15 marzo 2011

Uno de los implicados en los ERE donó al PSOE la sede de Camas

José Antonio García Prieto cobró 70.000 euros de un ERE fraudulento en la empresa textil Intersur entre 2003 y 2007.
2011-03-15

LIBERTAD DIGITAL
El socialista José Antonio García Prieto fue uno de los intrusos que percibió fondos de los ERE fraudulentos en Andalucía. Y además donó al PSOE sevillano la sede de Camas, lo que podría suponer un delito de financiación irregular.
Según informa El Mundo, este socialista cobró durante varios años como falso prejubilado en la empresa textil Intersur. La cantidad que pudo percibir entre 2003 y 2007 podría ascender a los 70.000 euros.
El 17 de septiembre de 2003, García Prieto y la que fuera alcaldesa de Camas entre 2000 y 2003, Encarnación Díaz, ambos concejales del PSOE en ese momento, compraron un local de 118 de metros cuadrados en un edificio de reciente construcción en el centro de la ciudad. Declararon ante notario haber pagado 57.000 euros por él.
El 10 de mayo de 2010 ambos volvieron a la notaria y allí donaron el local al Partido Socialista de Camas. García Prieto asegura ahora que este local nunca fue suyo sino que siempre fue del grupo municipal socialista. De este modo, afirma que "como el grupo no tenía CIF, hubo que hacerlo a nombre de Encarnación, que era la presidenta, y mío, que era el secretario del Grupo Municipal".
Además, dijo que no escrituró hasta 2010 la sede a nombre del PSOE era porque el partido a nivel provincial "no estaba en condiciones económicas" para adquirir locales.
Del mismo modo, García Prieto agregó que pese a que tanto él como Encarnación Díaz figuraban en el contrato de alquiler, primero, y en la hipoteca, después, siempre fue el "Grupo Municipal" el que pagó los gastos. "Nos hacían una transferencia a nuestra cuenta el mismo día que había que pagar la cuota", agregó.

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14 marzo 2011

Cuatro directivos de Cajasol, presidida por el socialista Antonio Pulido, disfrutan de una renta vitalicia pese a no prestar servicios a la caja.


Los directivos de Cajasol cobraban rentas vitalicias aunque no prestaban servicios

2011-03-14

El ex director general adjunto de la caja El Monte (ahora integrado en Banca Cívica), Alberto Alonso Lobo, ha declarado como imputado en una pieza separada del caso Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella (Málaga). Presuntamente, Lobo concedió un préstamo de 7,8 millones de euros a una empresa inmobiliaria. Los otros imputados son el ex gerente de El Monte Fernando Faces García, el ex director general Juan Pedro Álvarez Jiménez, y el ex secretario de la caja sevillana José Manuel Giménez Fernández
Alonso Lobo, ex director general adjunto, declaró el pasado miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella y, al igual que los restantes imputados, defendió que fue una operación normal que se concedió al empresario Luis Portillo porque era un buen cliente, de solvencia acreditada, y además se devolvió en su integridad. Por tanto, no sabía nada de la presunta operación de blanqueo de dinero.

La operación investigada deriva de un suelo que había sido objeto de expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento de Marbella que luego fue vendido a Portillo cuando Jesús Gil ocupaba la alcaldía. La imputación de los ex directivos de El Monte se fundamenta en que conocieron las circunstancias, actuaron en perjuicio de los expropiados o conocían el destino de la operación, el blanqueo de dinero.

La operación se firmó en 1999 y se devolvió en su integridad, por lo que los ex directivos sostienen que no causó ningún perjuicio a la entidad bancaria y, además, el presunto delito estaría prescrito por haberse cometido hace doce años.

Coincidencias asombrosas

Pero lo sorprendente de algunas coincidencias es que Cajasol, presidida por el socialista Antonio Pulido, pagaba una renta vitalicia a cuatro exdirectivos de El Monte que son, precisamente, Juan Pedro Álvarez Giménez (director general) Fernando Faces García (director general gerente, ya jubilado), Alberto Alonso Lobo (director general adjunto) y José Manuel Giménez Fernández (secretario general). Todos ellos cuatro disfrutan de esa renta vitalicia pese a no prestar servicios a la caja. El contrato, además, les permitía capitalizar la citada renta a voluntad, así como que la entidad de ahorro debería constituir una póliza de seguro colectivo de prestación a favor de esos cuatro directivos para asegurar la percepción y sin imputación fiscal para los beneficiarios, póliza que además recogería que en caso de fallecimiento del empleado en activo, sus beneficiarios recibirían las prestaciones previstas. Estos hechos fueron denunciados por El País.

Estas asignaciones asombrosas están incluidas en la agenda incluida en el Acuerdo de Previsión Social Complementaria de diciembre de 2000 y avalada por el comité de empresa representado por Comisiones Obreras. En el escrito se le llama "la percepción, con carácter vitalicio, de una renta anual revisable, cuyo importe coincidirá con el último salario anual como activo más las revisiones anuales correspondientes".

El País no ha mostrado mucho interés en conocer por qué Antonio Pulido, actual presidente de Cajasol, sigue abonando tales percepciones. Tampoco parece querer saber por qué Griñán, hasta 2009 consejero de Economía y Hacienda y responsable de las inspecciones de la Junta, guardó silencio sobre el particular.

Más coincidencias: Operación Nochebuena

La operación Nochebuena, realizada con el apoyo necesario de Manuel Chaves, fue el desesperado intento de sostener la cotización de la inmobiliaria Colonial, regida entonces por Luis Portillo, en bolsa, con el respaldo de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno en La Moncloa y el dinero que debían aportar las seis cajas de ahorro de Andalucía, cuyos presidentes fueron convocados a una reunión de urgencia que debía celebrarse en Sevilla en la mañana del lunes 24 de diciembre, día de Nochebuena de 2007. La operación fue destapada por El Confidencial.

En efecto, en la mañana del sábado 22 de diciembre, los presidentes de las entidades de ahorro andaluzas fueron contactados por responsables de la Junta de Andalucía para asistir a una reunión en Sevilla, en la cual se iba a tratar la situación de Colonial y la forma de ayudar a la inmobiliaria a salir del bache, operación que contaba, con el pleno respaldo del Gobierno, de David Taguas y, naturalmente, de Manuel Chaves.

Pero los distintos responsables de Cajas, con excepción de Antonio Pulido, hombre de confianza de Manuel Chaves y actual presidente ejecutivo de Cajasol manifestaron enseguida su deseo de escurrir el bulto enviando a la reunión sevillana a representantes de segundo nivel, en un movimiento destinado a eludir la toma de cualquier compromiso que pudiera comprometerles. La reunión en cuestión se celebró, en efecto, en la mañana del 24 de diciembre pasado.

Entre los oficiantes del cónclave estaba, cómo no, el más que amigo de Portillo y alcalde socialista de Dos Hermanas Francisco Toscano Sánchez, responsable en gran medida de la deslumbrante irrupción inicial de Portillo en el mundo del ladrillo. Junto a Toscano, José Antonio Viera Chacón, ex delegado del Gobierno en Andalucía, ex consejero de la Junta y actual secretario provincial del PSOE de Sevilla, además de número dos de la lista de Sánchez Monteseirín a la alcaldía hispalense, entre otros cargos, siempre ligados al PSOE andaluz. A los reunidos se les explicó que el plan consistía en sostener la cotización de Colonial en Bolsa mediante la aportación de 100 millones de euros que serían proporcionados de forma alícuota por las Cajas. De acuerdo con las fuentes, "a los reunidos se les informó que aquella misma mañana, y a la misma hora, el propio Luis Portillo estaba reunido con David Taguas en La Moncloa coordinando el plan de rescate".

Afortunadamente para las Cajas y para los impositores andaluces, fue imposible tomar decisiones en firme, puesto que cada uno de ellos se escudó en la necesidad de transmitir la petición que acababan de recibir a sus respectivos presidentes para que obraran en consecuencia. En suma, las entidades lograron evitar con esa treta el pago de ese impuesto revolucionario. Poco después, el día de los Inocentes, Portillo era defenestrado de Colonial.

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Imputan al ex consejero de Trabajo de la Junta por el fondo de reptiles

La juez le manda un burofax

Antonio Fernández dice que la declaración del ex director general es "poco creíble".

