Noticia publicada en septiembre 7, 2008
ABC
La Junta imputada por prevaricación, el juez entiende que el alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, conocía que la normativa establecía que la zona de protección en ese punto era de un centenar de metros por un informe preceptivo y vinculante del director general de Costas de febrero de 1988. A este incumplimiento consitorial habría que añadir la actitud «pasiva y condescendiente» de la Junta de Andalucía. En caso de que hubieran acabado las obras, el hotel de El Algarrobico de Azata del Sol contaría con 411 habitaciones repartidas en más de una veintena de plantas. El proyecto se incluyó dentro de un complejo residencial integrado por otros siete hoteles, 1.500 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos. ¿No les recuerda esto al Gran Centro Comercial y de Ocio?. Según la sentencia, las actuaciones tanto del Consistorio de Carboneras como de la Junta presentan «los caracteres de los delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio, definidos y sancionados en el Código Penal, por lo que procede deducir testimonio de las presentes actuaciones y remitirlas al Ministerio Fiscal a efectos oportunos».
La sentencia del juez que ha declarado nula la licencia municipal de construcción de el hotel de la playa de El Algarrobico, y ha visto tanto en la Junta como en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, ha levantado una fuerte polémica, que ha obligado al presidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves, a intervenir por segundo día consecutivo negando responsabilidades.
La sentencia del juez que ha declarado nula la licencia municipal de construcción de el hotel de la playa de El Algarrobico, y ha visto tanto en la Junta como en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, ha levantado una fuerte polémica, que ha obligado al presidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves, a intervenir por segundo día consecutivo negando responsabilidades.
La asociación «Salvemos Mojácar», responsable de la demanda que ha derivado en la anulación de la licencia del hotel de El Algarrobico, ha pedido el cese de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, por decir días atrás que el hotel podría no derribarse e ignorar los procedimientos legales en curso después de que un juez apreciara indicios de delito en la actuación de la Junta.
«Pedimos el cese fulminante» de la consejera de Medio Ambiente, ha urgido el colectivo en una nota que tilda de «aberrantes» las declaraciones del presidente de la Junta, Manuel Chaves, el pasado viernes, tras darse a conocer el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Almería.
Decir que el fallo da la razón a la Junta, tal y como sostuvo el presidente de la Administración andaluza, «es una aberración» y «una total falsedad», según «Salvemos Mojácar», que ha urgido a que se asuman responsabilidades en este caso tras las apreciaciones del magistrado.
Varapalo a la Junta
Según esta asociación la sentencia supone un “varapalo total” para la Junta, la promotora y el Ayuntamiento de Carboneras, administración que “debe iniciar la revisión de la misma, que indirectamente le implica y debe conducir a la demolición», informan Efe y Europa Press.
Por su parte, el presidente andaluz, Manuel Chaves, insistió ayer en que la Junta actuó «correctamente», por lo que discrepó sobre los indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio que recoge la sentencia de un juzgado de Almería.
Además, la sentencia recoge que desde el Ejecutivo de Manuel Chaves se hizo «la burda maniobra de sustituir la planimetría del PORN, oficialmente publicada, por otra en la que se ubicaban los terrenos en una zona, la D2, en la que no resultaba incompatible el uso urbanístico». Es decir, el juez le atribuye un cambio fraudulento de plano para así levantar el hotel en «suelo de especial protección», lo que en el texto judicial se recoge como «reprochables métodos».
Además, la sentencia recoge que desde el Ejecutivo de Manuel Chaves se hizo «la burda maniobra de sustituir la planimetría del PORN, oficialmente publicada, por otra en la que se ubicaban los terrenos en una zona, la D2, en la que no resultaba incompatible el uso urbanístico». Es decir, el juez le atribuye un cambio fraudulento de plano para así levantar el hotel en «suelo de especial protección», lo que en el texto judicial se recoge como «reprochables métodos».
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