26 febrero 2012

El PP divulga una carta que hace a Griñán "conocedor del fondo de reptiles"

 
LD | AGENCIAS 2012-02-26
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha divulgado un cruce de cartas entre trabajadores de la empresa Surcolor, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el consejero de Empleo, Manuel Recio, que a su juicio los hacen "conocedores del sistema" del llamado "fondo de reptiles".

En rueda de prensa, Sanz ha dado a conocer una carta del año 2010 en la que cuatro trabajadores de Surcolor que tenían problemas por impago de las pólizas de su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se dirigieron al presidente de la Junta solicitando una entrevista.

El 14 de octubre de 2010, la Secretaría General de la Presidencia de la Junta se dirigió al consejero de Empleo, Manuel Recio, pidiéndole que recibiese a los trabajadores para que "puedan exponer su problemática y se estudien las posibles soluciones".

El director general de Trabajo, Daniel Rivera, consultado por la secretaría del consejero, respondió que este grupo de trabajadores "parecen ir por libre del cauce institucional que hemos tenido con los interesados" a través de prejubilados representativos del colectivo.

Rivera envió posteriormente un mensaje a una colaboradora en el que manifestaba: "María, deberíamos tener preparada la ayuda excepcional, si no está lista ya".

A juicio de Antonio Sanz, este cruce de correos electrónicos "eleva directamente a Griñán al conocimiento de los hechos y la gravedad de las consecuencias", pues la Presidencia de la Junta "se hace partícipe de buscar las soluciones".

Ha destacado que el actual director general de Empleo, Daniel Rivera, ha sido imputado por la juez que investiga las ayudas sociolaborales irregulares y ha pedido que se le retire la imputación "pese a ser conocedor y partícipe del sistema" del llamado "fondo de reptiles".

Sanz ha dicho que el PP exige a Griñán, Recio y Rivera que expliquen estos hechos "porque los andaluces nos lo merecemos" ya que se trata de intervenciones de 2010 y no se pueden remitir a los primeros consejeros de Empleo que iniciaron estas transferencias de financiación.

Por otra parte, el dirigente del PP ha anunciado que su partido va a analizar por qué las ayudas investigadas se han concentrado exclusivamente en la Sierra Norte de Sevilla, Jaén y determinadas zonas de Cádiz y Huelva, lo que indica que responden a "determinadas zonas de influencia".

Según ha declarado, la única condición para ser beneficiario de una ayuda de la Junta era "el parentesco con dirigentes del PSOE o haber sido alto cargo".

Además, se ha referido a lo que ha denominado "mentiras de la Junta sobre el segundo fondo de reptiles", y ha afirmado que en 2009 un total de 39 empresas participadas por la sociedad de capital riesgo Invercaria estaban en pérdidas.

Frente a la afirmación de la consejera de Presidencia, Mar Moreno, de que los riesgos que está asumiendo Invercaria están en el 15 por ciento, Sanz ha afirmado que ese porcentaje de empresas participadas en pérdidas supone en 76,92 por ciento.

Al caer en pérdidas y desaparecer, esas sociedades supusieron para los andaluces en 2009 un total de 6,8 millones de euros en insolvencias y provisiones de imposible cobro, cantidad que se elevó a más de 9,5 millones en 2010, según Sanz.

Read more »

22 febrero 2012

Destruyen papeles en la Consejería de Economía andaluza, implicada en los ERE

 
De la Consejería de Economía, Ciencia e Innovación depende la agencia IDEA, implicada en la trama de los ERE.

Pedro de Tena 2012-02-22
En plena polémica por la destrucción de documentos de los ERE en la Consejería de Empleo, estamos en condiciones de afirmar que donde sí se trituran papeles, muchas bolsas en las últimas semanas sin que se hayan utilizado, como es costumbre, las cajas de reciclaje que están instaladas en la Consejería, es en el departamento de Economía, Ciencia e Innovación. 
De este departamento dependen las agencias como IDEA, implicadas en el tráfico de subvenciones de los ERE. 

Como es conocido, el PP acusa a la Junta de Andalucía y al gobierno Griñán de estar destruyendo papeles del caso de los ERE en la Consejería de Empleo. Pero no es la única consejería implicada en el caso.
Diversas informaciones situaban al consejero de Empleo, Manuel Recio, y al viceconsejero, Justo Mañas, en la sede de este departamento en la jornada del 21 de noviembre de 2010, domingo, día en el que supuestamente se destruyeron documentos sobre los ERE irregulares. Este último extremo, la desaparición de los papeles, sí fue negado tajantemente por la consejera pero no pudo desmentir que la reunión se hubiera producido. 