2011-03-14

Libertad Digital
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía gracias a un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ha comunicado al ex consejero de Empleo Antonio Fernández que, a cuenta del contenido de las diligencias, debe designar a un procurador y a un abogado al objeto de personarse en la causa en calidad de imputado.
El propio Antonio Fernández ha informado a Europa Press de que, en efecto, la juez Mercedes Alaya le ha remitido un burofax en el que le comunica que, de las diligencias practicadas en esta causa, se deduce su "presunta participación" en los hechos investigados. Los hechos, en concreto, son el libramiento de 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis mediante una fórmula ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, además de una supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo incentivados gracias a este acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el IFA.
En este burofax, según ha detallado el ex consejero Antonio Fernández, la juez Mercedes Alaya le insta a designar a un procurador y a un abogado para personarse a todos los efectos en estas diligencias en calidad "de imputado". No obstante, Antonio Fernández ha considerado que se trata de algo "lógico" por lo que a los procedimientos judiciales se refiere, manifestando que se siente "muy tranquilo" por su labor al frente de la Consejería de Empleo.
El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía ha aclarado que la juez no le ha convocado a declarar en fecha alguna, pero de cualquier modo, ha señalado su "tranquilidad" ante esta decisión de la juez Mercedes Alaya. Y es que, desde su perspectiva, el testimonio del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, quien había calificado como "fondo de reptiles" estos 647.869.157,45 euros, es "poco creíble". "Estoy aguantando la situación", ha enfatizado Antonio Fernández.
En paralelo a estas diligencias, la Consejería de Empleo promueve una investigación interna en torno a estos expedientes de regulación de empleo, aspecto que se ha saldado hasta el momento con el descubrimiento de 59 'intrusos' o personas prejubiladas en empresas en las que nunca habrían trabajado, además de otras 87 incidencias relacionadas con prejubilaciones incentivadas con estos 647.869.157,45 euros que, según la Policía Judicial, habrían sido librados al margen de la necesaria fiscalización. Estos expedientes de regulación de empleo en cuestión han sido promovidos por empresas como Mercasevilla, el restaurante Río Grande, 'SOS Cuétara', 'Cash Lepe', Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans.
Antonio Fernández fue consejero de Empleo entre los años 2004 y 2010 y ha ocupado escaño en el Parlamento andaluz como diputado del Grupo Socialista por Cádiz hasta finales del pasado mes de noviembre, cuando renunció al acta para dedicarse en exclusiva a su nueva responsabilidad como presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez.

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La Tela de Araña Andaluza. La lista del decretazo, 12

2011-03-14

Seguimos nuestra ya larga marcha. Cuatro razones hay para que el señor Griñán quiera proceder a la confusión total de la administración andaluza, compuesta por funcionarios y laborales, con los trabajadores de las empresas, fundaciones y entes públicos que no han sido ni contratados ni formados al estilo de la Función Pública.

La primera, cumplir sus compromisos adquiridos con los afines a los que sistemáticamente han colocado en estos entes sin necesidad de aprobar oposiciones complejas.

La segunda, tener controlado al PP en caso de que gane las elecciones puesto que nada se moverá dentro de la Junta y sus entes que no conozca de primera mano un PSOE que la dejará "minada" de personal aliado.

La tercera, garantizar el dominio sindical de los sindicatos afines, CCOO y UGT, en próximas negociaciones colectivas donde se tratará de unificar el cuerpo electoral sindical. Dado que entre los nuevos "laborales de agencia" y los laborales tradicionales la mayoría hasta ahora la consiguen ambos apéndices del PSOE, es probable que en un horizonte temporal no muy lejano los demás sindicatos de funcionarios, independientes y demás queden en gran medida marginados.

La última, es el abaratamiento general de los salarios de la administración puesto que la mayoría de los empleados de las empresas, entes y fundaciones cobran menos que funcionarios y laborales de la Junta. ¿O lo hará al revés? Esto es, ¿pagará a los empleados de los Entes lo mismo que los funcionarios de carrera o laborales de larga trayectoria?

Mientras esto va cuajando en la historia, sigamos con nuestra lista.

Hoy queremos empezar con una cuñada del propio José Antonio Griñán, que hemos localizado en Sadiel. En uno de los censos que ha elaborado la dirección muy recientemente, aparece María Victoria Caravaca de Juan como empleada de esta empresa pública teniendo su centro de trabajo en el edificio Blue Net, considerado el edificio de los "elegidos" y de la máxima confianza de la suprema altura.
1129

SEV
 Estadio Olímpico (Planta 5ª) Isla de la Cartuja
1130

SEV
 Servicio Andaluz de Salud Edif. Hytasal. C/ Pedro Muñoz Torres, s/n
1131

SEV
 C. Gobernación Plaza Nueva, 4
1132

SEV
 C. Justicia y Admón Pub. C/ Muñoz Torrero, 1
1133

SEV
 Estadio Olímpico (Ala Este-Puerta J) Isla de la Cartuja
1134
MARIA VICTORIA CARAVACA DE JUAN
SEV
 Edificio BlueNet (Planta 1ª) Isla de la Cartuja
1135

SEV
 Estadio Olímpico (Planta 5ª) Isla de la Cartuja
1136

SEV
 Edificio BlueNet (Planta 1ª) Isla de la Cartuja
1137

SEV
 EXTENDA, S. A. C/ Marie Curie, 5, Pabellón de Suecia. Isla de la Cartuja

En esta misma empresa pública inicialmente y aún con capital de la Junta de Andalucía, encontramos a Rafael Camacho Ordóñez, ex portavoz de Manuel Chaves y ex director de la RTVA y Canal Sur. Su operación es de libro. Entra a formar parte de una empresa pública en gran medida, es decir, en la que se ha enterrado un montón de dinero público, mío y suyo, lector, y ahora se privatiza por un dinero que ya comprobaremos si es correcto y sigue siendo el presidente el señor Camacho Ordóñez que no ha puesto más duros que cualquier otro andaluz.
Y cómo no, en esta operación está también el primo de Gaspar Zarrías, José Carlos Alarcón Arévalo, su mano derecha en la organización estratégica presente y futura de los medios de comunicación audiovisuales en Andalucía. Esto es, el encargado de que en su mayoría hayan ido a parar a empresas o personas afines al PSOE.

También estuvo en Extenda, la empresa "internacional" de la Junta donde trabajaba la esposa de Iván Chaves Iborra, don Julio Moreno Ventas, que fue alto cargo y que en la actualidad es consejero de Turismo nombrado por el PSOE en la Embajada de España en Argentina.

En Almería, uno que fue peso pesado del PSOE en la provincia,. Serafín Balaguer,  también estivo en una empresa pública, en este caso la famosa ELSUR de El Ejido madre de todas las corrupciones investigadas judicialmente. Según registro, participaba en todas estas empresas:

POLICLINICA DEL PONIENTE SL B04182374
EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE EL EJIDO SA A04241147 (Esta Es Elsur)
TELEVISION ALPUJARRA SL B04232674
LAIMUND INMOBILIARIA SL B04374369
NAUTIC PUBLISPORT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA B04493649
ALMERIENSE PRESS SL (En Sevilla)

Dios mío, es que el propio Felipe González nos aparece en un ente público dependiente de la Junta de Andalucía. Fue nombrado por la Junta "gran embajador" del Parque de Doñana. Es presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana. Este órgano se encarga de la coordinación y representación de todos los sectores sociales, políticos y económicos en el parque y su área de influencia. Lástima que haya salido el asuntillo ese de Gas Natural, SA, empresa a la que al parecer benefició desde su nuevo puesto siendo recompensado tres meses después con un sillón en su consejo de Administración. Nadie es perfecto

Incluso el ex consejero y ardiente capitalista gaditano Ramón Marrero López estuvo después incluso de ser miembro del gobierno de Chaves, como administrador de otra empresa pública: Corporación Gaditana de Fomento, SL, en Chiclana de la Frontera. Vean un trocito de la relación de empresas públicas y entes andaluces: 
Ramón Marrero fue consejero de Trabajo del gobierno de Manuel Chaves entre 1994 y 1996. Y participaba entonces, sobre 2006, entre otras actividades, en las sociedades siguientes:

Arcai Inmuebles S.A. A11545456
Resasub services S.A. A11044104
Corporación Gaditana de Fomento, S.A. A11380375
Valdelagrana Residencial S.A. A11389939
Inversiones Inmobiliarias Valdelagrana S.L. B11406782
Vertamar Bahía de Cádiz S.L. B11419496
Casapuerta 99 S.L. B11450590
Golf de El Puerto S.A. A11454345
RM Inmuebles S.L. B11458866
In Mobel Building S.L. B11482361
Anmara 99 S.L. B11462991
Y además era presidente del Club de Golf El Puerto.

