26 febrero 2012

El PP divulga una carta que hace a Griñán "conocedor del fondo de reptiles"

 
LD | AGENCIAS 2012-02-26
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha divulgado un cruce de cartas entre trabajadores de la empresa Surcolor, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el consejero de Empleo, Manuel Recio, que a su juicio los hacen "conocedores del sistema" del llamado "fondo de reptiles".

En rueda de prensa, Sanz ha dado a conocer una carta del año 2010 en la que cuatro trabajadores de Surcolor que tenían problemas por impago de las pólizas de su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se dirigieron al presidente de la Junta solicitando una entrevista.

El 14 de octubre de 2010, la Secretaría General de la Presidencia de la Junta se dirigió al consejero de Empleo, Manuel Recio, pidiéndole que recibiese a los trabajadores para que "puedan exponer su problemática y se estudien las posibles soluciones".

El director general de Trabajo, Daniel Rivera, consultado por la secretaría del consejero, respondió que este grupo de trabajadores "parecen ir por libre del cauce institucional que hemos tenido con los interesados" a través de prejubilados representativos del colectivo.

Rivera envió posteriormente un mensaje a una colaboradora en el que manifestaba: "María, deberíamos tener preparada la ayuda excepcional, si no está lista ya".

A juicio de Antonio Sanz, este cruce de correos electrónicos "eleva directamente a Griñán al conocimiento de los hechos y la gravedad de las consecuencias", pues la Presidencia de la Junta "se hace partícipe de buscar las soluciones".

Ha destacado que el actual director general de Empleo, Daniel Rivera, ha sido imputado por la juez que investiga las ayudas sociolaborales irregulares y ha pedido que se le retire la imputación "pese a ser conocedor y partícipe del sistema" del llamado "fondo de reptiles".

Sanz ha dicho que el PP exige a Griñán, Recio y Rivera que expliquen estos hechos "porque los andaluces nos lo merecemos" ya que se trata de intervenciones de 2010 y no se pueden remitir a los primeros consejeros de Empleo que iniciaron estas transferencias de financiación.

Por otra parte, el dirigente del PP ha anunciado que su partido va a analizar por qué las ayudas investigadas se han concentrado exclusivamente en la Sierra Norte de Sevilla, Jaén y determinadas zonas de Cádiz y Huelva, lo que indica que responden a "determinadas zonas de influencia".

Según ha declarado, la única condición para ser beneficiario de una ayuda de la Junta era "el parentesco con dirigentes del PSOE o haber sido alto cargo".

Además, se ha referido a lo que ha denominado "mentiras de la Junta sobre el segundo fondo de reptiles", y ha afirmado que en 2009 un total de 39 empresas participadas por la sociedad de capital riesgo Invercaria estaban en pérdidas.

Frente a la afirmación de la consejera de Presidencia, Mar Moreno, de que los riesgos que está asumiendo Invercaria están en el 15 por ciento, Sanz ha afirmado que ese porcentaje de empresas participadas en pérdidas supone en 76,92 por ciento.

Al caer en pérdidas y desaparecer, esas sociedades supusieron para los andaluces en 2009 un total de 6,8 millones de euros en insolvencias y provisiones de imposible cobro, cantidad que se elevó a más de 9,5 millones en 2010, según Sanz.

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22 febrero 2012

Destruyen papeles en la Consejería de Economía andaluza, implicada en los ERE

 
De la Consejería de Economía, Ciencia e Innovación depende la agencia IDEA, implicada en la trama de los ERE.

Pedro de Tena 2012-02-22
En plena polémica por la destrucción de documentos de los ERE en la Consejería de Empleo, estamos en condiciones de afirmar que donde sí se trituran papeles, muchas bolsas en las últimas semanas sin que se hayan utilizado, como es costumbre, las cajas de reciclaje que están instaladas en la Consejería, es en el departamento de Economía, Ciencia e Innovación. 
De este departamento dependen las agencias como IDEA, implicadas en el tráfico de subvenciones de los ERE. 

Como es conocido, el PP acusa a la Junta de Andalucía y al gobierno Griñán de estar destruyendo papeles del caso de los ERE en la Consejería de Empleo. Pero no es la única consejería implicada en el caso.
Diversas informaciones situaban al consejero de Empleo, Manuel Recio, y al viceconsejero, Justo Mañas, en la sede de este departamento en la jornada del 21 de noviembre de 2010, domingo, día en el que supuestamente se destruyeron documentos sobre los ERE irregulares. Este último extremo, la desaparición de los papeles, sí fue negado tajantemente por la consejera pero no pudo desmentir que la reunión se hubiera producido. 


La Consejería de Empleo también ratificó ayer que es "radicalmente falso que se dieran instrucciones a los funcionarios sobre cómo realizar la investigación de los distintos expedientes de regulación de empleo". No se desmintió, sin embargo, la reunión en la Consejería el día que se destruyeron papeles. 

El PP pide explicaciones

, y las pide porque el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no aclaró si se produjo una reunión para destruir expedientes de regulación de empleo (ERE) el 21 de noviembre de 2010 y se preguntó por qué no abre una investigación si no sabía que ese encuentro se había llevado a cabo.
El responsable del área económica del PP-A, Rafael Carmona, afirmó en rueda de prensa que si desde el gobierno de la Junta lo sabían y no lo denuncian son"cómplices", porque"lo que nadie duda es que hubo una reunión para revisar los expedientes".

 Fuentes internas de la Consejería nos han facilitado las siguientes fotos, del día 9 de febrero y el día 14, donde se ve la cantidad, inusual, de papel triturado que no ha ido como es costumbre a los cajones destinados al reciclaje. 


Vean la colección de fotos, cuyos originales están en poder de Libertad Digital.