La Consejería de Empleo también ratificó ayer que es "radicalmente falso que se dieran instrucciones a los funcionarios sobre cómo realizar la investigación de los distintos expedientes de regulación de empleo". No se desmintió, sin embargo, la reunión en la Consejería el día que se destruyeron papeles. 

El PP pide explicaciones

, y las pide porque el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no aclaró si se produjo una reunión para destruir expedientes de regulación de empleo (ERE) el 21 de noviembre de 2010 y se preguntó por qué no abre una investigación si no sabía que ese encuentro se había llevado a cabo.
El responsable del área económica del PP-A, Rafael Carmona, afirmó en rueda de prensa que si desde el gobierno de la Junta lo sabían y no lo denuncian son"cómplices", porque"lo que nadie duda es que hubo una reunión para revisar los expedientes".

 Fuentes internas de la Consejería nos han facilitado las siguientes fotos, del día 9 de febrero y el día 14, donde se ve la cantidad, inusual, de papel triturado que no ha ido como es costumbre a los cajones destinados al reciclaje. 


Vean la colección de fotos, cuyos originales están en poder de Libertad Digital.

Read more »

21 febrero 2012

El Juez Torres ordena devolver las fianzas a dos concejalas del PSOE imputadas en la operación Astapa

Por: Paula Puerta el 21/02/2012 


Mariví López es una de las ex ediles a las que se les devolverá la fianza depositada hace cuatro años
Hoy Cope Málaga ha dado en rigurosa exclusiva la información según la cual el juez que instruye el caso ‘Astapa’ contra una presunta trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona firmaba un auto por el que ordena la devolución de las fianzas de dos concejalas del PSOE, Mariví López y Asunción López, arrestadas al inicio de la operación policial en junio de 2008.
Las dos ex ediles del Ayuntamiento de Estepona, según Cope, depositaron tras su implicación en la trama y su detención preventiva 30.000 euros cada una de ellas; cuantías que ahora recuperarán casi cuatro años después, mientras, según ha podido conocer esta redacción, otros muchos imputados se encuentran a la espera de que el Juez que instruye el Caso Astapa proceda de la misma manera con ellos.
Según la información de la que nos hacemos eco a estas horas de la tarde, en el auto el juez ordena dicha devolución especificando la no oposición de esta decisión por parte del fiscal Anticorrupción.
La jueza Isabel Concejo, imputó delitos de blanqueo, cohecho y tráfico de influencias a las entonces concejales socialistas. Fueron arrestadas en la primera jornada junto a varios abogados, empresarios locales y el propio alcalde Antonio Barrientos, y que quedaron en libertad provisional tras pagar 30.000 euros cada una que, en breve, le serán devueltos.

Operación Astapa. Conozca la verdad. Lo que los medios no publican.

Read more »

20 febrero 2012

El tercer 'fondo de reptiles' de la Junta de Andalucía ascendió a más de 6 millones

 
El PP acusa a Griñán y su Gobierno de prácticas "mafiosas". Denuncian, con nuevos documentos, que las ayudas se entregaban sin control.