En Egmasa, la cosa va incluso de presidencia, como en Sadiel. Francisco Mora Recio, el nuevo Consejero Delegado de EGMASA, es un ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valverde. Menos mal que es ingeniero de minas porque la Empresa de Gestión Medioambiental (EGMASA) es una de las empresas públicas más importantes de la Junta de Andalucía.
Aun con todos los riesgos y reparos no nos resistimos a publicar este comentario aparecido el año pasado en un foro medioambiental andaluz titulado: ¿Cómo selecciona EGMASA? Y dice:

"Yo estuve trabajando para Egmasa durante unos cuantos años (unos siete años) entre tras pasar un examen teórico y una entrevista supuestamente psicotécnica (digo esto ya que el sicólogo resulto ser luego mi jefe) Me llamaron del paro. Una vez dentro compañeros fueron despedidos al finalizar contrato por ser de cnt y de derechas, mientras ascendían de categoría a inútiles por ser, palabras textuales "convencidos de izquierdas" . Al final vendieron la empresa incluida la gente a una empresa particular solo con el fin de poder cerrarla y no tener vinculación alguna con el suceso. Eso si las ayudas y subvenciones de la junta de Andalucía las pillaron. En cuanto a cobrar para mirar pajaritos diré que no se como funcionan los agentes forestales, pero donde yo trabajaba el sueldo te lo ganabas bien ganado, y no teníamos jeep de esos de Egmasa, al contrario en algunas ocasiones (pocas gracias a Dios) teníamos que poner nuestro propio coche. Os puedo decir que eran puntuales y legales a la hora de pagar. Para mi el problema mayor de Egmasa es el organigrama piramidal invertido de la empresa, unos 12 trabajadores de una sección puede tener perfectamente unos 100 jefes contando directos e indirectos. Siento mucho tener que escribir como anónimo pero tengo mis motivos, los cuales no puedo revelar, espero que lo entendáis al igual que espero no haber ofendido a nadie con mi escrito. Un abrazo a tod@s."

Fíjense que el pasado día 10 de octubre de 2009, en un pleno extraordinario convocado al efecto, José Álvarez Molino dimitió de su cargo como alcalde socialista de San Esteban del Puerto alegando incompatibilidades con su nuevo cargo de gerente provincial de EGMASA. Ale, otro más.

En julio de 2004, era elegido Secretario de Empleo y Economía Social del PSOE de la provincia de Granada, Aurelio Rogelio Torres Almanchel. Casualmente, es el gerente de Egmasa en Granada.

Más, la semana que viene.

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12 marzo 2011

El delegado de Empleo dio ayudas de 465.725 euros a uno de sus socios

Dos firmas de un asociado suyo en la funeraria se crearon en 2006 y 2009 para cursos de conducción

Uno de los socios del delegado de Empleo en Córdoba, Antonio Fernández, en Funeraria Abades SL —la única que existe ya en Pozoblanco— y a su vez administrador de la Autoescuela Virgen de Luna SL, de la que fue socio y trabajador el alto cargo socialista, ha percibido subvenciones para cursos de formación aprobadas por el propio Fernández por un montante de 465.726 euros, dirigidas a dos empresas que creó a finales de 2006 y en marzo de 2009 con el objeto común de preparar a alumnos mediante clases teóricas y prácticas para la obtención de permisos de conducir. Esto es, lo mismo que la autoescuela.
El socio se llama Hipólito Cabrera, quien da nombre a una de estas dos empresas (Cenfor Hipólito Cabrera SL; la otra se llama Maglohi SL), y fue el mismo que se incorporó junto con Fernández, en la misma fecha incluso, a la funeraria como consejeros (el delegado, además ejerce de secretario). Cabrera es dueño además junto con Juan Julio Ballesteros de Autoescuela Virgen de Luna, que como ha destapado este periódico, ha percibido desde 2004 un total de 843.759 euros para formación. Ambos y Antonio Fernández compartieron el nacimiento de la autoescuela, hasta que el dirigente socialista obtuvo la Alcaldía de Pozoblanco, si bien no oficializó ante notario en 2004 su renuncia a la sociedad, como informó en un e-mail su Delegación el pasado martes.
En el BOJA de ayer
Ayer mismo, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) daba cuenta de una nueva resolución de Fernández —firmada el 23 de febrero pasado— con un largo listado de ayudas para formación profesional entre las que de nuevo aparecía su antigua autoescuela con una cuantía de 173.216 euros, lo que eleva desde que es delegado de Empleo a 1.016.975 euros las subvenciones dadas a esta firma, en total, ocho desde octubre de 2004.
Hay que recordar en este punto que la Junta negó ayer mediante una nota remitida a Europa Press que se hubieran multiplicado por seis el volumen de las ayudas otorgadas a esta autoescuela, que desde 2004 ya rebasan el millón de euros. De igual forma, el titular de la Consejería de Empleo, Manuel Recio, negó que vaya a destituir a Fernández de su puesto.
En su nota, la Junta defendió la transparencia del proceso de ayudas y justificó el aumento de los importes de dinero en que el paso de los años ha hecho que las acciones formativas sean más costosas y a que la inversión del Ejecutivo en formación ha crecido de manera notable.
En concreto, dio el dato de que desde 2004 se han gastado 123,4 millones de euros en este tipo de cursos en la provincia. Recordar en este punto que el último dato oficial del paro en la provincia de Córdoba llega casi a los 81.000 desempleados, un récord histórico.
Cenfor Hipólito Cabrera SL ha percibido cinco subvenciones para cursos de FPO y FPE entre 2007 y 2011. Sin ir más lejos, el BOJA de ayer recogía también la última firmada por Antonio Fernández, que ascendía a 87.337 euros. Su objetivo es dar servicios de preparación de alumnos mediante clases para la obtención de permisos de conducir de vehículos terrestres de todas clases así como la impartición de cursos preparatorios para el permiso de transporte de mercancías peligrosas por tierra.
Llama la atención que una persona que cuenta con una autoescuela desde hace dos décadas, considerada por la propia Consejería de Empleo como «uno de los centros más antiguos de la provincia», homologado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), siendo el primer centro de la provincia, además, en determinadas acciones formativas, se embarque a finales de 2006 en un negocio muy parecido (si no similar), y en marzo de 2009, en otro similar.
Conflicto urbanístico
Según ha podido constatar este periódico, estos dos nuevos centros formativos están ubicados en el mismo número de la misma calle, una céntrica vía de Pozoblanco que no ha estado exenta de polémica en los últimos tiempos por un conflicto urbanístico. Uno de ellos estaría regentado por un familiar directo de Cabrera.
Por los tres negocios (autoescuela y centros formativos) ha percibido ayudas, casi 1,5 millones de euros desde 2004.

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09 febrero 2011

Decenas de cargos de la Junta, implicados en las prejubilaciones irregulares

INCLUYENDO EMPRESAS PÚBLICAS Y SINDICATOS

La lista de altos cargos socialistas implicados en el escándalo no hace sino crecer. Incluye empresas públicas y sindicatos. 

Tras la advertencia del Secretario General del PP, Antonio Sanz, de que exigía conocer los nombres de socialistas en la trama de jubilaciones anticipadas irregulares gestionadas por la Junta de Andalucía (un inequívoco mensaje político tras el que se intuía que el PP ya tenía nombres y cargos), la Junta andaluza ha decidido cambiar radicalmente de estrategia y anunciar, ella misma, que ha encontrado, por ahora, 37 casos irregulares de prejubilaciones en diferentes empresas.



En ellas, aparece el ex alcalde socialista de El Pedroso, un ex delegado del gobierno andaluz, previsiblemente de Jaén, que trabajó en Cárnicas Molina aunque se prejubiló en Hytemasa y Juan Rodriguez Cordobés, delegado de Asuntos Sociales del ex consejero Isaías Pérez Saldaña. Según fuentes de toda solvencia, las prejubilaciones de Bolidèn pueden aportar nuevos datos de la identidad de cargos del PSOE beneficiados.

Con estos, son ya cinco los socialistas claramente implicados en este tráfico de prejubilaciones. A los ya mencionados hay que añadir el alto cargo del PSOE en Baeza, Antonio Garrido Santoyo, beneficiario del ERE de Mercasevilla, empresa en la que nunca trabajó, y el conseguir ugetista Juan Lanzas, orquestador de prejubilaciones varias.

Dado que el dinero, según confesión del ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, procedía de un "fondo de reptiles" de alrededor de 650 millones de euros, están implicados cinco consejeros de la Junta, tres de Empleo y dos de Innovación, además de varios directores generales de sus departamentos.

Por si fuera poco, en el caso de las empresas públicas afectadas por prejubilaciones como EGmasa, Cárnicas Molina, Mercasevilla y las que sigan apareciendo, estarán implicados todos los responsables de las operaciones, que, como es costumbre, serán probablemente personas de la órbita muy próxima al PSOE o ligados al propio Partido Socialista.

Cada ERE supone dinero extra para las organizaciones sindicales

Igualmente, Comisiones Obreras y UGT aparecerán implicadas en todos los ERE´s, por los que han cobrado, cuando menos, dinero de las empresas en calidad de "asistencia técnica" o de "intermediación". Esto es, se cobra por despedir o por sacar a trabajadores de la vida laboral. Pero son responsables de lo que firmaron. O bien firmaron los acuerdos con la Junta conscientes de que se iban a producir "añadidos" o no fueron, pero tendrán que contar lo sucedido desde su punto de vista. Igualmente deberán contar qué cobraron y cuánto en cada ERE. También deberán testificar sobre qué se hacía con el dinero sobrante de los ERE, que en algún caso, tenemos perfecta constancia de que existió.