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21 febrero 2012

El Juez Torres ordena devolver las fianzas a dos concejalas del PSOE imputadas en la operación Astapa

Por: Paula Puerta el 21/02/2012 


Mariví López es una de las ex ediles a las que se les devolverá la fianza depositada hace cuatro años
Hoy Cope Málaga ha dado en rigurosa exclusiva la información según la cual el juez que instruye el caso ‘Astapa’ contra una presunta trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona firmaba un auto por el que ordena la devolución de las fianzas de dos concejalas del PSOE, Mariví López y Asunción López, arrestadas al inicio de la operación policial en junio de 2008.
Las dos ex ediles del Ayuntamiento de Estepona, según Cope, depositaron tras su implicación en la trama y su detención preventiva 30.000 euros cada una de ellas; cuantías que ahora recuperarán casi cuatro años después, mientras, según ha podido conocer esta redacción, otros muchos imputados se encuentran a la espera de que el Juez que instruye el Caso Astapa proceda de la misma manera con ellos.
Según la información de la que nos hacemos eco a estas horas de la tarde, en el auto el juez ordena dicha devolución especificando la no oposición de esta decisión por parte del fiscal Anticorrupción.
La jueza Isabel Concejo, imputó delitos de blanqueo, cohecho y tráfico de influencias a las entonces concejales socialistas. Fueron arrestadas en la primera jornada junto a varios abogados, empresarios locales y el propio alcalde Antonio Barrientos, y que quedaron en libertad provisional tras pagar 30.000 euros cada una que, en breve, le serán devueltos.

Operación Astapa. Conozca la verdad. Lo que los medios no publican.

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20 febrero 2012

El tercer 'fondo de reptiles' de la Junta de Andalucía ascendió a más de 6 millones

 
El PP acusa a Griñán y su Gobierno de prácticas "mafiosas". Denuncian, con nuevos documentos, que las ayudas se entregaban sin control.

libertad digital 2012-02-20
El número dos del PP-A, Antonio Sanz, ha mostrado un comprometedor informe de la Dirección General de Trabajo, con fecha de 22 de julio de 2010, denominado Encomiendas de gestión entre la Agencia IDEA y la Dirección General de Trabajo de 2010 y datos históricos 2001-2009. En el documento, al que ha tenido acceso LD, se confirma que la Junta entregaba ayudas sin control.
En dicho informe, se apunta que la suscripción de convenios de colaboración entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y, posteriormente, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) con la Dirección General de Trabajo para el reconocimiento y pagos de ayudas a trabajadores afectados por ERE "no estaba sustentada sobre ningún tipo de expediente administrativo de solicitud de ayuda".
"Sólo recogía la toma de decisión a partir de las negociaciones y/o reuniones mantenidas", se apunta en el informe, lo que, para el secretario general del PP-A, supone el reconocimiento de lo que viene denunciado por su partido: las ayudas se daban "por intereses electorales o por pertenecer a la familia o el entorno del PSOE".
En su comparecencia, Sanz ha destacado cómo la Junta "da la razón" a la reiterada denuncia del PP de que no existían expedientes para justificar los pagos. "Eran pagos directos", para cumplir con "compromisos políticos", ha denunciado el dirigente popular, para quien el informe también muestra el "caos monumental" que existe en la gestión de la Junta.
También en este informe se recoge cómo en julio de 2010 se había registrado un déficit de 11,2 millones en el pago de las ayudas. Por ello, según consta en el mismo documento, se vio la necesidad de mover los compromisos de la Dirección General de Trabajo y elaborar un "nuevo calendario".
Antonio Sanz, que ha destacado que lo comprometido por Empleo era "mucho mayor de lo que se podía asumir", ha explicado que ello derivó en la creación de un "tercer fondo de reptiles" en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. El fondo habría destinado a estos pagos un total de 6.172.000 euros en 2010.
El número dos del PP andaluz ha considerado "de suma gravedad" la información que se apunta en el informe porque se confirma cómo la consejería de Empleo, "ya en la etapa de Griñán, reconoce la existencia de un sistema para pagar ayudas sin que hubiera expedientes administrativos".
Además, ha anunciado que este documento que obra en poder de su partido le será remitido a la juez Mercedes Alaya, encargada de la instrucción del caso de los ERE.
Las prácticas "mafiosas" de Griñán
Sanz también ha exigido explicaciones al Gobierno andaluz por la supuesta destrucción de pruebas. Después de que trascendiera que personal "de confianza" de la Junta dedicó un fin de semana a destruir y falsificar documentos relacionados con los ERE, -según se recoge en una declaración incluida en la instrucción del caso-, el PP se ha manifestado convencido de que se hizo "por instrucciones" del presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
Sanz ha dicho que su formación tiene esta "sospecha" y que tendría que ser el consejero de Empleo, Manuel Recio, quien la despejara. Por ello, ha pedido al titular del ramo que aclare públicamente si tiene alguna responsabilidad en esta posible destrucción de información, de la que informó El Mundo este fin de semana, y si recibió "órdenes directas" por parte de Griñán a este respecto.
Asimismo, el dirigente popular le ha preguntado a Recio si estuvo en las instalaciones de la Consejería de Empleo el domingo 21 de noviembre de 2010, fecha en la que presuntamente se cometieron estos hechos. "Queremos saber si llegó solo o le acompañaba el viceconsejero Justo Mañas", ha añadido Sanz, quien ha considerado "muy importante" que Recio conteste sobre este asunto. Si se demuestra que esta información es cierta, ha añadido, los comportamientos que se han llevado a cabo en la Consejería de Empleo serían más propios "de la mafia".

