Un divorcio y un extraño robo, tras las sospechas sobre el hijo de Chaves

Comisionista en empresas públicas

Tras la implicación de la hija de Chaves en el caso Matsa, ahora es su hijo mayor el que está bajo sospecha. El PSOE está preocupado.

• Los negocios del hijo de Manuel Chaves provocan la alarma en el PSOE

2011-04-05

Pedro de Tena / Antonio Barreda

Tras una tensa separación familiar de su hasta ahora esposa, Rocío Cabet del Castillo, y tras un extraño robo en las dependencias de su empresa - durante muchos meses su propio domicilio -, el hijo mayor de Manuel Chaves, Iván Chaves Iborra, afronta la acusación de ser comisionista de empresas e instituciones públicas, acusación que parece fundada en sus propios papeles desaparecidos de su oficina que ha intentado hacer aparecer como robo. El caso se parece al que en su día protagonizó Juan Guerra con su esposa, Ángeles López Rubio, que entregó papeles comprometedores a la oposición política para que se iniciara la operación antiGuerra que fue conocida como el caso Guerra y que terminó con la dimisión del entonces vicepresidente, Alfonso Guerra, en 1991.

La acusación podría tener fundamento en los propios papeles desaparecidos del joven Chaves que denunció su extravío intentando aparentar que habían sido objeto de robo, aunque las desaveniencias familiares podrían estar asimismo tras este extraño suceso, ya que la oficina de Iván Chaves estuvo durante meses en el propio domicilio. En algunos de ellos, el propio Iván Chaves podría referirse a él mismo como comisionista de las administraciones públicas.

Libertad Digital, en su Tela de Araña del Decretazo numero 109, informó también hace días de las relaciones de Iván Chaves con el padre de uno de sus socios. Y decíamos: "También estuvo en Extenda, la empresa 'internacional' de la Junta donde trabajaba Rocío Cabet del Castillo, la ex esposa de Iván Chaves Iborra, don Julio Moreno Ventas, que fue alto cargo y que en la actualidad es consejero de Turismo nombrado por el PSOE en la Embajada de España en Argentina. Este Julio Moreno Ventas es el padre de Julio Javier Moreno Valseca . Según algunas fuentes, la relación entre Iván y Julio Javier sería empresarial".

En el caso del hijo de Manuel Chaves, cuenta esta madrugada El Mundo, que "sus movimientos empezaron a llamar la atención al hacerse cargo de la comercialización del alquiler de los locales del proyecto Metropol-Parasol, un ambicioso proyecto urbanístico del Ayuntamiento de Sevilla, presidido por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Se calcula que ese negocio mueve medio millón de euros al año, de los que Iván Chaves se lleva una comisión como intermediario."

La empresa es la sociedad limitada Cexmark Soluciones, constituida ante notario el 29 de diciembre de 2006. El hijo de Chaves se hizo con 30 de las 31 participaciones de la compañía (96,8 por ciento), mientras que la última se la quedó una cuñada, según consta en el Registro Mercantil. Varias vallas publicitarias con los anagramas de Sacyr y del Ayuntamiento de Sevilla invitan desde hace meses a alquilar los locales llamando a un número de teléfono. Es el que corresponde a Javier Olaegui de la Infiesta, socio del hijo del ex presidente de la Junta de Andalucía en Núcleo de Inversiones y Negocios SL, la otra firma en la que aparece actualmente Iván Chaves y que se dedica a la "compraventa y/o arrendamiento de inmuebles".

El PP ya ha hecho públicas sus sospechas de que Iván Chaves pudiera estar recibiendo un trato de favor. "Podría ser una coincidencia, pero cuando las coincidencias se repiten, dejan de ser coincidencias y son cuestiones planificadas", ha advertido Beltrán Pérez, concejal popular sevillano.

Por si fuera poco, el arquitecto Felipe Palomino, sobrino de Felipe González, fue el encargado de realizar el proyecto de musealización de los restos arqueológicos hallados en el solar de la Encarnación y la dirección de las obras. Por ambos contratos, obtuvo unos 210.000 euros adjudicados directamente por el Ayuntamiento de Sevilla.

Según ha sabido Libertad Digital, el grueso de la información sobre este caso la tiene el periodista Melchor Miralles que la hará pública mañana en "El Confidencial" aunque esta madrugada a las 1:16 aún no había sido subida a la página.

Hace dos años que Libertad Digital alertó del caso Iván y del casao Paula Chaves

Libertad Digital publicó el 11 de enero de 2009 que la vía socialista al capitalismo empezaba por los hijos de Manuel Chaves. Y decíamos que en Andalucía, la originalidad del socialismo andaluz era haberse constituido en vía de acceso al capitalismo, eso sí, penetrado, y a ser posible dirigido, por militantes socialistas, no sólo científicos sociales de la ingeniería social socialista sino asimismo expertos en los recovecos del mercado "bien gobernado" del capitalismo. Ele el arte. Para ejemplo y primeros de la fila, hoy, los hijos de Manuel Chaves.

Los hijos de Chaves

Iván y Paula Chaves Iborra son los hijos del presidente andaluz, Manuel Chaves, un veterano socialista, derivado del clan de la tortilla y su foto correspondiente. Pero lejos de comprender como su padre las verdades abstractas del materialismo histórico y de romperse la cabeza para seleccionar entre todas ellas las vías adecuadas para el socialismo, han elegido la buena nueva de muchos militantes, parientes y amigos del socialismo sureño: la vía socialista al capitalismo. Y nada mejor para ello que coger el atajo de las sociedades anónimas o limitadas, corazón jurídico del sistema, como formación básica y camino seguro hacia el objetivo.

Empecemos porIván Chaves Iborra. Según el registro mercantil, aparece como administrador en tres sociedades mercantiles llamadas:

Exiden Participaciones S.L. CIF B91586958

Cexmark Soluciones S.L. CIF B91605501

Núcleo de Inversiones y Negocios S.L. CIF B91764068

La primera de ellas, Exiden Participaciones SL, se dedica al ignominioso arte de "la adquisición, tenencia, administración, disfrute y enajenación, bien por cuenta propia o ajena, así como la realización de toda clase de inversiones en bienes inmuebles y derechos reales constituido sobre los mismos, y así como en valores mobiliarios, títulos, valores y activos financieros de cualquier clase, esto último, siempre por cuenta propia con respecto a la vigente legislación sobre mercado de valores." O sea, lo peor del capitalismo, las inmobiliarias, y lo peor del capitalismo bursátil, lo mobiliario.

La segunda, Cexmark Soluciones SL, se dedica a "la realización, gestión y prestación de servicios de asesoramiento y asistencia en los ámbitos técnicos y del sector de la construcción e inmobiliario en general, financieros, fiscales, laborales, empresariales, contables de estimación y valoración de activos y empresas". Más de lo mismo.

La tercera, Núcleo de Inversiones y Negocios SL, abiertamente a la cosa impura del tráfico de los inmuebles y otros menesteres menores: "La compraventa y/o el arrendamiento de inmuebles; labores de asesoramiento y consultoría de empresas, así como la prestación de servicios de agencia comercial".

Paula Chaves Iborrasalió bien colocada de partida porque, en un pispás, pasó a formar parte de uno de los grupos industriales y económicos más fuertes del capitalismo tradicional andaluz y nacional: el imperio de los Benjumea, esto es, Abengoa y empresas asociadas y diversas. De hecho participa en las siguientes sociedades:

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA A78107349

TELVENT HOUSING SA A82232448

REGISTRO MERCANTIL DE ASTURIAS

TRAFICO INGENIERIA SA A33088758

REGISTRO MERCANTIL DE HUELVA

MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA A81336877

Las primeras, todas ellas, incluso Tráfico Ingeniería, SA, pertenecen al universo empresarial comandado por los hermanos de Abengoa.

De todas ellas, la más interesante es la cuarta, Minas de Aguas Teñidas, SA, a la que se ha incorporado hace bien poco tiempo y en la que nos tememos, decíamos en 2009, habrá sorpresas futuras. Ya saben cómo luego Manuel Chaves, como presidente de la Junta, concedió unos incentivos director a la empresa por importe de 10 millones de euros.

