Cien residencias de mayores cerrarán en Andalucía por las exigencias de la Junta

CASI UN 17 POR CIENTO

La Federación Andaluza de Centros y Servicios de Mayores (Facema) ha alertado de que numerosas residencias de mayores tendrán que cerrar próximamente si la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves "no flexibiliza" los requisitos para la acreditación de estos centros fijados por la Ley de la Dependencia en Andalucía. El presidente de Facema, Antonio Gallardo, explicó que entre unas 90 y 100 residencias de mayores pequeñas y medianas "se verán abocadas al cierre" porque la orden por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros en situación de dependencia establece unas exigencias "demasiado duras, muy por encima de las de otras comunidades autónomas".

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LD (Pedro de Tena) Téngase en cuenta que el total de centros residenciales es de 578, con lo que el cierre puede afectar al 17 por ciento del total. Gallardo consideró que la Ley de la Dependencia "ha impuesto una prestación de servicios que no se corresponde con la realidad" y que afecta especialmente a las pequeñas y medianas residencias, de las que Facema gestiona más de 80 por ciento de las existentes en Andalucía. Añadió que "lo lógico hubiera sido que la normativa hubiera hecho hincapié en la calidad de la atención y no tanto en la faceta técnica de la edificación", pues, en su opinión "parece que quieran equiparar a una residencia con un hospital cuando es evidente que no tienen nada que ver".

Los empresarios aseguran que la nueva ley exige que cada residente tenga una habitación de 40 metros cuadrados, "cuando ahora tienen entre 33 y 35 metros cuadrados". "El problema es que no podemos estirar los centros", aseguró hace meses en Málaga José Joaquín García, vicepresidente de la Federación Nacional de Atención a la Dependencia. Habilitar los centros requeriría reformar casi al completo los actuales "y eso no es un problema para aquellos recintos que tienen 100 pacientes, pero sí para aquellos pequeños que tienen 20 ó 30 y que ahora se van a tener que quedar con menos habitaciones para hacerlas más grandes", explicó entonces Antonio Gallardo.

La mayoría de estos empresarios, subrayó, llevan casi 20 años acreditados y atendiendo a los mayores y, además, "aliviando la listas de espera" de los centros gestionados por la Junta presidida por Manuel Chaves. "Por ello, ven con pena y consideran un desagravio que se les pueda dar de lado por no cumplir unos requisitos que en muchos casos se traducen en unos pocos metros de diferencia en un pasillo que no obstaculizan en absoluto la movilidad del usuario", lamentó. El cierre de estas empresas no sólo supondría una "catástrofe" para el empleo en el sector, máxime en un momento de crisis económica como el actual, sino que también "incidiría en el incremento de las listas de espera para acceder a una plaza residencial concertada con la Administración", aseguró Gallardo, quien cifró el tiempo de espera actual en aproximadamente un año...

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