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18 febrero 2012

La Guardia Civil apunta a la destrucción de pruebas en su informe de los ERE

LA JUEZ ALAYA YA LO TIENE EN SU PODER
Según el informe el ex director general de Empleo dependía de los consejeros y viceconsejeros de Empleo.
La Guardia Civil entregó este viernes a la juez Mercedes Alaya un informe que analiza la declaración del principal imputado en el caso de los ERE, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
Según informa ABC este sábado, una de las principales conclusiones a las que ha llegado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es que el imputado tenía una "dependencia jerárquica" de los consejeros y viceconsejeros de Empleo.
En este sentido, en el informe policial se insiste en lo declarado por Guerrero sobre que las órdenes de pago del fondo de reptiles "lleven el visto bueno del viceconsejero". Estas ayudas se trataban en el Consejo de Dirección.
Del mismo modo, la Guardia Civil también destaca la declaración de Guerrero sobre la ausencia de determinados documentos en los distintos expedientes sobre los que le preguntaron y que "viene motivada por una supuesta destrucción u ocultación en los mismos a raíz de su salida de la Dirección General y el estallido del escándalo de los ERE de Mercasevilla, algo que conoce a través de funcionarios".
Otro hecho destacado por el informe de la UCO es el de la falta de control en estas ayudas. El informe concluye que "la deficiente gestión en la concesión de ayudas" provocó que se pagaran "comisiones elevadas a las mediadoras Vitalia y Uniter".
El modus operandi en el caso de los ERE queda de manifiesto en una carta en la que un directivo de CCOO le pide al director general de Trabajo que incluya a un intruso en un ERE. El escrito era una misiva enviada por el responsable de Acción Sindical de CCOO hasta marzo de 2009, y luego secretario general de la Federación de Industria del sindicato en Andalucía, Enrique Jiménez García. Ahora está imputado por la juez Alaya por su actuación en el caso de los ERE fraudulentos.
 

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14 febrero 2012

Alaya cree que la Junta "ideó un sistema" para evitar el control de la UE

Diez días para que publique las ayudas
La juez que investiga los ERE sigue poniendo en aprietos a la Junta. Apunta a fraude en la recepción de ayudas de la UE y exige más papeles a Griñán.


La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos y otras ayudas de la Junta cree que el Gobierno andaluz pudo haber "ideado un sistema" para eludir los mecanismos de control de la UE, lo que podría generar en el futuro una "responsabilidad para España como Estado miembro".

La juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, responde en un auto a las alegaciones del letrado de la Junta sobre las llamadas "ayudas de mínimis", que no requieren autorización por la Comisión Europea, y afirma que "resulta más que dudosa la aplicación de este régimen de exención de notificación a gran parte de las ayudas otorgadas".

El auto, al que ha tenido acceso Efe, señala que, según lo investigado hasta ahora, las ayudas concedidas por la Junta "podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales, al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad de tales ayudas".

Pero además "podría ser un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios, primero concediendo la mayoría de las ayudas por encima del umbral de mínimis y en segundo lugar incumpliendo las condiciones de publicidad e información para aquellas que, superando la cuantía mínima, podrían quedar exentas del requisito de comunicación".
Nuevo ultimátum a Griñán

Dicho incumplimiento "podría generar responsabilidad para España como Estado miembro", dice la juez, que por ello da a la Junta diez días para que aporte la publicación de sus ayudas directas a empresas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y pide al ministerio de Asuntos Exteriores que informe sobre las comunicaciones que haya podido recibir del Gobierno andaluz.

La juez entiende que el régimen de exención de notificación previa "sería de difícil aplicación a las ayudas directas a empresas que se analizan en la presente causa".

En otro auto notificado este martes a las partes, la magistrada reclama los informes anuales presentados por el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y su sucesora, la agencia IDEA, entre 1999 y 2010, así como los informes sobre su control de eficacia que debieron ser confeccionados de acuerdo con la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía.

Asimismo, reclama las operaciones de endeudamiento superiores a 1,2 millones de euros realizadas por IFA/IDEA desde 2007 hasta la actualidad, con "mención expresa" a si existe autorización previa del consejero de Economía -cargo que ocupó entre 2004 y 2009 el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán- antes de su aprobación en el Consejo de Gobierno, tal como exige la ley de Hacienda Pública andaluza.

Además, pide las inversiones de estas entidades superiores a 1,2 millones de euros y "documentación acreditativa" de que fueron sometidas a la "ratificación expresa del Consejo de Gobierno de la Junta.

Por otra parte, solicita la filiación y cargo de la totalidad del personal que haya trabajado entre 2000 y 2010 en la dirección general de Trabajo de la Junta, departamento a través del cual se canalizaron las ayudas investigadas, así como la persona que ocupó el puesto de interventor delegado en la Consejería de Empleo.

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12 febrero 2012

La jueza Conejo investigó como ilegal en Astapa lo que ahora considera legal con Valadez.

Convenios urbanísticos. En ambos casos se utilizó dinero de los convenios urbanísticos para realizar pagos corrientes.

CSIF/Estepona.
Para cualquier ciudadano de Estepona medianamente informado, resultaba cuando menos paradójico que fuese Valadez quien denunciase los convenios urbanísticos que firmaba el Ayuntamiento, cuando él, como portavoz del grupo municipal socialista en el municipio, durante el periodo 2003-2007, no solo los aprobaba sino que incluso los defendía con vehemencia en los plenos municipales.
     Pero más sorprendente fue aún que, cuando accedió a la alcaldía, no solo no anuló estos convenios que había denunciado, ni devolvió el dinero a los empresarios que los habían firmado, sino que además utilizó ese dinero para pagar gastos corrientes, cuando sabía que eso lo prohibía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).Y todo ello, cuando para más INRI, tomó la decisión de paralizar el Plan General de Ordenación Urbana de Estepona (PGOU), lo que impedía seguir adelante con los trámites de esos convenios.
      Por esta cuestión, Valadez fue denunciado hace alrededor de un año, ante los juzgados de nuestro municipio, tanto por el sindicato CSIF como por el Partido Popular de Estepona.
      Pues bien, hace unos días el Juzgado nº 5 de Estepona, al frente del cual está casualmente la jueza Isabel Conejo, una de las primeras instructoras del caso Astapa, archivó provisionalmente esta denuncia, que ya ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Málaga, por el Partido Popular de Estepona. También el CSIF, al que todavía no se le ha comunicado ese archivo provisional, ha anunciado que hay un 99% de posibilidades de que también recurra ese auto.

