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01 noviembre 2010

La Junta se vende a sí misma varios edificios por más de 676 millones de euros

A TRAVÉS DE EMPRESAS INSTRUMENTALES
Esta operación contable hace parecer que la Junta de Andalucía ingresa por la venta de los inmuebles 676 millones de euros pero no es más que una operación flotante, ya que las empresas son instrumentales y propiedad al 100% de la Junta de Andalucía.
 
 
La Junta de Andalucía ha diseñado una operación contable por la cual se venderán edificios de la Junta de Andalucía a dos sociedades instrumentales de la misma Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. y a la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. (antigua AGESA), para después alquilarlos a las mismas.
Dicha operación contable está señalada en el Proyecto de Presupuesto para el año 2011 que recoge, que en el Estado de Ingresos en el capítulo 6 enajenación de inversiones reales, y más en concreto en el concepto 611 la venta de inmuebles por un importe de 675.651.810 €. 
Esta operación contable hace parecer que la Junta de Andalucía ingresa por la venta de los inmuebles dicha cantidad, pero no es más que una operación flotante, ya que las empresas son instrumentales y propiedad al 100% de la Junta de Andalucía. Lo que viene a significar que la propia Junta se vende así misma los edificios y luego las empresas instrumentales buscarán los recursos los financieros necesarios para hacer frente a dicha operación de compra, poniendo como garantía el valor en mercado de los edificios que son propiedad de la Junta de Andalucía. Además, después la propia Junta alquila los mismos edificios por los que pagará un canon o una cantidad anual hasta 35 años a estas dos empresas instrumentales.

Hace más de dos semanas, Libertad Digital ya dijo que podía considerarse "Chapucería financiera" el ejercicio que el gobierno Griñán hace con los presupuestos andaluces para el 2011 para saltarse el límite al endeudamiento impuesto por el Gobierno. Una de las cuentas del Presupuesto incluye ingresos por 951,7 millones que se justifican por la venta de suelo y por la venta de edificios administrativos propiedad de la Junta que después alquilaría la propia Junta. En el primer caso, según explicó la consejera, la Junta vendería los suelos traspasados por el Estado en pago de la Deuda Histórica que no sean de Agesa y donde no esté prevista la construcción de VPO. En el segundo caso, la Junta aplicaría la fórmula de "venta de alquiler con retorno", que han usado empresas y gobiernos como el francés. Esta modalidad contempla la venta de edificios administrativos a sus empresas públicas para que estas lo gestionen. Pues bien, ya está en los Presupuestos.

Es decir, la Junta de Andalucía se vende así misma sus edificios, pero la deuda generada se la traspasa a las dos sociedades instrumentales que recibirán a cambio un canon de alquiler por un máximo de 35 años

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Dicha operación financiera viene también recogida en la Disposición Adicional segunda del Decreto-Ley 5/2010 de 27 de julio por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público que indica:
Disposición adicional segunda. Autorización singular.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio para la enajenación directa y a título oneroso a la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. y a la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que autorice el Consejo de Gobierno durante 2010, de conformidad con la disposición adicional segunda de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, se autoriza a las citadas Sociedades al endeudamiento necesario para la adquisición de los referidos inmuebles, atendido el valor que se dé a los mismos mediante la oportuna tasación y el de los gastos que la adquisición suponga.
 Se autoriza la celebración de contratos de arrendamiento de hasta treinta y cinco años de duración por parte de la Consejería competente en materia de patrimonio para la utilización, por parte de los Departamentos de la Administración de la Junta de Andalucía y Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes, de los inmuebles adquiridos por la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, SA y por la Empresa Pública de Gestión de Activos, SA al amparo de la autorización prevista en el párrafo anterior.

Estos son los edificios que van a ser vendidos y posteriormente alquilados:

(Pinche sobre la imagen para ampliar)
 