libertad digital 2012-02-20
El número dos del PP-A, Antonio Sanz, ha mostrado un comprometedor informe de la Dirección General de Trabajo, con fecha de 22 de julio de 2010, denominado Encomiendas de gestión entre la Agencia IDEA y la Dirección General de Trabajo de 2010 y datos históricos 2001-2009. En el documento, al que ha tenido acceso LD, se confirma que la Junta entregaba ayudas sin control.
En dicho informe, se apunta que la suscripción de convenios de colaboración entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y, posteriormente, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) con la Dirección General de Trabajo para el reconocimiento y pagos de ayudas a trabajadores afectados por ERE "no estaba sustentada sobre ningún tipo de expediente administrativo de solicitud de ayuda".
"Sólo recogía la toma de decisión a partir de las negociaciones y/o reuniones mantenidas", se apunta en el informe, lo que, para el secretario general del PP-A, supone el reconocimiento de lo que viene denunciado por su partido: las ayudas se daban "por intereses electorales o por pertenecer a la familia o el entorno del PSOE".
En su comparecencia, Sanz ha destacado cómo la Junta "da la razón" a la reiterada denuncia del PP de que no existían expedientes para justificar los pagos. "Eran pagos directos", para cumplir con "compromisos políticos", ha denunciado el dirigente popular, para quien el informe también muestra el "caos monumental" que existe en la gestión de la Junta.
También en este informe se recoge cómo en julio de 2010 se había registrado un déficit de 11,2 millones en el pago de las ayudas. Por ello, según consta en el mismo documento, se vio la necesidad de mover los compromisos de la Dirección General de Trabajo y elaborar un "nuevo calendario".
Antonio Sanz, que ha destacado que lo comprometido por Empleo era "mucho mayor de lo que se podía asumir", ha explicado que ello derivó en la creación de un "tercer fondo de reptiles" en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. El fondo habría destinado a estos pagos un total de 6.172.000 euros en 2010.
El número dos del PP andaluz ha considerado "de suma gravedad" la información que se apunta en el informe porque se confirma cómo la consejería de Empleo, "ya en la etapa de Griñán, reconoce la existencia de un sistema para pagar ayudas sin que hubiera expedientes administrativos".
Además, ha anunciado que este documento que obra en poder de su partido le será remitido a la juez Mercedes Alaya, encargada de la instrucción del caso de los ERE.
Las prácticas "mafiosas" de Griñán
Sanz también ha exigido explicaciones al Gobierno andaluz por la supuesta destrucción de pruebas. Después de que trascendiera que personal "de confianza" de la Junta dedicó un fin de semana a destruir y falsificar documentos relacionados con los ERE, -según se recoge en una declaración incluida en la instrucción del caso-, el PP se ha manifestado convencido de que se hizo "por instrucciones" del presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
Sanz ha dicho que su formación tiene esta "sospecha" y que tendría que ser el consejero de Empleo, Manuel Recio, quien la despejara. Por ello, ha pedido al titular del ramo que aclare públicamente si tiene alguna responsabilidad en esta posible destrucción de información, de la que informó El Mundo este fin de semana, y si recibió "órdenes directas" por parte de Griñán a este respecto.
Asimismo, el dirigente popular le ha preguntado a Recio si estuvo en las instalaciones de la Consejería de Empleo el domingo 21 de noviembre de 2010, fecha en la que presuntamente se cometieron estos hechos. "Queremos saber si llegó solo o le acompañaba el viceconsejero Justo Mañas", ha añadido Sanz, quien ha considerado "muy importante" que Recio conteste sobre este asunto. Si se demuestra que esta información es cierta, ha añadido, los comportamientos que se han llevado a cabo en la Consejería de Empleo serían más propios "de la mafia".

Read more »

18 febrero 2012

La Guardia Civil apunta a la destrucción de pruebas en su informe de los ERE

LA JUEZ ALAYA YA LO TIENE EN SU PODER
Según el informe el ex director general de Empleo dependía de los consejeros y viceconsejeros de Empleo.
La Guardia Civil entregó este viernes a la juez Mercedes Alaya un informe que analiza la declaración del principal imputado en el caso de los ERE, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
Según informa ABC este sábado, una de las principales conclusiones a las que ha llegado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es que el imputado tenía una "dependencia jerárquica" de los consejeros y viceconsejeros de Empleo.
En este sentido, en el informe policial se insiste en lo declarado por Guerrero sobre que las órdenes de pago del fondo de reptiles "lleven el visto bueno del viceconsejero". Estas ayudas se trataban en el Consejo de Dirección.
Del mismo modo, la Guardia Civil también destaca la declaración de Guerrero sobre la ausencia de determinados documentos en los distintos expedientes sobre los que le preguntaron y que "viene motivada por una supuesta destrucción u ocultación en los mismos a raíz de su salida de la Dirección General y el estallido del escándalo de los ERE de Mercasevilla, algo que conoce a través de funcionarios".
Otro hecho destacado por el informe de la UCO es el de la falta de control en estas ayudas. El informe concluye que "la deficiente gestión en la concesión de ayudas" provocó que se pagaran "comisiones elevadas a las mediadoras Vitalia y Uniter".
El modus operandi en el caso de los ERE queda de manifiesto en una carta en la que un directivo de CCOO le pide al director general de Trabajo que incluya a un intruso en un ERE. El escrito era una misiva enviada por el responsable de Acción Sindical de CCOO hasta marzo de 2009, y luego secretario general de la Federación de Industria del sindicato en Andalucía, Enrique Jiménez García. Ahora está imputado por la juez Alaya por su actuación en el caso de los ERE fraudulentos.
 