No es algo nuevo porque ya se descubrieron operaciones de esta naturaleza en años anteriores.
El 9 de enero de 1995 se publicó con todo lujo de fotocopias que tanto UGT como CCOO habían cobrado 5.750.000 pesetas por negociar con la empresa sueca SKF española una regulación de empleo que supuso la pérdida de 110 puestos de trabajo y una fuerte reducción salarial para los trabajadores que conservaron su empleo. Poco después se hacía público que UGT y CCOO reconocían que era habitual cobrar de las empresas con las que negociaban ajustes.

Lo publicó Álvaro Tizón en El Mundo con estas palabras introductorias: "Los sindicatos cobran sus servicios a las empresas con las que pactan ajustes laborales. Tanto Comisiones Obreras como UGT defienden la legitimidad de estas facturas, y señalan que se trata de una práctica "habitual". Pese a ello, son acuerdos que, normalmente, no dan a conocer a los trabajadores afectados."

Juan Antonio Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo y abogado criticó la "discreción" con la que se acuerdan estos pagos. "Son ajustados a Derecho, y el ocultismo debería desterrarse".
Pero desde el punto de vista sindical, este sistema puede generar la falta de garantías para los trabajadores. ¿Y si una organización sindical acuciada por falta de liquidez acepta una regulación de empleo a cambio de dinero, a pesar de que la misma podría haberse evitado?

Pagos de este tipo fueron detectados en Campsa, Repsol Química o Fesa Enfersa, donde los trabajadores protagonizaron violentos enfrentamientos con la Policía.
También parece haberse realizado en la Administración. En 1990, CCOO y UGT firmaron el III Convenio y alcanzaron un pacto complementario, no publicado en el BOE, que reconocía a estos sindicatos una subvención de 1 millón de pesetas anuales. En junio del 91, el acuerdo fue denunciado a la Audiencia Nacional por otra central, USO. La sentencia obligó a anular la subvención pactada por ambas centrales. También son públicos los pagos realizados tras los ajustes en empresas como SKF, ya citado, o Elcano.
Interviú publicó en noviembre de 2004 que Citibank había reconocido en un juzgado el pago de más de seiscientos cincuenta mil euros a los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y FITC por "el esfuerzo que realizaron" durante las negociaciones de cuatro acuerdos laborales. Ese esfuerzo se concretó en cientos de bajas y en pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores. Durante la negociación, Citibank España ordenó pagar 234.000 euros (treinta y nueve millones de pesetas) a los tres sindicatos pero, curiosamente, el dinero no se ingresó directamente en las cuentas de las centrales, sino que se abonó a un intermediario, el bufete de abogados Baker & McKenzie.

Mil euros por trabajador fue el importe que pagó Fibracolor a los sindicatos en el ERE (expediente de regulación de empleo) que llevó a cabo el pasado año 2008. En total 280.000 euros se embolsaron los representantes de los trabajadores en un proceso que desembocó en el cierre de la empresa, participada en el 40% por Inditex y en el 26% por el Gobierno catalán.

CGT destapó a través de las actas de un ERE con acuerdo, en el cual se despidieron a 95 trabajadores de la empresa Menaje del Hogar. Tal como aparece en un documento que publica Negocios se hace entrega de 6.500 euros a cada sindicato (CCOO y UGT) a cambio de su inestimable colaboración.
Además del porcentaje que consiguen de algunas empresas como las mencionadas, también pueden cobrar porcentajes por indemnizaciones de despido. Este fue el caso de la empresa Ureche de San Sebastián, con expediente 20/2009/000/000396. "Nos cobraron un 9% del dinero abonado por Fogasa", afirmaron los despedidos aLa Gaceta de los Negocios.
En Andalucía conviene no olvidar que en julio de 2007, Delphi, la Junta de Andalucía y los sindicatos alcanzaron un acuerdo por el que la compañía se comprometía a poner encima de la mesa 120 millones de euros para pagar las indemnizaciones a los trabajadores y ceder a la Administración andaluza el suelo, las instalaciones y la maquinaria de la planta. La empresa había que cerrarla. Antonio Pina, hasta entonces militante del PCE y de IU y líder de Comisiones Obreras en la empresa firmó el cierre y a continuación presentó su solicitud de ingreso en el PSOE. ¿Eso fue todo o hubo compensaciones de otro tipo para los sindicatos firmantes?

La Junta, desbordada por los acontecimientos, trata de controlar los efectos del escándalo descubriendo algunos nombres.

Y ya van 37 pero su identidad es por ahora desconocida salvo en los casos ya apuntados y sólo en 12 de las 30 empresas que se están investigando. Enviada esta información a la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y añadiendo los ya descubiertos de la viuda sevillanaCarmen Fontela y Antonio Garrido Santoyo, la jueza se verá obligada a formar un "macrocaso" que ya podemos llamar "fondo de reptiles".

Mar Moreno, portavoz del gobierno Griñán, no quiso revelar a la prensa si entre los falsos expedientes se encontraban ex altos cargos o la identidad de las empresas, pero pocas horas más tarde ya se filtraron algunos de los altos cargos implicados que son éstos:

Rafael Rosendo, ex alcalde socialista de la localidad sevillana de El Pedroso (1987-1995 y 1999-2007) y famoso partidario de Pepe Caballos, jun factótum del socialismo sevillano decapitado por Chaves y Griñán, por mediación del ex consejero Viera, ahora está implicado en los hechos. Será por casualidad que el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, el "cantaor" del caso, también fue alcalde de esta población sevillana. El ex delegado de Asuntos Sociales en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, nombrado en 1998 por el entonces consejero Isaías Pérez Saldaña y que ocupó el cargo hasta 2000, es otro beneficiario.

Otro de los altos cargos supuestamente beneficiados es un gobernador civil, ya fallecido, que, según pudo conocer esta redacción, trabajó en Cárnicas Molina, aunque se prejubiló en Hytemasa.

Ahora, tras negarse a investigar parlamentariamente el caso, la Junta sopesa presentarse como "perjudicada" personándose en la causa (y accediendo así a toda la información de las partes) y ha solicitado un informe de fiscalización a la Cámara de Cuentas (como el que ya solicitó para las ayudas a la formación profesional tras el caso Velasco) o la comparecencia inmediata en el Parlamento, posiblemente la próxima semana, del consejero de Empleo, Manuel Recio.

Pero Moreno no ha podido evitar referirse a que en 2005 un informe de la Intervención General de Hacienda -siendo consejero de Economía y Hacienda el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán-, discrepó de este procedimiento. Curiosa y extrañamente, se analizó una muestra aleatoria de 20 expedientes y la conclusión fue positiva por parte de la inspección, cuyos responsables estarán ahora en el punto de mira del proceso judicial.

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10 noviembre 2010

Crece la tela de araña de Zarrías: aparecen tres nuevos parientes colocados en la Junta

Además de los que ya hemos encontrado hasta ahora, disponemos de las pruebas suficientes para añadir otros tres parientes de Gaspar Zarrías a su particular "tela de araña familiar".
 
Se trata de Juan Valdivieso Zarrías, colocado en la empresa participada por Unicaja y Cajasol entre otros, Red de Banda Ancha de Andalucía, SA. También se encuentra en la red de funcionarios de la Junta, Pilar Carmen Caballero López, hermana de la esposa de Zarrías, Germana Caballero López. Y, desde luego, su concuñado, el marido de Pilar Carmen, también ha encontrado acomodo en la Diputación de Jaén, en el Parque Móvil. Y lo dejamos aquí, aunque habrá más, pero lo estamos comprobando rigurosamente.

Juan Valdivielso Zarrías, familiar de Zarrías, cuyos apellidos coinciden exactamente con los de María Eugenia Valdivieso Zarrías, concejala socialista del Ayuntamiento de Martos, con plaza de profesora en la Junta de Andalucía, dijo pertenecer a la empresa Axión Red de Banda Ancha, empresa que no existe formalmente. Desafortunadamente para él, aportó el CIF de su empresa en una comunicación municipal, que es el A31999913. Una vez investigado el dichoso CIF resultó que su empresa era, en realidad, Red de Banda Ancha de Andalucía, SA, una empresa en la que participan destacados ex directivos de Canal Sur TV como José Mesas Segura y que contrata habitualmente con la Junta de Andalucía como se demuestra fácilmente buscando en el BOJA.
La hermana de la esposa de Gaspar Zarrías, Pilar Carmen Caballero López está en la Junta de Andalucía, con plaza reservada pero ocupando otra diferente en la que cobra más y, encima, consolida nivel administrativo. Lo dice el artículo 27.2 de la ley 6/1985, de Ordenación de la Función Pública, que dice lo siguiente: "

"2. Al margen de los procedimientos de concurso de provisión de puestos de trabajo, el consejero del departamento puede en cualquier momento disponer, en resolución motivada en necesidades del servicio, el traslado provisional de un funcionario a cualquier puesto de trabajo situado en la misma localidad que el que ocupaba anteriormente, del mismo nivel o de los dos superiores al de su grado consolidado y que reúna los requisitos exigidos para su desempeño.
 