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29 octubre 2010

Rafael Velasco alude en su defensa a un informe del Parlamento que no existe

DIMITIÓ COMO NÚMERO 2 DEL PSOE-A

2010-10-28
De nada le valía dimitir de su puesto de diputado en el parlamento andaluz si permanecía al frente de la organización interna de un partido que vería en él un "tocado" que en nada podía beneficiar los intereses electorales del PSOE en 2011. Finalmente ha dimitido del todo, pero aludiendo a un "informe" de los Servicios Jurídicos del Parlamento andaluz que según él santifica su proceder y considera legal su comportamiento. El problema es que el informe no aparece.
En su carta de despedida, Velasco dice textualmente:
"Asimismo, quiero dejar constancia de que los servicios jurídicos del Parlamento han declarado compatibles el ejercicio de mi labor como parlamentario y la actividad laboral de mi mujer. Me refiero a este dictamen sólo para insistir en la total limpieza política, legal y ética de mi comportamiento, y niego cualquier trato de favor o ejercicio de influencia política. Además, he de dejar constancia de que la responsabilidad personal y profesional de mi mujer me hubiese impedido hacer, o intentar hacer, algo de lo que se me acusa.
A pesar de todo esto, he dimitido y lo he hecho, insisto, por dignidad personal y por coherencia política con lo que siempre he defendido y siempre he practicado, que es la ejemplaridad obligada en las conductas públicas y privadas de los que nos dedicamos a la política."
La secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, tambièn hizo referencia a este informe, un informe que no ha sido presentado en público implicando, además, a la Mesa del Parlamernto. Díaz anunció ayer la dimisión "irrevocable" de Rafael Velasco como parlamentario andaluz y también como vicesecretario general del partido, decisión que esta misma mañana había trasladado a la dirección andaluza como innegociable. Susana Díaz informó de la renuncia de los cargos públicos que hasta ahora ostentaba Velasco "a pesar de que los servicios jurídicos y la Mesa del Parlamento de Andalucía ha anunciado esta mañana que no existe ninguna irregularidad ni incompatibilidad alguna" de su actividad como parlamentario con la actividad empresarial que ejerce su esposa.
Susana Díaz recriminó "la campaña de difamación, injurias y calumnias que ha destrozado la vida familiar de Rafael Velasco y que ha puesto en riesgo la salud de su mujer y de su futuro hijo". A su juicio, Velasco "ha dado un ejemplo de generosidad y ha demostrado su valor frente al desprestigio que de la política hacen los dirigentes del Partido Popular y que reiteradamente venimos sufriendo tanto en Andalucía como en el territorio nacional".
El informe fantasma
Dice La Razón que Susana Díaz aseguró que los Servicios Jurídicos del Parlamento de Andalucía habían emitido un informe que dictaminaba que "no había incompatibilidad ni irregularidad" en la percepción del comportamiento de Velasco y su señora. "Los hombres no administran los bienes de sus mujeres", argumentó la secretaria de Organización, que dijo que el dictamen había sido analizado en la reunión de la Mesa de la Cámara esa misma mañana.
La realidad, sigue diciendo el periódico de Lara, es que tal informe no existía: eran unas notas para el letrado mayor del Parlamento de uno de los abogados que colabora con él. El escrito no se vio en la Mesa –según denunció el PP, que lo calificó de «falso»– y no constituye un aval jurídico.
Los populares exigieron una reunión "urgente" de la Mesa para que ésta ratificara que no existe ningún dictamen. Lo que sí se conoció es un "pronunciamiento" de juristas de la Cámara que considera que "los diputados y diputadas no tienen que declarar actividades que no ejerzan". PSOE-A y PP-A han solicitado un análisis jurídico "más exhaustivo", que se ha encargado a la Comisión del Estatuto del Diputado.

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27 octubre 2010

Dimite Rafael Velasco por el escándalo de las subvenciones a su esposa

Rafael Velasco, vicesecretario general del PSOE de Andalucía, ha presentado su dimisión por el escándalo de las subvenciones de la Junta de Andalucía recibidas por la empresa de su esposa. Más de 700.000 euros para una academia en situación de pérdidas.

Las subvenciones a la esposa del número dos de Griñán, en el punto de mira

La Junta subvenciona con más de 700.000 euros a la mujer del número dos de Griñán 

El vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Rafael Velasco, ha decidido esta tarde presentar su dimisión como diputado autonómico debido a lo que entiende como una "campaña de difamación, de injurias y de calumnias personales y familiares" que, visto como se está resintiendo su vida familiar, y dado el estado en el que se encuentra su esposa, que está esperando su segundo hijo, le ha hecho tomar la decisión de dejar su acta de diputado para dedicarle un mayor tiempo a su familia. La "difamación" a la que alude es una importante cantidad de subvenciones de la Junta de Andalucía recibidas por la empresa de su esposa cuando estaba precisamente en situación de pérdidas y que no ha sabido explicar.

