemente vuelto de su viaje al Mundial con el alcalde Monteseirín. Pardal cita entre sus interlocutores en aquella operación a Marchena por lo que el asunto está en manos de la Policía Judicial en estos momentos, justo cuando el disco duro con «material histórico de la empresa» del departamento encargado de colocar las vallas va y desaparece.

A lo mejor en el disco robado hay fotos compromtedoras

Al parecer, en el disco robado o extraviado hay «material fotográfico», imágenes tomadas por el responsable de comunicación que denuncia la pérdida, Fernando Vázquez, en los actos en los que participaba el ex gerente, Fernando Mellet. Al parecer era costumbre de la gerencia que todas las personas que viajaron con Mellet a ferias de pescados de distintas partes del mundo fueran fotografiadas. En muchas de ellas, aparece de manera reiterativa Antonio Rodríguez Torrijos, portavoz de IU en el Ayuntamiento y vicepresidente de Mercasevilla.

Se sospecha que en ese soporte desaparecido está todo el material fotográfico del viaje de Mellet y Torrijos a la feria Conxemar de Vigo, para la que se alojaron en Santiago de Compostela, con motivo de la cual el ex gerente pagó una mariscada en el restaurante Sexto II con su tarjeta de dirección que costó 426 euros. Y precisa ABC que "también contenía las imágenes del viaje de ambos a la European Seafood de Bruselas a cargo de la lonja pública, donde se produjeron otras mariscadas que también podrían estar fotografiadas, éstas incluso con los bogavantes y centollos por delante."

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De la Borbolla, en el séquito del jeque propietario del Málaga

EL EX PRESIDENTE DE LA JUNTA
2010-07-20
El presidente andaluz iba a recibir al jeque árabe qatarí Sheikh Abdallah Al-Thani, nuevo accionista mayoritario del Málaga Club de Fútbol. Al Thani entró a la reunión acompañado de algunos colaboradores. La sorpresa fue que uno de ellos, probablemente intermediario en la celebración del tal encuentro, era el mismísimo ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán. Cómo el PSOE sostiene la bandera de Rodiezmo al tiempo que hace de forjador de lobbies en negocios multimillonarios sin sufrir electoralmente espasmo alguno es un misterio.
El máximo accionista del Málaga se reunió ayer por la tarde en Sevilla, en la Casa Rosa, sede de la Presidencia de al Junta, con Griñán, que estuvo acompañado por los consejeros de Economía, Antonio Ávila, y de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar. Abdullah Al-Thani acudió con tres de sus colaboradores, Abdullah Ghubn, Tysir Al Sahoud y el que fuera presidente de la Junta y actual abogado José Rodríguez de la Borbolla. Al-Thani puso sobre la mesa aquellas líneas de acción en las que está dispuesto a invertir, según informaron desde el Gobierno andaluz a través de una gélida nota de prensa.

Recuérdese que al mismo tiempo que asesor, consejero o intermediario del jeque, el ex presidente de la Borbolla es miembro nato del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía.
Según Málaga Hoy, dentro de este paquete de proyectos se incluye como pieza principal la disposición del empresario a ejecutar en Marbella un segundo Puerto Banús. La iniciativa sobre la que estaría trabajando el jeque y su equipo de asesores es la ampliación del puerto de La Bajadilla, en el municipio marbellí, y cuyo desarrollo la Administración regional quería impulsar mediante la colaboración público-privada.

Esto es algo que, al parecer, ya conocía desde hace tiempo Griñán porque en el pasado mes de junio anunció ante un amplio grupo de empresarios que pensaba realizar infraestructuras de este tipo mediante la alianza político-privada.
  El incremento de este puerto supondría dotar a La Bajadilla de 700 amarres para embarcaciones deportivas, cifra muy superior a los 268 que presenta en la actualidad. Ello, de acuerdo con las estimaciones manejadas por el Gobierno andaluz, obligaría a realizar una inversión de unos 70 millones de euros.

Al parecer, es el departamento de Obras Públicas que dirige la ex alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, del que depende la Agencia de Puertos de Andalucía, la que sigue el interés mostrado por el jeque qatarí.
El que dio primero fue el PP.
El de ayer no es el primer encuentro que sostiene el jeque en Andalucía, sino que es el tercero. A Griñán le han precedido la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, del PP, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, igualmente del PP. Precisamente, fue en la reunión con Muñoz donde puso sobre la mesa la opción de actuar en La Bajadilla.

Según Málaga Hoy, "todo apunta a que el empresario, con estos contactos en primera persona, trata de tomar ventaja en el nuevo escenario diseñado por la propia Junta, en el que quiere ligar ciertas intervenciones de coste elevado, pero de rentabilidad poco dudosa, a la iniciativa privada. En concreto, el de La Bajadilla es uno de los dos puertos deportivos que la Administración autonómica incluye en esta fórmula. El otro es el de Carboneras."

Más gente interesada, no sólo el jeque

Pero no es sólo el jeque el interesado en estas grandes obras. El delegado de Obras Públicas y Vivienda en la provincia de Málaga, Enrique Benítez, ya subrayó hace días el interés que ha despertado la ampliación del puerto marbellí en cinco o siete entidades bancarias, "incluidos el Banco Santander y el BBVA", dispuestas a participar en el proyecto. El atractivo de esta ampliación no reside sólo en la posibilidad de alcanzar los 700 atraques, sino también en que la entidad concesionaria podrá gestionar la zona comercial que se cree en los nuevos espacios, acción que irá acompañada de la modificación que se llevará a cabo en la zona en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad marbellí con el traslado del polígono industrial La Ermita y la creación de viviendas, zonas deportivas y equipamientos, entre otros usos, en los alrededores.

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13 julio 2010

Griñán habla de democracia y gobierna por decreto-ley

SEGÚN DENUNCIA EL CORREO DE ANDALUCÍA

 
2010-07-13

Pedro de Tena/Antonio Barreda
Casi el 50% de la producción legislativa de la Junta de Andalucía que preside José Antonio Griñán ha sido conformada según el Decreto-Ley, una medida que en democracia es extraordinaria y que responde a la urgencia de una situación, no a las ganas de eludir los controles de la oposición.