Pero lo que llama poderosamente la atención, es que la jueza Conejo, que ha llevado este caso y que también instruyó la primera parte del caso Astapa, tenía que conocer, por tener la obligación de habérselos leído, que hasta cuatro informes policiales de la UDEF-BLA, que forman parte del sumario de Astapa, decían que no se podían utilizar los fondos provenientes de los convenios urbanísticos para pagar gastos corrientes porque ello sería ilegal, ya que contravenía el articulo 75 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el articulo 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Así se recoge en los informes de la policía UDEF-BLA del 17 de julio del 2007, del 8 de octubre del 2007, del 5 de noviembre del 2007 y en el macro informe del 3 de junio del 2008, que fue el que propuso, entre otras actuaciones, la intervención del Ayuntamiento de Estepona. En este último informe, que se encuentra en el Tomo VII del sumario, folio nº 2858, dice el autor del informe policial textualmente lo siguiente:

“Pero, ¿por qué estos pagos son definidos como irregularidades?:

El articulo 75 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, es clara en su redacción de los destinos únicos y exclusivos a los que se puede destinar los bienes integrantes del patrimonio público del suelo, diferenciando entre los terrenos y construcciones que integren los patrimonios público del suelo, y de otra parte los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos del suelo. Estos últimos que se corresponderían con los ingresos monetarios procedentes de convenios urbanísticos, por esta prescripción legal se destinarán a:

Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
La conservación, mejora, ampliación, urbanización y en general, gestión urbanística de los propios bienes del correspondiente patrimonio público de suelo.
La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones en la ciudad consolidada

Afirmación que se ve reforzada por el ya conocido El Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que en su art 5° da una limitación de Destino:" Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes.”.

También consta en el sumario de Astapa, Tomo XIV, pagina 321 del PDF, que uno de los fiscales que llevaba el caso, delante de la propia jueza Conejo, preguntó a un empresario que había firmado un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Estepona, que además que era abogado, si desconocía lo que decía la LOUA a este respecto, ya que su dinero se había destinado a pagar nominas. El fiscal le espetó al empresario cuando fue citado a declarar:

¿Usted no conoce como abogado que la ley andaluza del suelo en la época de celebración de este convenio establecía un destino específico para el dinero proveniente de los convenios?

Al parecer ambos desconocían, fiscal y jueza, -este hecho es muy grave en quienes tenían la responsabilidad de comprobar si existían o no irregularidades en el Ayuntamiento- es que ese dinero que se destinó a pagar nominas, en primer lugar, provenía de un convenio urbanístico de planeamiento. Y en segundo lugar, que la Ley que impedía la utilización del dinero de los convenios urbanísticos de planeamiento para gasto corriente, fue la Ley 13/2005 Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo de Andalucía, que entró en vigor a finales del mes de diciembre del 2005, fecha posterior a la firma de ese convenio.

A sensu contrario, Valadez sí utilizó el dinero de esos convenios urbanísticos de planeamiento para gasto corriente mucho después de que entrase en vigor esa Ley.

Sin embargo, ahora, la jueza Isabel Conejo mantiene una tesis contraria a lo que decía la policía en sus informes y manifiesta en su auto que la utilización de ese dinero para pagar gastos corrientes no es ilegal. Parece evidente que o la justicia no es igual para todos y utiliza distintas varas de medir o en su momento se actuó sin el rigor investigatorio exigible y predominó el todo vale.

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11 mayo 2011

La juez Alaya sigue acorralando a la Junta: investiga el patrimonio de un exconsejero

Escándalo de los ere

Mercedes Alaya ha exigido informes sobre Fernández, el exconsejero que figuraba como empleado en una empresa desde el día de su nacimiento.
Un cliente de Iván Chaves lo tuvo a sueldo por 6.000 euros al mes
2011-05-10

LIBERTAD DIGITAL

La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta ha ordenado a la Policía que investigue el patrimonio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y de los ex altos cargos de la Junta imputados, así como otras ayudas sociolaborales a 24 empresas.
En un auto notificado este martes a las partes, al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, encarga a la Policía Judicial un informe patrimonial sobre Antonio Fernández, sobre el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, sobre el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el sindicalista Juan Lanzas, "conseguidor" en los ERE.

La Policía, que ya viene informando sobre el patrimonio de todos los imputados, debe "centrar" sus pesquisas en estas personas y hacer extensiva la investigación a sus esposas, padres e hijos, a las parejas de éstos, a sus hermanos y cónyuges.

La juez Mercede Alaya precisa en su auto los distintos hechos que imputa a cada uno, y de Fernández dice que no solo se benefició a título personal de su inclusión en el ERE de la bodega González Byass, donde había dejado de trabajar siete años antes, sino que era conocedor de las irregularidades que cometía el ex director general de Trabajo y de los "importantes reparos" que la Intervención General de la Junta hacía a este sistema.

Las transferencias de financiación utilizadas para materializar las ayudas a los ERE había generado a la Junta a 31 de diciembre de 2007 un déficit de 39.249.138 euros, precisa el auto.

