20/03/2011
La querella que el PP presentará mañana en el juzgado fija, de momento, la responsabilidad penal sobre la trama de los ERE en el que fuera consejero de Empleo, Antonio Fernández pero, según anunció ayer la portavoz popular, Rosario Soto, «está abierta» y es «ampliable» a aquellas personas que puedan aparecer implicadas. Así aunque los populares han acusado políticamente al propio presidente José Antonio Griñán, en la denuncia presentada ayer el máximo responsable es el propio Fernández.
La denuncia se dirige contra 26 personas, entre las que figuran seis altos cargos de la Junta de Andalucía. Así aparecen, además de Fernández, los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Manuel Jesús Regidor y el actual director general, Daniel Alberto Rivera así como el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. También el intermediario Juan Lanzas, comercial del Estudio Jurídico Villasís en el momento de los hechos, Antonio José Albarracín, director general de Vitalia, Jesús María Bordallo, responsable en Sevilla de Vitalia, Francisco José González, comercial de Vitalia y José González Mata, administrador de Uniter S.L e Ingotor Seguros S.L. Y a ellos une el PP una lista de 15 personas, al parecer beneficiarios de ERE en empresas en las que nunca trabajaron.
Los populares piden que declaren como testigos los interventores
Todos podrían ser responsables de delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos.
Esa lista será ampliada contra «todos aquellos que pudieran ser implicados en la investigación». Una investigación que, según el PP, debe partir del origen que sitúan en el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que «se ideó un sistema por el que seguir otorgando las subvenciones excepcionales a empresas en crisis o en proceso de reestructuración, evitando procedimientos administrativos legalmente establecidos para el otorgamiento de las mismas y los controles de fiscalización previos que había de realizar la Intervención General de la Junta de Andalucía». El citado convenio fue firmado en julio de 2001 por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera y el entonces presidente del IFA, Antonio Fernández, y su duración expiraba en diciembre de 2003 aunque el IFA ha seguido haciendo frente a las obligaciones derivadas de los compromisos adquiridos hasta la fecha.
Dice la querella que para financiar este sistema los presupuestos de Empleo de 2001 a 2009 incluyen partidas con la denominación de transferencia de financiación de explotación al IFA dentro del programa 31L u otros equivalentes y que el valor total de los fondos transferidos de 2000 a 2010 asciende a 647.869.157,45 euros.
Según el PP, se detectaron diferencias de 170.000 euros entre las cuantías reflejadas en la liquidación del presupuesto de Empleo y el dinero librado por los entes que gestionaron las ayudas, la inexistencia de informes jurídicos, la falta de publicidad o las subvenciones arbitrarias y discrecionales a empresas de militantes socialistas y ayuntamientos del PSOE. El PP pide la declaración del ex interventor, Manuel Gómez Marín, el interventor delegado de Control Financiero, Ignacio García y el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo.
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