Según El Correo, en el nuevo Estatuto se plasmó la prerrogativa de la Junta de dar a luz Decretos Leyes. Pero tuvo cuidado de destacar su carácter anómalo. Véase su texto:

Artículo 110. Decretos-leyes

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. No podrán aprobarse por decreto-ley los presupuestos de Andalucía.
2. Los decretos-leyes quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación de totalidad. Durante el plazo establecido en este apartado el Parlamento podrá acordar la tramitación de los decretos-leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Pero la Junta ha optado por explotar la fórmula del decreto ley -que le permite agilizar la tramitación de medidas de carácter urgente- para aprobar recetas económicas que frenen los efectos de la crisis. Esta prerrogativa, antes reservada únicamente al Estado, ha sido utilizada desde 2008 en nueve ocasiones, seis de ellas en los últimos diez meses. Desde septiembre, ha supuesto casi el 50% de la producción legislativa de la Junta , ya que, junto a los seis decreto-ley aprobados, el Parlamento ha puesto en la calle otras siete normas por el procedimiento común, que es más largo.

El PP lo anunció: época de decretazos

Gaspar Zarrías garantizó que el decreto-ley sería un procedimiento extraordinario del que la Junta no iba a abusar pero las cifras demuestran lo contrario. Con este procedimiento del decreto ley se ha puesto en marcha, por ejemplo, una nueva edición del programa de empleo Proteja, la bajada salarial en el sector público, o la reforma de la Ley de Cajas para allanar el camino a la frustrada fusión entre Unicaja y Cajasur. El último inaugura nuevos tributos y subida de impuestos, y será convalidado por la Cámara en el pleno extraordinario que se celebrará previsiblemente a final de mes.

Por ello, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha pedido un pleno extraordinario en el Parlamento de Andalucía o que la Diputación Permanente se reúna "para analizar los recortes sociales", todos ellos camino del Decreto-Ley que han ascendido a "430 millones de euros en Educación, pero también en Sanidad".
 

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10 julio 2010

La trampa del borrador del Decreto-Ley de Griñán: no reduce gastos ni personal

LD ACCEDE EN EXCLUSIVA AL INFORME

El borrador del Decreto-Ley, al que ha tenido acceso en exclusiva LD, por el que se aprueban medidas en materia de reordenación del Sector Público no significa un recorte del gasto público ni de personal. Se limita a fusionar la administración paralela creada por la Junta en 8 Agencias Públicas.
Documentos: Borrador del Decreto-Ley de Griñán | Borrador del Decreto-Ley de Griñán (II)
2010-07-09
Pedro de Tena/Antonio barreda
Los 28.000 trabajadores de este sector, la inmensa mayoría colocados a dedo según ha denunciado la Cámara de Cuentas, podrían pasar a ser personal laboral de la Junta, eludiendo pruebas y exámenes y favoreciendo de ese modo los intereses políticos de quienes los colocaron. (Recuerde que para tener acceso a los documentos debe registrarse primero).

Es algo que aún no ha sido decidido. En el Decreto, queda en el aire la posibilidad de adscripción como personal laboral de la Junta de Andalucía de este personal proveniente de las empresas públicas y fundaciones, unos 28000 trabajadores, y cuyo costo en gastos de Capítulo I (sueldos) está presupuestado en 909 millones de euros para este año 2010, y a los que no se le aplica la reducción del 5% de la masa salarial.

El Decreto-Ley se fundamenta en tres ideas. La primera la redefinición de las tipologías de Agencias Públicas en atención a los modos de gestión de las mismas. En segundo lugar se incrementa la "gobernanza" de la Junta sobre determinadas decisiones estratégicas de las entidades instrumentales, esencialmente  la adquisición de participaciones minoritarias en otras entidades públicas o privadas, la participación en asociaciones empresariales de diversa índole, sean o no personificadas y la política inmobiliaria. En tercer lugar se crean, modifican o extinguen las correspondientes Agencias Públicas a partir de las preexistentes entidades instrumentales, públicas o privadas.

El Decreto-Ley crea 8 Agencias Empresariales que son:

1.- Agencia de Servicios Sociales y dependencia en Andalucía. Esta agencia integrará la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social.

2.- La Agencia Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, que subroga a la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria y a la que se le adscriben la sociedad Talentia y el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía.

3.- Agencia Pública de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que integrará Gestión de infraestructuras de Andalucía S.A. (GEIASA) y Ferrocarriles Andaluces.

4.- Agencia de Régimen Especial del Servicio Andaluz de Empleo. Subroga a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y al propio Servicio Andaluz de Empleo.

5.- Agencia Pública Empresarial Sanitaria Pública de Andalucía. Se adscriben a ella las Empresas Públicas Hospital Costa del Sol, Hospital de Poniente de Almería, Hospital Alto Guadalquivir, Empresa Pública Sanitaria del Bajo Guadalquivir. Esta Agencia gestionará los CHARE (Centros Hospitalarios de Alta Resolución).

6- Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía que subroga a la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero S.A. (DAPSA) y se extingue el IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) y las Cámaras Agrarias.

7.- Agencia Andaluza de las Instituciones Culturales que subroga el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Finalmente la Junta parece que ha optado por no integrar finalmente en esta Agencia al Patronato de la Alhambra y el Generalife.

8.- Agencia de Medio Ambiente y del Agua que subroga a la Empresa Pública de Gestión Medioambiental S.A. (EGMASA) y parte de la actual Agencia del Agua.