Sobre el sindicalista Juan Lanzas, la juez le imputa haber participado como "mediador o conseguidor" en diferentes ERE, en los que llegó a incluir a su esposa y hermana pese a que nunca trabajaron en la empresas.

Respecto a Francisco Javier Guerrero, dice la juez que autorizó el pago por la Junta de las primas derivadas de los ERE, "a sabiendas de que en las mismas aparecían como beneficiarios personas que nunca habían trabajado", en un proceso en el que prescindió "total y absolutamente del procedimiento administrativo".

Por razones de amistad, parentesco o por militancia en el PSOE, Guerrero llegó a incluir como beneficiarios de un ERE a nueve "falsos trabajadores".

Junto a la investigación patrimonial de los imputados, la juez pide a la Policía que indague en las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta a 24 empresas, entre ellas los 16 millones de euros otorgados a Heineken España, tres millones a Corchos de Cazalla, otros tres millones al Matadero de Sierra Morena y otros tantos a TAMC.

Además, deberá investigar las cantidades de más de un millón de euros concedidos a TGA Aeroestructuras, SCAFA, SK 300 Aeronáutica, Grupo TPM, MSM Montanera de Jabugo, Promi Muebles o Tierra Virgen Alimentación.

Igualmente la juez pide a la Policía Judicial que elabore un listado de los falsos trabajadores, hasta ahora confirmados, que continúen cobrando las prestaciones y con cargo a qué compañías.

Alaya notifica el auto a las 14 personas hasta ahora personadas en la causa como imputadas y añade otras 14 cuya inclusión en otros tantos ERE se ha ido conociendo en las últimas semanas.

No obstante, precisa que "criterios de oportunidad y sobre todo de prudencia" obligan a aplazar la declaración de estas personas como imputadas hasta que "se conozcan con claridad y detalle los hechos investigados y sus vertientes".

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01 mayo 2011

Griñán dio 9,5 millones sin concurso público a un grupo que fichó a Iván Chaves

CONTRATO A DEDO

Manuel Chaves presentó a su hijo Iván al presidente de la compañía, que lo contrató para unos servicios de consultoría.
¿Se reunió Zarrías con las cajas para lograr comisiones para Iván Chaves?
2011-05-01

LIBERTAD DIGITAL
La Junta de Andalucía alquiló directamente el edificio Bogaris, gastándose casi diez millones de euros sin concurso público. En diciembre de 2.008, Bogaris contrató a Iván Chaves para la ‘presentación a inversores’ de un informe sobre el aceite de oliva.
El 16 de diciembre de 2.008, Manuel Chaves asistió a la fiesta por el vigésimo aniversario de Bogaris, y en ésta presentó a su hijo Iván al presidente de la compañía, Rodrigo Charlo. Bogaris lo contrató para unos servicios de consultoría por los que Iván Chaves Iborra facturó 6.075 euros mensuales más IVA. La Junta de Andalucía alquiló, mediante contratación directa, el recién terminado edificio Bogaris a razón de 2,38 millones de euros durante 4 años. En total, 9,5 millones según informa El Mundo. El acuerdo lo tomó José Antonio Griñán, que por entonces era consejero de Economía y Hacienda.
El arrendamiento del edificio Bogaris como sede de la Consejería de Obras Públicas y Transportes sorprendió en su momento, debido a que la Junta de Andalucía iba a construir un edificio administrativo de seis plantas en una de las mejores zonas de Sevilla. De hecho, la Consejería de Economía y Hacienda había contratado la redacción del proyecto por más de tres millones de euros.
El edificio estaba recién terminado cuando la Junta de Andalucía lo alquiló. En enero de 2.009, se hizo oficial el arrendamiento de la sede del edificio Bogaris, mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El fin era trasladar las dependencias de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, entonces situadas en la sevillana zona de la Enramadilla.
Curiosamente, en abril de 2.010 –aproximadamente, un año después de ocupar el edificio Bogaris-, la Junta anunció que los servicios centrales de Obras Públicas retornarían a su anterior emplazamiento.
A su vez, la Consejería de Obras Públicas asegura que está utilizando la totalidad del edificio Bogaris, por el que sigue pagando 2,38 millones de euros anuales de alquiler.

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27 abril 2011

La presión electoral y la corrupción agravan el bloqueo del Gobierno de Griñán

LOS SECTORES ECONÓMICOS DAN EL AÑO POR PERDIDO

La presión electoral y la corrupción agravan el bloqueo del Gobierno de Griñán
España | @Antonio Castro. Sevilla.- 27/04/2011

Quienes esperaban que el Gobierno de Griñán consiguiera desbrozar la maleza de la corrupción para imprimir tensión a la acción de Gobierno -especialmente, los sectores económicos de Andalucía, que tienen importantes cuentas pendientes- se han quedado atónitos al ver el programa de actuaciones del presidente que, sin tratarse de unas elecciones autonómicas, participará en más de 50 actos por la geografía de la comunidad, mientras despliega a todo su Gobierno en apoyo de los candidatos socialistas a las alcaldías.

“Si consideramos que después de las elecciones municipales llega el verano y en otoño empieza la precampaña de las autonómicas y generales, si no se adelantan, aquí ya está todo vendido: la legislatura ha terminado”. Es decir, según se asegura en círculos económicos influyentes, Andalucía estará un año con el Gobierno congelado a pesar del cálido verano que se espera, sin perspectivas de superar la crisis, más grave aún en esta comunidad, y con el índice de paro disparándose por encima del millón de afectados.