Lo que resulta inexplicable sin embargo es que, por las mismas razones, no haya dimitido irrevocablemente de su cargo de vicesecretario general del PSOE. Velasco dice que ha sido el secretario general del PSOE de Andalucía, José Antonio Griñán, quien no le ha aceptado su dimisión como vicesecretario general, aunque él ha insistido en reiteradas ocasiones. Pero si dimite por la situación familiar que le ha creado la supuesta "campaña de difamación" - más bien ha sido un ejercicio de información sobre recursos públicos que no ha podido ser desmentido -, no parece probable que tal "campaña" amaine si sigue de vicesecretario general. Fuentes de la oposición informan a Libertad Digital que con esta decisión pretende sencillamente apagar un fuego ya irrefrenable o tratar de echar tierra sobre el asunto de las subvenciones a su esposa.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía manifiesta su total apoyo a Rafael Velasco y emprenderá las acciones legales que estime pertinentes para depurar las responsabilidades que se determinen del daño moral ocasionado, según la nota. El vicesecretario general del PSOE de Andalucía enmarca su dimisión en la "cacería política" orquestada por el PP contra él y su familia, en especial contra su esposa, que desarrolla su actividad profesional como mujer empresaria en Córdoba capital. Velasco ha querido dejar constancia de la trayectoria empresarial y profesional de su cónyuge, que ha tildado de intachable y que está sujeta a todos los controles de legalidad.

La "cacería" o "campaña de difamación" de Velasco y su familia

Hace apenas una semana que los andaluces se enteraban de que el 90 por ciento de los cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) que ofrecía el centro de estudios Aula 5, propiedad de Antonia Montilla López, esposa del vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, estaban subvencionados por la Junta. Más de 120 millones de pesetas en los últimos cuatro años había recibido la mujer del número 2 de José Antonio Griñán. Por tanto, la empresa estaba obligada a garantizar la gratuidad de las acciones formativas para los participantes en la formación subvencionada. Sin embargo, no era así en algunas titulaciones y los alumnos pagaban matrícula y cantidades mensuales entre 150 y 180 euros. El PP pedía explicaciones por, cuando menos, la escasa sensibilidad ética manifestada por la familia Velasco aunque creía que con estas subvenciones se incumplía la Ley de Incompatibilidades que impide estas ayudas a familiares directos de los altos cargos.

Libertad Digital informó al día siguiente de que la empresa Aulacen Cinco de Córdoba, propiedad de la esposa del número 2 de José Antonio Griñán, y en la que aparecía en calidad de administradora única, dio unas pérdidas de alrededor de 60.000 euros, unos diez millones de pesetas en el año 2007 y poco más de 1.784 euros en 2006. Curiosamente, fue a partir de entonces cuando la Junta intensificó la concesión de subvenciones a la empresa hasta llegar a los 720.000 euros, unos 120 millones de pesetas hasta 2010, excluido.

Ni en los años 2006 ni 2007 aparecieron subvenciones a Aulacen Cinco en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, las subvenciones fueron extraordinariamente útiles a una empresa que estaba en números rojos con cantidades en acreedores a corto plazo superiores a los 70.000 euros.

Además, se observó que la actividad de la empresa en 2006 era prácticamente nula y aún así, dio pérdidas y que el número de trabajadores del Centro de Estudios, tanto fijos como eventuales, eran solamente 2 en 2007, la propietaria y una auxiliar administrativo, lo cual hace más extraño aún que se le concedieran subvenciones millonarias y movía a la extrañeza acerca de cuántos cursos de formación podían impartirse con ese exiguo personal Su página web, www.aulacinco.es sólo tenía una página y en ella se reconocía que no se actualizaba desde 2007

Las subvenciones no fueron publicadas todas
En principio, tenían que haberlas publicado todas, si es que fueron dineros concedidos por organismos y/o Fundaciones o Agencias de la Junta a Aulacen Cinco SL, la empresa de formación que administra Antonia Montilla López. Según la Ley General de Subvenciones, todas las subvenciones deben ser publicadas en los boletines correspondientes con algunas salvedades que no afectan razonablemente a la empresa de la esposa del número 2 José Antonio Griñán, Rafael Velasco. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía sólo constan con ese nombre, Aulacén Cinco, SL, subvenciones por importe de 342.033,86 euros. Como la Junta de Andalucía ha reconocido que desde 2006 se le han entregado 726.000 euros a la empresa, ¿dónde fueron publicitadas las subvenciones y cantidades que faltaban?