Read more »

UGT y CCOO cobraron el 1% de cada uno de los ERE fraudulentos de la Junta

HASTA 7 MILLONES CADA UNO

Estos sindicatos no actuaron pese a las denuncias de los fraudes. En total cobraron entre el 0,5 y el 1% del coste total de las prejubilaciones.

• La jueza vuelve a exigir las actas de los ERE
• La Policía investiga a CCOO en los ERE
• La Fiscalía Anticorrupción intervendrá en el caso ERE

2011-04-04

LIBERTAD DIGITAL

La juez Mercedes Alaya asegura que entre 2001 y 2011 la Junta de Andalucía destinó unos 700 millones de euros a pagar prejubilaciones. Y los sindicatos se habrían llevado entre 3,5 y 7 millones de euros tanto CCOO como UGT por los ERE del Gobierno andaluz.

Según ha podido saber Libertad Digital, en el ERE de Bolidén había un apunte contable de 10000 euros para cada una de las centrales, UGT y CCOO.

Según informa El Mundo, estas cantidades destinadas a los sindicatos se justifican como honorarios por asesoramiento y se producían mediante acuerdos verbales entre CCOO y UGT con la Consejería de Empleo, que incluía las comisiones en los gastos de gestión de los ERE.

En este sentido, estos dos sindicatos recibían el dinero a través de empresas participadas por ellos mismos, que emitían facturas para tramitar los ERE. Así, la Junta pagaba en torno al 1 por ciento a un mediador por realizar los cálculos necesarios y buscar la mejor oferta entre las aseguradoras. Pero en la práctica, los sindicatos "cobran por facilitar a los brokers los datos de los trabajadores."

De este modo, los mediadores no realizaban los pagos directamente a CCOO y UGT sino a sus propias agencias de corretaje de seguros. "Esto se ha hecho así desde tiempo inmemorial, ya existía en los años 90", afirma un colaborador de la Junta.

Según varias fuentes, si no hubiera habido comisiones para los sindicatos no se hubieran cerrado los ERE. Pero sólo UGT y CCOO cobraron por ello bajo el argumento de que "los otros sindicatos se niegan a firmar los ERE. Si CGT y USO no quieren firmar, pues no son necesarios". Precisamente fue USO la que destapó el presunto fraude en el ERE de la Base de Morón.

Read more »

La juez ve «sorprendente» que Merca no haya rebajado plantilla tras dos ERE

Sevilla
El ex gerente, Fernando Mellet, pide amparo al Constitucional para recusar a Alaya

A. g. / sevilla

Día 02/04/2011 - 21.25h

gogo lobato 

El exdirector general de Mercasevilla, Fernando Mellet

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las prejubilaciones fraudulentas detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía gracias a un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ha desestimado una petición de la Fiscalía para que dos peritos del Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social «auxilien» a esta instancia en el análisis de la documentación. Entre otros argumentos, la juez esgrime que le resulta «cuanto menos sorprendente» que la Inspección de Trabajo «no hiciera la menor reseña o reparo» al expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por Mercasevilla, pues el procedimiento respondía a las mismas «causas» que el ERE de 2003, tras el cual fue contratado «prácticamente el mismo número de trabajadores» prejubilados. Como es sabido, Alaya, ha imputado al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, al que fuera su director adjunto, Daniel Ponce, al exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y a los prejubilados José Antonio R. M. y Antonio Garrido Santoyo, en el marco de la línea de investigación promovida para esclarecer posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en torno a los expedientes de regulación de empleo impulsados en 2003 y 2007 desde esta lonja pública participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla.

Por otra parte, el ex gerente del mercado, Fernando Mellet, ha elevado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el auto de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que rechazó la recusación planteada contra la juez Mercedes Alaya, por el trabajo de su marido como auditor de las cuentas de la sociedad mixta, ya que la Audiencia entendía que la recusación planteada «carece de virtualidad para apartar a la magistrada del conocimiento del proceso por la causa consistente en tener interés directo o indirecto, al constatarse que permanece incólume su imparcialidad subjetiva». En este sentido, el letrado de Fernando Mellet revela que ha presentado este recurso de amparo —de más de 100 folios de extensión— pues entiende que existen motivos suficientes para la recusación, que inicialmente fue planteada por la defensa de la representación jurídica de la ex responsable del área económico-financiera de Mercasevilla Pilar Giraldo.

Read more »

La lista del decretazo 15: el cuento de nunca acabar

León Felipe, viejo poeta español, sabía todos los cuentos y sabía que la inocencia del hombre se ahoga con cuentos.

2011-04-03

Pedro de Tena / Antonio Barreda

Uno de ellos fue el cuento de la honradez, es decir, el cuento de no aprovecharse de las mieles del poder, el cuento de permanecer íntegros y desinteresados en el manejo del dinero público, en el respeto de la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos para acceder a puestos administrativos y empleos públicos. Ya sabemos un cuento más. Sigamos con nuestra lista.

José María Domenech Mata es un alto funcionario de la consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía que ha conocido y conoce todos los caminos y todos los atajos. No sabemos si ama al PSOE, pero sí sabemos que ama a su familia. El camino del nepotismo no sólo se ciñe a la oligarquía del PSOE andaluz sino que habita asimismo entre algunos altos funcionarios heredados.

Domenech, además, es administrador del Centro Docente María Sociedad Anónima, A41059403, a cuyo desarrollo, a partir de una guardería y del centro Celemín, la Junta nunca opuso reparo alguno. Domenech fue asimismo administrador de Celemín SA.
 

Don Manuel Barrios en su serie "Oposiciones con trampas" ya denunció con pelos, señales y valor, los procedimientos de la Junta de Andalucía en las oposiciones ordinarias. En 1998, desveló que cinco grupos de opositores habían denunciado las pruebas por irregularidad manifiesta. Y decía Barrios que "la cúpula de Gobernación ha convocado pruebas selectivas, por el sistema de concurso oposición «libre», para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, Código D 1000. Magnífica iniciativa, si no fuera porque en tal convocatoria se detecta una ilegalidad que puede ser recurrida, ante el Tribunal Constitucional o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de manera fulminante. El punto 1,4 de las bases dice que «para acceder a la fase de oposición será necesario obtener en dicha fase de concurso una puntuación mínima de 4». Esto es anticonstitucional y socava los cimientos de la función pública, ya que los puntos han de sumarse siempre al final de la oposición si los aspirantes han aprobado, nunca antes ni poniendo una barrera para colocar a los amigos del poder.

Sólo por esto, ya merecería investigar el memorial de oposiciones de la Junta andaluza.

Pero es que además, los miembros del tribunal hablaban por sí mismos. Presidenta, Julia Serrano Checa, antigua interina del Grupo A, ex secretaria general técnica de la Consejería de Gobernación y entonces secretaria del Instituto Andaluz de Administración Pública cuyo director era Juan Luque Alfonso, "de quien me dicen que pertenece al Grupo A «gracias a unas oposiciones organizadas por su amigo Antonio Torres, alcalde del Ayuntamiento de Lebrija". Serrano Checa fue imputada en el Juzgado de Instrucción n. 17, que investigaba el «caso Impiasa» e Imprenta Mora (tragaperras de Écija), del caso Juan Guerra, por adjudicaciones irregulares y gastos electorales fraudulentos. Su amigo el viceconsejero la mandó un año entero a su casa, para que estudiase. "Por supuesto, añade Barrios, en las oposiciones del año 94, con su amigo Juan Luque custodiando la caja fuerte que guarda los exámenes, la señora Serrano aprobó las del Grupo A..."

Presidente suplente de este tribunal era Francisco Sanabria Estévez, jefe del Servicio de Legislación en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Gobernación, puesto de trabajo conseguido a dedo, sin concurso de méritos.