El Gobierno andaluz se deja al margen la situación económica para desesperación de quienes exigen medidas urgentes contra la crisis. En el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, sólo se habla de elecciones municipales. Y no es extraño. El futuro de Griñán depende de ellas, y sobre todo de alcaldías como la de Sevilla y Jaén, mantenidas hoy por el PSOE con el apoyo de IU. De hecho, estas dos provincias serán las únicas que reciban la visita de Rodríguez Zapatero, una prueba de que en el PSOE-A aún creen que el presidente tiene algo que aportar, aunque sea en el capítulo de agradecimientos a quien se va, que suele ser un sentimiento muy socorrido.

Un presidente bajo presión

Tanta es la urgencia electoral que le ha entrado a Griñán, urgencia que paraliza la acción de gobierno, que esta semana Canal Sur ha tenido que anunciar que suspendía una entrevista con el presidente, ante la advertencia de Javier Arenas, que estaba dispuesto a denunciar el caso en la Junta Electoral. La manera acelerada con que Griñán se conduce tiene mucho que ver con la presión que le ha impuesto José Blanco, vicesecretario general del PSOE, que ha encontrado en Susana Díaz, secretaria de Organización del PSOE-A, el ariete para empujar al presidente lejos de la depresión que le ha provocado el caso de los EREs.

En el PSOE-A han recibido un claro mensaje de Ferraz, donde están por primar los resultados electorales frente a la gestión pública: la única manera de evitar que el partido estalle en Andalucía después de las municipales y se multiplique el conflicto entre los dos sectores enfrentados es salvar los muebles, es decir, mantener las alcaldías de Sevilla, Jaén y evitar que el PP traspase la línea roja ocupando la mayoría de las ciudades de más de 100.000 habitantes y algunas diputaciones, entre ellas las de Málaga.

En cualquier caso, nada de esto sirve de consuelo a los sectores económicos de Andalucía, que en casos como el de la construcción anuncian ya paros empresariales en algunas provincias, con jornadas de cierres de empresas, para denunciar los recortes en las inversiones públicas y los pagos aún pendientes por la Junta.

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“Comprábamos publicidad al hijo de Chaves sólo para hacerle un favor. No la necesitábamos”

UN EMPLEADO DE CAJASOL EXPLICA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TRAMA DE IVÁN CHAVES

“Comprábamos publicidad al hijo de Chaves sólo para hacerle un favor. No la necesitábamos”
El copresidente de Banca Cívica y antiguo presidente de Cajasol, Antonio Pulido (Efe).
Elconfidencial.com
“Cajasol no necesitaba gastarse 200.000 euros al año en los periódicos de Publicaciones del Sur, pero después de una reunión o llamada de Iván Chaves al presidente o al director de comunicación de la caja, se daban las órdenes de compra. En ocasiones se terminaba el año y ni siquiera habíamos consumido todas las páginas compradas”. Éste es el testimonio de un empleado de Cajasol -hoy dentro de Banca Cívica tras la fusión de las cajas- que ha pedido el anonimato y que relata a El Confidencial cómo obtenía las comisiones el hijo del entonces presidente de la Junta, que sólo en 2007 contabilizó una veintena de reuniones para vender publicidad de PdS a consejerías, empresas públicas y cajas andaluzas.
Iván Chaves se reunía con Antonio Pulido, entonces presidente de Cajasol y ahora de Banca Cívica, y con el director de comunicación, Javier Blanco. En esas citas se acordaba una cifra de facturación del Grupo Publicaciones del Sur, que edita decenas de periódicos, principalmente gratuitos bajo la cabecera Viva, como Viva Linares o Viva Chiclana, en distintas poblaciones andaluzas. Según la misma fuente, “el impacto publicitario estaba más que cubierto con otros periódicos mucho más representativos, pero comprándole publicidad a PdS le hacían un favor, una gracia, al hijo del presidente de la Junta", que cobraba una comisión de hasta el 50% en la facturación.
En noviembre de 2008 la facturación anual de PdS a Cajasol no era lo suficientemente abultada en función a los compromisos conseguidos por Iván Chaves, por lo que se dio la orden de gastar en un solo mes, diciembre, 54.810 euros en dobles páginas a color, en tres cabeceras, durante siete días. “Esa cantidad no tiene sentido, es carísimo para unos periódicos de ese nivel. Se trataba de contratar 200.000 euros anuales al cliente de Iván Chaves, cuando con 50.000 sería más que suficiente. Cualquier medio líder que vea esta cifra de consumo y a ese precio la doble página de uno de esos periódicos se echa las manos a la cabeza. Es evidente que había algo raro, aunque en Cajasol todo el mundo sabe cómo funcionaba Iván Chaves”, declaran desde la entidad financiera.
El control de la Junta sobre las cajas andaluzas
Cuando Iván el comisionista quería facturar más, hacía lo que denominaban “el caminito”: llamaba al presidente de Cajasol, Antonio Pulido, que no le quedaba más remedio que recibir al hijo del entonces presidente de la Junta. Luego se reunía con Javier Blanco, director de comunicación, y se daba la orden de comprar más publicidad. “Aunque no hiciera falta, había que comprar”, sostienen las fuentes consultadas, las mismas que intuyen que a Pulido no le hacían gracia los negocios de Iván Chaves, pero terminaba cediendo, “ya que el poder de la Junta en las cajas andaluzas es enorme”.
Las fuentes consultadas aseguran que este sistema se calcaba con las consejerías y las empresas públicas reflejadas en la contabilidad de Iván Chaves: reunión con el consejero y orden de compra. Todo ello con Manuel Chaves como presidente autonómico.
En Cajasol, hoy Banca Cívica, ha causado extrañeza la reacción de Manuel Chaves tras la publicación del escándalo de su hijo en El Confidencial: “Lo de Iván Chaves lo sabía todo Sevilla. Él es discreto, pero todos lo veíamos. Además, su socio, Javier Olaegui, se ha pavoneado continuamente de las comisiones que conseguían”.
Antonio Pulido no ha contestado a El Confidencial, mientras que Javier Blanco, que eludió varias llamadas de este medio, terminó negándolo todo visiblemente nervioso y exigió que no se le citara.