En ambos supuestos se reservará al funcionario el puesto de trabajo de origen cuyo nivel seguirá computándose a efectos de la consolidación del grado. Si el puesto ocupado es de nivel superior al de origen, el tiempo de permanencia en le mismo podrá computarse tanto para la consolidación del grado correspondiente al nivel del puesto de origen como para la consolidación del grado correspondiente al nivel de puesto de trabajo ocupado por destino o traslado, una vez, en este último caso, que el funcionario obtenga por concurso un puesto de dicho nivel.
El destino o traslado quedará sin efecto y, en consecuencia, el funcionario volverá a su puesto de origen, cuando el puesto al que fue destinado sea provisto por los procedimientos ordinarios."

Así, al menos, estaba en la fecha en que se elaboró esta relación:

Según fuentes de la Junta, esta situación sólo se proporciona a miembros "muy queridos" de la Administración.

Y nos falta el esposo de Pilar Carmen, Pedro Casas Arellano, que tras ser alcalde de Carboneros(Jaén) encontró estupendo acomodo en la Diputación como Jefe del Parque Móvil.
 

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04 noviembre 2010

'El País' conseguía datos del caso Malaya por orden "de la superioridad"

Esto es lo que se desprende del sumario que contiene las diligencias judiciales en el caso del "espionaje" policial a los comisarios encargados del caso Malaya, entre otros, Valentín Bahut y Alfredo Marijuán. VEA DENTRO LOS DOCUMENTOS.
 
En los folios de ese sumario, uno de ellos reconoce expresamente que si ha hablado con un periodista de El País es porque así se lo había ordenado la superioridad. En otros momentos, se extrañan de que detalles de investigaciones complejas aparezcan publicadas en el diario de Prisa. Incluso a alguno de los periodistas del diario de Juan Luis Cebrián se les considera "amigos de la casa" y se les atribuyen méritos como el de haber ayudado en el caso Bono, en referencia a la supuesta agresión sufrida por José Bono en una manifestación contra el terrorismo en Madrid.

Estas conversaciones fueron grabadas por policías a policías, y es de suponer que ninguno de los comisarios implicados supiera que estaban siendo "escuchados" por terceros. Por eso, se supone veracidad a lo que dicen. A lo largo de más de dos decenas de folios aparecen hasta seis periodistas distintos del diario emblemático de Prisa. Estos periodistas disponen de los teléfonos particulares de los comisarios Bahut y Marijuán, a los que llaman. Recuérdese que el caso Malaya estaba por entonces bajo el secreto del sumario decretado por el juez Torres. Evidentemente los periodistas tienen la obligación de obtener la información que puedan, pero es menester señalar que su acceso a la misma por órdenes de la "superioridad" o su acceso a datos detallados de alguna investigación al margen de todo conducto oficial hace sospechar sobre un trato de favor entre el medio de Prisa y los ministerios implicados.

Así, por ejemplo, este es el folio que indica que la gestión de un periodista había sido ordenada por la "superioridad" (hemos eliminado el nombre del periodista, porque seguramente seguía instrucciones de su director).
En este folio, se habla de un periodista de El País amigo de la casa y colaborador en el caso Bono.
 
En este la información parece afectar a un implicado en un caso.
En este otro, se informa sobre el secuestro de un muchacho.
En este folio se advierte el disgusto de los comisarios por una información publicada:
En este se aportan datos y caminos para obtener información sobre la Operación Malaya con otras fuentes policiales.
En este, suponen que la información detallada que da el diario de Cebriàn se debe a filtraciones de la Fiscalía
 

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02 noviembre 2010

TODOS COLOCADOS EN LA junta. Zarrías, 'agencia de colocación': en su familia sí hay pleno empleo

Pedro de Tena / Antonio Barreda

"Rosario Soto, portavoz del PP-A dijo tras conocer la noticia de que Gaspar Zarrías tenía otra "prima" colocada, que "la agencia de colocación" del PSOE andaluz se había ampliado con la incorporación de la mujer del sobrino del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías a la Consejería de Medio Ambiente de Jaén.

Se trata, dijo, de "un abuso más del Partido Socialista", y señaló que al margen de la legalidad o no del contrato, se preguntó si estos comportamientos están amparados por la ética. Y en este sentido se refirió al "entorno de privilegios con pleno empleo" del PSOE cuando en Andalucía la tasa de desempleo se sitúa en el 28 por ciento. "A todos nos gustaría tener un papá, un tito o un sobrino que nos colocase, pero debe prevalecer la igualdad, el mérito y la capacidad, especialmente en la Administración pública", y con el dinero procedente de los impuestos de los ciudadanos, culminó Soto.

La tela de araña particular de Gaspar Zarrías, el ex todopoderoso mandamás de Jaén y de la Junta de Andalucía, se ha ensanchado. Ahora le ha tocado a la esposa de un muy querido primo. El primo de Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial del Gobierno y consejero de la Junta durante trece años, es Rafael Valdivielso Sánchez, a quien hace tiempo logró que se nombrara delegado de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en Jaén. Desde 2009, y no se ha sabido hasta ahora como hay otras muchos hilos de esta tela que no se saben, Olga Suárez, que así se llama ña afortunada esposa de Valdivielso. La ínclita cuenta con un "contrato específico" y está dada de alta como autónoma. A los empleados con este contrato también se les llama "externos". es decir, que es una de los 35.000 que dice UGT van a entrar sin prueba alguna a formar parte de la Administración andaluza.

Olga Suárez está trabajando para la Administración en Jaén y su contrato específico mado es uno más de los que aparecen en el "catálogo" de las diferentes modalidades a las que puede recurrir la Administración y es "totalmente transparente y legal". Como es sabido, esta es una de las formas de entrar a dedo. La Junta contrata con urgencia y casi sin preguntar cuando dice carecer de medios propios para hacer algo. Pero, de hecho, lo que hace la Junta es saltarse la bolsa de interinos, bolsa compuesta por quienes han hecho alguna prueba y no la pasaron.

Estos contratos han sido denunciados por los sindicatos de funcionarios y empleados públicos. Por ejemplo, la asociación "Defiendo mi derecho y la Gestión Pública", expresa que la Administración andaluza "abusa" de este tipo de contratos, ya que actualmente hay miles de trabajadores con ellos.

En el caso de la esposa del primo de Zarrías, Olga Suárez aparece en la lista de admitidos del cuerpo A2.2013 de "ayudantes de archivo" -diplomados- para la oferta de empleo público del año 2007. O sea, Olga Suárez hizo el ademásn de presentarse a las oposiciones pero luego no hizo el examen. La mujer del delegado tampoco presentó su solicitud para la última oferta de empleo público -del año 2007- del cuerpo A1.2022, que son licenciados en archivística.

El procedimiento habitual para cubrir una plaza debería ser la oposición. Pero se usa, que no es muy normal y que también se quebranta. Se acude a la bolsa de interinos y cuando la bolsa se acaba se recurre al Servicio Andaluz de Empleo, dependiente de la Junta, que puede recibir instrucciones precisas de las personas "convenientes" para la plaza en cuestión. En este caso, es que Olga Suárez ni siquiera estaba en la bolsa de interinos.

Situación actual de la tela de araña particular de Zarrías

Hasta ahora sabíamos que su mujer, Germana Caballero López, ha estado desde siempre vinculada a la Consejería de Educación, pero ahora, tras el favor hecho por Zarrías a Bibiana Aida de colocar a su novio en Madrid, trabaja en el Instituto de la Mujer en la capital de España en una cadena de favores que ya expusimos en su día.

Su primo principal es José Carlos Alarcón Arévalo. Este primo ha estado y está situado en las órbitas del máximo poder de control de los medios de comunicación andaluces a lo largo de diez años, preparando la llegada del fenómeno digital en radios y televisiones cuyas licencias ha controlado. De hecho, y aun cuando ha pasado por la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva(1995), ha sido durante años, director general de Medios de Comunicación Social de la Junta de Andalucía. En la actualidad y ya terminada la faena, Alarcón Arévalo ha pasado por diferentes destinos, como el de Secretario General para la Sociedad de la Información de la Consejería de la Presidencia. En 2004, fue nombrado Consejero Delegado de Sandetel, "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, SA" , en el que participa con otro buen puñado de socialistas afines a la oligarquía y al régimen. En el ámbito partidario, participa en la Organización Sectorial de la Sociedad de la Información (OSSDI), de la estructura socialista.


Pero además del primo, hay una prima, la prima política, que es la esposa de José Carlos Alarcón Arévalo, llamada María Paz Albors Patuel que, según hemos comprobado en la Radio Televisión de Andalucía, SA, está trabajando en la Secretaría Particular del director general. Es decir, que Zarrías ha tenido a su primo como director general de la cosa de las radios, y tiene a su prima política en puesto estratégico en Canal Sur.