En cuanto al régimen de integración del personal, el borrador del Decreto Ley indica que se aplicarán las siguientes reglas:

a) El personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía permanecerá en la situación de servicio activo en su Cuerpo o Especialidad.
b) El personal laboral procedente de las entidades suprimidas se integrará en la nueva entidad resultante de acuerdo con las normas reguladoras de sucesión de empresas. Aquí es donde los sindicatos de funcionarios temen la "regularización masiva" de personal que no ha pasado pruebas de acceso a la Administración Púbica.
c) Los convenios colectivos aplicables a las entidades extinguidas o transformadas seguirán rigiendo los derechos y obligaciones del personal laboral procedente de dichas entidades, en tanto se apruebe un nuevo convenio aplicable al mismo.

En base a todo esto queda en el aire la posible integración de este personal como personal laboral de la Junta de Andalucía. Conviene recordar que estos trabajadores han sido contratados directamente a través de estos entes públicos sin superar ningún tipo de oposición ni concurso. El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía consideraría un verdadero “casus belli” la entrada por la puerta de atrás, aprovechando un Decreto-Ley, la integración de este personal en su convenio colectivo.

Por otro lado, conviene recordar que el endeudamiento de las empresas públicas en manos de la Junta de Andalucía aumentó un 103,7% en el primer trimestre de 2010 en relación con el mismo período de 2009, hasta los 379 millones de euros, según datos del Banco de España difundidos el pasado mes de junio.

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26 junio 2010

Chaves gastó 600.000 euros en fomentar la lectura de 'El País' entre los jóvenes andaluces

25-06-2010

Dio a este diario dos pagos directos de 300.000 euros para distribuir el periódico en institutos de la comunidad. Griñán ha 'premiado' al Grupo Prisa con más de dos millones sólo en el año 2009.
Manuel Chaves gastó 600.000 euros de dinero público andaluz, sacado de los impuestos que pagan los ciudadanos, para fomentar la lectura de El País entre los jóvenes de esta comunidad autónoma. En una medida sin precedentes, el actual vicepresidente del Gobierno subvencionó con dos pagos directos de 300.000 euros cada uno a este periódico para su “difusión en los centros públicos de Educación Secundaria y de Adultos en las ocho provincias andaluzas”.
Propiedad del Grupo Prisa, de la familia Polanco, este diario es el único rotativo nacional que ha recibido semejante cantidad de dinero público para ayudar a que los jóvenes andaluces se acostumbren a leer este periódico frente al resto. Además, y según se puede leer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de los días 13 de julio de 2006 y 8 de abril de 2008, fechas en las que se publicaron las ayudas, se trata de “subvenciones excepcionales” otorgadas por la Consejería de Educación en las que se premia también a la revista profesional Escuela con 285.000 euros. Sin embargo, esta publicación es una revista profesional dirigida al colectivo de profesores.
En 2008, el pago de 300.000 euros está escondido con otras subvenciones que nada tienen que ver con la prensa. Son la Asociación Escuela Cultura de la Paz, que recibió 6.000 euros para los gastos de unas jornadas por la paz, y el Consorcio Parque de las Ciencias de Granada, al que le adjudicaron 6,6 millones para varios proyectos técnicos. También se benefició la Corporación de Medios de Andalucía, que recibió 69.000 euros para “contribuir a la difusión del diario Ideal en los centros de Educación Infantil, Primaria, y Secundaria en Granada”.
Por lo tanto, El País, con 600.000 euros, e Ideal, con 69.000, son beneficiarios de unas ayudas públicas que les dan ventaja sobre el resto de competidores para ganar lectores y acostumbrar a los más jóvenes a leer un determinado periódico cuya ideología, en el caso de El País, concuerda precisamente con quien da las subvenciones: el PSOE de Manuel Chaves. Y además, se hace público escondiéndolo con otras ayudas a revistas profesionales, asociaciones de paz o proyectos técnicos.
No quedan aquí las ayudas que le ha dado Chaves al grupo de la familia Polanco. Según se puede leer también en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 30 de mayo de 2008, el Gobierno andaluz le dio casi un millón en subvenciones al Grupo Prisa. Se trata de ayudas al diario As, a Sogecable, a la Cadena Ser y a El País, que recibió 490.000 euros para hacer un especial del suplemento de turismo El viajero sobre Andalucía (esta ayuda se repite varios años).
En la citada partida se incluye también una subvención de 107.000 euros para la cadena de televisión local de Prisa, Localia, que cerró el año pasado, para el patrocinio de La Madrugá de 2008. Sorprende la cuantía de la ayuda, 107.000 euros, cuando la audiencia de Localia en Sevilla rozaba los 30.000 espectadores al día.
En deuda
Las ayudas a Prisa, una empresa que ha sufrido especialmente el impacto de la crisis, y su decisión de comprar el 100% de Sogecable, lo que le ha llevado a acumular una deuda que ahora amenaza el futuro del grupo, no acabaron con la salida de Chaves del Gobierno andaluz. Con el nuevo presidente, José Antonio Griñán, las subvenciones han seguido. En 2009, la suma otorgada alcanza los dos millones de euros.
Hay que decir también que otros grupos de comunicación también han recibido dinero de la Consejería de Turismo, tanto el grupo editor de El Mundo como el de ABC, pero Prisa es el que más ha recibido. Los Gobiernos de Chaves y Griñán en Andalucía han ayudado a la prensa además con suscripciones gratuitas. Por ejemplo, se repite varias veces: en enero de 2010 se gastó 600.000 euros en pagar suscripciones de varios periódicos locales y nacionales para colegios, centros de mayores o discapacitados. De esos 600.000 euros, más de cien mil fueron para dos diarios nacionales: ABC, para “suscripciones gratuitas a centros de educación permanente de Granada, Jaén y Málaga”, y Público, para “suscripciones gratuitas en 333 centros educativos de Andalucía”. Andalucía se suma así a Cataluña, donde estas ayudas a la prensa acaban en editoriales conjuntos a favor del Gobierno de turno.

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24 junio 2010

Más de "lo social" del PSOE andaluz: 15 meses sin abonar las ayudas para el alquiler

SIGUEN SIN LLEGAR

Para que se entienda, diremos que miles de personas han solicitado la ayuda por su alquiler según la propaganda de la Junta gobernada por el PSOE y han alquilado su piso esperándolas. Y no han llegado desde hace 15 meses.

