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10 abril 2011

Mercedes Alaya: la juez con club de fans que tiene en jaque a la Junta

Seria, concienzuda, puntillosa y reservada. Así es la magistrada que ha puesto en jaque a la Junta de Andalucía.
2011-04-10

LIBERTAD DIGITAL
Hace algunos meses, el nombre de Mercedes Alaya no resultaba apenas mediático. Llevaba desde 1998 al frente del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, pero su trayectoria no le había hecho saltar a los grandes titulares más que en contadas ocasiones.
Hasta que los ERE fraudulentos de la Junta han ido convirtiéndola en una figura cada vez más mediática. Alaya tiene sobre la mesa esta investigación, y ya se ha hecho con más de 150.000 folios en referencia a las prejubilaciones irregulares; pero también está encargada de dilucidar el corrupto entramado del caso Mercasevilla.
Pero el caso que verdaderamente la "catapultó" a la fama fue la gestión del Real Betis. Su investigación sobre la gestión de Manuel Ruiz de Lopera le hizo ganarse la consideración de muchos béticos, que vieron con buenos ojos el auto que supuso el fin de la Presidencia de Lopera.
Mercedes Alaya está casada y tiene dos hijos. Tiene 40 años y lleva más de 23 ejerciendo la judicatura, pasando por varios destinos. Nada más ingresar en la carrera en 1988, estuvo en un juzgado de instrucción en Carmona, donde permaneció un año. Después pasó a Fuengirola otros dos años, para acabar haciéndose cargo del juzgado de Primera Instancia número 20 de Sevilla, hasta 1998. Y en adelante hasta la actualidad, se ocupa del juzgado de instrucción número 6 de la capital hispalense.
De sus dos décadas de ejercicio profesional sus compañeros destacan, por encima de todo, su profesionalidad y rigor. Poco dada a confraternizar con otros magistrados, se mantiene distante en los encuentros sociales de los Juzgados, idéntica tendencia que exhibe con la prensa. Pasa rauda y veloz cada mañana frente a la puerta de los juzgados, cargada con una pesada trolley en la que porta folios y folios de documentación sobre los casos que investiga.
Sus compañeros aseguran que apenas para a comer, y que suele almorzar en el despacho un sándwich, y prolongar su trabajo más horas de las que debería. Al finalizar la jornada, coge un taxi y regresa a casa. De ahí en adelante poco se sabe de ella.
Dura, puntillosa y muy reservada. Alaya no se ha dejado intimidar por las continuas presiones de quienes investiga, y no tiene problema en lanzar ultimátums –como el que le planteó a la Junta la semana pasada- si considera que no le están proporcionando la información que requiere. Han intentado recusarla, quizás con intereses oscuros, pero nunca ha salido adelante.
Llama la atención que de esta magistrada hermética, de la que tan poco se sabe, cuente ya con un club de fans. Creado en la página de Facebook, suma ya casi 1.600 personas que alaban su labor, y también su aspecto.

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07 abril 2011

La Junta entrega por fin en sobres lacrados las 480 actas a la juez de los ERE


Tras varios ultimátum, Griñán ha acatado la petición de la juez Alaya. Se guardarán en un armario acorazado con vigilancia personal.
El primer teniente de alcalde de Sevilla, imputado
CCOO frenó con amenazas una investigación sobre los ERE
2011-04-07

Libertad Digital
 
Personal de la Junta de Andalucía ha depositado sobre las 14.15 horas de este jueves en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde está abierto el procedimiento sobre las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), las actas del Consejo de Gobierno desde el año 2001 hasta la actualidad, en 11 sobres lacrados, que había solicitado la magistrada encargada del caso, Mercedes Alaya, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.
Las actas se guardarán en un armario acorazado con vigilancia personal y de cámaras permanente. El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, ha dicho a Efe que las 480 actas se conservarán en un lugar "absolutamente seguro, con custodia permanente de medios materiales y personales".

Dicho lugar y los detalles de la custodia no han sido desvelados por las mismas razones de seguridad y responden a la petición hecha esta mañana por Guillermo Muñoz, coordinador del área de justicia de la delegación del Gobierno de la Junta a la juez de instrucción 6.

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La Junta benefició a la firma Abengoa tras contratar a Paula Chaves

La familia Benjumea logró 171 millones en adjudicaciones, y 3,7 en ayudas, tras contratar a la hija de Chaves como apoderada de Abengoa.
Griñán: "Chaves es una persona honorable"
La Junta otorgó contratos a socios del hijo de Chaves
La familia Chaves o la vía socialista al capitalismo
2011-04-07

LIBERTAD DIGITAL
La familia Chaves y sus negocios en Andalucía siguen dando que hablar. Tras los negocios de Iván que alertan al PSOE, la pequeña de la familia, Paula, vuelve a dar que hablar. Primero fueron los 10 millones que la Junta dio a Matsa con la hija del ex presidente andaluz como apoderada. Y ahora es la empresa Abengoa, que recibió multitud de contratos del Ejecutivo autonómico una vez que contrató a la pequeña de la saga para ese mismo puesto.
Según informa El Mundo este jueves, una recién licenciada Paula estuvo vinculada a Abengoa, cuyas filiales recibieron numerosas adjudicaciones y subvenciones por parte de la Junta.
La hija de Manuel Chaves llegó a acumular apoderamientos en cuatro sociedades anónimas dependientes de Abengoa. En las tres primeras estuvo hasta junio de 2009 y en la última hasta julio de 2007. Hay que tener en cuenta que muchas de las gestiones realizadas por esta apoderada darían sus frutos meses después de que abandonara las empresas de Benjumea.
En este sentido, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía recoge que desde 2006 a 2010 la Junta dio adjudicaciones a Abengoa por un valor de más de 171 millones de euros. En muchos de los casos los contratos se sacaron a concurso mediante procedimiento negociado. También se produjo una lluvia de subvenciones a la empresa apoderada por Paula. Hasta 3,7 millones en ayudas a través de la Junta o de empresas públicas dependientes del Ejecutivo andaluz.

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05 abril 2011

"En la guerra Griñán-Chaves habrá muertos"


El colaborador en Andalucía de Libertad Digital explica la dimisión de Pizarro como consejero de la Junt
a de Andalucía.

Audio: Pedro de Tena explica la dimisión de Pizarro
Crisis sin precedentes en el PSOE andaluz tras la dimisión de Pizarro
La saga de los Pizarro
CAPÍTULO III: El otro Pizarro, el Pepiño Blanco de Chaves
2011-04-05

esRadio
Este lunes saltaba la noticia de la dimisión del consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro. El colaborador de Libertad Digital en la comunidad autónoma andaluza, Pedro de Tena, explica que es fruto de la guerra entre Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Pedro de Tena ha asegurado en Es la Mañana de Federico que "es una tragedia griega que hay que encuadrar en la guerra nacional en la que habrá muertos". Tena ha recordado que "Griñán es el candidato de Zapatero que presionó a Chaves para que dejara la Junta por los escándalos de su hija".
Sin embargo, Manuel Chaves "intenta controlar el partido andaluz desde Madrid y aquí empieza el drama". El antecedente más claro de la dimisión de Pizarro lo encontramos "cuando Griñán, nada más asumir el cargo de secretario general, se carga al vicesecretario general que no es otro que Luis Pizaro". El motivo es que "no se puede ser presidente de la Junta sin controlar el partido internamente".
Según Pedro de Tena el segundo, y más reciente, antecedente es "la candidatura de las municipales en Jerez". En la localidad "hay una alcaldesa griñanista, Pilar Sánchez, que se enfrenta al aparato de Cádiz, pizarrista". Todo termina con "la eliminación de todo rastro de pizarrismo por parte de la alcaldesa y con la destitución de Grabriel Almagro por parte de Griñán". Algo que "hace que Pizarro salte".
Al mismo tiempo, Pedro de Tena ha subrayado que debajo de todo subyace los casos de corrupción de los ERE. "Pizarro ha controlado desde la consejería de empleo todo lo que es el fondo formación, todo lo que generaba empleo para los afines".
Por último, Tena ha remarcado la diferencia entre Pizarro y Zarrías, "Pizarro es fiel al imperio mientras que Zarrías es Tigelino, la crueldad personificada pero no es del Imperio".

