Hace ya meses que lo determinó Libertad Digital . Decíamos entonces que en realidad eran cinco consejeros, por lo menos, los implicados.
"El primero de todos ellos y presuntamente inventor del sistema del "fondo de reptiles" es José Antonio Viera, que fue consejero de Trabajo del gabinete de Manuel Chaves entre 2001 y 2004. Cómplice tuvo que ser de su método el entonces director general del IFA, Antonio Fernández, que fue nombrado consejero de Empleo en 2004 con cese en 2010. El tercero de ellos, Manuel Recio porque el sistema ha seguido funcionando sin que él lo hubiera denunciado. Pero además, hay un cuarto consejero implicado, Francisco Vallejo Serrano, responsable directo de la Agencia IDEA cuando esta recibía los fondos de Empleo para su conversión en fondos de reptiles. Vallejo fue destituido en 2009, sustituyéndole Martín Soler, responsable del PSOE de Almería, que siguió con el sistema." Esto es cinco y por pura deducción lógica-política. Además de ellos, tienen que estar implicados un número por determinar de directores generales y directivos de las empresas beneficiadas irregularmente.
Poco a poco se va desbrozando la realidad del caso y apareciendo responsables. El entonces titular de Innovación Francisco Vallejo también conocía desde 2005 el descontrol sobre los fondos cuenta ABC. Vallejo recibió también un escrito del interventor general de Hacienda con acuse de recibo de Correos en el que le decía que el procedimiento utilizado para tramitar las ayudas destinadas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas en crisis no respetaba los cauces legales fijados para este tipo de subvenciones no era ningún secreto en la Junta.
Por tanto, como mínimo tres consejerías conocían al máximo nivel, por medio de los informes de fiscalización de gastos emitidos por la Intervención General que la gestión de estos fondos públicos, canalizados a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no era el adecuado. Además de las consejerías de Hacienda —entonces bajo el mando de José Antonio Griñán— y de Empleo —con Antonio Fernández, imputado en el proceso judicial por los falsos ERE—, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa también sabía del fondo de reptiles.
Y era lógico políticamente. Por una parte, la Consejería de Economía y Hacienda, de la que dependía la responsabilidad de 647 millones no podía desconocer la existencia de ese fondo. La Consejería de Empleo, que lo administraba, tampoco. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, una de cuyas agencias se utilizaba para la transferencia del dinero, tampoco.
La novedad es que aparece otra vez un documento de Intervención General de la Junta. Siendo consejero de Innovación Francisco Vallejo, que ocupó el cargo entre 2004 y abril de 2009, llegó a sus manos un informe del entonces interventor general, Manuel Gómez Martínez, que analizaba en profundidad al cierre del ejercicio de 2002 las cuentas de IDEA, el organismo instrumental que se encargaba de incentivar los ERE.
Poco a poco se va desbrozando la realidad del caso y apareciendo responsables. El entonces titular de Innovación Francisco Vallejo también conocía desde 2005 el descontrol sobre los fondos cuenta ABC. Vallejo recibió también un escrito del interventor general de Hacienda con acuse de recibo de Correos en el que le decía que el procedimiento utilizado para tramitar las ayudas destinadas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas en crisis no respetaba los cauces legales fijados para este tipo de subvenciones no era ningún secreto en la Junta.
Por tanto, como mínimo tres consejerías conocían al máximo nivel, por medio de los informes de fiscalización de gastos emitidos por la Intervención General que la gestión de estos fondos públicos, canalizados a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no era el adecuado. Además de las consejerías de Hacienda —entonces bajo el mando de José Antonio Griñán— y de Empleo —con Antonio Fernández, imputado en el proceso judicial por los falsos ERE—, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa también sabía del fondo de reptiles.
Y era lógico políticamente. Por una parte, la Consejería de Economía y Hacienda, de la que dependía la responsabilidad de 647 millones no podía desconocer la existencia de ese fondo. La Consejería de Empleo, que lo administraba, tampoco. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, una de cuyas agencias se utilizaba para la transferencia del dinero, tampoco.
La novedad es que aparece otra vez un documento de Intervención General de la Junta. Siendo consejero de Innovación Francisco Vallejo, que ocupó el cargo entre 2004 y abril de 2009, llegó a sus manos un informe del entonces interventor general, Manuel Gómez Martínez, que analizaba en profundidad al cierre del ejercicio de 2002 las cuentas de IDEA, el organismo instrumental que se encargaba de incentivar los ERE.
El documento lleva fecha del 22 de julio de 2005, con años de retardo con respecto al periodo analizado por el interventor, correspondiente a la liquidación del ejercicio de 2002. Ya se sabe que poco antes de este escrito, otro informe del órgano fiscalizador de la Junta se remitió a las consejerías de Empleo y de Hacienda. Fue rebatido con alegaciones por el primero. Ese es el informe del que la entonces viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dice ahora que nunca le hizo llegar el informe a su superior, que era Griñán, para salvarlo de futuras catástrofes políticas.
O sea, que el fondo de reptiles como sistema de tramitación de ayudas en lugar del procedimiento legal de subvenciones excepcionales fue cuestionado por Intervención general en 2005, 2006 y 2007. Naturalmente, esto implica que el sistema ha sido aplicado a todos los ERE producidos desde, al menos 2002. Pero el consejero de Empleo de la Junta, Manuel Recio, no quiere investigar los ERE «muertos» o ya vencidos, que superarían el centenar y sobre los que la jueza Mercedes Alaya ha ampliado las pesquisas.
O sea, que el fondo de reptiles como sistema de tramitación de ayudas en lugar del procedimiento legal de subvenciones excepcionales fue cuestionado por Intervención general en 2005, 2006 y 2007. Naturalmente, esto implica que el sistema ha sido aplicado a todos los ERE producidos desde, al menos 2002. Pero el consejero de Empleo de la Junta, Manuel Recio, no quiere investigar los ERE «muertos» o ya vencidos, que superarían el centenar y sobre los que la jueza Mercedes Alaya ha ampliado las pesquisas.