2010-06-24

ANTONIO BARREDA/ Pedro de Tena
Las agencias de Fomento del Alquiler, empresas privadas que cooperan con la Junta de Andalucía, reconocen que la situación es muy grave y que ya no saben exactamente qué hacer ante las personas que esperan que se les abonen las cantidades que tienen reconocidas oficialmente. Otra lección de "política social" del PSOE andaluz. Tras la propaganda, para inquilinos, propietarios y agencias, nada de nada.

Lo publica este jueves el grupo Joly: La Junta lleva 15 meses o más en algunos casos sin abonar las ayudas para el fomento del alquiler lanzadas a bombo y platillo por la Consejería de Vivienda -hoy fusionada con Obras Públicas, cuya titular es la ex comunista Rosa Aguilar.

"Llamamos a la Junta, aportamos el DNI y el nombre del solicitante y se nos contesta que no hay dinero o que están estudiando la gestión", afirma un profesional del sector, que es de los pocos que sigue ofreciendo este servicio ante los impagos continuados de la Junta de Andalucía.

Al parecer, hay un triple problema:

a) Los retrasos, de más de un año, a las ayudas que deberían estar recibiendo los inquilinos y que tendrían que liquidarse trimestralmente.
b) Las ayudas que iban a recibir los propietarios de viviendas que pusieran su piso en alquiler por medio de las agencias, que tenían derecho a percibir 6.000 euros (o el 25% de las obras realizadas en el piso con un tope de 6.000 euros tras un cambio normativo). Estas ayudas llevan sin pagarse desde marzo de 2008, según los profesionales consultados, y se abonaban mediante fondos que se aportaban por el Ministerio de Vivienda.
c) En tercer lugar, las propias agencias, a quienes se les prometieron unos 600 euros por expediente y año.

Como ya es costumbre, la ineficacia en la gestión es abrumadora. Estas ayudas se gestionaban por la Consejería de Vivienda. Posteriormente, pasaron a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Esta empresa, a su vez, ha convocado sendos concursos de consultoría técnica para externalizar la tramitación de los expedientes y la autorización administrativa de los pagos.

A 31 de diciembre de 2009 quedaban por pagar 60.500 pagos trimestrales correspondientes a resoluciones aprobadas antes de finales del año pasado. El atasco administrativo es monstruoso, porque la Junta reconoce que tiene 8.844 solicitudes presentadas antes de finales de 2009 que ni siquiera han sido tramitadas.

El problema de los pagos de las agencias se va a afrontar por medio de una subcontrata específica, que va a realizar el trabajo de reconocimiento de deuda. Según el expediente, están pendientes 15.863 solicitudes de reconocimiento de deuda. EPSA gastará cerca de un millón de euros en las subcontratas.

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Los trabajadores municipales de Huévar, en pie de guerra contra el Ayuntamiento

QUEMA DE DESPACHOS, PROTESTAS...

Escándalo


2010-06-24

Otro Ayuntamiento socialista, el de Huévar, protagoniza estos días un monumental escándalo que amenaza con alterar incluso el orden público. Según fuentes solventes, incluso un despacho del Ayuntamiento fue tratado de incendiar por personas hasta hace poco bien relacionadas con el alcalde, el socialista Rafael Moreno, y ahora enfrentadas a él por sus incumplimientos y, sobre todo, por sus impagos de nóminas municipales que están arruinando al pueblo.
Este mismo miércoles, una trabajadora del Ayuntamiento, hasta ahora "íntima" del PSOE y de su alcalde, se encadenó en sus dependencias y amenazó con rociarse de gasolina y quemarse a lo bonzo.
Hace pocos días, una vigilante de seguridad, que está casada y con hijos y a la que también adeudan seis meses de nómina, prendió fuego el pasado martes a una mesa y un sillón de un despacho del Ayuntamiento, según confirmó el propio equipo de gobierno, que prefirió no entrar a hacer valoraciones. Ante estas últimas acciones, el comité pidió a la plantilla "que no haga ninguna locura pese a la situación límite que hay".
El caso es dramático por cuanto esta otra trabajadora lleva nueve meses sin cobrar y el pasado martes pidió un anticipo que le fue denegado. Ha tenido que pedir para comer y su desazón ha desembocado en una protesta airada.
Los trabajadores del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, en Sevilla, unos 160, no han cobrado ni una sola nómina en todo el año 2010. Hace un mes les fue abonada la nómina de noviembre y parte de la de diciembre por ruina sustentada en la maña gestión municipal.
Según El Correo de Andalucía, con medio año de retraso en las nóminas y comiendo de la ayuda prestada por sus vecinos y compañeros de trabajo esta trabajadora del servicio de Parque y Jardines decidió encadenarse de madrugada a las puertas de la casa consistorial con un bidón de gasolina y amenazar con quemarse a lo bonzo si no cobraba.
Su amenaza se produjo justo un día después de que acudiera al Consistorio para pedir un anticipo, ya que "no tenía dinero ni siquiera para comer", según aclaró el presidente del comité de empresa, José Manuel Martínez.
Aún sabiendo esta circunstancia, esta reacción de la mujer pilló por sorpresa incluso al propio comité, que no daba crédito a lo que pasaba, pero que, a su vez, es sabedor de que toda la plantilla está "en una situación desesperada". La mujer, que sufrió un ataque de ansiedad el día anterior, se encadenó de noche, antes de que llegaran sus compañeros. Mientras persistió su amenaza, tuvo oportunidad de mantener una acalorada conversación con el alcalde de la villa, Rafael Moreno (PSOE), al que culpó de la drástica decisión que estaba adoptando.
De igual manera, hacía caso omiso a las recomendaciones de la Policía Local y de sus propios compañeros, que le pedían que desistiera y entregara el bidón de gasolina que tenía junto a sus pies. Finalmente, una psicóloga de la Diputación de Sevilla, que estaba de paso por el Ayuntamiento, logró convencer a la trabajadora, que fue atendida por una ambulancia en el lugar y posteriormente fue trasladada al ambulatorio de Sanlúcar la Mayor, donde la sedaron para tranquilizarla. Al centro sanitario también fueron dos concejales del equipo de gobierno, que estaban preocupados por su estado. "Ha sido una situación muy desagradable", reconocen desde el Consistorio.
El conflicto se remonta a 2007, cuando hubo los primeros retrasos en el pago de las sueldos, aunque no superaban los dos meses. Sin embargo, la situación se ha complicado en el último año hasta el punto de que la plantilla no ha cobrado ni una nómina de 2010. De hecho, hace unas semanas cobraron la de noviembre y la mitad de la de diciembre.
El Ayuntamiento aseguró que está buscando fórmulas de pago, a través del Opaef, un organismo de cobro de la Diputación, y otras administraciones de rango superior. Por su parte, el PP criticó no sólo los impagos, sino la actitud del alcalde hacia la trabajadora, a la "que no ha querido escuchar ni en una situación tan crítica".