Pero, y es lo que nos interesa, miembro de aquel tribunal era José María Domenech Mata, "antiguo letrado de AiSS (funcionario, por la cara, del Sindicato Vertical del Movimiento: oposiciones con los libros encima de la mesa). Jefe del Servicio de Formación Ocupacional en la Consejería de Trabajo, tuvo que marcharse «deprisa y corriendo», hace cuatro o cinco años, al descubrirse presuntas irregularidades en los pagos de subvenciones a las empresas que organizan los cursos. Luego fue "adjunto al director general de Política Interior con nivel 30, secretario de la Comisión del Juego y Apuestas de Andalucía, involucrado en la escandalosa adjudicación del Casino de Sevilla, por tener que informar las diferentes propuestas. Todos los puestos que ha ocupado en la Junta de Andalucía han sido gracias al dedo del poder, con magníficas retribuciones, jamás sometido a concurso de méritos y, por tanto, muy agradecido al mencionado dedo".

Y terminaba Barrios con una pregunta: "¿Acaso es posible pensar en la profesionalidad e independencia de unos estómagos agradecidos a la Consejería de Gobernación?

Pues viene esto a cuento porque José María Domenech Gómez, hijo del ya mencionado Domenech Mata, trabaja en el GREA, Grupo de Rescate y Emergencias de Andalucía, al menos desde 2007. Pero no figuraba en las listas de especialistas admitidos para las pruebas, que obran en nuestro poder. ¿Y cómo entra uno en el GREA sin estar en la lista de los que iban a hacer la oposición? A lo mejor iba en la lista de Jefes.

Y además, ha sido representante de sus compañeros por CC.OO.

Y ahora añadamos algunos nombres más a la lista:

Según la documentación de ABC, Egmasa contrató el 5 de marzo de 1998 al ex alcalde de la localidad granadina de Cúllar, Angel Martínez Lara, para realizar tareas comerciales, preferentemente ante las corporaciones locales. Este contrato de seis meses fue prorrogado seis más desde el 5 de septiembre al 4 de marzo del año siguiente. En concreto, su trabajo era el de efectuar «gestiones de mediación y venta de los productos, servicios y actividades en general de la empresa». Igualmente, la empresa «facilitará a Angel Martínez Lara los nombres de los clientes a los que, en la zona objeto de este contrato, el trabajador habrá de prestar sus servicios». Las zonas geográficas del contrato eran las provincias de Almería, Granada, Málaga y Jaén.

No tiene que ver con nuestra lista pero es gracioso. Al llegar a su nuevo destino en la Delegación de Jaén de la Consejería de Empleo la nueva delegada, Irene Sabalete Ortega, nombrada hace unos meses con el mérito de ser hija del Alcalde de Torre del Campo (PSOE), Blas Sabalete Ruiz, tomó conciencia de que necesitaba un asesor, alguien que le organizara su agenda, alguien que fuera "su mano derecha". Y fichó para tal cargo al encargado de mantenimiento. Si, si, el que enciende y apaga las luces, el que cambia las bombillas, el que pone la calefacción por las mañanas, etc. ataviado con su bata azul. Alejandro Rodríguez Hornos se llama y trabaja en la planta 5ª de la Delegación de Trabajo, en la C/Esteban Ramirez de Jaén.

Tal vez Sabalete y Hornos se conocían anteriormente. Tal vez en la Utedlt Loma Occidental (Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico). Indicios hay en Facebook.

Pero Hornos tenía experiencia porque aparece como asesor en los convenios colectivos de la construcción en los que participaba la Delegación.

Hay quien cree que es cuñado o sobrino de Gaspar Zarrías Arévalo, pero tal coincidencia resulta increíble. "El arquitecto", le llaman.

Por cierto que Blas Sabalete fue imputado por la Fiscalía en 2010 por no ordenar el inicio de expedientes sancionadores contra infractores de irregularidades urbanísticas. El Delegado del Gobierno y Vicesecretario Provincial del PSOE en Jaén llegaron incluso a decir que lo apoyarían si quería ser de nuevo candidato.

La semana que viene seguiremos.

Read more »

Ya son tres las Consejerías implicadas en los ERE y el fondo de reptiles

LOS ERE 'MUERTOS' PODRÍAN SER MÁS DE 100

Hace ya meses que lo determinó Libertad Digital . Decíamos entonces que en realidad eran cinco consejeros, por lo menos, los implicados.

Pedro de Tena / Antonio Barreda

"El primero de todos ellos y presuntamente inventor del sistema del "fondo de reptiles" es José Antonio Viera, que fue consejero de Trabajo del gabinete de Manuel Chaves entre 2001 y 2004. Cómplice tuvo que ser de su método el entonces director general del IFA, Antonio Fernández, que fue nombrado consejero de Empleo en 2004 con cese en 2010. El tercero de ellos, Manuel Recio porque el sistema ha seguido funcionando sin que él lo hubiera denunciado. Pero además, hay un cuarto consejero implicado, Francisco Vallejo Serrano, responsable directo de la Agencia IDEA cuando esta recibía los fondos de Empleo para su conversión en fondos de reptiles. Vallejo fue destituido en 2009, sustituyéndole Martín Soler, responsable del PSOE de Almería, que siguió con el sistema." Esto es cinco y por pura deducción lógica-política. Además de ellos, tienen que estar implicados un número por determinar de directores generales y directivos de las empresas beneficiadas irregularmente.

Poco a poco se va desbrozando la realidad del caso y apareciendo responsables. El entonces titular de Innovación Francisco Vallejo también conocía desde 2005 el descontrol sobre los fondos cuenta  ABC. Vallejo recibió también un escrito del interventor general de Hacienda con acuse de recibo de Correos en el que le decía que el procedimiento utilizado para tramitar las ayudas destinadas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas en crisis no respetaba los cauces legales fijados para este tipo de subvenciones no era ningún secreto en la Junta.

Por tanto, como mínimo tres consejerías conocían al máximo nivel, por medio de los informes de fiscalización de gastos emitidos por la Intervención General que la gestión de estos fondos públicos, canalizados a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no era el adecuado. Además de las consejerías de Hacienda —entonces bajo el mando de José Antonio Griñán— y de Empleo —con Antonio Fernández, imputado en el proceso judicial por los falsos ERE—, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa también sabía del fondo de reptiles.

Y era lógico políticamente. Por una parte, la Consejería de Economía y Hacienda, de la que dependía la responsabilidad de 647 millones no podía desconocer la existencia de ese fondo. La Consejería de Empleo, que lo administraba, tampoco. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, una de cuyas agencias se utilizaba para la transferencia del dinero, tampoco.

La novedad es que aparece otra vez un documento de Intervención General de la Junta. Siendo consejero de Innovación Francisco Vallejo, que ocupó el cargo entre 2004 y abril de 2009, llegó a sus manos un informe del entonces interventor general, Manuel Gómez Martínez, que analizaba en profundidad al cierre del ejercicio de 2002 las cuentas de IDEA, el organismo instrumental que se encargaba de incentivar los ERE. 

El documento lleva fecha del 22 de julio de 2005, con años de retardo con respecto al periodo analizado por el interventor, correspondiente a la liquidación del ejercicio de 2002. Ya se sabe que poco antes de este escrito, otro informe del órgano fiscalizador de la Junta se remitió a las consejerías de Empleo y de Hacienda. Fue rebatido con alegaciones por el primero. Ese es el informe del que la entonces viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dice ahora que nunca le hizo llegar el informe a su superior, que era Griñán, para salvarlo de futuras catástrofes políticas.

O sea, que el fondo de reptiles como sistema de tramitación de ayudas en lugar del procedimiento legal de subvenciones excepcionales fue cuestionado por Intervención general en 2005, 2006 y 2007. Naturalmente, esto implica que el sistema ha sido aplicado a todos los ERE producidos desde, al menos 2002. Pero el consejero de Empleo de la Junta, Manuel Recio, no quiere investigar los ERE «muertos» o ya vencidos, que superarían el centenar y sobre los que la jueza Mercedes Alaya ha ampliado las pesquisas.

Read more »

El convenio urbanistico "universitario" de Valadez, plagado de irregularidades. Estaba bajo secreto de sumario.