La Ley General de Subvenciones de 2003 obliga a la publicidad de las subvenciones, de todas ellas. Pero en el Reglamento de dicha Ley de 2006, se dice con toda claridad lo que sigue: "Artículo 30. Publicidad de las subvenciones concedidas. 1. La publicación de las subvenciones concedidas deberá realizarse durante el mes siguiente a cada trimestre natural y se incluirán todas las concedidas durante dicho periodo, cualquiera que sea el procedimiento de concesión y la forma de instrumentación, salvo aquellas cuya publicación estuviera excluida por la Ley."

Pero los hechos fueron estos:

La Junta sólo había publicado en el BOJA, que parece el BoletÍn Oficial adecuado para hacerlo como lo ha hecho en cinco ocasiones, la mitad de las subvenciones recibidas. Eran éstas:

Resolución de 30 de enero de 2009, de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas para la realización de acciones formativas de Entidades Privadas. ...................................................................................82.593 euros
Organismo: Consejería de Empleo (Boletín número 69 de 13/04/2009 Seccion: Anuncios)
Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Dirección General de Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas para la realización de acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo. .......................41.296, 5 euros
Organismo: Consejería de Empleo (Boletín número 75 de 20/04/2010 Seccion: Anuncios)
Organismo: Consejería de Empleo (Boletín número 25 de 05/02/2008 Seccion: Anuncios).............................................33.178,36 euros
Organismo: Consejería de Empleo (Boletín número 52 de 17/03/2010 Seccion: Anuncios).............................................91.510 euros
Organismo: Consejería de Empleo (Boletín número 27 de 10/02/2009 Seccion: Anuncios)............................................ 93.456 euros

Esto hacía un total de 342.033,86 euros, menos de la mitad del importe del conjunto de las subvenciones recibidas por Antonia Montilla que ascienden, según la Junta, a 726.000. ¿Dónde fueron publicadas, si lo fueron, las restantes?

Comisión de Investigación, petición del PP

El Partido Popular anunció que iba a «llegar hasta el final» en la exigencia de explicaciones por las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía a la empresa de la mujer del vicesecretario general del PSOE andaluz. El PP no descartaba que, en este asunto, hubiera podido incurrirse en un presunto caso de «tráfico de influencias» por parte del número dos del PSOE andaluz y manifestó su voluntad de solicitar la creación de una comisión de investigación en el parlamento andaluz. El PP anunció de momento su intención de que el consejero de Empleo, Manuel Recio, compareciera de manera urgente en el Parlamento para que explicara los criterios que el Gobierno andaluz había seguido para conceder más de 700.000 euros en subvenciones a la empresa , Aulacén Cinco, para el desarrollo de cursos de formación profesional ocupacional.

Ya no hará falta. Ni lo uno ni lo otro.

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24 septiembre 2010

La Junta premió al historiador que asesoró a Garzón en la causa contra el franquismo

POR LA "RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA"

 
2010-09-24
Pedro de Tena/antonio barreda
La Junta de Andalucía mediante Orden de 6 de abril de 2010 (BOJA núm. 92, de 13 de mayo), de la Consejería de Gobernación y Justicia, publicó la convocatoria de los Premios Andalucía a la Recuperación de la Memoria Histórica, en su I Edición y cuyo objetivo radicaba en distinguir la labor realizada por aquellas personas y entidades que han contribuido de manera notoria, tanto en la investigación como en la difusión y reconocimiento de la Memoria Histórica. El I premio en la modalidad "premio a la trayectoria individual, tanto personal como profesional" fue concedido a Francisco Espinosa Maestre, uno de los expertos que asesoró al juez Baltasar Garzón en la causa contra el franquismo y por la cual está imputado.

Francisco Espinosa es el autor del Informe sobre la represión franquista que se unió a la causa 399/2006-E. El grupo de asesores estaba formado por el fiscal Carlos Jiménez de Villarejo, el magistrado Antonio Doñate, el abogado Manuel Escarda, los historiadores Julián Casanova, Francisco Espinosa y Queralt Solé, y el forense Francisco Etxeberría. Todos ellos fueron nombrados legalmente, como comité de expertos o peritos judiciales para estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas del franquismo entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951, por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era el magistrado Baltasar Garzón.