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25 mayo 2010

Transportar a los 277 altos cargos de la Junta de Andalucía cuesta 8,5 millones de euros

OSTENTACIÓN Y LUJO EN LA ADMINISTACIÓN

El uso del coche oficial viene siendo un distintivo de ostentación y lujo de la Administración de la Junta de Andalucía desde hace 30 años, y en muchos casos tan solo se usan para trasportar a los altos cargos desde sus casas al puesto de trabajo.

2010-05-24

El costo de llevar en ellos a los 277 altos cargos de la Junta de Andalucía asciende a 8,5 millones de euros anuales en salarios de conductores, esto es, casi 1.500 millones de pesetas, sin contar el gasto que generan la compra de los vehículos,  su mantenimiento y el gasto de combustible.”

Mientras el gobierno de Zapatero - y de Griñán - rebajan los salarios de los empleados públicos andaluces y congelan las pensiones de los jubilados españoles sin asumir su fracaso en economía, en la cuestión del uso de los coches oficiales no hay tijeretazo de ahorro, sino todo lo contrario, barra libre.

Así, considerando que el sueldo de un conductor Grupo IV de la Junta de Andalucía con 4 trienios ascendería a unos 30.820,06 euros anuales, incluyendo en esta remuneración 80 horas de presencia abonadas mensualmente menos el mes de vacaciones, y teniendo en cuenta que tras la remodelación última de la Junta de Andalucía realizada por Griñán, son actualmente 277 los altos cargos de la Junta de Andalucía, y como cada uno de ellos tiene asignado un coche oficial y un conductor, el costo del transporte de los Altos Cargos de la Junta de Andalucía asciende a algo más de 8,5 millones de euros anuales.

Si consideramos que cada uno de ellos hiciera una carrera de taxi diaria a una media de 40 euros todos los días de la semana salvo el mes de vacaciones, nos resultaría un costo global de 2.681.360 euros al año. Seis millones menos.

Naturalmente, con 8,5 millones de euros daría casi para regalarle un coche de cinco millones de pesetas, tipo todocaminos Ford Xuga  o similares, a cada uno de ellos y mantenerlos durante cuatro años con un ahorro superior a los 15 millones de euros.

Téngase en cuenta que sólo hablamos de altos cargos oficiales, no de otros cargos en empresas y fundaciones, ni en consorcios  y UTEDLT, Unidades Territoriales de Empleo y demás.

Además, hay claros conflictos legales no resueltos en los sueldos abonados a los conductores de los altos cargos. El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 35 prohíbe la realización de más de 80 horas extraordinarias al año. El VI Convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía en vigor también señala esta prohibición.

La Junta de Andalucía intenta salvar este escollo ¡aplicando el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo! acogiéndose en la Sección IV transportes y trabajo en el mar, artículo 8 referido al tiempo de trabajo efectivo y tiempo de presencia para pagar mensualmente 80 horas de presencia a estos trabajadores. Este artículo indica en su punto 1º que se considerará “tiempo de presencia aquel en el que el trabajador se encuentre a disposición del empresario sin prestar trabajo efectivo, por razones de espera, expectativas, servicios de guardia, viajes sin servicio, averías, comidas en ruta u otras similares.”

En su punto 2 que “serán de aplicación al tiempo de trabajo efectivo la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo prevista en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores y los límites establecidos para las horas extraordinarias en su artículo 35. Los trabajadores no podrán realizar una jornada diaria total superior a doce horas, incluidas, en su caso, las horas extraordinarias”. Y en su punto 3 que “los tiempos de presencia no podrán exceder en ningún caso de veinte horas semanales de promedio en un período de referencia de un mes y se distribuirán con arreglo a los criterios que se pacten colectivamente”.

Por último, hay que indicar imperiosamente que nunca se ha pactado en el Convenio de la Junta de Andalucía la aplicación de este Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, con lo que el pago de estas horas de presencia no está aun legalmente reglada.

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18 mayo 2010

Irregularidades en la educación andaluza: de contrataciones a dedo a deficiencias en el control

SEGÚN LA CÁMARA DE CUENTAS

La obsesión interventora de la Junta le llevó en 2004 a crear un Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, que pretendía controlar contrataciones y servicios relacionados, desde la pintura de las fachadas de los colegios al transporte escolar o a las comidas.