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Un divorcio y un extraño robo, tras las sospechas sobre el hijo de Chaves


Tras la implicación de la hija de Chaves en el caso Matsa, ahora es su hijo mayor el que está bajo sospecha. El PSOE está preocupado.
2011-04-05

Tras una tensa separación familiar de su hasta ahora esposa, Rocío Cabet del Castillo, y tras un extraño robo en las dependencias de su empresa - durante muchos meses su propio domicilio -, el hijo mayor de Manuel Chaves, Iván Chaves Iborra, afronta la acusación de ser comisionista de empresas e instituciones públicas, acusación que parece fundada en sus propios papeles desaparecidos de su oficina que ha intentado hacer aparecer como robo. El caso se parece al que en su día protagonizó Juan Guerra con su esposa, Ángeles López Rubio, que entregó papeles comprometedores a la oposición política para que se iniciara la operación antiGuerra que fue conocida como el caso Guerra y que terminó con la dimisión del entonces vicepresidente, Alfonso Guerra, en 1991.

La acusación podría tener fundamento en los propios papeles desaparecidos del joven Chaves que denunció su extravío intentando aparentar que habían sido objeto de robo, aunque las desaveniencias familiares podrían estar asimismo tras este extraño suceso, ya que la oficina de Iván Chaves estuvo durante meses en el propio domicilio. En algunos de ellos, el propio Iván Chaves podría referirse a él mismo como comisionista de las administraciones públicas.

Libertad Digital, en su Tela de Araña del Decretazo numero 109, informó también hace días de las relaciones de Iván Chaves con el padre de uno de sus socios. Y decíamos: "También estuvo en Extenda, la empresa 'internacional' de la Junta donde trabajaba Rocío Cabet del Castillo, la ex esposa de Iván Chaves Iborra, don Julio Moreno Ventas, que fue alto cargo y que en la actualidad es consejero de Turismo nombrado por el PSOE en la Embajada de España en Argentina. Este Julio Moreno Ventas es el padre de Julio Javier Moreno Valseca . Según algunas fuentes, la relación entre Iván y Julio Javier sería empresarial".

En el caso del hijo de Manuel Chaves, cuenta esta madrugada El Mundo, que "sus movimientos empezaron a llamar la atención al hacerse cargo de la comercialización del alquiler de los locales del proyecto Metropol-Parasol, un ambicioso proyecto urbanístico del Ayuntamiento de Sevilla, presidido por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Se calcula que ese negocio mueve medio millón de euros al año, de los que Iván Chaves se lleva una comisión como intermediario."

La empresa es la sociedad limitada Cexmark Soluciones, constituida ante notario el 29 de diciembre de 2006. El hijo de Chaves se hizo con 30 de las 31 participaciones de la compañía (96,8 por ciento), mientras que la última se la quedó una cuñada, según consta en el Registro Mercantil. Varias vallas publicitarias con los anagramas de Sacyr y del Ayuntamiento de Sevilla invitan desde hace meses a alquilar los locales llamando a un número de teléfono. Es el que corresponde a Javier Olaegui de la Infiesta, socio del hijo del ex presidente de la Junta de Andalucía en Núcleo de Inversiones y Negocios SL, la otra firma en la que aparece actualmente Iván Chaves y que se dedica a la "compraventa y/o arrendamiento de inmuebles".

El PP ya ha hecho públicas sus sospechas de que Iván Chaves pudiera estar recibiendo un trato de favor. "Podría ser una coincidencia, pero cuando las coincidencias se repiten, dejan de ser coincidencias y son cuestiones planificadas", ha advertido Beltrán Pérez, concejal popular sevillano.

Por si fuera poco, el arquitecto Felipe Palomino, sobrino de Felipe González, fue el encargado de realizar el proyecto de musealización de los restos arqueológicos hallados en el solar de la Encarnación y la dirección de las obras. Por ambos contratos, obtuvo unos 210.000 euros adjudicados directamente por el Ayuntamiento de Sevilla.

Según ha sabido Libertad Digital, el grueso de la información sobre este caso la tiene el periodista Melchor Miralles que la hará pública mañana en "El Confidencial" aunque esta madrugada a las 1:16 aún no había sido subida a la página.

Hace dos años que Libertad Digital alertó del caso Iván y del casao Paula Chaves

Libertad Digital publicó el 11 de enero de 2009 que la vía socialista al capitalismo empezaba por los hijos de Manuel Chaves. Y decíamos que en Andalucía, la originalidad del socialismo andaluz era haberse constituido en vía de acceso al capitalismo, eso sí, penetrado, y a ser posible dirigido, por militantes socialistas, no sólo científicos sociales de la ingeniería social socialista sino asimismo expertos en los recovecos del mercado "bien gobernado" del capitalismo. Ele el arte. Para ejemplo y primeros de la fila, hoy, los hijos de Manuel Chaves.

Los hijos de Chaves

Iván y Paula Chaves Iborra son los hijos del presidente andaluz, Manuel Chaves, un veterano socialista, derivado del clan de la tortilla y su foto correspondiente. Pero lejos de comprender como su padre las verdades abstractas del materialismo histórico y de romperse la cabeza para seleccionar entre todas ellas las vías adecuadas para el socialismo, han elegido la buena nueva de muchos militantes, parientes y amigos del socialismo sureño: la vía socialista al capitalismo. Y nada mejor para ello que coger el atajo de las sociedades anónimas o limitadas, corazón jurídico del sistema, como formación básica y camino seguro hacia el objetivo.

Empecemos porIván Chaves Iborra. Según el registro mercantil, aparece como administrador en tres sociedades mercantiles llamadas:
Exiden Participaciones S.L. CIF B91586958
Cexmark Soluciones S.L. CIF B91605501
Núcleo de Inversiones y Negocios S.L. CIF B91764068
La primera de ellas, Exiden Participaciones SL, se dedica al ignominioso arte de "la adquisición, tenencia, administración, disfrute y enajenación, bien por cuenta propia o ajena, así como la realización de toda clase de inversiones en bienes inmuebles y derechos reales constituido sobre los mismos, y así como en valores mobiliarios, títulos, valores y activos financieros de cualquier clase, esto último, siempre por cuenta propia con respecto a la vigente legislación sobre mercado de valores." O sea, lo peor del capitalismo, las inmobiliarias, y lo peor del capitalismo bursátil, lo mobiliario.

La segunda, Cexmark Soluciones SL, se dedica a "la realización, gestión y prestación de servicios de asesoramiento y asistencia en los ámbitos técnicos y del sector de la construcción e inmobiliario en general, financieros, fiscales, laborales, empresariales, contables de estimación y valoración de activos y empresas". Más de lo mismo.

La tercera, Núcleo de Inversiones y Negocios SL, abiertamente a la cosa impura del tráfico de los inmuebles y otros menesteres menores: "La compraventa y/o el arrendamiento de inmuebles; labores de asesoramiento y consultoría de empresas, así como la prestación de servicios de agencia comercial".

Paula Chaves Iborrasalió bien colocada de partida porque, en un pispás, pasó a formar parte de uno de los grupos industriales y económicos más fuertes del capitalismo tradicional andaluz y nacional: el imperio de los Benjumea, esto es, Abengoa y empresas asociadas y diversas. De hecho participa en las siguientes sociedades:

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA A78107349

TELVENT HOUSING SA A82232448
REGISTRO MERCANTIL DE ASTURIAS

TRAFICO INGENIERIA SA A33088758

REGISTRO MERCANTIL DE HUELVA

MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA A81336877

Las primeras, todas ellas, incluso Tráfico Ingeniería, SA, pertenecen al universo empresarial comandado por los hermanos de Abengoa.

De todas ellas, la más interesante es la cuarta, Minas de Aguas Teñidas, SA, a la que se ha incorporado hace bien poco tiempo y en la que nos tememos, decíamos en 2009, habrá sorpresas futuras. Ya saben cómo luego Manuel Chaves, como presidente de la Junta, concedió unos incentivos director a la empresa por importe de 10 millones de euros.