El convenio de Valadez tiene más edificabilidad y menos plusvalías para la ciudad. Son las sombras del acuerdo. Hidalgo prometió a Barrientos 24 millones de euros para la construcción del campus; 400.000 euros para la Residencia de Ancianos y 3´3 millones de euros para los colonos. Nada de esto se cotempla en el nuevo convenio de Valadez. Ha sido promovido estando bajo secreto de sumario.

ATC

Barrientos con Valadez y Rodríguez, los denunciantes de Astapa

    El semanario Estepona Información ha tenido acceso al documento manuscrito por Juan José Hidalgo Acera, presidente del grupo Globalia, en el que, en un primer esbozo de lo que sería el convenio que suscribió con el Ayuntamiento de Estepona siendo alcalde Antonio Barrientos, pone de manifiesto notables ventajas con respecto al que Valadez pretende llevar nuevamente a pleno el próximo martes.
   En el mismo se muestra bien a las claras el compromiso del empresario en la construcción de los edificios que albergarían  la supuesta Universidad de Estepona, para lo cual  ofreció  la donación de 24 millones de euros. En el documento manuscrito, que aparece en la portada de este semanario en su última edición correspondiente a hoy sábado 26 de marzo de 2011, detalla la edificación de los suelos de la Herencia Nadal y pone de manifiesto otra serie de compromisos, afirmando con rotundidad que "me comprometo a realizar la Universidad en los terrenos de Guadalobón..."
    Según señala el citado semanario, el convenio, de gran calado para la ciudad, se desgranó en una cena en un lujoso restaurante de Marbella que previamente eligió el empresario del grupo Globalia. Allí estuvieron presentes, junto con el alcalde e Hidalgo, otros dos concejales y se analizaron todos los detalles que llevaba aparejado el convenio. Según refleja el documento, Hidalgo se comprometió a la entrega de una cantidad de 3´3 millones de euros para los colonos de los terrenos en concepto de indemnización, así como 400.000 euros a la Residencia de Ancianos para su sostenimiento. Los terrenos de Gadalobón norte pasarían a propiedad municipal y se estipuló la donación de 24 millones de euros para infraestructuras del proyecto universitario.

Nota manuscrita de José Hidalgo donde se compromete a "realizar la Universidad"

   El convenio finalmente se materializó en los Convenios Docente  y Urbanístico (Planteamiento y Gestión) y fue ratificado por ambas partes: Ayuntamiento y propietarios de los suelos, que estaban a cargo de Inmobiliaria Acinipo, Urbanizadora  XXI y Proyectos Guadalobón S.L, en Abril de 2008, dos mese antes del inicio de la planificada "operación" Astapa. Sin embargo, según informaciones que en su día hizo públicas el citado semanario y que obran en poder de este portal,  precisamente sería la venta de parte de los terrenos de Globalia a Urbanizadora XXI, también propiedad de Hidalgo,  lo que posibilitó que aquel convenio no se llevase a cabo al entrar en liza un "nuevo" propietario de los terrenos.
   Se da la circunstancia de que el tras inicio de la citada operación político-judicial de Astapa el 17 de junio de 2008, con el inicio de los registros y detenciones, seis días después la prensa se hacía eco de la posible imputación o declaración de este empresario ante la jueza Conejo, al igual que las varias decenas de detenidos que hasta ese día habían desfilado por el Juzgado. Sin embargo tres días después de esta revelación mediática (el caso estaba bajo secreto de sumario) ese mismo medio publicaba unas declaraciones del empresario asegurando rotundamente que a "él no lo había citado la Policía y que ni había declarado ni le iban a llamar a declarar". Casualmente cuatro años después, efectivamente, aún no ha sido citado a declarar. No obstante en otras declaraciones se ratificaba en ese sentido y añadía que el convenio con Barrientos le ha supuesto unas pérdidas de 30 millones de euros.

    Pero entonces en este punto surge una duda: ¿Cómo pudo perder 30 millones en dicho convenio si ya no estaba en vigor, porque además del hecho de que entrara otra empresa de su propiedad que lo invalidara, los convenios de Barrientos fueron paralizados tras la aparición de la operación policial? Por otro lado, ¿acaso sigue en vigor el convenio de Barrientos y es lo que Valadez trata de evitar con la aprobación de un convenio que revoque "legalmente" al otro? Éste debería ser trabajo de la oposición averiguar. Mientras tanto lo que tiene el pueblo de Estepona delante con Valadez, que denunció a las empresas de Hidalgo en Astapa, es un convenio que parece estar pensado para desvincularse del compromiso adquirido con el pueblo de Estepona a través del, por entonces, alcalde Antonio Barrientos de invertir los 24 millones, a los que si le sumamos los 3´3 millones que se comprometió con los colonos y los 400.000 euros para la Residencia de Ancianos nos da la cantidad que Hidalgo dice haber perdido con el convenio del 2008.
   Sin embargo también se rumoreó en su día que el empresario podría referirse no a los 30 millones de euros que debería ofrecer al pueblo de Estepona sino que esta cantidad podría ser la que le exigió presuntamente la Junta de Andalucía o, en todo caso, un alto cargo del PSOE andaluz, para llevar a cabo el convenio. Se da la paradójica circunstancia que cuando Valadez en diciembre de 2008 retomó el asunto de la universidad, anunciando que, aunque se firmó en febrero de 2008 (si falla el vículo pulse aquí y busque casi al final de esta página de archivos blogger), "no se  especificaron las titulaciones que se implantarían en la ciudad, si bien parece seguro que habrá una escuela de Turismo y cursos de postgrado avanzados como Gestión deportiva y cultural." Pero una circunstancia, como decía, llama la atención. Aquí, según sabemos hoy se entrecruzan ciertos intereses sospechosamente. Esta información apareció en toda la prensa provincial sin embargo incluso la fuente original de la que se hace eco este blog afín a Valadez, ha desaparecido de la web; pero fue publicada a mediados de diciembre de 2008, sólo séis meses después de su autonombramiento (no fue elegido en primera votación y fue impuesto por orden de lista), y en ella se señala que: "Ayer mismo, miembros del equipo de gobierno municipal se reunieron con la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, para retomar el proyecto, que según explicó el alcalde, David Valadez, "es prioritario para la dinamización del municipio"..."
   ¿Cuál fue el objeto de la "aparición" en escena de la rectora de la UMA, para hablar de un proyecto, que hoy sabemos que nada se acordaba ni sobre la construcción de la universidad, ni sobre las materias que habrían de estudiarse, como hoy sabemos?
    Pero aún hay más. Será casualidad que también aparezca en escena "...el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo. Valadez apuntó ayer que en breve se retomarán las conversaciones con los estamentos oportunos dentro del Gobierno autonómico "para poder convertir este proyecto en una realidad lo antes posible". O sea el consejero de un área que en nada interviene en lo que a la articulación de la "Universidad" se refiere, puesto que nada de lo que corresponda a su área se expone ni se analiza en el actual convenio de Valadez. Por si eso fuese poco, Francisco Vallejo  fue el cargo socialista de la Junta quien, según Gil y Gil, presuntamente recibió el cheque de 200 millones de pesetas  que se le exigió desde el PSOE andaluz para llevar a cabo la construcción de la urbanización Los Cipreses del Mar en Marbella.
    Lo que sí parece cierto, en cualquier caso, es que Hidalgo obtuvo beneficios con la parte de suelo que vendió, recién comprado a la Iglesia, de la futura universidad de Estepona y los invirtió en República Dominicana, según se lee en esta página web...:  "...asegura reivindicando la hucha de toda la vida. Así, vendió una parte de los terrenos que tiene en Estepona (Málaga) y el dinero lo reinvirtió en Santo Domingo para construir tres nuevos hoteles y participar, con un 25% del capital, en la creación de Air Dominicana..."

   Otro dato a tener en cuenta y que desmiente unas declaraciones  de Valadez realizadas a Estepona Información según las cuales el dosbloqueo del convenio universitario, que él presentaba, recubierto del mayor oscurantismo, a pleno el 25 de febrero de 2011, ha sido "arduo", es el hecho de que también miente ya que (y esto es algo que todos están pasando por alto o ni siquiera se les ha pasado por la cabeza pensarlo), comenzó a "desbloquearlo" en diciembre de 2008 como ya hemos señalado y se daban dos circunstancias que nos tienen que llevar a algunas reflexiones:

1) En ese mes de diciembre la jueza Isabel Conejo es sustituida sin que se nombre un juez sustituto y se anuncia el suspenso de las investigaciones de Astapa por un año. El Consejo General del Poder Judicial no tuvo en cuenta sus alegaciones en contra de esta medida.