Pero algo contamos entonces de Rafael Valdivielso Sánchez que fue colocado en Egmasa, en Jaén, la provincia de la que es oriundo Zarrías . Se escribió entonces: "El gerente provincial de la empresa pública Egmasa es sobrino de Zarrías. Se trata de Rafael Valdivielso Sánchez, quien ha tenido desde siempre el apoyo de su tito Gaspar, según se jacta el enchufado. Efectivamente, desde sus inicios como empleado de la Caja de Jaén, Valdivielso ha contado con los favores del Consejero de Presidencia. Poco antes, en la localidad de Bailén ejerció de director de la sucursal de la Caja de Ahorros de Jaén, fundada y dirigida por el PSOE. Posteriormente recaló en la sociedad gestora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva (también bajo control socialista con el amigo de Zarrías, Martín Mesa, de presidente). Y de ahí, pasó a la delegación de la Consejería de Obras Públicas en Jaén.

Hay otra prima suya apellidada Valdivielso Zarrías, María Eugenia, maestra - otra nómina de la Junta-, y concejal en Martos(Jaén). Y otro Zarrías, José Polaina, aparece concejal por el PSOE en diferentes legislaturas. Y no olviden las andanzas de su amigo, el alcalde de Cazalilla en el pueblo. En fin..."

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01 noviembre 2010

La Junta se vende a sí misma varios edificios por más de 676 millones de euros

A TRAVÉS DE EMPRESAS INSTRUMENTALES
Esta operación contable hace parecer que la Junta de Andalucía ingresa por la venta de los inmuebles 676 millones de euros pero no es más que una operación flotante, ya que las empresas son instrumentales y propiedad al 100% de la Junta de Andalucía.
 
 
La Junta de Andalucía ha diseñado una operación contable por la cual se venderán edificios de la Junta de Andalucía a dos sociedades instrumentales de la misma Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. y a la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. (antigua AGESA), para después alquilarlos a las mismas.
Dicha operación contable está señalada en el Proyecto de Presupuesto para el año 2011 que recoge, que en el Estado de Ingresos en el capítulo 6 enajenación de inversiones reales, y más en concreto en el concepto 611 la venta de inmuebles por un importe de 675.651.810 €. 
Esta operación contable hace parecer que la Junta de Andalucía ingresa por la venta de los inmuebles dicha cantidad, pero no es más que una operación flotante, ya que las empresas son instrumentales y propiedad al 100% de la Junta de Andalucía. Lo que viene a significar que la propia Junta se vende así misma los edificios y luego las empresas instrumentales buscarán los recursos los financieros necesarios para hacer frente a dicha operación de compra, poniendo como garantía el valor en mercado de los edificios que son propiedad de la Junta de Andalucía. Además, después la propia Junta alquila los mismos edificios por los que pagará un canon o una cantidad anual hasta 35 años a estas dos empresas instrumentales.

Hace más de dos semanas, Libertad Digital ya dijo que podía considerarse "Chapucería financiera" el ejercicio que el gobierno Griñán hace con los presupuestos andaluces para el 2011 para saltarse el límite al endeudamiento impuesto por el Gobierno. Una de las cuentas del Presupuesto incluye ingresos por 951,7 millones que se justifican por la venta de suelo y por la venta de edificios administrativos propiedad de la Junta que después alquilaría la propia Junta. En el primer caso, según explicó la consejera, la Junta vendería los suelos traspasados por el Estado en pago de la Deuda Histórica que no sean de Agesa y donde no esté prevista la construcción de VPO. En el segundo caso, la Junta aplicaría la fórmula de "venta de alquiler con retorno", que han usado empresas y gobiernos como el francés. Esta modalidad contempla la venta de edificios administrativos a sus empresas públicas para que estas lo gestionen. Pues bien, ya está en los Presupuestos.

Es decir, la Junta de Andalucía se vende así misma sus edificios, pero la deuda generada se la traspasa a las dos sociedades instrumentales que recibirán a cambio un canon de alquiler por un máximo de 35 años

(Pinche sobre la imagen para ampliar)
Dicha operación financiera viene también recogida en la Disposición Adicional segunda del Decreto-Ley 5/2010 de 27 de julio por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público que indica:
Disposición adicional segunda. Autorización singular.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio para la enajenación directa y a título oneroso a la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. y a la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que autorice el Consejo de Gobierno durante 2010, de conformidad con la disposición adicional segunda de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, se autoriza a las citadas Sociedades al endeudamiento necesario para la adquisición de los referidos inmuebles, atendido el valor que se dé a los mismos mediante la oportuna tasación y el de los gastos que la adquisición suponga.
 Se autoriza la celebración de contratos de arrendamiento de hasta treinta y cinco años de duración por parte de la Consejería competente en materia de patrimonio para la utilización, por parte de los Departamentos de la Administración de la Junta de Andalucía y Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes, de los inmuebles adquiridos por la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, SA y por la Empresa Pública de Gestión de Activos, SA al amparo de la autorización prevista en el párrafo anterior.

Estos son los edificios que van a ser vendidos y posteriormente alquilados:

(Pinche sobre la imagen para ampliar)
 

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29 octubre 2010

Rafael Velasco alude en su defensa a un informe del Parlamento que no existe

DIMITIÓ COMO NÚMERO 2 DEL PSOE-A

2010-10-28
De nada le valía dimitir de su puesto de diputado en el parlamento andaluz si permanecía al frente de la organización interna de un partido que vería en él un "tocado" que en nada podía beneficiar los intereses electorales del PSOE en 2011. Finalmente ha dimitido del todo, pero aludiendo a un "informe" de los Servicios Jurídicos del Parlamento andaluz que según él santifica su proceder y considera legal su comportamiento. El problema es que el informe no aparece.
En su carta de despedida, Velasco dice textualmente:
"Asimismo, quiero dejar constancia de que los servicios jurídicos del Parlamento han declarado compatibles el ejercicio de mi labor como parlamentario y la actividad laboral de mi mujer. Me refiero a este dictamen sólo para insistir en la total limpieza política, legal y ética de mi comportamiento, y niego cualquier trato de favor o ejercicio de influencia política. Además, he de dejar constancia de que la responsabilidad personal y profesional de mi mujer me hubiese impedido hacer, o intentar hacer, algo de lo que se me acusa.
A pesar de todo esto, he dimitido y lo he hecho, insisto, por dignidad personal y por coherencia política con lo que siempre he defendido y siempre he practicado, que es la ejemplaridad obligada en las conductas públicas y privadas de los que nos dedicamos a la política."
La secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, tambièn hizo referencia a este informe, un informe que no ha sido presentado en público implicando, además, a la Mesa del Parlamernto. Díaz anunció ayer la dimisión "irrevocable" de Rafael Velasco como parlamentario andaluz y también como vicesecretario general del partido, decisión que esta misma mañana había trasladado a la dirección andaluza como innegociable. Susana Díaz informó de la renuncia de los cargos públicos que hasta ahora ostentaba Velasco "a pesar de que los servicios jurídicos y la Mesa del Parlamento de Andalucía ha anunciado esta mañana que no existe ninguna irregularidad ni incompatibilidad alguna" de su actividad como parlamentario con la actividad empresarial que ejerce su esposa.
Susana Díaz recriminó "la campaña de difamación, injurias y calumnias que ha destrozado la vida familiar de Rafael Velasco y que ha puesto en riesgo la salud de su mujer y de su futuro hijo". A su juicio, Velasco "ha dado un ejemplo de generosidad y ha demostrado su valor frente al desprestigio que de la política hacen los dirigentes del Partido Popular y que reiteradamente venimos sufriendo tanto en Andalucía como en el territorio nacional".
El informe fantasma
Dice La Razón que Susana Díaz aseguró que los Servicios Jurídicos del Parlamento de Andalucía habían emitido un informe que dictaminaba que "no había incompatibilidad ni irregularidad" en la percepción del comportamiento de Velasco y su señora. "Los hombres no administran los bienes de sus mujeres", argumentó la secretaria de Organización, que dijo que el dictamen había sido analizado en la reunión de la Mesa de la Cámara esa misma mañana.
La realidad, sigue diciendo el periódico de Lara, es que tal informe no existía: eran unas notas para el letrado mayor del Parlamento de uno de los abogados que colabora con él. El escrito no se vio en la Mesa –según denunció el PP, que lo calificó de «falso»– y no constituye un aval jurídico.
Los populares exigieron una reunión "urgente" de la Mesa para que ésta ratificara que no existe ningún dictamen. Lo que sí se conoció es un "pronunciamiento" de juristas de la Cámara que considera que "los diputados y diputadas no tienen que declarar actividades que no ejerzan". PSOE-A y PP-A han solicitado un análisis jurídico "más exhaustivo", que se ha encargado a la Comisión del Estatuto del Diputado.

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27 octubre 2010

El CGPJ quiere sancionar con multa a la jueza de Estepona que imputó a Valadez por dos delitos

El CGPJ estudiará si suspende a una juez de Estepona por 'retrasos injustificados'. La compañera sentimental y esposa de Valadez a través de EFE, cuya corresponsalía también ostenta aparte de redactora de la SER, manipula una información sobre datos del sumario.
Europa Press | Málaga
Actualizado miércoles 27/10/2010 17:59 horas
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará este jueves si suspende un año y multa con 1.300 euros a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Estepona (Málaga), Alicia Ruiz Ortiz, por "desatención" y "retrasos injustificados" en su juzgado.