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03 abril 2011

La lista del decretazo 15: el cuento de nunca acabar


2011-04-03

Pedro de Tena / Antonio Barreda

Uno de ellos fue el cuento de la honradez, es decir, el cuento de no aprovecharse de las mieles del poder, el cuento de permanecer íntegros y desinteresados en el manejo del dinero público, en el respeto de la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos para acceder a puestos administrativos y empleos públicos. Ya sabemos un cuento más. Sigamos con nuestra lista.

José María Domenech Mata es un alto funcionario de la consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía que ha conocido y conoce todos los caminos y todos los atajos. No sabemos si ama al PSOE, pero sí sabemos que ama a su familia. El camino del nepotismo no sólo se ciñe a la oligarquía del PSOE andaluz sino que habita asimismo entre algunos altos funcionarios heredados.

Domenech, además, es administrador del Centro Docente María Sociedad Anónima, A41059403, a cuyo desarrollo, a partir de una guardería y del centro Celemín, la Junta nunca opuso reparo alguno. Domenech fue asimismo administrador de Celemín SA.
 
Don Manuel Barrios en su serie "Oposiciones con trampas" ya denunció con pelos, señales y valor, los procedimientos de la Junta de Andalucía en las oposiciones ordinarias. En 1998, desveló que cinco grupos de opositores habían denunciado las pruebas por irregularidad manifiesta. Y decía Barrios que "la cúpula de Gobernación ha convocado pruebas selectivas, por el sistema de concurso oposición «libre», para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, Código D 1000. Magnífica iniciativa, si no fuera porque en tal convocatoria se detecta una ilegalidad que puede ser recurrida, ante el Tribunal Constitucional o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de manera fulminante. El punto 1,4 de las bases dice que «para acceder a la fase de oposición será necesario obtener en dicha fase de concurso una puntuación mínima de 4». Esto es anticonstitucional y socava los cimientos de la función pública, ya que los puntos han de sumarse siempre al final de la oposición si los aspirantes han aprobado, nunca antes ni poniendo una barrera para colocar a los amigos del poder.

Sólo por esto, ya merecería investigar el memorial de oposiciones de la Junta andaluza.

Pero es que además, los miembros del tribunal hablaban por sí mismos. Presidenta, Julia Serrano Checa, antigua interina del Grupo A, ex secretaria general técnica de la Consejería de Gobernación y entonces secretaria del Instituto Andaluz de Administración Pública cuyo director era Juan Luque Alfonso, "de quien me dicen que pertenece al Grupo A «gracias a unas oposiciones organizadas por su amigo Antonio Torres, alcalde del Ayuntamiento de Lebrija". Serrano Checa fue imputada en el Juzgado de Instrucción n. 17, que investigaba el «caso Impiasa» e Imprenta Mora (tragaperras de Écija), del caso Juan Guerra, por adjudicaciones irregulares y gastos electorales fraudulentos. Su amigo el viceconsejero la mandó un año entero a su casa, para que estudiase. "Por supuesto, añade Barrios, en las oposiciones del año 94, con su amigo Juan Luque custodiando la caja fuerte que guarda los exámenes, la señora Serrano aprobó las del Grupo A..."

Presidente suplente de este tribunal era Francisco Sanabria Estévez, jefe del Servicio de Legislación en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Gobernación, puesto de trabajo conseguido a dedo, sin concurso de méritos.

Pero, y es lo que nos interesa, miembro de aquel tribunal era José María Domenech Mata, "antiguo letrado de AiSS (funcionario, por la cara, del Sindicato Vertical del Movimiento: oposiciones con los libros encima de la mesa). Jefe del Servicio de Formación Ocupacional en la Consejería de Trabajo, tuvo que marcharse «deprisa y corriendo», hace cuatro o cinco años, al descubrirse presuntas irregularidades en los pagos de subvenciones a las empresas que organizan los cursos. Luego fue "adjunto al director general de Política Interior con nivel 30, secretario de la Comisión del Juego y Apuestas de Andalucía, involucrado en la escandalosa adjudicación del Casino de Sevilla, por tener que informar las diferentes propuestas. Todos los puestos que ha ocupado en la Junta de Andalucía han sido gracias al dedo del poder, con magníficas retribuciones, jamás sometido a concurso de méritos y, por tanto, muy agradecido al mencionado dedo".

Y terminaba Barrios con una pregunta: "¿Acaso es posible pensar en la profesionalidad e independencia de unos estómagos agradecidos a la Consejería de Gobernación?

Pues viene esto a cuento porque José María Domenech Gómez, hijo del ya mencionado Domenech Mata, trabaja en el GREA, Grupo de Rescate y Emergencias de Andalucía, al menos desde 2007. Pero no figuraba en las listas de especialistas admitidos para las pruebas, que obran en nuestro poder. ¿Y cómo entra uno en el GREA sin estar en la lista de los que iban a hacer la oposición? A lo mejor iba en la lista de Jefes.
Y además, ha sido representante de sus compañeros por CC.OO.

Y ahora añadamos algunos nombres más a la lista:

Según la documentación de ABC, Egmasa contrató el 5 de marzo de 1998 al ex alcalde de la localidad granadina de Cúllar, Angel Martínez Lara, para realizar tareas comerciales, preferentemente ante las corporaciones locales. Este contrato de seis meses fue prorrogado seis más desde el 5 de septiembre al 4 de marzo del año siguiente. En concreto, su trabajo era el de efectuar «gestiones de mediación y venta de los productos, servicios y actividades en general de la empresa». Igualmente, la empresa «facilitará a Angel Martínez Lara los nombres de los clientes a los que, en la zona objeto de este contrato, el trabajador habrá de prestar sus servicios». Las zonas geográficas del contrato eran las provincias de Almería, Granada, Málaga y Jaén.

No tiene que ver con nuestra lista pero es gracioso. Al llegar a su nuevo destino en la Delegación de Jaén de la Consejería de Empleo la nueva delegada, Irene Sabalete Ortega, nombrada hace unos meses con el mérito de ser hija del Alcalde de Torre del Campo (PSOE), Blas Sabalete Ruiz, tomó conciencia de que necesitaba un asesor, alguien que le organizara su agenda, alguien que fuera "su mano derecha". Y fichó para tal cargo al encargado de mantenimiento. Si, si, el que enciende y apaga las luces, el que cambia las bombillas, el que pone la calefacción por las mañanas, etc. ataviado con su bata azul. Alejandro Rodríguez Hornos se llama y trabaja en la planta 5ª de la Delegación de Trabajo, en la C/Esteban Ramirez de Jaén.

Tal vez Sabalete y Hornos se conocían anteriormente. Tal vez en la Utedlt Loma Occidental (Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico). Indicios hay en Facebook.

Pero Hornos tenía experiencia porque aparece como asesor en los convenios colectivos de la construcción en los que participaba la Delegación.

Hay quien cree que es cuñado o sobrino de Gaspar Zarrías Arévalo, pero tal coincidencia resulta increíble. "El arquitecto", le llaman.

Por cierto que Blas Sabalete fue imputado por la Fiscalía en 2010 por no ordenar el inicio de expedientes sancionadores contra infractores de irregularidades urbanísticas. El Delegado del Gobierno y Vicesecretario Provincial del PSOE en Jaén llegaron incluso a decir que lo apoyarían si quería ser de nuevo candidato.

La semana que viene seguiremos.

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30 marzo 2011

Ya son tres las Consejerías implicadas en los ERE y el fondo de reptiles


Hace ya meses que lo determinó Libertad Digital . Decíamos entonces que en realidad eran cinco consejeros, por lo menos, los implicados.
"El primero de todos ellos y presuntamente inventor del sistema del "fondo de reptiles" es José Antonio Viera, que fue consejero de Trabajo del gabinete de Manuel Chaves entre 2001 y 2004. Cómplice tuvo que ser de su método el entonces director general del IFA, Antonio Fernández, que fue nombrado consejero de Empleo en 2004 con cese en 2010. El tercero de ellos, Manuel Recio porque el sistema ha seguido funcionando sin que él lo hubiera denunciado. Pero además, hay un cuarto consejero implicado, Francisco Vallejo Serrano, responsable directo de la Agencia IDEA cuando esta recibía los fondos de Empleo para su conversión en fondos de reptiles. Vallejo fue destituido en 2009, sustituyéndole Martín Soler, responsable del PSOE de Almería, que siguió con el sistema." Esto es cinco y por pura deducción lógica-política. Además de ellos, tienen que estar implicados un número por determinar de directores generales y directivos de las empresas beneficiadas irregularmente.