2010-05-18
Por tanto es un Ente importante centralizador que influye en la economía y la sociedad locales, desplazando a los ayuntamientos. Ahora, la Cámara de Cuentas encuentra también irregularidades en las actividades de esta organismo público de la Junta que carece de todo control parlamentario, como el resto de las empresas y organismos públicos.
Lo primero que concluye la Cámara de Cuentas es que "la información facilitada por la empresa, relativa a los contratos administrativos adjudicados en 2007, no permite conocer con exactitud su número, tipo, procedimientos utilizados e importes totales. Tampoco le ha sido posible detallar los contratos que estaban en ejecución en 2007, con independencia del año en el que se hubiesen adjudicado".
Igualmente, en los pocos casos de contratación de personal que ha podido examinar, la Cámara de Cuentas encuentra que se han contratado indefinidamente pero sin convocatoria pública ni pruebas. Esto es, a dedo. Más de la cuarta parte de los contratos del Ente se realiza a través de los contratos llamados menores, que permiten la adjudicación directa sin la convocatoria de concurso alguno.
Para colmo, la Cámara encuentra un desfase en las facturas del servicio de comedores, que no coinciden en un 38%, porque el número de alumnos que tienen registrado los proveedores es mayor del que certifican los directores de los propios centros escolares. Es decir, los 52 millones de gasto por este servicio contabilizados por la empresa no terminan de estar claros por esa falta de concordancia entre los usuarios y los recibos.
Lo dice de este modo: "108. Analizadas las muestras de gastos correspondientes a los servicios complementarios, se observa que, en la facturas de los servicios de comedores, no coinciden en un porcentaje del 38%, siendo el número de alumnos que constan en las facturas de los proveedores mayor que los que figuran en los certificados de los directores de los centros escolares. Por tanto, no se tiene certidumbre de la cantidad que aparece en el cuadro nº 16, correspondiente al servicio de comedor."
Según Diario de Sevilla, el PP amplía su idea de "chiringuito" sustentado con recursos públicos y beneficio del PSOE. Para IU, lo que se persigue con estas sociedades no es más que "privatizaciones encubiertas", que en buena medida son creadas para procurar la colocación de gente afín, y a lo que suman el ser foco de "irregularidades de todo tipo" y "auténticos agujeros negros de dinero".
El PP pedirá la comparecencia del Gobierno andaluz, no dudando en llegar más lejos, incluida la Fiscalía, si es preciso. El portavoz popular de la Comisión de Hacienda y Administración Pública en el Parlamento, Salvador Fuentes, no se sorprendió de las faltas detectadas al incluirlas en el "manual de estilo del amiguismo y del enchufismo" del PSOE. Al igual que García, abogó por el cierre de este "negocio", en el que apuntó "se hace de todo menos colegios".
Incluso el portavoz de Educación de IU en el Parlamento, Ignacio García, no son de extrañar estos problemas de organización interna, contrataciones o los servicios que se prestan. "Nunca hemos estado de acuerdo con la creación de estos entes, porque se constituyen para escapar de los controles parlamentarios y políticos, y en este caso, parece que más de la cuenta", dijo tras anunciar que pedirá la comparecencia en la Cámara autonómica del consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, para que explique lo que ha pasado y qué medidas se han adoptado para corregir la situación.
Las conclusiones más importantes de este informe son:
1.- La empresa no dispone de un manual de procedimientos que desarrolle las funciones encomendadas a los distintos departamentos y puestos de trabajo.
2.- El departamento de control interno no cuenta con un plan anual de auditorias internas para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de control administrativo y contable, y una mejor fiscalización interna de la gestión.
3.- La empresa no ha elaborado un inventario de sus bienes muebles e inmuebles. Esta circunstancia impide, en principio, conocer aspectos tales como la ubicación de sus bienes y el
estado de uso de los mismos, pudiendo afectar a las garantías sobre la fiabilidad de los registros contables y su reflejo en las cuentas anuales.
4.- En el ejercicio fiscalizado figuraban con firma para disponer de fondos, en diversas entidades financieras, empleados que no estaban facultados por ISE
5.- En el ejercicio auditado se incorporaron a la empresa tres trabajadores sin convocatoria pública que fueron contratados indefinidamente.
6.- En la revisión de las retribuciones del personal se han detectado errores en el reconocimiento y pago del complemento de antigüedad.
7.- En el año 2007 se firmaron convenios de colaboración con ayuntamientos y asociaciones privadas por importe de 9.050.840€. A través de los mismos se prestan indirectamente los servicios de transporte y comedor escolar, y los retribuye mediante subvenciones. En la prestación de estos servicios es conveniente que ISE se someta a la legislación de contratación del sector público, para garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, con publicidad y transparencia en los procedimientos que utilice.
8.- La legislación pública de contratación exige, en determinados supuestos, que una vez adjudicado el contrato, se notifique a todos los participantes y se publique en el boletín oficial correspondiente, en el plazo máximo de cuarenta y ocho días. No consta en todos los contratos analizados el cumplimiento de esta exigencia. Además, en algún caso transcurren entre 5 y 9 meses desde la adjudicación a la publicación del correspondiente anuncio.
9.- Según la información facilitada, ISE adjudicó 2.775 contratos menores por importe total de 37.059.826€. En los contratos de obras y de consultoría destacan algunos adjudicatarios que acumulan el 23% y el 34%, respectivamente, del volumen total de contratos en su provincia."
10.- En la contratación de actividades extraescolares se han analizado cuatro expedientes. En cada uno se incluyen múltiples contratos menores agrupados por provincia y adjudicatario. El expediente de la provincia de Jaén incluye 108 contratos suscritos con el mismo adjudicatario, correspondientes a las actividades contratadas por 20 centros docentes distintos. Este modo de contratar puede facilitar el fraccionamiento de los contratos, con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir el procedimiento de adjudicación que corresponda. Como en la mayoría de los contratos su objeto es análogo, se podrían agrupar por lotes y adjudicarse respetando los principios esenciales previstos en la legislación pública de contratos.
11.- La empresa ha recibido 27.100.127€ en el año 2007, por la prestación de servicios complementarios escolares (comedores, aula matinal y actividades extraescolares). En relación con estos ingresos cabe destacar:
-La información que contiene el programa informático de la Junta de Andalucía denominado "Séneca", no coincide con los datos aportados en los certificados que realizan los directores de los centros escolares, en relación con el número de alumnos y los importes totales de recibos emitidos.
-No coinciden la totalidad de los ingresos devengados en cada ejercicio con el total de los ingresos recibidos por ISE.
-No se realiza un control de los impagos que se producen en los diversos servicios prestados.
-No se dispone de evidencia suficiente que garantice la fiabilidad de la cifra registrada por ISE en concepto de ingresos complementarios.
Por todo ello, es conveniente que ISE establezca los controles internos necesarios, que puedan garantizar que la totalidad de los ingresos registrados se correspondan con los devengos por precios públicos de los diferentes servicios.

