La juez Mercedes Ayala ha dado un plazo de tres días a la Junta para que le envíe las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001.
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La juez que investiga las presuntas irregularidades en los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido a la Junta de Andalucía, como medida cautelar, que en el plazo de tres días le envíe "copia compulsada o testimonio" de las actas de los Consejos de Gobierno desde el año 2001.
En el auto, con fecha de ayer y notificado hoy a las partes, la juez Alaya, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que instruye esta causa, advierte a la Junta de que, en el caso de no cumplir este requerimiento, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar recogido en el artículo 468 del Código Penal. En este auto, la juez advierte al Gobierno andaluz de que podría incurrir en un posible delito de obstrucción a la Justicia en el caso de no cumplir estas medidas cautelares.
La portavoz del PP-A, Rosario Soto, ha informado hoy en rueda de prensa de este nuevo auto de la juez y ha dicho que, "una vez más, la juez ha tendido que dar un ultimátum de 72 horas a la Junta" lo que demuestra que el Gobierno autonómico "está obstruyendo a la Justicia".
Este nuevo auto se produce una vez que el Gobierno andaluz ratificara ayer ante la juez su negativa a entregarle todas las actas desde 2001 de los Consejos de Gobierno, por el "carácter reservado" de parte de ellas, y se ofreciera a enviarle "toda la información relevante" para la causa.
La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha asegurado que la Junta "no tiene ningún tipo de reparo inicial" a atender la medida cautelar planteada por la juez. En rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Moreno ha asegurado que esta nueva fórmula que plantea la magistrada de entregar las actas de los Consejos de Gobierno en un sobre precintado no plantea "ningún tipo de reparo inicial" a la Junta porque "salvaguarda la confidencialidad" de estos documentos hasta que se pronuncie el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, dependiente del Tribunal Supremo, en relación con la competencia de la juez "para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas", ya que el Ejecutivo andaluz "carece de jurisdicción" para ello.
Aunque ha negado en todo momento tener "ánimo de polemizar" con la juez Mercedes Alaya, la titular de la Presidencia sí ha expresado por primera vez un "juicio crítico" con el "tratamiento" que recibe la Junta en los autos de la magistrada a pesar de que es "parte acusadora" y "colabora al máximo" en la investigación.
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