Poco a poco se va desbrozando la realidad del caso y apareciendo responsables. El entonces titular de Innovación Francisco Vallejo también conocía desde 2005 el descontrol sobre los fondos cuenta  ABC. Vallejo recibió también un escrito del interventor general de Hacienda con acuse de recibo de Correos en el que le decía que el procedimiento utilizado para tramitar las ayudas destinadas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas en crisis no respetaba los cauces legales fijados para este tipo de subvenciones no era ningún secreto en la Junta.

Por tanto, como mínimo tres consejerías conocían al máximo nivel, por medio de los informes de fiscalización de gastos emitidos por la Intervención General que la gestión de estos fondos públicos, canalizados a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no era el adecuado. Además de las consejerías de Hacienda —entonces bajo el mando de José Antonio Griñán— y de Empleo —con Antonio Fernández, imputado en el proceso judicial por los falsos ERE—, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa también sabía del fondo de reptiles.

Y era lógico políticamente. Por una parte, la Consejería de Economía y Hacienda, de la que dependía la responsabilidad de 647 millones no podía desconocer la existencia de ese fondo. La Consejería de Empleo, que lo administraba, tampoco. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, una de cuyas agencias se utilizaba para la transferencia del dinero, tampoco.

La novedad es que aparece otra vez un documento de Intervención General de la Junta. Siendo consejero de Innovación Francisco Vallejo, que ocupó el cargo entre 2004 y abril de 2009, llegó a sus manos un informe del entonces interventor general, Manuel Gómez Martínez, que analizaba en profundidad al cierre del ejercicio de 2002 las cuentas de IDEA, el organismo instrumental que se encargaba de incentivar los ERE. 
El documento lleva fecha del 22 de julio de 2005, con años de retardo con respecto al periodo analizado por el interventor, correspondiente a la liquidación del ejercicio de 2002. Ya se sabe que poco antes de este escrito, otro informe del órgano fiscalizador de la Junta se remitió a las consejerías de Empleo y de Hacienda. Fue rebatido con alegaciones por el primero. Ese es el informe del que la entonces viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dice ahora que nunca le hizo llegar el informe a su superior, que era Griñán, para salvarlo de futuras catástrofes políticas.

O sea, que el fondo de reptiles como sistema de tramitación de ayudas en lugar del procedimiento legal de subvenciones excepcionales fue cuestionado por Intervención general en 2005, 2006 y 2007. Naturalmente, esto implica que el sistema ha sido aplicado a todos los ERE producidos desde, al menos 2002. Pero el consejero de Empleo de la Junta, Manuel Recio, no quiere investigar los ERE «muertos» o ya vencidos, que superarían el centenar y sobre los que la jueza Mercedes Alaya ha ampliado las pesquisas.

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27 marzo 2011

El convenio urbanistico "universitario" de Valadez, plagado de irregularidades. Estaba bajo secreto de sumario.

El convenio de Valadez tiene más edificabilidad y menos plusvalías para la ciudad. Son las sombras del acuerdo. Hidalgo prometió a Barrientos 24 millones de euros para la construcción del campus; 400.000 euros para la Residencia de Ancianos y 3´3 millones de euros para los colonos. Nada de esto se cotempla en el nuevo convenio de Valadez. Ha sido promovido estando bajo secreto de sumario.

ATC
Barrientos con Valadez y Rodríguez, los denunciantes de Astapa


















    El semanario Estepona Información ha tenido acceso al documento manuscrito por Juan José Hidalgo Acera, presidente del grupo Globalia, en el que, en un primer esbozo de lo que sería el convenio que suscribió con el Ayuntamiento de Estepona siendo alcalde Antonio Barrientos, pone de manifiesto notables ventajas con respecto al que Valadez pretende llevar nuevamente a pleno el próximo martes.
   En el mismo se muestra bien a las claras el compromiso del empresario en la construcción de los edificios que albergarían  la supuesta Universidad de Estepona, para lo cual  ofreció  la donación de 24 millones de euros. En el documento manuscrito, que aparece en la portada de este semanario en su última edición correspondiente a hoy sábado 26 de marzo de 2011, detalla la edificación de los suelos de la Herencia Nadal y pone de manifiesto otra serie de compromisos, afirmando con rotundidad que "me comprometo a realizar la Universidad en los terrenos de Guadalobón..."
    Según señala el citado semanario, el convenio, de gran calado para la ciudad, se desgranó en una cena en un lujoso restaurante de Marbella que previamente eligió el empresario del grupo Globalia. Allí estuvieron presentes, junto con el alcalde e Hidalgo, otros dos concejales y se analizaron todos los detalles que llevaba aparejado el convenio. Según refleja el documento, Hidalgo se comprometió a la entrega de una cantidad de 3´3 millones de euros para los colonos de los terrenos en concepto de indemnización, así como 400.000 euros a la Residencia de Ancianos para su sostenimiento. Los terrenos de Gadalobón norte pasarían a propiedad municipal y se estipuló la donación de 24 millones de euros para infraestructuras del proyecto universitario.
Nota manuscrita de José Hidalgo donde se compromete a "realizar la Universidad"

   El convenio finalmente se materializó en los Convenios Docente  y Urbanístico (Planteamiento y Gestión) y fue ratificado por ambas partes: Ayuntamiento y propietarios de los suelos, que estaban a cargo de Inmobiliaria Acinipo, Urbanizadora  XXI y Proyectos Guadalobón S.L, en Abril de 2008, dos mese antes del inicio de la planificada "operación" Astapa. Sin embargo, según informaciones que en su día hizo públicas el citado semanario y que obran en poder de este portal,  precisamente sería la venta de parte de los terrenos de Globalia a Urbanizadora XXI, también propiedad de Hidalgo,  lo que posibilitó que aquel convenio no se llevase a cabo al entrar en liza un "nuevo" propietario de los terrenos.
   Se da la circunstancia de que el tras inicio de la citada operación político-judicial de Astapa el 17 de junio de 2008, con el inicio de los registros y detenciones, seis días después la prensa se hacía eco de la posible imputación o declaración de este empresario ante la jueza Conejo, al igual que las varias decenas de detenidos que hasta ese día habían desfilado por el Juzgado. Sin embargo tres días después de esta revelación mediática (el caso estaba bajo secreto de sumario) ese mismo medio publicaba unas declaraciones del empresario asegurando rotundamente que a "él no lo había citado la Policía y que ni había declarado ni le iban a llamar a declarar". Casualmente cuatro años después, efectivamente, aún no ha sido citado a declarar. No obstante en otras declaraciones se ratificaba en ese sentido y añadía que el convenio con Barrientos le ha supuesto unas pérdidas de 30 millones de euros.