2) Lo que es más sospechoso aún: en esa fecha el sumario, al igual que ahora cuatro años después, estaba en pleno secreto de sus actuaciones. David Valadez, según supimos con la 1ª apertura sumarial de verano de 2009, había denunciado o dejado caer la duda sobre las empresas de Globalia ¿cómo se explica que, sin previo aviso de la Justicia, un expediente que "supuestamente" estaba siendo investigado dentro de una operación judicial bajo secreto sumarial fuese abierto por parte de Valadez para concluirlo estando siendo investigado bajo secreto?

Continuará

Read more »

El PP fija por ahora a un exconsejero de Empleo como el responsable penal máximo de los ERE

Se querella contra seis altos cargos y veinte personas entre beneficiarios e intermediarios de la trama fraudulenta

Mercedes Benítez / Sevilla

20/03/2011

  La querella que el PP presentará mañana en el juzgado fija, de momento, la responsabilidad penal sobre la trama de los ERE en el que fuera consejero de Empleo, Antonio Fernández pero, según anunció ayer la portavoz popular, Rosario Soto, «está abierta» y es «ampliable» a aquellas personas que puedan aparecer implicadas. Así aunque los populares han acusado políticamente al propio presidente José Antonio Griñán, en la denuncia presentada ayer el máximo responsable es el propio Fernández.

La denuncia se dirige contra 26 personas, entre las que figuran seis altos cargos de la Junta de Andalucía. Así aparecen, además de Fernández, los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Manuel Jesús Regidor y el actual director general, Daniel Alberto Rivera así como el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. También el intermediario Juan Lanzas, comercial del Estudio Jurídico Villasís en el momento de los hechos, Antonio José Albarracín, director general de Vitalia, Jesús María Bordallo, responsable en Sevilla de Vitalia, Francisco José González, comercial de Vitalia y José González Mata, administrador de Uniter S.L e Ingotor Seguros S.L. Y a ellos une el PP una lista de 15 personas, al parecer beneficiarios de ERE en empresas en las que nunca trabajaron.

Los populares piden que declaren como testigos los interventores

Todos podrían ser responsables de delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos.

Esa lista será ampliada contra «todos aquellos que pudieran ser implicados en la investigación». Una investigación que, según el PP, debe partir del origen que sitúan en el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que «se ideó un sistema por el que seguir otorgando las subvenciones excepcionales a empresas en crisis o en proceso de reestructuración, evitando procedimientos administrativos legalmente establecidos para el otorgamiento de las mismas y los controles de fiscalización previos que había de realizar la Intervención General de la Junta de Andalucía». El citado convenio fue firmado en julio de 2001 por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera y el entonces presidente del IFA, Antonio Fernández, y su duración expiraba en diciembre de 2003 aunque el IFA ha seguido haciendo frente a las obligaciones derivadas de los compromisos adquiridos hasta la fecha.

Dice la querella que para financiar este sistema los presupuestos de Empleo de 2001 a 2009 incluyen partidas con la denominación de transferencia de financiación de explotación al IFA dentro del programa 31L u otros equivalentes y que el valor total de los fondos transferidos de 2000 a 2010 asciende a 647.869.157,45 euros.

Según el PP, se detectaron diferencias de 170.000 euros entre las cuantías reflejadas en la liquidación del presupuesto de Empleo y el dinero librado por los entes que gestionaron las ayudas, la inexistencia de informes jurídicos, la falta de publicidad o las subvenciones arbitrarias y discrecionales a empresas de militantes socialistas y ayuntamientos del PSOE. El PP pide la declaración del ex interventor, Manuel Gómez Marín, el interventor delegado de Control Financiero, Ignacio García y el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo.

Read more »

El líder de la patronal andaluza, socio de una empresa del fraude masivo

LA COMPAÑÍA TRABAJA PARA HACIENDA

La empresa, Qualytel Teleservices, forma parte de la trama investigada por fraude en las ayudas al empleo de la UE repartidas por la Junta.

• Nuevo escándalo en Andalucía: fraude masivo con las ayudas de la UE

2011-03-07

Pedro de Tena / Antonio Barreda

En el fraude masivo de alrededor de 1.600 empresas que presuntamente se han beneficiado de los fondos europeos intermediados por la Junta de Andalucía para contratar a trabajadores que eran despedidos nada más cobrada la ayuda, se encuentra una empresa peculiar, Qualytel TeleServices, SA, administradora única de Qualytel Andalucía, SA. Señalada este domingo por ABC, de su consejo de administración han formado parte hasta diciembre de 2007 el presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA), Santiago Herrero León, y altos cargos del organismo, cosa que no ha salido a la luz. Igualmente ha sido administrador de esta empresa Antonio Falcón Romero, socialista y ex alto cargo de la Junta de Andalucía, concretamente ex director general de Política Interior del Gobierno andaluz y ex comisionado para la Droga.

Cobra gran relevancia la noticia por cuanto Qualytel Teleservices es la empresa encargada por parte de la Agencia Tributaria para asesorar por teléfono a los contribuyentes con sus declaraciones de la Renta. Que esté siendo investigada por defraudar 318.000 euros de ayudas de la Unión Europea al empleo que gestionó la Junta de Andalucía ya es notable. Que sean personas de la cúpula de la CEA los que han sido sus socios en Andalucía desde marzo de 2004 a diciembre de 2007 es relevante.

Según dice el propio diario de Vocento, "el escándalo cobra en el caso de Qualytel perfiles inquietantes, puesto que, entre la amplísima cartera de clientes con que cuenta esta compañía especializada en la gestión telemática, está la propia Agencia Tributaria, que le ha encargado el servicio telefónico de la próxima campaña de la Renta, que arrancará en mayo. Este servicio está confirmado en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla. Entre sus asiduos clientes se encuentran también bancos y teléfonos como el 112 de emergencia o servicios básicos como Salud Responde contratados por la Junta de Andalucía, bajo cuya gestión se cometieron las irregularidades".

De ser esto cierto, está claro que las personas de la cúpula implicada de la CEA tienen responsabilidades por cuanto que ya en 2006, el digital Por Andalucía Libre publicó que "hay destacados empresarios de la cúpula dirigente de la CEA que son administradores y/o accionistas de una de las empresas ligadas a Qualytel SA, en concreto, a Qualytel Andalucía SA, cuyo administrador único es Qualytel Teleservices,SA. La empresa se llama COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA y en ella participan Santiago Herrero, José Luis Haurie, Antonio Carrillo Alcalá y Miguel Santaella Rodríguez (que sepamos no lo hacen en nombre de la CEA sino a título personal).

Hasta ahora, sólo habíamos descubierto en Qualytel Interservices, SA, empresa dedicada al telemárketing y adjudicataria del servicio Salud Responde de la Consejería de Salud, la presencia de Antonio Falcón Romero, ex comisionado de la Droga y militante del PSOE, socio a su vez de Pablo Recio y Luis Cordero, ambos vinculados al PSOE. Pues la cosa es más compleja y demuestra que la tela de araña afecta a muchos y de muy variada manera. También pruebanlos intereses comunes que ligan a dirigentes empresariales con la Junta de Andalucía y el Partido Socialista.

Entre los accionistas de Qualytel Andalucía SA se encontraban a finales de 2006 y estuvieron hasta finales de 2007:

a)Tomás Muriana Gajete, Consejero Delegado y Fundador de QUALYTEL TELESERVICES, S.A.

b)Vicente Olivenza Castellano, Representante de AEMT(Asociación Española de Márketing Telefónico) y administrador de QUALYTEL TELESERVICES, S.A.

c)María José Romero Ganuza

d) COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA (que es la sección donde participan los gerifaltes de la CEA)

e)Antonio Falcón Romero, ex alto cargo de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista, administrador de Qualytel Teleservices, SA, adjudicataria del servicio Salud Responde.