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16 octubre 2008

Fomento hunde la primera aerolínea andaluza en 45 días con el beneplácito de la Junta

AL NO INSTALAR UNA TORRE DE CONTROL EN CÓRDOBA
Magdalena Álvarez
La compañía aérea Flysur, nacida hace un mes y medio, ha anunciado que no realizará más vuelos a partir del 20 de octubre. La empresa culpa a AENA de su fracaso por no dotar al aeródromo de una torre de control portátil, obligando a operar sin controladores aéreos. Desde Fomento se aseguró que esa instalación estaría lista entre febrero y marzo de 2009. La compañía dice que no se debe culpar a la falta de viajeros o a la mala planificación de la empresa, sino " tan sólo una profunda desconfianza sobre los planes que Aena tiene para el futuro inmediato del aeropuerto de Córdoba".
L D (Pedro de Tena) Según el consejero delegado de Taer, propietaria de Flysur, Eduardo Gavilán, AENA se comprometió con ellos a tener lista una torre de control provisional en el aeropuerto antes de que finalizase este año. El responsable de Flysur aseguró que este compromiso finalmente no se iba a llevar a cabo y que por eso suspenden los vuelos.

Los vuelos de Flysur eran controlados hasta la fecha por el aeropuerto de Sevilla, como lleva ocurriendo en este aeródromo desde hace años con el resto de aviones que utilizan la pista de Córdoba. Así pueden resumirse los argumentos que el miércoles sostuvieron los máximos responsables de la compañía aérea Flysur para explicar su decisión de cesar sus actividades el próximo lunes, después de poco más de un mes de vuelos. Eduardo Gavilán añadió que : "No invertiremos ni un euro más hasta que no tengamos un compromiso firme para que se haga la torre de control", afirmó. También anunció que la compañía no se plantea dar por cerrado su proyecto y avanzó que estudia operar desde otro aeropuerto andaluz, a la espera de que se solventen los problemas en Córdoba.

Pero cabe preguntarse por qué comenzó a operar la compañía hace 45 días cuando tampoco estaba terminada la torre de control en el aeropuerto de Córdoba ni tenían compromiso por escrito de que así sería en fecha concreta. Según explicó Gavilán, él mismo estuvo en una reunión el 12 de septiembre con el sindicato de controladores aéreos, que había mostrado su decisión de denunciar la actividad de Flysur en el aeropuerto de Córdoba por falta de seguridad. En aquel encuentro, los controladores de Sevilla, que son los que han coordinado en este tiempo los vuelos de Flysur a partir de los 1.500 metros de altura, manifestaron que desconocían que Aena estuviese elaborando un proyecto para construir la torre de control. Fue en ese momento, según Gavilán, cuando los propietarios de Flysur comenzaron a sospechar de los planes del ente aeroportuario y temieron un retraso sine die de la construcción...

ATC Journal. ¡Llevamos la información!

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09 octubre 2008

Bernat Soria obtuvo una beca de Chaves por el triple de la dotación máxima y fuera de plazo de 200.000 euros, pero recibió 600.000

Publicado en sábado, julio 14, 2007

Por otro lado, Eugenia Viñes apuntó que “la comunidad científica internacional no apoya a Soria como esa gran promesa que él pretende ser”. Viñes aseguró que hace mucho tiempo que Bernat Soria no publica ninguna investigación, y recordó que “sus estudios ya fueron censurados por la Universidad de Harvard y la revista científica Science, que alegaron no ver clínicamente viables sus estudios”.

María Cárcaba.-
“La situación privilegiada de la que goza Bernat Soria no se justifica con sus méritos científicos”, desveló ayer Eugenia Viñes, miembro del equipo de investigación de la revista Época, en declaraciones al programa “A FONDO” que dirige Enrique de Diego en Radio Intereconomía.

En su intervención en el programa A FONDO de Radio Intereconomía, Viñes aportó datos obtenidos en sus investigaciones sobre el recién estrenado ministro de Sanidad: “A finales de 2005 la Junta de Andalucía convocó unas subvenciones destinadas a investigación cuya dotación máxima era de 200.000 euros. El equipo dirigido por Bernat Soria consiguió 600.000 y eso que se habían presentado fuera de plazo”. La periodista añadió otros ejemplos: “Recibió 8 millones de Euros del Señor Zapatero a través del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en cuanto se incorporó a la Junta de Andalucía como asesor, pese a que venía recibiendo multitud de generosas subvenciones de instituciones privadas”.

Por otro lado, Eugenia Viñes apuntó que “la comunidad científica internacional no apoya a Soria como esa gran promesa que él pretende ser”. Viñes aseguró que hace mucho tiempo que Bernat Soria no publica ninguna investigación, y recordó que “sus estudios ya fueron censurados por la Universidad de Harvard y la revista científica Science, que alegaron no ver clínicamente viables sus estudios”.