    Pero entonces en este punto surge una duda: ¿Cómo pudo perder 30 millones en dicho convenio si ya no estaba en vigor, porque además del hecho de que entrara otra empresa de su propiedad que lo invalidara, los convenios de Barrientos fueron paralizados tras la aparición de la operación policial? Por otro lado, ¿acaso sigue en vigor el convenio de Barrientos y es lo que Valadez trata de evitar con la aprobación de un convenio que revoque "legalmente" al otro? Éste debería ser trabajo de la oposición averiguar. Mientras tanto lo que tiene el pueblo de Estepona delante con Valadez, que denunció a las empresas de Hidalgo en Astapa, es un convenio que parece estar pensado para desvincularse del compromiso adquirido con el pueblo de Estepona a través del, por entonces, alcalde Antonio Barrientos de invertir los 24 millones, a los que si le sumamos los 3´3 millones que se comprometió con los colonos y los 400.000 euros para la Residencia de Ancianos nos da la cantidad que Hidalgo dice haber perdido con el convenio del 2008.
   Sin embargo también se rumoreó en su día que el empresario podría referirse no a los 30 millones de euros que debería ofrecer al pueblo de Estepona sino que esta cantidad podría ser la que le exigió presuntamente la Junta de Andalucía o, en todo caso, un alto cargo del PSOE andaluz, para llevar a cabo el convenio. Se da la paradójica circunstancia que cuando Valadez en diciembre de 2008 retomó el asunto de la universidad, anunciando que, aunque se firmó en febrero de 2008 (si falla el vículo pulse aquí y busque casi al final de esta página de archivos blogger), "no se  especificaron las titulaciones que se implantarían en la ciudad, si bien parece seguro que habrá una escuela de Turismo y cursos de postgrado avanzados como Gestión deportiva y cultural." Pero una circunstancia, como decía, llama la atención. Aquí, según sabemos hoy se entrecruzan ciertos intereses sospechosamente. Esta información apareció en toda la prensa provincial sin embargo incluso la fuente original de la que se hace eco este blog afín a Valadez, ha desaparecido de la web; pero fue publicada a mediados de diciembre de 2008, sólo séis meses después de su autonombramiento (no fue elegido en primera votación y fue impuesto por orden de lista), y en ella se señala que: "Ayer mismo, miembros del equipo de gobierno municipal se reunieron con la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, para retomar el proyecto, que según explicó el alcalde, David Valadez, "es prioritario para la dinamización del municipio"..."
   ¿Cuál fue el objeto de la "aparición" en escena de la rectora de la UMA, para hablar de un proyecto, que hoy sabemos que nada se acordaba ni sobre la construcción de la universidad, ni sobre las materias que habrían de estudiarse, como hoy sabemos?
    Pero aún hay más. Será casualidad que también aparezca en escena "...el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo. Valadez apuntó ayer que en breve se retomarán las conversaciones con los estamentos oportunos dentro del Gobierno autonómico "para poder convertir este proyecto en una realidad lo antes posible". O sea el consejero de un área que en nada interviene en lo que a la articulación de la "Universidad" se refiere, puesto que nada de lo que corresponda a su área se expone ni se analiza en el actual convenio de Valadez. Por si eso fuese poco, Francisco Vallejo  fue el cargo socialista de la Junta quien, según Gil y Gil, presuntamente recibió el cheque de 200 millones de pesetas  que se le exigió desde el PSOE andaluz para llevar a cabo la construcción de la urbanización Los Cipreses del Mar en Marbella.
    Lo que sí parece cierto, en cualquier caso, es que Hidalgo obtuvo beneficios con la parte de suelo que vendió, recién comprado a la Iglesia, de la futura universidad de Estepona y los invirtió en República Dominicana, según se lee en esta página web...:  "...asegura reivindicando la hucha de toda la vida. Así, vendió una parte de los terrenos que tiene en Estepona (Málaga) y el dinero lo reinvirtió en Santo Domingo para construir tres nuevos hoteles y participar, con un 25% del capital, en la creación de Air Dominicana..."
   Otro dato a tener en cuenta y que desmiente unas declaraciones  de Valadez realizadas a Estepona Información según las cuales el dosbloqueo del convenio universitario, que él presentaba, recubierto del mayor oscurantismo, a pleno el 25 de febrero de 2011, ha sido "arduo", es el hecho de que también miente ya que (y esto es algo que todos están pasando por alto o ni siquiera se les ha pasado por la cabeza pensarlo), comenzó a "desbloquearlo" en diciembre de 2008 como ya hemos señalado y se daban dos circunstancias que nos tienen que llevar a algunas reflexiones:
1) En ese mes de diciembre la jueza Isabel Conejo es sustituida sin que se nombre un juez sustituto y se anuncia el suspenso de las investigaciones de Astapa por un año. El Consejo General del Poder Judicial no tuvo en cuenta sus alegaciones en contra de esta medida.
2) Lo que es más sospechoso aún: en esa fecha el sumario, al igual que ahora cuatro años después, estaba en pleno secreto de sus actuaciones. David Valadez, según supimos con la 1ª apertura sumarial de verano de 2009, había denunciado o dejado caer la duda sobre las empresas de Globalia ¿cómo se explica que, sin previo aviso de la Justicia, un expediente que "supuestamente" estaba siendo investigado dentro de una operación judicial bajo secreto sumarial fuese abierto por parte de Valadez para concluirlo estando siendo investigado bajo secreto?

Continuará

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20 marzo 2011

El PP fija por ahora a un exconsejero de Empleo como el responsable penal máximo de los ERE

Se querella contra seis altos cargos y veinte personas entre beneficiarios e intermediarios de la trama fraudulenta

20/03/2011
  La querella que el PP presentará mañana en el juzgado fija, de momento, la responsabilidad penal sobre la trama de los ERE en el que fuera consejero de Empleo, Antonio Fernández pero, según anunció ayer la portavoz popular, Rosario Soto, «está abierta» y es «ampliable» a aquellas personas que puedan aparecer implicadas. Así aunque los populares han acusado políticamente al propio presidente José Antonio Griñán, en la denuncia presentada ayer el máximo responsable es el propio Fernández.
La denuncia se dirige contra 26 personas, entre las que figuran seis altos cargos de la Junta de Andalucía. Así aparecen, además de Fernández, los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Manuel Jesús Regidor y el actual director general, Daniel Alberto Rivera así como el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. También el intermediario Juan Lanzas, comercial del Estudio Jurídico Villasís en el momento de los hechos, Antonio José Albarracín, director general de Vitalia, Jesús María Bordallo, responsable en Sevilla de Vitalia, Francisco José González, comercial de Vitalia y José González Mata, administrador de Uniter S.L e Ingotor Seguros S.L. Y a ellos une el PP una lista de 15 personas, al parecer beneficiarios de ERE en empresas en las que nunca trabajaron.
Todos podrían ser responsables de delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos.
Esa lista será ampliada contra «todos aquellos que pudieran ser implicados en la investigación». Una investigación que, según el PP, debe partir del origen que sitúan en el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que «se ideó un sistema por el que seguir otorgando las subvenciones excepcionales a empresas en crisis o en proceso de reestructuración, evitando procedimientos administrativos legalmente establecidos para el otorgamiento de las mismas y los controles de fiscalización previos que había de realizar la Intervención General de la Junta de Andalucía». El citado convenio fue firmado en julio de 2001 por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera y el entonces presidente del IFA, Antonio Fernández, y su duración expiraba en diciembre de 2003 aunque el IFA ha seguido haciendo frente a las obligaciones derivadas de los compromisos adquiridos hasta la fecha.
Dice la querella que para financiar este sistema los presupuestos de Empleo de 2001 a 2009 incluyen partidas con la denominación de transferencia de financiación de explotación al IFA dentro del programa 31L u otros equivalentes y que el valor total de los fondos transferidos de 2000 a 2010 asciende a 647.869.157,45 euros.
Según el PP, se detectaron diferencias de 170.000 euros entre las cuantías reflejadas en la liquidación del presupuesto de Empleo y el dinero librado por los entes que gestionaron las ayudas, la inexistencia de informes jurídicos, la falta de publicidad o las subvenciones arbitrarias y discrecionales a empresas de militantes socialistas y ayuntamientos del PSOE. El PP pide la declaración del ex interventor, Manuel Gómez Marín, el interventor delegado de Control Financiero, Ignacio García y el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo.

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17 marzo 2011

Griñán intenta eludir el 'fondo de reptiles' cargando la culpa al ex director de Empleo que lo denunció


El PP va a exigir tanto en el Parlamento como por vía judicial responsabilidades concretas, sobre todo a José Antonio Griñán.
2011-03-08

Lo que está muy claro es que el Servicio de Intervención de la Junta de Andalucía qué dependía en 2005 del consejero de Economía, José Antonio Griñán, conocía la existencia del "fondo de reptiles" denunciado por el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero. No sólo lo conocía, sino que envió tres informes sucesivos denunciando su ilegalidad. ¿Por qué Griñán no eliminó aquel procedimiento irregular en su momento y ha consentido que las cosas llegaran a dónde han llegado? Griñán descarga su responsabilidad en la voluntad rebelde del director general denunciante, pero eso, en una estructura jerárquica, resulta a todas luces imposible.
Por ello, el PP va a exigir tanto en el Parlamento como por vía judicial responsabilidades concretas, sobre todo a José Antonio Griñán, de quien Javier Arenas asegura ya que "a lo mejor Griñán no puede continuar ni un segundo como presidente", ya que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009.