Read more »

14 febrero 2012

Alaya cree que la Junta "ideó un sistema" para evitar el control de la UE

Diez días para que publique las ayudas
La juez que investiga los ERE sigue poniendo en aprietos a la Junta. Apunta a fraude en la recepción de ayudas de la UE y exige más papeles a Griñán.


La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos y otras ayudas de la Junta cree que el Gobierno andaluz pudo haber "ideado un sistema" para eludir los mecanismos de control de la UE, lo que podría generar en el futuro una "responsabilidad para España como Estado miembro".

La juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, responde en un auto a las alegaciones del letrado de la Junta sobre las llamadas "ayudas de mínimis", que no requieren autorización por la Comisión Europea, y afirma que "resulta más que dudosa la aplicación de este régimen de exención de notificación a gran parte de las ayudas otorgadas".

El auto, al que ha tenido acceso Efe, señala que, según lo investigado hasta ahora, las ayudas concedidas por la Junta "podrían estar huérfanas de las más elementales normas procedimentales, al encubrir verdaderas subvenciones mediante las llamadas transferencias de financiación a fin de eludir el control previo al gasto, al pago y al cumplimiento de la finalidad de tales ayudas".

Pero además "podría ser un sistema ideado para eludir los mecanismos de control comunitarios, primero concediendo la mayoría de las ayudas por encima del umbral de mínimis y en segundo lugar incumpliendo las condiciones de publicidad e información para aquellas que, superando la cuantía mínima, podrían quedar exentas del requisito de comunicación".
Nuevo ultimátum a Griñán

Dicho incumplimiento "podría generar responsabilidad para España como Estado miembro", dice la juez, que por ello da a la Junta diez días para que aporte la publicación de sus ayudas directas a empresas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y pide al ministerio de Asuntos Exteriores que informe sobre las comunicaciones que haya podido recibir del Gobierno andaluz.

La juez entiende que el régimen de exención de notificación previa "sería de difícil aplicación a las ayudas directas a empresas que se analizan en la presente causa".

En otro auto notificado este martes a las partes, la magistrada reclama los informes anuales presentados por el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y su sucesora, la agencia IDEA, entre 1999 y 2010, así como los informes sobre su control de eficacia que debieron ser confeccionados de acuerdo con la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía.

Asimismo, reclama las operaciones de endeudamiento superiores a 1,2 millones de euros realizadas por IFA/IDEA desde 2007 hasta la actualidad, con "mención expresa" a si existe autorización previa del consejero de Economía -cargo que ocupó entre 2004 y 2009 el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán- antes de su aprobación en el Consejo de Gobierno, tal como exige la ley de Hacienda Pública andaluza.

Además, pide las inversiones de estas entidades superiores a 1,2 millones de euros y "documentación acreditativa" de que fueron sometidas a la "ratificación expresa del Consejo de Gobierno de la Junta.

Por otra parte, solicita la filiación y cargo de la totalidad del personal que haya trabajado entre 2000 y 2010 en la dirección general de Trabajo de la Junta, departamento a través del cual se canalizaron las ayudas investigadas, así como la persona que ocupó el puesto de interventor delegado en la Consejería de Empleo.

Read more »

12 febrero 2012

La jueza Conejo investigó como ilegal en Astapa lo que ahora considera legal con Valadez.

Convenios urbanísticos. En ambos casos se utilizó dinero de los convenios urbanísticos para realizar pagos corrientes.