Además, la Orden de 14 de Julio de la Junta de Andalucía concedió otro premio a la aplicación de las nuevas tecnologías en la difusión de la Memoria Histórica a la web "Todos (...) los nombres" con una dotación de tres mil euros (3.000 euros) y entrega de objeto conmemorativo. El director científico del proyecto es asimismo Francisco Espinosa Maestre.
La web se puso en marcha tras la firma de un Convenio de Colaboración suscrito, con fecha 3 de Octubre de 2005, por parte de las entidades promotoras: la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) y la Confederación General del Trabajo de Andalucía CGT-A) con el patrocinio de la Consejería de Justicia y AA.PP. de la Junta de Andalucía y la colaboración de las entidades Fundación El Monte y Universidad Pablo de Olavide.

El jurado de los Premios Andalucía a la Recuperación de la Memoria Histórica estaba formado por José Antonio Gómez Periñán como presidente -destacado miembro del clan de Alcalá del PSOE-, y como vicepresidente, Juan Gallo González, fontanero de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías.

Francisco Espinosa Maestre dirigió una carta al juez Varela, instructor de la causa por prevaricación contra Baltasar Garzón. En ella, entre otras lindezas, escribió: "Según parece, el instructor Varela no pone en duda la existencia de los crímenes sino la falta de competencia de su compañero para tal empeño y el hecho de que ignorara la esencia y las consecuencias legales de la amnistía de octubre de 1977. Pero, qué casualidad, que al hacer esto bloquea la investigación sobre lo otro." Recuérdese que el juez Varela pertenece a Jueces por la Democracia.
 

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15 septiembre 2010

Chaves será interrogado por las subvenciones millonarias a su hija

EL TSJA LO DECLARA "PERTINENTE"
 
EFE
Según la providencia del alto tribunal facilitada por el PP, "en relación con el interrogatorio del testigo, Manuel Chaves González, se admite y declara pertinente la misma".
El PP registró ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una demanda contra la decisión del Gobierno andaluz de no incoar expediente sancionador a Chaves por el conocido como "caso Matsa".
El escrito, que fue registrado el pasado 26 de marzo, propone la nulidad del acuerdo adoptado el 21 de julio de 2009 por el Consejo de Gobierno de no incoar expediente sancionador y archivar las actuaciones previas a que dieron lugar el escrito presentado por el PP sobre la subvención a la empresa Matsa, en la que trabaja Paula, la hija del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves.
El acuerdo del Consejo de Gobierno fue motivado por el informe de la Inspección General de Servicios, que no apreció indicios de infracción contra el artículo 7 la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta, tal y como consideró el PP en su denuncia ante el Consejo de Gobierno.
Los populares denunciaban que en la subvención a Matsa se produjo una falta de inhibición de Manuel Chaves que podría constituir una infracción "muy grave" al haber producido un daño "manifiesto" a la Junta, por lo que la pena podría oscilar entre los 3 y los 10 años de inhabilitación para ostentar cargo público.
En su demanda, el PP rechazó los argumentos del Consejo de Gobierno de que no se podía incoar expediente a Chaves porque "la administración no podía ni debía conocer" la participación de Paula Chaves en Matsa, cuando en realidad es algo que, a juicio de los populares, "incumbía" al propio ex presidente de la Junta.
De la misma forma, la demanda del PP recordaba que no se trata de averiguar desde cuándo tiene conocimiento la administración de la relación entre Matsa y Paula Chaves "sino desde cuándo tiene conocimiento de ello" Manuel Chaves y si "pese a conocer tal extremo no se abstuvo de forma voluntaria de intervenir" del acuerdo del Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2009 que ratificó la ayuda.
La subvención a Matsa fue aprobada previamente por acuerdo del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de 13 de enero de 2009.
 

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20 julio 2010

Las misteriosas desapariciones del caso Mercasevilla

COMUNES EN LA CAPITAL HISPAL
El caso Mercasevilla se ha visto afectado también por misteriosas desapariciones, que se están haciendo comunes en algunos escándalos de la capital hispalense.

2010-07-20
PEDRO DE TENA/ANTONIO BARREDA

No han sido una ni dos. Ha habido muchas, pero por no alargarnos en el tiempo recordemos la desaparición de la droga en la Comisaría General de Sevilla, nada menos que más de 100 kilos. Luego ocurrió la desaparición de los vídeos claves que contenían una de las pruebas decisivas de la querella de Manuel Chaves y otros contra El Mundo.