La Comisión Disciplinaria elevará este jueves una propuesta al Pleno del órgano de gobierno de los jueces en la que emplaza a suspender un año a Ruiz por una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que castiga la "desatención o el retraso injustificado y reiterado" en la tramitación y resolución de los procesos.

Asimismo, propone multar con 1.000 euros a Ruiz al considerarla autora de una falta grave ya que la juez habría obstaculizado labores de inspección, tal y como establece el artículo 418.17 de la LOPJ.

La Comisión Disciplinaria también insta a dar una "advertencia" e imponer 300 euros de multa a Ruiz por una falta leve del artículo 419.2 de la citada ley, que condena la "desatención o desconsideración" hacia los ciudadanos o hacia abogados y procuradores, representantes del Ministerio Fiscal, médicos forenses, graduados sociales, secretarios o agentes de la Policía Judicial.

Inspección del juzgado
La Comisión Permanente del CGPJ decidió el 11 de diciembre del pasado año realizar una inspección extraordinaria al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Estepona. De este modo, comprobó su organización, los tiempos empleados en resolver los expedientes y los asuntos pendientes.

Precisamente, el juzgado del que es titular Alicia Ruiz imputó en esas fechas al alcalde de la localidad, David Valadez, por un delito de prevaricación urbanística y por otro de omisión del deber de perseguir delitos, una causa que estaría supuestamente relacionada con las obras de una vivienda en suelo rústico por parte del jefe de Gabinete de Alcaldía de Estepona. Valadez anunció el pasado abril que el Ministerio Fiscal había solicitado el sobreseimiento de la causa.
ATC
   Supuestamente no; está relacionada, lo que son presuntos son los delitos, la causa no es presunta.Precisamente la corresponsal de Europa Press en Estepona es íntima amiga de Valadez y debería  saberlo.  
   No hay nada más falso que lo del máximo órgano de control judicial CGPJ. Por ejemplo qué hace este "órgano" cuando miembros que forman parte de una investigación tienen que dimitir porque, lejos de colaborar con la Justicia, ciertas administraciones se oponen a ejecutar el auto de un juez como ocurrió con JAG en el caso Malaya. ¿A quién tiene que sancionar este "órgano" en estos casos?. ¿Existen protocolos de quejas de este órgano "de control judicial" ante otras administraciones que se nieguen a colaborar con la Justicia y que tengan dichas quejas, una vez probadas, todas las consecuencias que fuese necesario? Creo que no. España es una república bananera. O a lo mejor ni eso, simplemente una monarquía bananera le es más propicio.
   Porque culpar de los retrasos de unos juzgados que están sobrecargados y todos retrasados, a sólo una jueza es muy sospechoso.
    Por otro lado también la mujer de Valadez. como corresponsal de la zona en EFE publica hoy una información claramente manipulada, tratándose de la propia esposa de Valdez, uno de los denunciantes de Astapa. 
   Veremos que nos depara esta información puesto que esta familia a la que se refiere la compañera sentimental de Valadez a través del informe, ¿dudoso como tantos otros de la la Policía en este caso, lo cual ya es sospechoso?, tiene desde siempre muchas propiedades en Estepona y de hecho se dice que en esa época vendió alguna.
    En cualquier caso observen que la propia Policía dice que el ingreso de dinero en la sociedad Belice, que a ver qué diablos tiene que ver con corrupción municipal, fue depositado desde cuentas bancarias de los padres, no con dinero negro. Veremos a ver que reacciones produce ahora en los afectados o "pacientes judiciales", el conocimiento de otra parte de esta "pedazo" de investigación. De hecho Pedro Fernández está en libertad bajo fianza de 300.000 euros.
    Porque claro, en principio algo raro tiene que haber cuando el titular de la noticia dice que ingresó 10 millones de euros, cuando eso en principio no es delito,  en mes y medio, cuando este imputado estuvo cuatro años en el puesto y además el grueso de la información no hace referencia exacta, no se había investigado nada, sobre la procedencia del dinero, sólo habla de indicios, no de pruebas por parte de la Policía. cuando se produjeron las detenciones estilo antiterrorista. Ya sabemnos en lo que van a quedar muchos de los "indicios" policiales de esta vergonzosa operación antidemocrática, exclusivamente "diseñada" en la trastienda del Gobierno de la Nación para darle la alcaldía a Valadez, como el que le da un caramelo a un niño.
   Porque nada justifica el daño que esta paparruchada de operación ha infringido a Estepona y su buen nombre.

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Dimite Rafael Velasco por el escándalo de las subvenciones a su esposa

Rafael Velasco, vicesecretario general del PSOE de Andalucía, ha presentado su dimisión por el escándalo de las subvenciones de la Junta de Andalucía recibidas por la empresa de su esposa. Más de 700.000 euros para una academia en situación de pérdidas.

Las subvenciones a la esposa del número dos de Griñán, en el punto de mira

La Junta subvenciona con más de 700.000 euros a la mujer del número dos de Griñán 

El vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Rafael Velasco, ha decidido esta tarde presentar su dimisión como diputado autonómico debido a lo que entiende como una "campaña de difamación, de injurias y de calumnias personales y familiares" que, visto como se está resintiendo su vida familiar, y dado el estado en el que se encuentra su esposa, que está esperando su segundo hijo, le ha hecho tomar la decisión de dejar su acta de diputado para dedicarle un mayor tiempo a su familia. La "difamación" a la que alude es una importante cantidad de subvenciones de la Junta de Andalucía recibidas por la empresa de su esposa cuando estaba precisamente en situación de pérdidas y que no ha sabido explicar.

Lo que resulta inexplicable sin embargo es que, por las mismas razones, no haya dimitido irrevocablemente de su cargo de vicesecretario general del PSOE. Velasco dice que ha sido el secretario general del PSOE de Andalucía, José Antonio Griñán, quien no le ha aceptado su dimisión como vicesecretario general, aunque él ha insistido en reiteradas ocasiones. Pero si dimite por la situación familiar que le ha creado la supuesta "campaña de difamación" - más bien ha sido un ejercicio de información sobre recursos públicos que no ha podido ser desmentido -, no parece probable que tal "campaña" amaine si sigue de vicesecretario general. Fuentes de la oposición informan a Libertad Digital que con esta decisión pretende sencillamente apagar un fuego ya irrefrenable o tratar de echar tierra sobre el asunto de las subvenciones a su esposa.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía manifiesta su total apoyo a Rafael Velasco y emprenderá las acciones legales que estime pertinentes para depurar las responsabilidades que se determinen del daño moral ocasionado, según la nota. El vicesecretario general del PSOE de Andalucía enmarca su dimisión en la "cacería política" orquestada por el PP contra él y su familia, en especial contra su esposa, que desarrolla su actividad profesional como mujer empresaria en Córdoba capital. Velasco ha querido dejar constancia de la trayectoria empresarial y profesional de su cónyuge, que ha tildado de intachable y que está sujeta a todos los controles de legalidad.

La "cacería" o "campaña de difamación" de Velasco y su familia

Hace apenas una semana que los andaluces se enteraban de que el 90 por ciento de los cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) que ofrecía el centro de estudios Aula 5, propiedad de Antonia Montilla López, esposa del vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, estaban subvencionados por la Junta. Más de 120 millones de pesetas en los últimos cuatro años había recibido la mujer del número 2 de José Antonio Griñán. Por tanto, la empresa estaba obligada a garantizar la gratuidad de las acciones formativas para los participantes en la formación subvencionada. Sin embargo, no era así en algunas titulaciones y los alumnos pagaban matrícula y cantidades mensuales entre 150 y 180 euros. El PP pedía explicaciones por, cuando menos, la escasa sensibilidad ética manifestada por la familia Velasco aunque creía que con estas subvenciones se incumplía la Ley de Incompatibilidades que impide estas ayudas a familiares directos de los altos cargos.

Libertad Digital informó al día siguiente de que la empresa Aulacen Cinco de Córdoba, propiedad de la esposa del número 2 de José Antonio Griñán, y en la que aparecía en calidad de administradora única, dio unas pérdidas de alrededor de 60.000 euros, unos diez millones de pesetas en el año 2007 y poco más de 1.784 euros en 2006. Curiosamente, fue a partir de entonces cuando la Junta intensificó la concesión de subvenciones a la empresa hasta llegar a los 720.000 euros, unos 120 millones de pesetas hasta 2010, excluido.

Ni en los años 2006 ni 2007 aparecieron subvenciones a Aulacen Cinco en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, las subvenciones fueron extraordinariamente útiles a una empresa que estaba en números rojos con cantidades en acreedores a corto plazo superiores a los 70.000 euros.

