El PP pedirá una comisión de investigación sobre los «enchufes» en el Ayuntamiento
El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Ignacio Zoido, anunció ayer que su grupo pedirá una comisión de investigación en el próximo Pleno extraordinario solicitado por ellos para abordar las contrataciones de familiares en el Consistorio hispalense, que tendrá lugar entre finales de octubre y principio de noviembre. Así, Zoido explicó que se solicitará dicha comisión de investigación ante «los escándalos de enchufes y trato de favor del Ayuntamiento de Sevilla: el primo, el cuñado y la cuñada del alcalde, el primo y la madre de Francisco Manuel Silva». «Si mi nombre o el de alguno de mis concejales estuviera en tela de juicio, yo mismo pediría una comisión de investigación y firmaría el decreto de creación si fuera el alcalde de Sevilla», garantizó el portavoz popular, quien sentenció que «el Ayuntamiento está manchado por la corrupción». Zoido resaltó que esta comisión es compatible con posibles acciones judiciales.
El PSOE de Sevilla está actuando de mediador para intentar forzar un acuerdo que evite el juicio de las facturas falsas, que comienza el próximo martes en Sevilla y en el que se juzgará una presunta trama de corrupción en el distrito Macarena.
Según confirmaron fuentes judiciales a ABC, una persona vinculada al PSOE está mediando para lograr un pacto de conformidad que se ha hecho llegar al fiscal, según el cual los imputados aceptarían pagar casi 20.400 euros más intereses a cambio de la rebaja de un grado en las acusaciones, según las citadas fuentes. Fuentes oficiales del PSOE aseguraron ayer, no obstante, desconocer la operación.
La cifra de 20.400 euros corresponde al importe de las facturas que el fiscal considera acreditado que se cobraron y no se ejecutaron, incluidas en el lote de 28 facturas dudosas que se van a enjuiciar, y cuyo importe global es de unos 50.000 euros.
Los tres acusados son el ex secretario del distrito, José Marín, para el que el Ministerio Fiscal reclama cinco años y tres meses de prisión; el contratista José Pardo, quien ya estuvo implicado en el Caso Guerra y para quien se piden cuatro años y tres meses de cárcel, y el colaborador del distrito Manuel Portela, quien se enfrenta a una petición de pena de un año y cinco meses. Con el acuerdo, las penas pasarían a ser de nueve meses para Manuel Portela; 24 meses para José Marín y de 20 a 21 meses para José Pardo, por lo que ninguno de los imputados iría a prisión.
El juicio que comienza el próximo martes ha despertado una notable expectación y su evolución es impredecible, lo que justificaría el interés socialista en cerrar cuanto antes este polémico asunto, que puso en una situación muy comprometida a Sánchez Monteseirín...
ATC Journal. ¡Llevamos la información!
ATC Journal. ¡Llevamos la información!
0 comentarios:
Publicar un comentario