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25 abril 2011

La Fundación Fondo Formación, un coladero nepotista para el PSOE andaluz y sus directivos

Adscrita a la consejería de empleo
Faffe es uno de los entes más importantes de los centenares que tiene la administración paralela de la Junta de Andalucía.

2011-04-25
Durante años llevamos publicando en LD algunos de sus flecos y enchufes. Es una Fundación en la que han tenido mano directa la oligarquía del socialismo gaditano muy especialmente. Nadie la ha controlado durante años y ahora empiezan a descubrirse sus interioridades más impúdicas, como es el caso de los directivos que colocan a sus familias a mansalva.

Publica El Mundo que sus dos máximos responsables "la han convertido en una agencia de colocación" de sus familiares, con altos sueldos y bajos Fernando Villén, director general de Faffe, y su número dos, Joaquín Morales, director de Organización y Sistemas, tienen, al menos, seis parientes directos colocados en la estructura de la fundación, algunos en puestos directivos intermedios y han sido colocados al margen de los procedimientos exigidos a la Administración.

Manuel Villén Nogués es sobrino del máximo responsable de Faffe y fue contratado en 2009 por la fundación que dirige su tío con un contrato por obra y servicio con cargo a un expediente que sigue vigente.

A pesar de que la Fundación tiene como objetivo prioritario «propiciar el crecimiento sostenible de la economía andaluza y la mejora de la empleabilidad y cualificación del capital humano», Villén tiene en nómina a su hermano, Manuel, desempeña el cargo de director de Actividad de la entidad, que equivale al tercer puesto de máxima responsabilidad dentro de la Faffe.

La esposa de Fernando Villén. Concepción Ben Fernández empezó a trabajar en Faffe como técnico en una de las oficinas de la fundación en Cádiz, aunque logró al poco tiempo el traslado a los servicios centrales de Sevilla, donde mantiene su despacho actualmente.

Su cuñada, María del Rosario Ben Fernández, otra colocada, tiene la tarea de controlar la 'sucursal' de la fundación en Huelva, donde es gerente provincial de Faffe. Su perfil académico es el de licenciada en Ciencias del Mar, que no tiene nada que ver con el Empleo.

Joaquín Morales, el número dos de la Faffe y amigo de Villén desde los inicios de la entidad-, tiene colocada a su propia hermana, Araceli Morales, que desempeña el mismo puesto que la cuñada de Villén, gerente provincial, esta vez en Málaga. Además, un cuñado de Morales trabaja asimismo en las oficinas que la fundación tiene en Córdoba.

Los chanchullos de los ERE tambièn se facturaban a la FAFFE

José Albarracín Muñoz, hermano de Antonio Albarracín, director comercial de Vitalia Vida, fue contratado por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) el 26 de julio de 2010 a instancias de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo. Su contratación se produjo a las pocas semanas del nombramiento del actual consejero, Manuel Recio, y de la llegada del equipo de este último a la Junta de Andalucía. Vitalia Vida es, junto a Uniter, una de las dos empresas de mediación que están siendo investigadas por la juez Alaya por su participación en la elaboración de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, de los que se habrían derivado numerosas prejubilaciones falsas con cargo al erario público No obstante, la mayor parte de las irregularidades se ha encontrado en Vitalia.

José Albarracín realizaba "labores de apoyo técnico" en la delegación provincial de Empleo de Almería; en concreto, en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), con un contrato por tiempo determinado. Pero el pasado 14 de marzo, con el escándalo en la cresta de la ola, la Faffe le comunicó, a petición expresa de la citada Dirección General, la finalización de la relación laboral. El pasado 13 de abril, José Albarracín presentó, no obstante, demanda de conciliación en el propio CMAC, solicitando la nulidad del despido o, subsidiariamente, la improcedencia del mismo. La cita en la que las dos partes se verán las caras está fijada para el próximo día 29, en la sede del CMAC de Almería.

Antonio Albarracín, el hermano del contratado por Empleo, prestó declaración como testigo ante la juez Alaya el pasado mes de enero como consecuencia de la actuación de un comercial de esta empresa en Sevilla, Francisco González. Según un atestado de la Policía Judicial para la juez instructora, González y el intermediario Juan Lanzas incluyeron en el ERE del restaurante sevillano Río Grande a Carmen Fontela, vecina del primero, para que cobrase una prejubilación Sin embargo, nunca cobró, porque el comercial de Vitalia le sacaba 600 euros diarios de su cuenta corriente a través de un cajero. La cantidad se la repartía con Juan Lanzas. Francisco González y Juan Lanzas fueron detenidos y están imputados, no así el director comercial de la empresa, que sólo declaró en calidad de testigo. Fontela, ajena al caso, nunca trabajó en Río Grande.