CSIF/Estepona.
Para cualquier ciudadano de Estepona medianamente informado, resultaba cuando menos paradójico que fuese Valadez quien denunciase los convenios urbanísticos que firmaba el Ayuntamiento, cuando él, como portavoz del grupo municipal socialista en el municipio, durante el periodo 2003-2007, no solo los aprobaba sino que incluso los defendía con vehemencia en los plenos municipales.
     Pero más sorprendente fue aún que, cuando accedió a la alcaldía, no solo no anuló estos convenios que había denunciado, ni devolvió el dinero a los empresarios que los habían firmado, sino que además utilizó ese dinero para pagar gastos corrientes, cuando sabía que eso lo prohibía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).Y todo ello, cuando para más INRI, tomó la decisión de paralizar el Plan General de Ordenación Urbana de Estepona (PGOU), lo que impedía seguir adelante con los trámites de esos convenios.
      Por esta cuestión, Valadez fue denunciado hace alrededor de un año, ante los juzgados de nuestro municipio, tanto por el sindicato CSIF como por el Partido Popular de Estepona.
      Pues bien, hace unos días el Juzgado nº 5 de Estepona, al frente del cual está casualmente la jueza Isabel Conejo, una de las primeras instructoras del caso Astapa, archivó provisionalmente esta denuncia, que ya ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Málaga, por el Partido Popular de Estepona. También el CSIF, al que todavía no se le ha comunicado ese archivo provisional, ha anunciado que hay un 99% de posibilidades de que también recurra ese auto.

Pero lo que llama poderosamente la atención, es que la jueza Conejo, que ha llevado este caso y que también instruyó la primera parte del caso Astapa, tenía que conocer, por tener la obligación de habérselos leído, que hasta cuatro informes policiales de la UDEF-BLA, que forman parte del sumario de Astapa, decían que no se podían utilizar los fondos provenientes de los convenios urbanísticos para pagar gastos corrientes porque ello sería ilegal, ya que contravenía el articulo 75 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el articulo 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Así se recoge en los informes de la policía UDEF-BLA del 17 de julio del 2007, del 8 de octubre del 2007, del 5 de noviembre del 2007 y en el macro informe del 3 de junio del 2008, que fue el que propuso, entre otras actuaciones, la intervención del Ayuntamiento de Estepona. En este último informe, que se encuentra en el Tomo VII del sumario, folio nº 2858, dice el autor del informe policial textualmente lo siguiente:

“Pero, ¿por qué estos pagos son definidos como irregularidades?:

El articulo 75 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, es clara en su redacción de los destinos únicos y exclusivos a los que se puede destinar los bienes integrantes del patrimonio público del suelo, diferenciando entre los terrenos y construcciones que integren los patrimonios público del suelo, y de otra parte los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos del suelo. Estos últimos que se corresponderían con los ingresos monetarios procedentes de convenios urbanísticos, por esta prescripción legal se destinarán a:

Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
La conservación, mejora, ampliación, urbanización y en general, gestión urbanística de los propios bienes del correspondiente patrimonio público de suelo.
La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones en la ciudad consolidada

Afirmación que se ve reforzada por el ya conocido El Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que en su art 5° da una limitación de Destino:" Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes.”.

También consta en el sumario de Astapa, Tomo XIV, pagina 321 del PDF, que uno de los fiscales que llevaba el caso, delante de la propia jueza Conejo, preguntó a un empresario que había firmado un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Estepona, que además que era abogado, si desconocía lo que decía la LOUA a este respecto, ya que su dinero se había destinado a pagar nominas. El fiscal le espetó al empresario cuando fue citado a declarar:

¿Usted no conoce como abogado que la ley andaluza del suelo en la época de celebración de este convenio establecía un destino específico para el dinero proveniente de los convenios?

Al parecer ambos desconocían, fiscal y jueza, -este hecho es muy grave en quienes tenían la responsabilidad de comprobar si existían o no irregularidades en el Ayuntamiento- es que ese dinero que se destinó a pagar nominas, en primer lugar, provenía de un convenio urbanístico de planeamiento. Y en segundo lugar, que la Ley que impedía la utilización del dinero de los convenios urbanísticos de planeamiento para gasto corriente, fue la Ley 13/2005 Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo de Andalucía, que entró en vigor a finales del mes de diciembre del 2005, fecha posterior a la firma de ese convenio.

A sensu contrario, Valadez sí utilizó el dinero de esos convenios urbanísticos de planeamiento para gasto corriente mucho después de que entrase en vigor esa Ley.

Sin embargo, ahora, la jueza Isabel Conejo mantiene una tesis contraria a lo que decía la policía en sus informes y manifiesta en su auto que la utilización de ese dinero para pagar gastos corrientes no es ilegal. Parece evidente que o la justicia no es igual para todos y utiliza distintas varas de medir o en su momento se actuó sin el rigor investigatorio exigible y predominó el todo vale.

Read more »