Es en la empresa COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA donde aparecen como administradores algunos de los más importantes dirigentes de la CEA. Dedicada a servicios y/o asesoramiento de comunicación, imagen, difusión, etc. de empresas en cuanto a comunicación integral y otras; encuentros, reuniones, asambleas, etc.; y servicio jurídico, contable, fiscal, laboral a empresas, sus administradores son:

Miguel Santaella Rodríguez: vicepresidente de la CEA en 2006 y presidente de la Asempal, Asociación Empresarial de la Provincia de Almería.

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98

José Luis Haurie Vigne: miembro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales por la CEA en 2006. Y es vocal de la Comisión de control de Caja Córdoba

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98

Santiago Herrero León: presidente de la CEA

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98

Antonio Carrillo Alcalá: secretario general de la CEA

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 16/02/2002
Duración: 16/02/2007
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 20/06/2002
Fecha de la escritura: 07/06/2002
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2002/2643

Cuenta ABC que la envergadura económica podría superar el escándalo financiero de los ERE, que tuvo su origen en el caso de las supuestas comisiones ilegales de Mercasevilla. Sólo desde el año 2009 el importe total de las ayudas concedidas por la Junta que están bajo sospecha se eleva a 25 millones de euros.

Qualytel cuenta con una plantilla de 6.500 trabajadores y factura al año 1,16 millones de euros ya ha trabajado en anteriores campañas de la Renta con la Agencia Tributaria. Gracias a contratos como éste, en 2006, con presencia de la cúpula de la CEA, escaló al cuarto puesto del sector de gestión telemática a nivel nacional, con un ritmo de crecimiento del 30 por ciento anual Sus servicios para administraciones abarcan el teléfono de 24 horas o el de emergencias de Andalucía y Cataluña.

Entre sus clientes preferentes se encuentra, de hecho, la Junta de Andalucía, que encargó a este «call center» la gestión de servicio telefónico de Salud Responde, así como la línea que asesora a las mujeres en casos de malos tratos (teléfono 016). De hecho, según corroboran desde el sindicato Comisiones Obreras, la filial regional de Qualytel, Qualytel Andalucía, SA, gestiona los mencionados servicios, así como el Teléfono del Menor y parte de las líneas del 061 y el 112 en las provincias de Almería, Jaén, Málaga y Granada.

En Qualytel, como fue denunciado por "Por Andalucía Libre" en dos informes, la precariedad en el empleo era la norma, ya que la mayoría de sus trabajadores eran despedidos a los pocos meses de ser contratados. De hecho, la firma despidió en 2009 a más de 200 trabajadores amparándose en la rescisión de contratos de empresas con esta teleoperadora. El asunto concluyó con una sentencia del TSJA que confirmó otra de un juzgado jerezano que declaró improcedentes los ceses.

El PP ya denunció a la firma en 2006 por chanchullos. Hicieron público un documento anónimo en el que se recogía un convenio de colaboración entre la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, y el presidente de Caja San Fernando, Luis Pascual Navarrete, en relación con la cesión parcial y temporal, mediante precio, al Ayuntamiento del inmueble que ocupaba la Facultad de Derecho para la instalación de la empresa de telecomunicaciones Qualytel. Se autorizaba el uso del edificio a "otros usos compatibles con las actividades propias del sector de las telecomunicaciones". El pleno en le que se aprobó el cambio de uso del edificio nunca existió.

Read more »

Griñán intenta eludir el 'fondo de reptiles' cargando la culpa al ex director de Empleo que lo denunció

Conocía su existencia y no lo eliminó

El PP va a exigir tanto en el Parlamento como por vía judicial responsabilidades concretas, sobre todo a José Antonio Griñán.

• El líder de la patronal andaluza, socio de una empresa del fraude masivo
• El socialista que 'trabajó' desde la cuna: de botones a millonario

2011-03-08

Pedro de Tena / Antonio Barreda

Lo que está muy claro es que el Servicio de Intervención de la Junta de Andalucía qué dependía en 2005 del consejero de Economía, José Antonio Griñán, conocía la existencia del "fondo de reptiles" denunciado por el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero. No sólo lo conocía, sino que envió tres informes sucesivos denunciando su ilegalidad. ¿Por qué Griñán no eliminó aquel procedimiento irregular en su momento y ha consentido que las cosas llegaran a dónde han llegado? Griñán descarga su responsabilidad en la voluntad rebelde del director general denunciante, pero eso, en una estructura jerárquica, resulta a todas luces imposible.

Por ello, el PP va a exigir tanto en el Parlamento como por vía judicial responsabilidades concretas, sobre todo a José Antonio Griñán, de quien Javier Arenas asegura ya que "a lo mejor Griñán no puede continuar ni un segundo como presidente", ya que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009.

El Gobierno andaluz mantiene que la decisión de desoír al órgano superior de control interno y de contabilidad pública de la Administración andaluza fue una decisión "técnico-política" del ex director general de Trabajo. Sin embargo, la instrucción 1/2005 de 18 de mayo de la Intervención General consultada por La Razón detalla en su protocolo que los titulares de Hacienda –Consejería de la que depende– y Empleo –al que afecta el informe– deben conocer sus trabajos cuando afectan a organismos sometidos al control financiero permanente, como era este caso. O Griñán conocía los reparos que la Intervención puso a cómo se gestionaban esos fondos, o la propia Intervención incumplió sus directrices, algo improbable.

No era descontrol lo que había porque las partidas aparecían en los Presupuestos. Entre 2001 y 2009 la suma de todas ellas ascendió a 647 millones de euros. Pero la Intervención andaluza tenían que "examinar una muestra representativa de los expedientes de gasto del periodo" o "que las subvenciones concedidas en el periodo lo son a beneficiarios que reúnen los requisitos previstos". Y ya en 2005, la Intervención General dependiente de Griñán señaló que el procedimiento seguido no era el correcto y lo reiteró en 2006 y 2007. Tres informes sucesivos, tres años con Griñán de Consejero. Y por si fuera poco añadía que el centro de trabajo, esto es, la Dirección General de Empleo, debía rectificar e implantar las recomendaciones de Intervención. Pero no se hizo.

¿Culpa y responsabilidad de Griñán que no ordenó taxativamente el fin del "fondo de reptiles" o culpa y responsabilidad de Guerrero que hizo caso omiso a la Intervención?

Francisco Javier Guerrero admitió que la tramitación para esas ayudas era un tema "absolutamente no regulado" y que tuvieron "debates con ocho borradores de decreto y 10 borradores de Órdenes". Griñán dijo en el Parlamento que la Intervención "no detectó irregularidad alguna en los pagos". De ser así –salvo que los informes digan lo contrario–, el caso pudo llegar al Consejo de Gobierno.

Lo que no es de recibo es que, siendo la Consejería de Griñán consciente de los hechos, estos hayan seguido produciéndose seis años después de la denuncia.

Read more »

El socialista que 'trabajó' desde la cuna: de botones a millonario

EL EX CONSEJERO DE EMPLEO DE LA JUNTA

De botones pasando por concejal en Jerez, consejero de Agricultura y de Empleo hasta llegar a millonario prejubilado.

• 'Público' descubre a la suegra del escándalo de los ERE

2011-03-06

Libertad Digital

Quién le iba a decir a Antonio Fernández cuando trabajaba para las bodegas González Byass de botones con 14 años, que acabaría siendo un prejubilado millonario gracias a ellas.

Es el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010 cuya fecha de antigüedad en la bodega jerezana coincidía con la de su nacimiento, el 15 de julio de 1956. Algo que él achaca a un "error humano".

Cuando todavía estaba al frente de Empleo fue el momento en que entró en el último expediente de regulación de la bodega, de los que 400.000 eran para él.

Tal y como recuerda La Razón, su carrera política comenzó en 1983 y siempre al lado de Manuel Chaves, primero en la Diputación de Cádiz y después en las consejerías de Agricultura y Empleo. Fue este último cargo el que hizo que su nombre se barajara para suceder a Celestino Corbacho.