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10 abril 2011

El misterio de los enchufes del hijo de Chaves y los campos de golf

El vicepresidente presentó a su hijo Iván a un promotor en una fiesta... que acabó contratándole para luego salir beneficiado de las políticas de la Junta.
La Junta otorgó contratos a socios del hijo de Chaves
Alarma en el PSOE por los negocios del hijo de Chaves
2011-04-09

LIBERTAD DIGITAL
Continúa la polémica en torno a las "misteriosas" relaciones laborales del hijo de Chaves, que tiene alarmado al PSOE. La última, la desvela El Mundo este sábado, que cuenta cómo se produjo la contratación por de Iván Chaves por parte de la multinacional Bogaris. El popio Rodrigo Charlo, presidente de la empresa, confirma que el expresidente de la Junta de Andalucía acudió a la fiesta de celebración del aniversario de Bogaris, donde se encargó de dar a conocer a su hijo. "Después del acto, donde se dijeron unas palabras, hubo unas copas y en esas copas está con su padre y me lo presentó, igual que presentó a quien estuviera por allí" declara Charlo a El Mundo.
Lo curioso es que, tras esa presentación, Iván Chaves fue contratado por esa empresa de promoción inmobiliaria, para buscar inversores. Por ese trabajo, la empresa del hijo del vicepresidente tercero facturó 24.300 euros en cuatro meses.
Además del más que posible "enchufe" de su hijo, se añade otra variable más a la ecuación: Bogaris promueve dos campos de golf en Cádiz, que fueron beneficiados, misteriosamente, por los cambios legislativos que llevó a cabo Manuel Chaves al frente de la Junta andaluza.
Estos proyectos de campos de golf de "interés turístico" de Bogaris están previstos para la provincia de Cádiz, en Jimena de la Frontera, y en Barbate. Rodrigo Charlo confiesa a El Mundo que desconoce si han contratado a Iván Chaves para ayudarle a promocionar esos campos de Golf: "Lo único que sé es que he visto esa factura y que sé perfectamente de qué es. Punto" trata de zanjar.
Pero no deja de llamar la atención que la política del Gobierno andaluz diera un giro de 180 grados respecto a los campos de golf, precisamente después de ese verano en que Iván Chaves y los socios de este comenzaron a negociar su primer contrato de representación con el empresario Andrés Rodríguez Tapia, impulsor del proyecto Paraíso Golf en Jaén.
De hecho, se observan ciertos movimientos extraños dentro de la propia Junta, en el que sus portavoces se contradijeron seguidamente: la consejera de Obras Públicas anunció que habían descartado aprobar el decreto de los campos de golf, y ese mismo día Gaspar Zarrías y Chaves la contradijeron asegurando que el decreto se aprobaría, dejándolo en manos del Consejo de Gobierno. Y existe otro dato curioso: hasta 2006, Manuel Chaves recomendaba a sus alcaldes socialistas andaluces leer los informes de Greenpeace contra los campos de golf.
Finalmente, el decreto se aprobó justo antes de las elecciones de 2008. En el mes de noviembre se rebajaron los requisitos a los promotores de campos de golf de "interés turístico", retocando exprofeso la Ley de Ordenación del Territorio a través de una enmienda en un decreto ley.
Decisiones que, tomadas por Manuel Chaves, beneficiaron de manera clara y directa a las expectativas de negocio de Iván Chaves en Jaén, y de Bogaris en Cádiz. Los sindicatos y ecologistas se quejaron de este cambio de tendencia respecto a los campos de golf, pero Chaves desoyó sus argumentos, que antaño tanto recomendaba atender.

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Mercedes Alaya: la juez con club de fans que tiene en jaque a la Junta

Seria, concienzuda, puntillosa y reservada. Así es la magistrada que ha puesto en jaque a la Junta de Andalucía.
2011-04-10

LIBERTAD DIGITAL
Hace algunos meses, el nombre de Mercedes Alaya no resultaba apenas mediático. Llevaba desde 1998 al frente del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, pero su trayectoria no le había hecho saltar a los grandes titulares más que en contadas ocasiones.
Hasta que los ERE fraudulentos de la Junta han ido convirtiéndola en una figura cada vez más mediática. Alaya tiene sobre la mesa esta investigación, y ya se ha hecho con más de 150.000 folios en referencia a las prejubilaciones irregulares; pero también está encargada de dilucidar el corrupto entramado del caso Mercasevilla.
Pero el caso que verdaderamente la "catapultó" a la fama fue la gestión del Real Betis. Su investigación sobre la gestión de Manuel Ruiz de Lopera le hizo ganarse la consideración de muchos béticos, que vieron con buenos ojos el auto que supuso el fin de la Presidencia de Lopera.
Mercedes Alaya está casada y tiene dos hijos. Tiene 40 años y lleva más de 23 ejerciendo la judicatura, pasando por varios destinos. Nada más ingresar en la carrera en 1988, estuvo en un juzgado de instrucción en Carmona, donde permaneció un año. Después pasó a Fuengirola otros dos años, para acabar haciéndose cargo del juzgado de Primera Instancia número 20 de Sevilla, hasta 1998. Y en adelante hasta la actualidad, se ocupa del juzgado de instrucción número 6 de la capital hispalense.
De sus dos décadas de ejercicio profesional sus compañeros destacan, por encima de todo, su profesionalidad y rigor. Poco dada a confraternizar con otros magistrados, se mantiene distante en los encuentros sociales de los Juzgados, idéntica tendencia que exhibe con la prensa. Pasa rauda y veloz cada mañana frente a la puerta de los juzgados, cargada con una pesada trolley en la que porta folios y folios de documentación sobre los casos que investiga.
Sus compañeros aseguran que apenas para a comer, y que suele almorzar en el despacho un sándwich, y prolongar su trabajo más horas de las que debería. Al finalizar la jornada, coge un taxi y regresa a casa. De ahí en adelante poco se sabe de ella.
Dura, puntillosa y muy reservada. Alaya no se ha dejado intimidar por las continuas presiones de quienes investiga, y no tiene problema en lanzar ultimátums –como el que le planteó a la Junta la semana pasada- si considera que no le están proporcionando la información que requiere. Han intentado recusarla, quizás con intereses oscuros, pero nunca ha salido adelante.
Llama la atención que de esta magistrada hermética, de la que tan poco se sabe, cuente ya con un club de fans. Creado en la página de Facebook, suma ya casi 1.600 personas que alaban su labor, y también su aspecto.

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