El Gobierno andaluz mantiene que la decisión de desoír al órgano superior de control interno y de contabilidad pública de la Administración andaluza fue una decisión "técnico-política" del ex director general de Trabajo. Sin embargo, la instrucción 1/2005 de 18 de mayo de la Intervención General consultada por La Razón detalla en su protocolo que los titulares de Hacienda –Consejería de la que depende– y Empleo –al que afecta el informe– deben conocer sus trabajos cuando afectan a organismos sometidos al control financiero permanente, como era este caso. O Griñán conocía los reparos que la Intervención puso a cómo se gestionaban esos fondos, o la propia Intervención incumplió sus directrices, algo improbable.

No era descontrol lo que había porque las partidas aparecían en los Presupuestos. Entre 2001 y 2009 la suma de todas ellas ascendió a 647 millones de euros. Pero la Intervención andaluza tenían que "examinar una muestra representativa de los expedientes de gasto del periodo" o "que las subvenciones concedidas en el periodo lo son a beneficiarios que reúnen los requisitos previstos". Y ya en 2005, la Intervención General dependiente de Griñán señaló que el procedimiento seguido no era el correcto y lo reiteró en 2006 y 2007. Tres informes sucesivos, tres años con Griñán de Consejero. Y por si fuera poco añadía que el centro de trabajo, esto es, la Dirección General de Empleo, debía rectificar e implantar las recomendaciones de Intervención. Pero no se hizo.

¿Culpa y responsabilidad de Griñán que no ordenó taxativamente el fin del "fondo de reptiles" o culpa y responsabilidad de Guerrero que hizo caso omiso a la Intervención?

Francisco Javier Guerrero admitió que la tramitación para esas ayudas era un tema "absolutamente no regulado" y que tuvieron "debates con ocho borradores de decreto y 10 borradores de Órdenes". Griñán dijo en el Parlamento que la Intervención "no detectó irregularidad alguna en los pagos". De ser así –salvo que los informes digan lo contrario–, el caso pudo llegar al Consejo de Gobierno.

Lo que no es de recibo es que, siendo la Consejería de Griñán consciente de los hechos, estos hayan seguido produciéndose seis años después de la denuncia.

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El socialista que 'trabajó' desde la cuna: de botones a millonario

De botones pasando por concejal en Jerez, consejero de Agricultura y de Empleo hasta llegar a millonario prejubilado.

2011-03-06

Libertad Digital
Quién le iba a decir a Antonio Fernández cuando trabajaba para las bodegas González Byass de botones con 14 años, que acabaría siendo un prejubilado millonario gracias a ellas.
Es el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010 cuya fecha de antigüedad en la bodega jerezana coincidía con la de su nacimiento, el 15 de julio de 1956. Algo que él achaca a un "error humano".
Cuando todavía estaba al frente de Empleo fue el momento en que entró en el último expediente de regulación de la bodega, de los que 400.000 eran para él.
Tal y como recuerda La Razón, su carrera política comenzó en 1983 y siempre al lado de Manuel Chaves, primero en la Diputación de Cádiz y después en las consejerías de Agricultura y Empleo. Fue este último cargo el que hizo que su nombre se barajara para suceder a Celestino Corbacho.
Sin embargo, su carrera política comenzó a truncarse tras negarse a destituir al delegado de empelo de Sevilla, Antonio Rivas, después de ser imputado por el caso de Mercasevilla. Griñán lo cesaba fulminantemente.
Tras ocho meses abandonaba definitivamente la política, no así el carné de partido. Y este paso lo dio cuando se aseguró la presidencia del Consejo Regulador del Vino.

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16 marzo 2011

La dirección del PP da por hecho la caída de Griñán y ve candidata a Aguilar

Génova da por amortizado a Griñán: "No será candidato". Y apunta a un sustituto: Rosa Aguilar. Asegura que las corruptelas irán a más.

2011-03-16

Pablo Montesinos
José Antonio Griñán no será candidato del PSOE a las elecciones andaluzas, que se celebrarán -si no hay adelanto- en marzo de 2012. Con esta hipótesis trabajan las direcciones del PP a nivel nacional y autonómico, que añaden que "si no se va él" le acabarán echando desde Ferráz a fin de amortiguar la fuga de votos.
Varios factores influirán en la caída del actual presidente de la Junta Andalucía, en opinión del Partido Popular. Sin embargo, el más importante es que Griñán está "enfangado hasta el fondo" en el caso del fraude masivo en Andalucía, que incluye financiación ilegal de los socialistas.
El informe clave contra Griñán
La clave está en el informe que la Intervención General de la Junta envió a la Consejería de Empleo, cuando ésta era dirigida por Griñán. De dicho documento -y hay otros tantos que aún no han visto la luz- se desprende que desde el año 2005 "sabía lo que estaba pasando -en relación a los ERE-, no lo impidió y encima lo ocultó", según Esteban González Pons.
"Se estaba utilizando dinero de los parados para concesiones ilegales, y él estaba al corriente de todo", destacó el vicesecretario de Comunicación popular, en declaraciones a Libertad Digital. Un extremo, el del fondo de reptiles, al que unir otros escándalos de peso que, anuncian en el PP, empezarán a salir en los próximos días.
"Esto no ha hecho nada más que empezar. La consejería era un polvorín", aseguran las fuentes consultadas, que incluyen en ese combo de corruptelas la presunta financiación ilegal, que encerraría el pago de actos de partido a cambio de "favores".
Rosa Aguilar, sustituta
Por todo ello, la cúpula del PP da por amortizado a Griñán, y augura que "en breve" -seguramente tras el 22-M-, Ferráz iniciará la maquinaria para elegir un nuevo cabeza de cartel a las elecciones andaluzas. También tiene opinión sobre el posible sucesor: creen que Rosa Aguilar, actual ministra de Medio Ambiente, tiene todas las papeletas.
Un escenario con el que trabaja ya el líder de los populares andaluces, Javier Arenas. Tanto es así, informan fuentes del aparato, que desde el PP estudian rediseñar la estrategia electoral para ajustarla al nuevo cabeza de cartel. Sea quien sea, eso sí, en Génova sentencian: "El cambio en Andalucía será un hecho en 2012", algo que desde hace meses auguran las encuestas.
El papel de Chaves y Zarrías
Tan grave es el escándalo andaluz, aseguran desde las más altas instancias del PP, que aseguran que los cadáveres políticos no se quedarán en Andalucía. "También caerá Manuel Chaves", apunta un miembro de la cúpula, que pone el acento en que "nadie se cree que no estuviera al tanto de todo".
En rueda de prensa, la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, incluía un nombre más, el del secretario de Estado Gaspar Zarrías. Y es que, arguyó, el Ejecutivo central también está "contaminado".
"Está pasando la fase de las aclaraciones y debemos empezar la fase de las dimisiones", concluyó la número tres del PP. Este miércoles, la sesión de control al Gobierno se ha vuelto a convertir en un polvorín -descalificaciones incluidas- a propósito de los ERE.

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La Fiscalía pilló al ex alcalde socialista de Carbonera con una bolsa de votos y no lo imputó

La Audiencia Provincial de Almería ha ordenado al juzgado instructor que continúe la causa abierta contra él.
2011-03-16

El primer teniente de alcalde de Carboneras, el socialista Francisco Ruiz Aguado, sustituyó a Cristóbal Fernández cuando este permaneció inhabilitado en cumplimiento de una sentencia por haber cometido un delito electoral, y mientras el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le indultaba para que así pudiera presentarse a las elecciones. El ahora concejal socialista sustituyó a Cristóbal Fernández mientras estaba inhabilitado por delito electoral como su hermana, a los que indultó el presidente de Gobierno para que pudieran presentarse a las elecciones de 2007. Pues la Fiscalía encontró a ex alcalde Ruiz Aguado con una bolsa de votos y no quiso imputarlo por delito electoral a pesar de ni siquiera negó los hechos. El PSOE en Almería, pues, reincide en un fraude electoral.