Además, se observó que la actividad de la empresa en 2006 era prácticamente nula y aún así, dio pérdidas y que el número de trabajadores del Centro de Estudios, tanto fijos como eventuales, eran solamente 2 en 2007, la propietaria y una auxiliar administrativo, lo cual hace más extraño aún que se le concedieran subvenciones millonarias y movía a la extrañeza acerca de cuántos cursos de formación podían impartirse con ese exiguo personal Su página web, www.aulacinco.es sólo tenía una página y en ella se reconocía que no se actualizaba desde 2007

Las subvenciones no fueron publicadas todas
En principio, tenían que haberlas publicado todas, si es que fueron dineros concedidos por organismos y/o Fundaciones o Agencias de la Junta a Aulacen Cinco SL, la empresa de formación que administra Antonia Montilla López. Según la Ley General de Subvenciones, todas las subvenciones deben ser publicadas en los boletines correspondientes con algunas salvedades que no afectan razonablemente a la empresa de la esposa del número 2 José Antonio Griñán, Rafael Velasco. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía sólo constan con ese nombre, Aulacén Cinco, SL, subvenciones por importe de 342.033,86 euros. Como la Junta de Andalucía ha reconocido que desde 2006 se le han entregado 726.000 euros a la empresa, ¿dónde fueron publicitadas las subvenciones y cantidades que faltaban?

La Ley General de Subvenciones de 2003 obliga a la publicidad de las subvenciones, de todas ellas. Pero en el Reglamento de dicha Ley de 2006, se dice con toda claridad lo que sigue: "Artículo 30. Publicidad de las subvenciones concedidas. 1. La publicación de las subvenciones concedidas deberá realizarse durante el mes siguiente a cada trimestre natural y se incluirán todas las concedidas durante dicho periodo, cualquiera que sea el procedimiento de concesión y la forma de instrumentación, salvo aquellas cuya publicación estuviera excluida por la Ley."

Pero los hechos fueron estos:

La Junta sólo había publicado en el BOJA, que parece el BoletÍn Oficial adecuado para hacerlo como lo ha hecho en cinco ocasiones, la mitad de las subvenciones recibidas. Eran éstas:

Resolución de 30 de enero de 2009, de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas para la realización de acciones formativas de Entidades Privadas. ...................................................................................82.593 euros
Organismo: Consejería de Empleo (Boletín número 69 de 13/04/2009 Seccion: Anuncios)
Resolución de 24 de marzo de 2010, de la Dirección General de Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas para la realización de acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo. .......................41.296, 5 euros
Organismo: Consejería de Empleo (Boletín número 75 de 20/04/2010 Seccion: Anuncios)
Organismo: Consejería de Empleo (Boletín número 25 de 05/02/2008 Seccion: Anuncios).............................................33.178,36 euros
Organismo: Consejería de Empleo (Boletín número 52 de 17/03/2010 Seccion: Anuncios).............................................91.510 euros
Organismo: Consejería de Empleo (Boletín número 27 de 10/02/2009 Seccion: Anuncios)............................................ 93.456 euros

Esto hacía un total de 342.033,86 euros, menos de la mitad del importe del conjunto de las subvenciones recibidas por Antonia Montilla que ascienden, según la Junta, a 726.000. ¿Dónde fueron publicadas, si lo fueron, las restantes?

Comisión de Investigación, petición del PP

El Partido Popular anunció que iba a «llegar hasta el final» en la exigencia de explicaciones por las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía a la empresa de la mujer del vicesecretario general del PSOE andaluz. El PP no descartaba que, en este asunto, hubiera podido incurrirse en un presunto caso de «tráfico de influencias» por parte del número dos del PSOE andaluz y manifestó su voluntad de solicitar la creación de una comisión de investigación en el parlamento andaluz. El PP anunció de momento su intención de que el consejero de Empleo, Manuel Recio, compareciera de manera urgente en el Parlamento para que explicara los criterios que el Gobierno andaluz había seguido para conceder más de 700.000 euros en subvenciones a la empresa , Aulacén Cinco, para el desarrollo de cursos de formación profesional ocupacional.

Ya no hará falta. Ni lo uno ni lo otro.

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24 septiembre 2010

La Junta premió al historiador que asesoró a Garzón en la causa contra el franquismo

POR LA "RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA"

 
2010-09-24
Pedro de Tena/antonio barreda
La Junta de Andalucía mediante Orden de 6 de abril de 2010 (BOJA núm. 92, de 13 de mayo), de la Consejería de Gobernación y Justicia, publicó la convocatoria de los Premios Andalucía a la Recuperación de la Memoria Histórica, en su I Edición y cuyo objetivo radicaba en distinguir la labor realizada por aquellas personas y entidades que han contribuido de manera notoria, tanto en la investigación como en la difusión y reconocimiento de la Memoria Histórica. El I premio en la modalidad "premio a la trayectoria individual, tanto personal como profesional" fue concedido a Francisco Espinosa Maestre, uno de los expertos que asesoró al juez Baltasar Garzón en la causa contra el franquismo y por la cual está imputado.

Francisco Espinosa es el autor del Informe sobre la represión franquista que se unió a la causa 399/2006-E. El grupo de asesores estaba formado por el fiscal Carlos Jiménez de Villarejo, el magistrado Antonio Doñate, el abogado Manuel Escarda, los historiadores Julián Casanova, Francisco Espinosa y Queralt Solé, y el forense Francisco Etxeberría. Todos ellos fueron nombrados legalmente, como comité de expertos o peritos judiciales para estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas del franquismo entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951, por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era el magistrado Baltasar Garzón.

Además, la Orden de 14 de Julio de la Junta de Andalucía concedió otro premio a la aplicación de las nuevas tecnologías en la difusión de la Memoria Histórica a la web "Todos (...) los nombres" con una dotación de tres mil euros (3.000 euros) y entrega de objeto conmemorativo. El director científico del proyecto es asimismo Francisco Espinosa Maestre.
La web se puso en marcha tras la firma de un Convenio de Colaboración suscrito, con fecha 3 de Octubre de 2005, por parte de las entidades promotoras: la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) y la Confederación General del Trabajo de Andalucía CGT-A) con el patrocinio de la Consejería de Justicia y AA.PP. de la Junta de Andalucía y la colaboración de las entidades Fundación El Monte y Universidad Pablo de Olavide.

El jurado de los Premios Andalucía a la Recuperación de la Memoria Histórica estaba formado por José Antonio Gómez Periñán como presidente -destacado miembro del clan de Alcalá del PSOE-, y como vicepresidente, Juan Gallo González, fontanero de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías.

Francisco Espinosa Maestre dirigió una carta al juez Varela, instructor de la causa por prevaricación contra Baltasar Garzón. En ella, entre otras lindezas, escribió: "Según parece, el instructor Varela no pone en duda la existencia de los crímenes sino la falta de competencia de su compañero para tal empeño y el hecho de que ignorara la esencia y las consecuencias legales de la amnistía de octubre de 1977. Pero, qué casualidad, que al hacer esto bloquea la investigación sobre lo otro." Recuérdese que el juez Varela pertenece a Jueces por la Democracia.
 

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15 septiembre 2010

Chaves será interrogado por las subvenciones millonarias a su hija

EL TSJA LO DECLARA "PERTINENTE"
 
EFE
Según la providencia del alto tribunal facilitada por el PP, "en relación con el interrogatorio del testigo, Manuel Chaves González, se admite y declara pertinente la misma".
El PP registró ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una demanda contra la decisión del Gobierno andaluz de no incoar expediente sancionador a Chaves por el conocido como "caso Matsa".
El escrito, que fue registrado el pasado 26 de marzo, propone la nulidad del acuerdo adoptado el 21 de julio de 2009 por el Consejo de Gobierno de no incoar expediente sancionador y archivar las actuaciones previas a que dieron lugar el escrito presentado por el PP sobre la subvención a la empresa Matsa, en la que trabaja Paula, la hija del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves.
El acuerdo del Consejo de Gobierno fue motivado por el informe de la Inspección General de Servicios, que no apreció indicios de infracción contra el artículo 7 la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta, tal y como consideró el PP en su denuncia ante el Consejo de Gobierno.
Los populares denunciaban que en la subvención a Matsa se produjo una falta de inhibición de Manuel Chaves que podría constituir una infracción "muy grave" al haber producido un daño "manifiesto" a la Junta, por lo que la pena podría oscilar entre los 3 y los 10 años de inhabilitación para ostentar cargo público.
En su demanda, el PP rechazó los argumentos del Consejo de Gobierno de que no se podía incoar expediente a Chaves porque "la administración no podía ni debía conocer" la participación de Paula Chaves en Matsa, cuando en realidad es algo que, a juicio de los populares, "incumbía" al propio ex presidente de la Junta.
De la misma forma, la demanda del PP recordaba que no se trata de averiguar desde cuándo tiene conocimiento la administración de la relación entre Matsa y Paula Chaves "sino desde cuándo tiene conocimiento de ello" Manuel Chaves y si "pese a conocer tal extremo no se abstuvo de forma voluntaria de intervenir" del acuerdo del Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2009 que ratificó la ayuda.
La subvención a Matsa fue aprobada previamente por acuerdo del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de 13 de enero de 2009.
 

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