Ya había ocurrido la desaparición y/o robo de ordenadores de la federación de asociaciones de vecinos «Unidad», que dificultó gravemente las investigaciones sobre las facturas falsas del Ayuntamiento sevillano. Ahora, han desaparecido soportes informáticos en el Caso Mercasevilla. "Hay algo oscuro o turbio y no podemos mirar hacia otro lado", dijo ayer el alcaldable del PP, Juan Ignacio Zoido, sobre algunos de estos hechos.

La sustracción o desaparición de soportes informáticos fue denunciada el 2 de julio por Fernando Vázquez, director de Marketing y Comunicación de Mercasevilla. Según el PP, motivada por la "falta de seguridad" que se vive en la empresa ante la carencia de una cúpula directiva. La dirección replicó que dichos soportes "únicamente tenían contenidos propios del departamento de Marketing, esto es, material fotográfico e histórico de la empresa", sin que, en modo alguno, se relacionara con las investigaciones.

Vázquez denunció a la Policía Nacional el robo de un disco duro portátil el pasado día dos de julio en el que, según la denuncia del propio afectado, "únicamente había contenidos propios de dicho departamento, esto es, material fotográfico e histórico de la empresa". Y el concejal socialista Alfonso Mir aclaró a ABC que "todo ocurrió durante una mudanza en la que el disco duro desapareció y, para evitar problemas tal como están las cosas, el director le indicó al chaval responsable que denunciara el robo, aunque lo mismo no lo han robado, sino que se ha extraviado y un día aparece". En este sentido, el consejero apoderado de la lonja pública reiteró que "lo que había dentro son fotos de cursos de formación" y negó que el dispositivo portátil contenga otro tipo de información relevante.

Sin embargo, otras fuentes de la compañía indicaron a ABC que, al tratarse de un disco duro del director de Márketing y Comunicación que contenía "material histórico de la empresa", el aparato cuyo robo se ha denunciado "puede contener perfectamente" la documentación sobre las cuestiones de publicidad del mercado central, entre las que podría estar el contrato para la supuesta colocación de vallas que la empresa pagó al imputado José Antonio Ripollés y que ahora está siendo investigado por la juez que instruye el caso porque podría tratarse de un convenio falso.

De hecho, sigue ABC, el responsable de Larena 98, Antonio Pardal, denunció que se le ofreció la gestión de un centro para realizar la Inspección Técnica de Vehículos en suelo del mercado a cambio de que cediera su derecho de superficie sobre el terreno que después se adjudicó Sando gracias precisamente a que se hizo con el citado derecho. Para ello, según afirma Pardal, se pactó entre ambas partes la realización de un estudio para analizar la viabilidad de la ITV y que se «disfrazara» como un supuesto contrato para la colocación de vallas publicitarias que jamás se ejecutó. Por dicho convenio, Mercasevilla contempla en su contabilidad el pago de una factura de 16.938 a favor de Ripollés, pero éste entregó otra a la juez en la que sólo consta que cobró 1.462 euros.

Esta última cola del escándalo Mercasevilla podría implicar incluso al entonces gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, recientemente vuelto de su viaje al Mundial con el alcalde Monteseirín. Pardal cita entre sus interlocutores en aquella operación a Marchena por lo que el asunto está en manos de la Policía Judicial en estos momentos, justo cuando el disco duro con «material histórico de la empresa» del departamento encargado de colocar las vallas va y desaparece.

A lo mejor en el disco robado hay fotos compromtedoras

Al parecer, en el disco robado o extraviado hay «material fotográfico», imágenes tomadas por el responsable de comunicación que denuncia la pérdida, Fernando Vázquez, en los actos en los que participaba el ex gerente, Fernando Mellet. Al parecer era costumbre de la gerencia que todas las personas que viajaron con Mellet a ferias de pescados de distintas partes del mundo fueran fotografiadas. En muchas de ellas, aparece de manera reiterativa Antonio Rodríguez Torrijos, portavoz de IU en el Ayuntamiento y vicepresidente de Mercasevilla.

Se sospecha que en ese soporte desaparecido está todo el material fotográfico del viaje de Mellet y Torrijos a la feria Conxemar de Vigo, para la que se alojaron en Santiago de Compostela, con motivo de la cual el ex gerente pagó una mariscada en el restaurante Sexto II con su tarjeta de dirección que costó 426 euros. Y precisa ABC que "también contenía las imágenes del viaje de ambos a la European Seafood de Bruselas a cargo de la lonja pública, donde se produjeron otras mariscadas que también podrían estar fotografiadas, éstas incluso con los bogavantes y centollos por delante."

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