Tras la inhabilitación de su antecesor por delito electoral, Ruiz ejerció de alcalde y ahora, según Noticias de Almería, la Audiencia Provincial de Almería ha ordenado al juzgado instructor que continúe la causa abierta contra él por un presunto delito electoral, y en el auto llega calificar de "indudablemente" que la existencia de "indicios racionales de criminalidad".

Según la denuncia, fue en las elecciones de 2007 cuando un particular sorprendió a Ruiz tirando a un contenedor de basura una bolsa de plástico que contenía, entre otros documentos, anotaciones manuscritas con "supuestas contraprestaciones" presuntamente ofrecidas por él a cambio de su voto por correo para el PSOE. Hay que recordar que este municipio ostenta todo un récord en voto por correo, motivo de las primeras denuncias.

La decisión de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, estima el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular contra el auto del Juzgado de Instrucción 1 de Vera que acordó sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, por lo que le reclama que realice más pruebas.

Un dato relevante es que la solicitud de archivo que la Audiencia rechaza contó con informe favorable del fiscal, si bien éste sí imputa a otros tres concejales socialistas y un empresario. Precisamente el auto destaca el contrasentido que supone la postura de la Fiscalía, cuando es Ruiz quien fue cogido tirando la bolsa con un elevado número de resguardos de votos por correo de vecinos de Carboneras, sobres sepia con papeletas para todos los partidos a excepción del PSOE.

La Audiencia también le recuerda al fiscal que el edil ni siquiera "ha negado" los hechos, y como eso en sí mismo no supone "infracción alguna" pero sí es indicio de una actuación "cuando menos contraria al ordenamiento que puede ser completada si aparecen otras personas que conecten los escritos hallados con las peticiones ofrecidas".

Entre las diligencias de prueba que la Audiencia Provincial ordena se practiquen están las solicitadas por la acusación particular, que pidió, entre otras, que se investigase la titularidad y filiación de los números de teléfono que figuran en el atestado de la Policía Judicial como los presuntos beneficiarios de los "favores" del alcalde, que, según sus supuestas anotaciones, prometía a cambio de voto mejoras en las calles de sus viviendas o negocios, e "incentivos" en forma de subvención o de pago de la factura de la luz.

La lista da presuntos favores relatados es de índole diversa. Así la primera teniente de Alcalde de Carboneras, Rosario Fernández también aparece denunciada, ya que presuntamente logró que una vecina votase por correo a la lista socialista tras ofrecerle un puesto de trabajo como limpiadora en el Ayuntamiento.

Fernández ya fue condenada junto con su hermano Cristóbal en enero de 2005 por a seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por la comisión de otro delito electoral, de lo que como ya se ha indicado fueron indultados por Zapatero, y tras presentarse en 2007, el PSOE volvió a ganar y ahora nuevamente se investiga penalmente la comisión de nuevos delitos electorales en este municipio. La condición del indulto fue que no volvieran a cometer delito doloso en el plazo de dos años.

Junto a Ruiz y Fernández, aparecen también la edil socialista Josefa Cruz Orta, la ex concejal Josefa Ruiz Sáez y el empresario Juan Cruz Cervantes.
 

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28 marzo 2010

Los Salinas, la transición del socialismo al capitalismo y un brote Verde, y 9

2010-03-28

Pedro de Tena/Antonio Barreda

Por ello, en lugar de aportar palabras, que se las lleva el viento como todo el mundo sabe, tratamos de aportar testimonios que, al menos, hagan dudar a quienes nos condenan. Muchos de los hechos y circunstancias que se dan cita en esta serie tienen por fuentes directas a personas relacionadas con el PSOE, deseosas desde la sombra de que el régimen andaluz, que no es del PSOE en su conjunto sino de la oligarquía que lo ha regido desde hace décadas, dé paso  a un PSOE más próximo a Besteiro que a Prieto y Largo Caballero. Los Salinas no han sido denunciados sólo por La Tela de Araña. Hoy vamos a recordar como una diputada de la lista del PSOE de Málaga, la verde Inmaculada Gálvez, lo hizo asimismo en 2006. No, no es odio ni sectarismo. Es deseo de verdad y deseo de que florezca un PSOE en España con el que todos podamos convivir en una democracia compartida y respetada.

Inmaculada Gálvez ha ido una rara vis en el socialismo andaluz. Inmaculada Gálvez fue, de 2000 a 2004, diputada de Los Verdes en las listas del PSOE en el Parlamento andaluz. Luego se vinculó a Ciudadanos. Abogada y residente en Marbella ha denunciado la corrupción en Marbella, no sólo la corrupción de Jesús Gil sino la corrupción del PSOE en la ciudad, muy anterior a la llegada de Gil a la alcaldía. Poco a poco fue comprendiendo que Los Verdes en Andalucía habían sido deglutidos por el PSOE y que su líder, Francisco Garrido, sólo era conocido en España por haber hablado de los simios, como dijo a la Revista Natural.

Sus actuaciones le han causado problemas, porque, como es sabido, el que se mueve no sale en ninguna foto del poder si bien puede salir e alguna foto policial. El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga absolvió en 2007 a la ex parlamentaria andaluza de Los Verdes, acusada de un delito de resistencia a la autoridad por oponerse en diciembre de 2000 al desalojo emitido en un decreto del Ayuntamiento de Marbella de la cafetería del Hogar del Jubilado de Las Chapas, en este municipio. Pero finalmente cayó. La abogada fue condenada a seis meses de prisión por resistencia a la autoridad y falta de lesiones, en este caso, a la Policía Local, después de que ella denunciara el exceso de ruido en la obra del museo Revello de Toro, de propiedad municipal, el 21 de mayo de 2009, en la calle Afligidos de la capital.

Según la sentencia, la abogada lesionó en una muñeca a uno de los agentes que acudió a su llamada, a pesar de que era trasladada en una silla por una pareja de policías. Ella presentó un parte de lesiones, con moratones en el pecho y en un brazo, que no ha tenido en consideración ni el juez ni el fiscal.

Pues bien, fue esta abogada la que denunció, entre otros, a Los Salinas. Pero no lo hizo a espaldas del PSOE, sino que lo denunció al propio PSOE andaluz. En mayo de 2002, Inmaculada Gálvez se reunió, en la sede regional socialista en Sevilla, con Manuel Chaves, secretario regional y presidente nacional del PSOE, y los principales dirigentes andaluces. En aquel cónclave dijo que no apoyaría a Isabel García Marcos, "la rubia",  porque no le gustaban ni ella ni sus asesores ni sus reuniones con constructores. Uno de sus asesores era Rafael Salinas, del clan Salinas de toda la vida del socialismo andaluz.

García Marcos organizó la Fundación Plan Marbella Innovación a cuya presentación, fíjense qué nivel,  acudió Álvaro Cuesta, secretario de Política Municipal del PSOE, que era uno de sus apoyos, según ella. Desde el principio, la Fundación se ocupó de todo lo relacionado con García Marcos, que nunca desveló el nombre de las empresas que la financiaron, aunque a estas horas la Policía y el juez ya deben saberlo. Se decía que era un foro de debate para e diseño del futuro de Marbella. En realidad, era una plataforma de lanzamiento personal.

Pues bien, García Marcos fichó a Rafael Salinas como coordinador. Recuérdese que este Salinas, su hermano e incluso su padre estuvieron involucrados e imputados judicialmente en el cobro de comisiones multimillonarias al constructor Jesús Gil en los años 80. ¿Qué hizo el PSOE? Callar y mirar hacia otra parte. Ah, y está por investigar qué papel jugaron Pepiño Blanco y el propio Zapatero en la consolidación de la candidatura de la García Marcos a cambio del voto guerrita en el congreso que aupó a ZP.