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07 octubre 2008

Capítulo XXI (2). La familia de Monteseirín, 6

Noticia publicada en lunes, 08 de septiembre de 2008

Escrito por Por Andalucía LIbre
Antes de irnos de vacaciones, habíamos contado con detalle lo que sabíamos de la familia del alcalde socialista de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, "Freddy" (el malo de la peli) para sus oponentes del PSOE de Sevilla. Lamentablemente para él y su actual esposa, Felisa Tomás, sus días como alcalde están terminando a una velocidad superlativa. Si la soberbia del periodista le hace creer que interviene de un modo decisivo en la historia, el sentido común le dice, por el oído bueno, que casi todo lo que ocurre es cosa del poder, del poder de verdad. Alguien en el PSOE de Andalucía ha decidido que la presencia de Monteseirín es ya un peso en exceso pesado para Manuel Chaves y ha levantado la veda. Como consecuencia de las partidas de caza organizadas desde el PSOE andaluz, han salido a relucir dos nuevos personajes de este hilo de la tela de araña: el ex cuñado de Alfredo Sánchez, Francisco José Ramírez García y su señora, la ex concuñada, María José Sáez Díaz.
Recordemos antes cómo eran los mimbres de este embrollo. Sabíamos ya que su hermana María Teresa Sánchez Monteseirín está casada con Luis Pascual Navarrete Mora, que es ahora vicepresidente de CajaSol, la caja de ahorros única y más importante de Sevilla y de las más importantes de España, y ha sido diputado autonómico, presidente de la Diputación de Sevilla, secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Caja de Ahorros San Fernando-Jerez. El propio Freddy ha sido Presidente de la Diputación y alcalde de Sevilla.

Sabemos además que la hermana de Freddy y esposa de Luis Navarrete, María Teresa, trabaja (o ha trabajado) en Canal Sur, justamente en la información provincial y local que afectaba políticamente a su hermano, la información de Sevilla. Otra hermana, Herminia, trabaja en el Servicio Andaluz de Salud y su marido, en el Instituto de la Grasa de la Junta de Andalucía.

Su actual mujer, Felisa Tomás, ha estado laboralmente "amparada" y fue beneficiada por la Diputación de Sevilla en unas oposiciones que cometieron una grave injusticia con una persona, como reconoció posteriormente la Justicia. Por si fuera poco, su cuñado, apellidado Tejado, está en nómina de la Diputación de Sevilla.

Poco después se sabía lo de su primo Félix Alfredo, supuesto diseñador de una web sobre el plan Estratégico Sevilla 2020 que nadie conoce. Este primo descamisado ha cobrado facturas de casi 6.000 euros por un trabajo que paga no el Ayuntamiento, sino Emasesa, la empresa municipal de aguas de Sevilla, aunque hay fondos destinados a la redacción del Plan Estratégico. Para fatalidad, otro primo, José Luis Sánchez Tavira, suponemos que hermano del primo experto en webs, trabaja en Emasesa, que es la empresa municipal de aguas que pagó, precisamente, la página web fantasma que cobró Félix Alfredo.

Ahora, tras la vuelta del merecido descanso, nos encontramos con que el Instituto del Taxi, entidad presidida por el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín y gestionada por el concejal Francisco Fernández, “tonguitos Fran” para las bases socialistas que le son hostiles, contrató en 2004 al ex cuñado del propio Monteseirín, Francisco José Ramírez García, hermano de su anterior esposa, a pesar de que no reunía el requisito de ser licenciado en Derecho que fijaban las bases de la convocatoria para ese cargo.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Sevilla dictó en junio de 2006 una sentencia advirtiendo de que había indicios de desviación de poder al cambiarse las condiciones, así como presunta infracción de los principios de mérito y capacidad. Al respecto también se pronunció en mayo de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que opinó en otra sentencia que se pudo cometer un delito al cambiarse las condiciones para acceder a ese cargo con el fin de favorecer el nombramiento de personas que carecían de los requisitos inicialmente exigidos, por lo que envió toda la información sobre el asunto al Juzgado de Instrucción de Sevilla para que decida si hay responsabilidades penales.

Pero es que no sólo él sino su propia esposa, María José Sáez Díaz, también ha resultado afectada por este seísmo de irregularidades. Según se ha sabido, la señora del ex cuñado fue contratada en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla para un puesto directivo sin disponer, tampoco, del currículo profesional adecuado.

De hecho, la ex con cuñada del alcalde de Sevilla fue nombrada recientemente directora en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento sin reunir los requisitos básicos que se han venido exigiendo para ocupar un alto cargo en este departamento —y en cualquier otro de la Administración local—, esto es, poseer como mínimo una licenciatura, un título de grado superior.

María José Sáez fue designada en mayo directora de Organización y Administración de la Gerencia para sustituir a Domingo Vera, ligado al “caso Macarena” (facturas falsas), y al que Manuel Marchena se llevó a Emasesa cuando éste fue nombrado consejero delegado.

Hemos mencionado al concejal socialista Francisco Fernández Fernández como persona en quien el alcalde delegaba las funciones de presidente del Instituto del Taxi. Este concejal, “Tonguitos Fran” para sus enemigos políticas internos, tenía un sueldo anual aparente de 51.857, 25 euros en 2004, pero tiene asegurada una plaza en la Diputación para cuando deje de serlo. Fue consejero de El Monte, ahora Caja Sol, resultado de la fusión de El Monte con la Caja San Fernando-Jerez.

Su esposa, María José Romero Vivas, también está colocada en la Diputación de Sevilla, con la categoría de asistenta social, con un sueldo de 36.064 euros según datos de 2006. A ello hay que añadir que Fran Fernández tiene dos hermanas, una de nombre Ana María y la otra María Luisa, colocadas en las Administraciones públicas, una en la misma Diputación de Sevilla que, casualmente, también presidió Monteseirín, y otra en la Junta de Andalucía.

Además, Fran, “tonguitos” tiene cargo en las empresas Transportes Urbanos de Sevilla y Aparcamientos Urbanos de Sevilla, S.A.

Por si fuera poco, en el Instituto del Taxi encontramos a Manuel Ren González, que es hermano de Patricia y Laura Ren González, esposa y cuñada, respectivamente de Juan Gallo González, director general del Gabinete de Análisis del propio Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía.

Vea las pruebas de la presencia de su esposa, Patricia Ren González, nada menos que en el gabinete de la Alcaldía. Compruebe la presencia de una hermana, Laura, en el organigrama municipal, en la secretaría de la Alcaldía. Y certifique que Manuel Ren González, el otro cuñado de Gallo, también está con Monteseirín precisamente en el Instituto del Taxi, y que es el personaje que, según los taxistas sevillanos, tiene cabreado a todo el sector...


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