Sin embargo, su carrera política comenzó a truncarse tras negarse a destituir al delegado de empelo de Sevilla, Antonio Rivas, después de ser imputado por el caso de Mercasevilla. Griñán lo cesaba fulminantemente.

Tras ocho meses abandonaba definitivamente la política, no así el carné de partido. Y este paso lo dio cuando se aseguró la presidencia del Consejo Regulador del Vino.

Read more »

La dirección del PP da por hecho la caída de Griñán y ve candidata a Aguilar

La estrategia popular en andalucía

Génova da por amortizado a Griñán: "No será candidato". Y apunta a un sustituto: Rosa Aguilar. Asegura que las corruptelas irán a más.

• El informe oficial clave contra Chaves y Griñán

2011-03-16

Pablo Montesinos

José Antonio Griñán no será candidato del PSOE a las elecciones andaluzas, que se celebrarán -si no hay adelanto- en marzo de 2012. Con esta hipótesis trabajan las direcciones del PP a nivel nacional y autonómico, que añaden que "si no se va él" le acabarán echando desde Ferráz a fin de amortiguar la fuga de votos.

Varios factores influirán en la caída del actual presidente de la Junta Andalucía, en opinión del Partido Popular. Sin embargo, el más importante es que Griñán está "enfangado hasta el fondo" en el caso del fraude masivo en Andalucía, que incluye financiación ilegal de los socialistas.

El informe clave contra Griñán

La clave está en el informe que la Intervención General de la Junta envió a la Consejería de Empleo, cuando ésta era dirigida por Griñán. De dicho documento -y hay otros tantos que aún no han visto la luz- se desprende que desde el año 2005 "sabía lo que estaba pasando -en relación a los ERE-, no lo impidió y encima lo ocultó", según Esteban González Pons.

"Se estaba utilizando dinero de los parados para concesiones ilegales, y él estaba al corriente de todo", destacó el vicesecretario de Comunicación popular, en declaraciones a Libertad Digital. Un extremo, el del fondo de reptiles, al que unir otros escándalos de peso que, anuncian en el PP, empezarán a salir en los próximos días.

"Esto no ha hecho nada más que empezar. La consejería era un polvorín", aseguran las fuentes consultadas, que incluyen en ese combo de corruptelas la presunta financiación ilegal, que encerraría el pago de actos de partido a cambio de "favores".

Rosa Aguilar, sustituta

Por todo ello, la cúpula del PP da por amortizado a Griñán, y augura que "en breve" -seguramente tras el 22-M-, Ferráz iniciará la maquinaria para elegir un nuevo cabeza de cartel a las elecciones andaluzas. También tiene opinión sobre el posible sucesor: creen que Rosa Aguilar, actual ministra de Medio Ambiente, tiene todas las papeletas.

Un escenario con el que trabaja ya el líder de los populares andaluces, Javier Arenas. Tanto es así, informan fuentes del aparato, que desde el PP estudian rediseñar la estrategia electoral para ajustarla al nuevo cabeza de cartel. Sea quien sea, eso sí, en Génova sentencian: "El cambio en Andalucía será un hecho en 2012", algo que desde hace meses auguran las encuestas.

El papel de Chaves y Zarrías

Tan grave es el escándalo andaluz, aseguran desde las más altas instancias del PP, que aseguran que los cadáveres políticos no se quedarán en Andalucía. "También caerá Manuel Chaves", apunta un miembro de la cúpula, que pone el acento en que "nadie se cree que no estuviera al tanto de todo".

En rueda de prensa, la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, incluía un nombre más, el del secretario de Estado Gaspar Zarrías. Y es que, arguyó, el Ejecutivo central también está "contaminado".

"Está pasando la fase de las aclaraciones y debemos empezar la fase de las dimisiones", concluyó la número tres del PP. Este miércoles, la sesión de control al Gobierno se ha vuelto a convertir en un polvorín -descalificaciones incluidas- a propósito de los ERE.

Read more »

La Fiscalía pilló al ex alcalde socialista de Carbonera con una bolsa de votos y no lo imputó

Fraude electoral en almería 

La Audiencia Provincial de Almería ha ordenado al juzgado instructor que continúe la causa abierta contra él.

2011-03-16

Pedro de Tena / Antonio Barreda

El primer teniente de alcalde de Carboneras, el socialista Francisco Ruiz Aguado, sustituyó a Cristóbal Fernández cuando este permaneció inhabilitado en cumplimiento de una sentencia por haber cometido un delito electoral, y mientras el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le indultaba para que así pudiera presentarse a las elecciones. El ahora concejal socialista sustituyó a Cristóbal Fernández mientras estaba inhabilitado por delito electoral como su hermana, a los que indultó el presidente de Gobierno para que pudieran presentarse a las elecciones de 2007. Pues la Fiscalía encontró a ex alcalde Ruiz Aguado con una bolsa de votos y no quiso imputarlo por delito electoral a pesar de ni siquiera negó los hechos. El PSOE en Almería, pues, reincide en un fraude electoral.

Tras la inhabilitación de su antecesor por delito electoral, Ruiz ejerció de alcalde y ahora, según Noticias de Almería, la Audiencia Provincial de Almería ha ordenado al juzgado instructor que continúe la causa abierta contra él por un presunto delito electoral, y en el auto llega calificar de "indudablemente" que la existencia de "indicios racionales de criminalidad".

Según la denuncia, fue en las elecciones de 2007 cuando un particular sorprendió a Ruiz tirando a un contenedor de basura una bolsa de plástico que contenía, entre otros documentos, anotaciones manuscritas con "supuestas contraprestaciones" presuntamente ofrecidas por él a cambio de su voto por correo para el PSOE. Hay que recordar que este municipio ostenta todo un récord en voto por correo, motivo de las primeras denuncias.

La decisión de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, estima el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular contra el auto del Juzgado de Instrucción 1 de Vera que acordó sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, por lo que le reclama que realice más pruebas.

Un dato relevante es que la solicitud de archivo que la Audiencia rechaza contó con informe favorable del fiscal, si bien éste sí imputa a otros tres concejales socialistas y un empresario. Precisamente el auto destaca el contrasentido que supone la postura de la Fiscalía, cuando es Ruiz quien fue cogido tirando la bolsa con un elevado número de resguardos de votos por correo de vecinos de Carboneras, sobres sepia con papeletas para todos los partidos a excepción del PSOE.

La Audiencia también le recuerda al fiscal que el edil ni siquiera "ha negado" los hechos, y como eso en sí mismo no supone "infracción alguna" pero sí es indicio de una actuación "cuando menos contraria al ordenamiento que puede ser completada si aparecen otras personas que conecten los escritos hallados con las peticiones ofrecidas".

Entre las diligencias de prueba que la Audiencia Provincial ordena se practiquen están las solicitadas por la acusación particular, que pidió, entre otras, que se investigase la titularidad y filiación de los números de teléfono que figuran en el atestado de la Policía Judicial como los presuntos beneficiarios de los "favores" del alcalde, que, según sus supuestas anotaciones, prometía a cambio de voto mejoras en las calles de sus viviendas o negocios, e "incentivos" en forma de subvención o de pago de la factura de la luz.

La lista da presuntos favores relatados es de índole diversa. Así la primera teniente de Alcalde de Carboneras, Rosario Fernández también aparece denunciada, ya que presuntamente logró que una vecina votase por correo a la lista socialista tras ofrecerle un puesto de trabajo como limpiadora en el Ayuntamiento.

Fernández ya fue condenada junto con su hermano Cristóbal en enero de 2005 por a seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por la comisión de otro delito electoral, de lo que como ya se ha indicado fueron indultados por Zapatero, y tras presentarse en 2007, el PSOE volvió a ganar y ahora nuevamente se investiga penalmente la comisión de nuevos delitos electorales en este municipio. La condición del indulto fue que no volvieran a cometer delito doloso en el plazo de dos años.

Junto a Ruiz y Fernández, aparecen también la edil socialista Josefa Cruz Orta, la ex concejal Josefa Ruiz Sáez y el empresario Juan Cruz Cervantes.

