La juez que investiga los ERE sigue poniendo en aprietos a la Junta. Apunta a fraude en la recepción de ayudas de la UE y exige más papeles a Griñán.
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La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos y otras ayudas de la Junta cree que el Gobierno andaluz pudo haber "ideado un sistema" para eludir los mecanismos de control de la UE, lo que podría generar en el futuro una "responsabilidad para España como Estado miembro".
La juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, responde en un auto a las alegaciones del letrado de la Junta sobre las llamadas "ayudas de mínimis", que no requieren autorización por la Comisión Europea, y afirma que "resulta más que dudosa la aplicación de este régimen de exención de notificación a gran parte de las ayudas otorgadas".
El auto, al que ha tenido acceso Efe, señala que, según lo investigado hasta ahora, las ayudas concedidas por la Junta "podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales, al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad de tales ayudas".
Pero además "podría ser un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios, primero concediendo la mayoría de las ayudas por encima del umbral de mínimis y en segundo lugar incumpliendo las condiciones de publicidad e información para aquellas que, superando la cuantía mínima, podrían quedar exentas del requisito de comunicación".
La juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, responde en un auto a las alegaciones del letrado de la Junta sobre las llamadas "ayudas de mínimis", que no requieren autorización por la Comisión Europea, y afirma que "resulta más que dudosa la aplicación de este régimen de exención de notificación a gran parte de las ayudas otorgadas".
El auto, al que ha tenido acceso Efe, señala que, según lo investigado hasta ahora, las ayudas concedidas por la Junta "podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales, al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad de tales ayudas".
Pero además "podría ser un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios, primero concediendo la mayoría de las ayudas por encima del umbral de mínimis y en segundo lugar incumpliendo las condiciones de publicidad e información para aquellas que, superando la cuantía mínima, podrían quedar exentas del requisito de comunicación".
Nuevo ultimátum a Griñán
Dicho incumplimiento "podría generar responsabilidad para España como Estado miembro", dice la juez, que por ello da a la Junta diez días para que aporte la publicación de sus ayudas directas a empresas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y pide al ministerio de Asuntos Exteriores que informe sobre las comunicaciones que haya podido recibir del Gobierno andaluz.
La juez entiende que el régimen de exención de notificación previa "sería de difícil aplicación a las ayudas directas a empresas que se analizan en la presente causa".
En otro auto notificado este martes a las partes, la magistrada reclama los informes anuales presentados por el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y su sucesora, la agencia IDEA, entre 1999 y 2010, así como los informes sobre su control de eficacia que debieron ser confeccionados de acuerdo con la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía.
Asimismo, reclama las operaciones de endeudamiento superiores a 1,2 millones de euros realizadas por IFA/IDEA desde 2007 hasta la actualidad, con "mención expresa" a si existe autorización previa del consejero de Economía -cargo que ocupó entre 2004 y 2009 el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán- antes de su aprobación en el Consejo de Gobierno, tal como exige la ley de Hacienda Pública andaluza.
Además, pide las inversiones de estas entidades superiores a 1,2 millones de euros y "documentación acreditativa" de que fueron sometidas a la "ratificación expresa del Consejo de Gobierno de la Junta.
Por otra parte, solicita la filiación y cargo de la totalidad del personal que haya trabajado entre 2000 y 2010 en la dirección general de Trabajo de la Junta, departamento a través del cual se canalizaron las ayudas investigadas, así como la persona que ocupó el puesto de interventor delegado en la Consejería de Empleo.
Dicho incumplimiento "podría generar responsabilidad para España como Estado miembro", dice la juez, que por ello da a la Junta diez días para que aporte la publicación de sus ayudas directas a empresas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y pide al ministerio de Asuntos Exteriores que informe sobre las comunicaciones que haya podido recibir del Gobierno andaluz.
La juez entiende que el régimen de exención de notificación previa "sería de difícil aplicación a las ayudas directas a empresas que se analizan en la presente causa".
En otro auto notificado este martes a las partes, la magistrada reclama los informes anuales presentados por el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y su sucesora, la agencia IDEA, entre 1999 y 2010, así como los informes sobre su control de eficacia que debieron ser confeccionados de acuerdo con la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía.
Asimismo, reclama las operaciones de endeudamiento superiores a 1,2 millones de euros realizadas por IFA/IDEA desde 2007 hasta la actualidad, con "mención expresa" a si existe autorización previa del consejero de Economía -cargo que ocupó entre 2004 y 2009 el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán- antes de su aprobación en el Consejo de Gobierno, tal como exige la ley de Hacienda Pública andaluza.
Además, pide las inversiones de estas entidades superiores a 1,2 millones de euros y "documentación acreditativa" de que fueron sometidas a la "ratificación expresa del Consejo de Gobierno de la Junta.
Por otra parte, solicita la filiación y cargo de la totalidad del personal que haya trabajado entre 2000 y 2010 en la dirección general de Trabajo de la Junta, departamento a través del cual se canalizaron las ayudas investigadas, así como la persona que ocupó el puesto de interventor delegado en la Consejería de Empleo.
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