Pero, Inmaculada Gálvez, además de denunciar lo manejos de Los Salinas, denunció todo esto, recuérdese:


a) Que Isabel García Marcos, entonces candidata socialista a la alcaldía de Marbella, pidió 100 millones de pesetas para financiar su campaña electoral y se los pide a los Verdes en la Marisquería Santiago.

b) Que en la Cafetería Goto, Isabel García Marcos afirmó que el PSOE no la apoyaba en las primarias de su partido porque lo tenía todo pactado con el GIL.

c) Que  Isabel García Marcos culpaba a Gaspar Zarrías de las andanzas socialistas con el GIL porque había sido jugador del Atlético de Madrid en sus años mozos.

d) Que la jueza Pilar Ramírez tuvo que ser recusada porque tiraba a la papelera uno tras otro todos los archivos judiciales relacionados con las denuncias del caso GIL.

e) Que ella misma recibía amenazas de Francisco López en el bar Puerta Oscura de Málaga en términos como que “el aparato del partido es muy poderoso”(es decir Chaves es poderoso) y que podría volverse contra ella en los ámbitos que menos se pensara. Esto ocurre cuando ella critica a Isabel García Marcos, la voz cantante del PSOE marbellí, por sus actitudes. ¿Y quién era Francisco López? Pues en 2007 lo encontramos como diputado provincial de Cultura del PSOE de Málaga, en compañía de la nueva presidenta del PSOE andaluz, Rosa Torres y el nuevo consejero de Cultura, Paulino Plata, ambos aupados por Pepe Griñán.

f) Que en reiteradas ocasiones denunció los hechos al PSOE y a Manuel Chaves. Especialmente la Fundación Plan de Innovación de Marbella, regida por García Marcos y gestionada por Rafael Salinas, hermano de quien fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Miguel Salinas.

g) Que afirmó en una entrevista que “en Marbella, a veces me da más miedo el PSOE que el propio GIL”. Y los que defendían a Isabel García Marcos eran Marisa Bustundy, antiguo factótum del PSOE de Málaga y Salvador Pendón, el que iba a ser encargado de formar la gestora de Marbella por Manuel Chaves. Pendón fue imputado por pegar a un adversario y fue uno de los que utilizó su móvil oficial para extender los SMS antiPP del 11-M de 2004.

h) Que el mismo Pendón, Salvador, presidente de la Diputación de Málaga, la insultó espetándole un “abogada de mierda” con un mensaje SMS, a los que es tan aficionado, no hace siquiera un año.

i) Que advirtió a Luis Pizarro, ex vicesecretario general del PSOE de Andalucía y hoy consejero de Griñán, y a María del Mar Moreno, entonces presidenta socialista del Parlamento andaluz y hoy presunta mano derecha de Griñán, sobre las andanzas de su compañera García Marcos y éstos no movieron un dedo y se negaron a quitarla de la candidatura socialista en las elecciones de 2003.

j) Y que la "rubia" García Marcos expresaba públicamente que a ella no le pueden tocar un pelo porque sabía demasiadas cosas acerca de las relaciones del PSOE con el GIL.

Léala en la web original y acceda a los capítulos anteriores.

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14 octubre 2008

El fiscal rechaza el pacto sobre las facturas falsas que impulsaba el PSOE

Publicado Martes, 14-10-08
Habrá juicio de las facturas falsas del Caso Macarena. La Fiscalía de Sevilla notificó ayer a las partes que no aceptaba la propuesta de conformidad según la cual los imputados aceptarían pagar casi 20.400 euros —al importe de las facturas que el fiscal considera acreditado que se cobraron y no se ejecutaron— más intereses a cambio de la rebaja de un grado en las acusaciones, lo que les evitaría ingresar en prisión.

Tal y como adelantó ABC el pasado domingo, este acuerdo se planteó con la mediación del propio PSOE, que ha intentado hasta el último momento que no se celebrase el juicio de las facturas falsas. Concretamente, el partido encomendó la gestión a uno de sus asesores jurídicos de máxima confianza, quien se entrevistó con los abogados de los imputados y de la acusación, ejercida por el PA. Este abogado, una de las personas de confianza de la secretaria de Organización, Susana Díaz, ocupa actualmente un puesto de libre designación en la Diputación, donde asesora en asuntos relacionados con el ámbito jurídico, la misma función que desarrolla para el partido...


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12 octubre 2008

El PSOE intenta forzar un acuerdo para evitar el juicio de las facturas falsas

El PSOE intenta forzar un acuerdo para evitar el juicio de las facturas falsas
El PP pedirá una comisión de investigación sobre los «enchufes» en el Ayuntamiento

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Ignacio Zoido, anunció ayer que su grupo pedirá una comisión de investigación en el próximo Pleno extraordinario solicitado por ellos para abordar las contrataciones de familiares en el Consistorio hispalense, que tendrá lugar entre finales de octubre y principio de noviembre. Así, Zoido explicó que se solicitará dicha comisión de investigación ante «los escándalos de enchufes y trato de favor del Ayuntamiento de Sevilla: el primo, el cuñado y la cuñada del alcalde, el primo y la madre de Francisco Manuel Silva». «Si mi nombre o el de alguno de mis concejales estuviera en tela de juicio, yo mismo pediría una comisión de investigación y firmaría el decreto de creación si fuera el alcalde de Sevilla», garantizó el portavoz popular, quien sentenció que «el Ayuntamiento está manchado por la corrupción». Zoido resaltó que esta comisión es compatible con posibles acciones judiciales.

El PSOE de Sevilla está actuando de mediador para intentar forzar un acuerdo que evite el juicio de las facturas falsas, que comienza el próximo martes en Sevilla y en el que se juzgará una presunta trama de corrupción en el distrito Macarena.
Según confirmaron fuentes judiciales a ABC, una persona vinculada al PSOE está mediando para lograr un pacto de conformidad que se ha hecho llegar al fiscal, según el cual los imputados aceptarían pagar casi 20.400 euros más intereses a cambio de la rebaja de un grado en las acusaciones, según las citadas fuentes. Fuentes oficiales del PSOE aseguraron ayer, no obstante, desconocer la operación.
La cifra de 20.400 euros corresponde al importe de las facturas que el fiscal considera acreditado que se cobraron y no se ejecutaron, incluidas en el lote de 28 facturas dudosas que se van a enjuiciar, y cuyo importe global es de unos 50.000 euros.
Los tres acusados son el ex secretario del distrito, José Marín, para el que el Ministerio Fiscal reclama cinco años y tres meses de prisión; el contratista José Pardo, quien ya estuvo implicado en el Caso Guerra y para quien se piden cuatro años y tres meses de cárcel, y el colaborador del distrito Manuel Portela, quien se enfrenta a una petición de pena de un año y cinco meses. Con el acuerdo, las penas pasarían a ser de nueve meses para Manuel Portela; 24 meses para José Marín y de 20 a 21 meses para José Pardo, por lo que ninguno de los imputados iría a prisión.
El juicio que comienza el próximo martes ha despertado una notable expectación y su evolución es impredecible, lo que justificaría el interés socialista en cerrar cuanto antes este polémico asunto, que puso en una situación muy comprometida a Sánchez Monteseirín...


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10 octubre 2008

El TSJA califica de fraude urbanístico la cesión de suelo para la mezquita


Viernes, 10-10-08
El TSJA califica de fraude urbanístico la cesión de suelo para la mezquita
Vecinos de Los Bermejales en una de sus manifestaciones contra la construcción de la mezquita. RAÚL DOBLADO

No eran xenófobos. Sólo defendían que los suelos públicos eran para dotaciones del barrio y no para cederlos para construir una mezquita, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les ha dado la razón. Aunque el alcalde en la campaña de las elecciones municipales de 2007 ya anunció que la mezquita no se construiría en Los Bermejales, una sentencia del TSJA califica ahora de «fraude urbanístico» la cesión de aquellos terrenos por el Ayuntamiento a la Comunidad Islámica y señala además que los ciudadanos «tienen derecho a decidir cómo deber ser el lugar en el que conviven o al menos, a ser oídos».
La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, que declara nula la cesión del suelo a la Comunidad Islámica promotora de la mezquita de Bermejales, critica también que el Ayuntamiento suprimiera los derechos de los vecinos otorgando calificaciones que no se ajustan a la realidad y mediante un procedimiento que dificulta e impide el cumplimiento de esos derechos ciudadanos.
De esta forma y definitivamente, pues que no cabe recurso, el fallo declara nulo el acuerdo de 10 de marzo de 2005 de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento por el que se cedía a la Comunidad Islámica en España 6.000 metros cuadrados en Los Bermejales para la construcción de una mezquita. Asimismo, la sentencia revoca la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 que avaló en diciembre de 2007 la cesión de suelo municipal...


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