 

Read more »

El Constitucional anula el artículo del Estatuto andaluz sobre el Gualdaquivir

Fijaba competencia exclusiva

El alto tribunal admite el recurso presentado por la Junta de Extremadura en junio de 2007 contra el Estatuto andaluz. 

2011-03-16

LIBERTAD DIGITAL

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que regula la competencia sobre la cuenca del río Guadalquivir, al considerar que es inconstitucional, informa Efe.

El TC ha admitido así parcialmente el recurso presentado por la Junta de Extremadura en junio de 2007 contra el Estatuto andaluz al considerar que, al afectar la cuenca del Guadalquivir a varias regiones, su competencia es estatal.

El citado artículo establece que "la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma".

El pleno del TC, que ha adoptado esta decisión por unanimidad, ha avanzado hoy el fallo en un comunicado mientras que la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Javier Delgado Barrio, será notificada en los próximos días.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura presentó el recurso en junio de 2007 contra los artículos 43, 50.1 a), 50.2 y 51 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El recurso se fundamentó en un informe del Consejo Consultivo de Extremadura que consideraba que el artículo 51 establecía las competencias exclusivas de Andalucía sobre la cuenca del Guadalquivir a pesar de que la Constitución determina en su artículo 149.1.22 las competencias exclusivas del Estado en las cuencas ubicadas en varias comunidades.

Según la Junta extremeña, el citado artículo "altera el régimen constitucional de distribución de competencias, por lo que rompe el bloque de constitucionalidad. Se produce una alteración constitucional al redefinir el reparto de poder en materia de agua, se limita el ámbito de decisión del legislador estatal y se ataca el principio de la unidad de cuenca hidrográfica y del ciclo hidrológico".

El TC ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 51 pero rechaza la pretensión de la Junta de Extremadura respecto a los otros artículos recurridos.

Entre ellos, desestima el recurso contra al artículo 43 del Estatuto andaluz, que hace referencia al alcance territorial y a los efectos de las competencias.

La Junta de Extremadura también recurrió el artículo 50.1.a), por eliminar la expresión "cuando las aguas transcurran únicamente por Andalucía" en referencia al desempeño de competencias y el 50.2, por considerar que incluía competencias ejecutivas andaluzas sobre facultades de policía de dominio público hidráulico establecidas en la legislación estatal.

Read more »

Chaves se envalentona en el caso de los ERE y pasa al ataque contra el PP

LOS POPULARES PIDEN SU DIMISIÓN

El escándalo de los ERE lejos de acorralar a Chaves en el Congreso le ha envalentonado y ha pasado al ataque con el caso Gürtel.

• Un ex consejero recibió el local donado al PSOE por un falso prejubilado
• El PP denuncia financiación ilegal en el PSOE
• Una consejera intenta blindar a Griñán en el fondo de reptiles
• Un implicado en los ERE donó al PSOE la sede de Camas

2011-03-16

LIBERTAD DIGITAL

Los escándalos de corrupción en Andalucía han vuelto al Congreso. Mercasevilla, eres fraudulentos, por un lado y Gürtel como defensa y arma arrojadiza del PSOE a los populares. Manuel Chaves ha recibido dos preguntas y ha tenido que escuchar varias veces la palabra dimisión.

Muy claro ha sido el diputado del PP Ricardo Tarno. "Debería dimitir por su bien y el de su partido. La gente que ahora le aplaude luego en los pasillos pide a gritos su dimisión", sentenció. De manera similar también se manifestó el popular Juan Manuel Moreno, que se pregunto "hasta cuándo Zapatero alargará este bochorno". "Deje de marchar el buen nombre de Andalucía con sus corruptelas y si le queda dignidad marchese", agregó.

Igualmente, se criticó la nula actividad de Manuel Chaves al frente de la vicepresidencia tercera del Gobierno. "No podemos hablar de su gestión porque es inexistente. Podemos hablar de su implicación en casos de corrupción", indicó Moreno. En opinión del popular, es "sangrante" que con un millón de parados en Andalucía se repartan los ERE "entre amigos y familiares". Además, dijo a Chaves que "usted y Griñán lo sabían y lo taparon".

Sin embargo, Manuel Chaves negó en todo momento la implicación de su persona en alguno de estos casos de corrupción y llegó a asegurar que los informes que alertaban sobre los escándalos de los ERE no hablaban de ilegalidades.

Por lo demás, el resto de sus intervenciones se centraron en atacar al Partido Popular. "Cinismo, hipocresía y cobardía. Siguen con la política del escándalo, del desprestigio de la política. Les da lo mismo con tal de alcanzar sus objetivos", dijo el ex presidente de la Junta a los miembros de la bancada popular.

Y no podía faltar el caso Gürtel. Siempre que la cosa se pone difícil aparece este tema en el Congreso. "La diferencia entre nosotros es que mientras la Junta busca la verdad y colabora la Justicia ustedes cubren y protegen a sus imputados", dijo Chaves.

Read more »

El increíble ERE de la empresa pública andaluza Egmasa: 350 pólizas que no firma nadie

Crece el fondo de reptiles

El escándalo del fondo de reptiles andaluz no deja de crecer. El último escándalo, en Egmasa.

• La Junta: sólo el 2,77% de los ERE "vivos" es fraudulento
• La UE sopesa retirar las ayudas a Andalucía por el fraude
• El papel de Chaves y Griñán en los escándalos
• 2,5 millones de ayuda para dos empresarios pro PSOE

2011-03-10

Pedro de Tena / Antonio Barreda

La Empresa de Gestión Medioambiental SA (Egmasa), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, prejubiló a más de 350 trabajadores entre 2003 y 2004 y les paga sus prestaciones mediante una póliza formalizada con Vitalicio Seguros que nadie ha firmado. Ni la empresa -en este caso, la Junta de Andalucía- ni ninguno de los beneficiarios ha estampado su firma en la póliza, según ha podido conocer EL MUNDO de Andalucía en fuentes próximas a Vitalia Vida, la consultora que intermedió en este Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Que la ausencia de firma en las pólizas es manifiestamente irregular, no puede dudarse como nadie puede explicarse cómo es que, a pesar de su falta, los prejubilados cobren.

¿Qué clase de controles tiene la Junta de Andalucía?

Naturalmente, esta situación está teniendo efectos concretos sobre los prejubilados. Hay quien no ha cobrado la paga de febrero ni saben cuándo percibirán el dinero. "He llamado al sindicato, a la UGT, y allí me han dicho que el problema es que la Junta de Andalucía está sin dinero", contaba ayer un prejubilado de un pueblo de Granada. Otro de los prejubilados, de una localidad de Jaén, asegura que ha presentado a distintos abogados "de pago" los documentos con que cuenta y todos le han dicho que «no sirven para nada». Un extrabajador de Egmasa de la provincia de Granada explicó que, sobre el año 2004, percibió 400 euros de menos en una de las mensualidades. Llamó a Vitalia Vida y allí le dijeron que era mejor no reclamar y que no se preocupara.

El PSOE de Andalucía informó de que el ERE de Egmasa se comenzó a tramitar el 24 de enero de 2002 y que se firmó el 15 septiembre de 2003. El 1 de noviembre de 2003 comenzaron las prejubilaciones que, según el Partido Socialista, terminaron el 4 de febrero de 2004. Hasta el momento, ha trascendido el caso irregular del exconcejal de IU de Almonte (Huelva) Antonio Márquez García, acogido al ERE en noviembre de 2006, cuando el ERE ya estaba cerrado, según la información que en su día facilitó el PSOE andaluz.

La portavoz del PP-A, Rosario Soto, advirtió hace unas semanas de que existía un ERE "permanente" en la empresa pública Egmasa. Es probable que se refiriera a la existencia de esta póliza sin firmar por nadie, ni por la empresa pública ni por los trabajadores. El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo Javier Guerrero, en el punto de mira por el escándalo, señaló ante la Policía Judicial el ERE de Egmasa como ejemplo de los financiados con cargo al «fondo de reptiles» de la Junta de Andalucía.

Read more »